Sentencia 11576 de noviembre 7 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

DIPUTADOS

RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL

EXTRACTOS: «Como quiera que el motivo de inconformidad alegado por el accionante contra los actos acusados, versa sobre el factor salarial que se tomó para la liquidación del auxilio de cesantía, se impone para la Sala el estudio de las normas que rigen su situación, para determinar si le asiste o no razón en su petición.

Debe precisarse en primer lugar que el Acto Legislativo 1º de enero 15 de 1996, en su artículo 1º modificó el artículo 299 de la Carta Política y consagró, a diferencia de lo que preceptuaba la anterior norma constitucional, el derecho para los miembros de las asambleas a una remuneración durante las sesiones correspondientes y a estar amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fije la ley. Igualmente, señaló dicha norma que los miembros de las asambleas tienen la calidad de servidores públicos.

Reza el citado artículo 1º del Acto Legislativo lo siguiente:

“El artículo 299 de la Constitución Política de Colombia quedará así:

ART. 299.—En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será de tres (3) años, y tendrán la calidad de servidores público.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

Los miembros de la asamblea departamental tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y social, en los términos que fije la ley” (se destaca).

Con la expedición de la citada preceptiva, se clausuró el debate que suscitó el original artículo 299 de la Carta Política sobre el tránsito entre el régimen salarial y prestacional que con anterioridad regía para los diputados y el nuevo régimen de honorarios, pues no expedida la ley que según la norma debía reglamentar el régimen de honorarios, la preceptiva constitucional no tuvo vigencia en la práctica, y el Acto Legislativo 1º de 1996 recobró para los miembros de las asambleas la calidad de servidores públicos y el derecho a devengar una remuneración durante las sesiones, así como el amparo a un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos establecidos en la ley.

Sobre este particular ya la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció en los siguientes términos que esta sala prohíja.

“La determinación de los honorarios corresponde hacerla a las respectivas asambleas departamentales, “con las limitaciones que establezca la ley”, y serán pagados con dineros provenientes del tesoro departamental.

De conformidad con las nuevas prescripciones constitucionales, la vigencia del régimen de honorarios previsto para los miembros de las asambleas departamentales, está supeditado a la expedición por el Congreso de la República de una ley que establezca las limitaciones y criterios con sujeción a los cuales aquellas corporaciones administrativas puedan fijar los honorarios a que tendrán derecho los diputados.

Dicha ley aún no ha sido expedida. Esta circunstancia implica que el régimen de honorarios todavía no ha entrado a regir y que, por tanto, el régimen salarial y prestacional previsto para los diputados conserva su vigencia.

Una vez el Congreso expida la ley correspondiente, cesarán los efectos jurídicos del régimen salarial y prestacional. Las asambleas departamentales estarán entonces en la obligación de dictar las ordenanzas en las cuales se haga la determinación de los honorarios de los diputados, teniendo dichas ordenanzas efectos jurídicos a partir de la fecha de vigencia de la ley, pues es precisamente en ese momento cuando se producirá la transición del antiguo régimen laboral al nuevo que prevé la Constitución”(1).

(1) Anales del Consejo de Estado. Tomo CXXVII Primera Parte. 1992. Pág. 50.

Así el régimen prestacional vigente para la época en que se reclama el auxilio de cesantía en el caso sub lite, no es otro que el contenido en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionan y complementan, por disponerlo así el artículo 56 del Decreto 1222 de 1986 --Código de Régimen Departamental. Consagra dicha norma lo siguiente:

“...Los miembros ...de las asambleas departamentales gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen”.

La Ley 6ª de 1945 establece en su artículo 17, literal a el auxilio de cesantía, en los siguientes términos:

“...Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1º de enero de 1942...”.

Con posterioridad a la Ley 6ª de 1945 se han expedido distintas normas que la adicionan y reforman; baste mencionar para el caso sub lite, el artículo 1º del Decreto 2567 de 1946, y los artículos 7º de la Ley 48 de 1962, y 3º y 4º de Ley 5ª de 1969.

Rezan las citadas preceptivas lo siguiente:

El artículo 1º del Decreto 2567 dispone que el auxilio de cesantía debe liquidarse en los siguientes términos:

“...de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de 12 meses”.

La Ley 48 de 1962, artículo 7º:

“Los miembros del Congreso y de las asambleas departamentales gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen...”.

Ley 5ª de 1969, art. 3º:

“Para los efectos del artículo 19 de la Ley 6ª de 1945, los lapsos o períodos de tiempo en que se hayan devengado asignaciones por servicios prestados a la Nación en ejercicio del cargo de senador, representante o diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, o a los departamentos en el de diputado a la asamblea se acumularán a los lapsos de servicio oficial o semioficial. Para los efectos de la jubilación precedente las sesiones ordinarias o extraordinarias de esas corporaciones en cada legislatura anual se computarán en materia de tiempo y de asignaciones como si el congresista o diputado hubiese servido los doce meses del respectivo año calendario y hubiese percibido durante cada uno de dichos doce meses idénticas asignaciones mensuales a las devengadas en el tiempo de sesiones.

