Sentencia 1159 de octubre 21 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO DIPUTADO

CONDENAS PENALES VIGENTES

EXTRACTOS: «El actor estima que el acto impugnado es violatorio del artículo 299 (último inciso) de la Constitución Nacional, en concordancia con el 179-1 ibidem y armonizando con el inciso tercero del primero de los preceptos citados, que a la letra dicen:

ART. 299.—(...).

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener más de veintiún años de edad, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

ART. 179.—No podrán ser congresistas:

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. (...).

ART. 299.—(...).

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. Los diputados no tendrán la calidad de funcionarios públicos. El período de los diputados será de tres años (subraya y resalta la Sala).

Dentro de la gama de derechos fundamentales, consagrados en el título II de la Carta fundamental, están los derechos políticos de participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control del poder político, cuya efectividad se logra mediante la puesta en marcha y el ejercicio de varias instituciones y formas, entre las cuales se destaca el derecho a elegir y ser elegido (art. 40-1 C.N.).

En materia electoral es regla general la elegibilidad, siendo la inelegibilidad una excepción, luego, salvo los casos en que una norma expresa imponga limitantes, los ciudadanos pueden aspirar libremente a ocupar cargos de elección popular.

El artículo 1º del Decreto 2241 de 1986, dispone que en la interpretación y aplicación de las reglas electorales se tendrán en cuenta, entre otros principios orientadores, el de la capaci-dad electoral, según el cual, todo ciudadano puede elegir y ser elegido, mientras no exista una norma expresa que limite su derecho, en consecuencia, agrega el mismo precepto, las causales de inhabilidad e incompatibilidad serán de interpretación restringida. Esta disposición no perdió vigencia con la expedición de la Constitución de 1991, puesto que su contenido no resulta incompatible y por tanto puede conci-liarse con los nuevos mandatos de orden superior.

En este orden de ideas, no resulta válido ni legal, trasladar y aplicar a los diputados las causales de inhabilidad que para miembros del Congreso señala el artículo 179 de la Constitución Nacional, argumentando que el 299 ibidem, en su inciso tercero, establece que, para los dipu-tados, el régimen en cuestión “... No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas...” (subraya y resalta la Sala); y es que esta condición está dirigida al legislador —que no al intérprete— a quien compete fijar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados, según dispuso el constituyente en los siguientes términos: “El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley” (art. 299 inc. 3º C.N.).

Ahora bien, según expresa el artículo 299 de la Carta Política, una condena a pena privativa de la libertad, con excepción de las que se imponen por delitos políticos y culposos, constituye motivo de inhabilidad para quien aspira a ser elegido diputado, pero como en ningún caso las penas podrán ser “imprescriptibles” (art. 28 in fine C.N.), ello significa que una vez éstas se cumplan, se declare su extinción o prescripción, desaparece la causal de inhabilidad para quien aspira a formar parte de una duma departamental y fue lo que aconteció en el sub judice, cuando por auto calendado el 9 de agosto de 1985, el Juzgado Tercero Penal del Circuito declaró extinguida la pena principal de prisión, impuesta al señor José Román Hernández Nieto.

Para el caso a estudio, la Sala mantiene su criterio, en el sentido de que en los eventos de penas privativas de la libertad, la inhabilidad se predica de las condenas vigentes, esto es, no cumplidas, suspendidas en su ejecución y no extinguidas.

Los antecedentes relacionados con sentencias condenatorias difieren de la causal de inhabilidad por pena privativa de la libertad, y contra lo que sostiene el apelante aquellos sí tiene vocación de extinción por el transcurso del tiempo, según expreso mandato del Decreto 2398 de 1986, “por el cual se dictan normas sobre reseña delictiva, cancelación de antecedentes y expedición de certificados judiciales y de policía”, cuyo artículo 11 dispone:

El jefe del DAS cancelará, a solicitud del interesado o de oficio, previo informe del jefe de la división de laboratorios e identificación o de la división de extranjería (según el caso) y concepto de la oficina jurídica de la institución, los antecedentes relativos a fallos condenatorios que registren, en los siguientes casos:

a) Cuando se haya cumplido la pena;

b) Cuando la pena se haya declarado prescrita, y

c) Cuando por haber transcurrido un tiempo igual o mayor al estipulado en el Código Penal, se considere que la pena se encuentra prescrita” (subraya y resalta la Sala).

Si bien es cierto que en materia de inhabilidades el constituyente determinó que no podrán ser congresistas quienes hubieren sido condenados “en cualquier época” a pena privativa de la libertad (art. 179-1 C.N.), ello no significa que la causal derivada del mismo hecho para el caso de los diputados, tenga efectos intem-porales y no sólo por la condición de restrictivas que asiste a las causales de inhabilidad, que impiden que éstas se apliquen indistintamente a miembros de corporaciones diferentes, también porque el artículo 299 de la Carta a diferencia del 179-1 ibidem no emplea la expresión “en cualquier época” para referirse a la inhabilidad que se viene comentando.

Aplicando lo dicho antes al sub judice, se tiene que, el demandado José Román Hernández Nieto fue inscrito, el 31 de enero de 1992, como candidato a la asamblea departamental de Risaralda que se elegiría el 8 de marzo siguiente (fl. 1); para esa época el señor Hernández Nieto no se encontraba incurso en la causal de inhabilidad señalada por el demandante, dado que la condena a prisión que le impusiera el Juzgado Tercero Penal del Circuito no estaba vigente pues había sido declarada extinguida hacía más de seis años, en consecuencia, su desempeño como diputado