Si los miembros de las mencionadas corporaciones no hubiesen asistido a todas las sesiones ordinarias o extraordinarias de la legislatura se hará el cómputo en proporción al tiempo de servicio.

PAR. 1º—Si las corporaciones públicas no se hubiesen reunido por cualquier causa, se aplicará el presente artículo para los efectos de tiempo y asignación como si dichas corporaciones hubiesen estado reunidas.

PAR. 2º—Estas reglas se aplicarán cualquiera que fuere la época en que se hayan prestado estos servicios a la Nación o a los departamentos”.

“ART. 4º—Los miembros de las corporaciones públicas a que se refiere el artículo 3º de la presente ley gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945, y demás disposiciones que la adicionen o reformen, y el auxilio de cesantía se liquidará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo 3º en su parágrafo primero”.

De otra parte, el artículo 55 del Decreto 1222 de 1986 señala el límite de las asignaciones de los diputados, así:

“La asignación diaria de los diputados de las asambleas departamentales por dietas, viáticos, gastos de representación y cualquier otro concepto en conjunto o separadamente no podrá exceder de la suma total que por razón de dietas y gastos de representación perciben diariamente los miembros del Congreso”.

El Decreto 801 de 1992, vigente para la época en que se reclama el auxilio de cesantía, señaló en los artículos 1º y 2º la asignación de los miembros del Congreso de la República, así:

“ART. 1º—La asignación mensual de los miembros del Congreso de la República será de $ 1.800.000, de los cuales el 36% corresponde al sueldo básico y el 64% a gastos de representación. Esta asignación surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1992.

ART. 2º—Los miembros del Congreso tendrán derecho a percibir una prima de localización y vivienda mensual equivalente a $ 700.000, la cual no será considerada como factor salarial y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1992”.

La Ordenanza 49 de la asamblea departamental de Antioquia de diciembre 27 de 1988 visible a folio 21, dispuso en su artículo 1º lo siguiente:

“ART. 1º—El artículo primero de la Ordenanza 1º de 1977 quedará así:

De conformidad con la Ley 20 de 1977 y el artículo 55 del Decreto 1222 de 1986, a partir del 1º de enero de cada año, la asignación diaria de los diputados a la asamblea departamental de Antioquia, por concepto de dietas, viáticos, gastos de representación y cualquier otro concepto, será igual a la cuantía que por estos mismos rubros perciben diariamente los miembros del Congreso de la República.

Como bien lo dijo el a quo, esta norma ordenanzal supera los límites señalados en el artículo 55 del Decreto 1222 de 1986, pues si la cuantía de las asignaciones de los congresistas por concepto de dietas gastos de representación para el año de 1992 era de $ 1.800.000, mal podía la norma ordenanzal establecer una asignación salarial que incluyera, además, la prima de localización y vivienda, excediendo con ello el límite consagrado en el citado artículo 55; por tal razón se inaplicará parcialmente la ordenanza 49 en cuanto incluye como factores para liquidar la asignación de los diputados de la asamblea departamental de Antioquia, “los viáticos” y “otros conceptos” que devenguen los miembros del Congreso, y se tendrá en cuenta, para efectos de liquidar la cesantía en el caso sub judice, la asignación de los miembros del Congreso (dietas y gastos de representación) señalada por el Decreto 801 de 1992.

En este orden de ideas, acertada fue la decisión del a quo de declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar, en consecuencia, la liquidación de la cesantía con base en la asignación mensual de $ 1.800.000, más una doceava de la prima de navidad percibida en el año de 1991.

No puede aceptarse la liquidación que hizo la entidad demandada en los actos acusados, en los cuales tomó como base la asignación efectivamente devengada por el accionante en el período que reclama, como quiera que las preceptivas citadas en párrafos antecedentes, son claras en determinar que el auxilio de cesantía se liquida a razón de un sueldo por cada año de servicio y que para efectos de tiempo de servicio y de asignaciones en el caso de los diputados, según voces de la Ley 5ª de 1969, se debe entender, como si hubiesen servido los doce meses del respectivo año calendario y hubiesen percibido durante dicho año idénticas asignaciones mensuales a las devengadas en el tiempo de sesiones. Y que si las corporaciones públicas no se hubieren reunido, por cualquier causa, la asignación y el tiempo de servicios se aplicará como si dichas corporaciones hubiesen estado reunidas».

(Sentencia de noviembre 7 de 1996. Expediente 11576. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

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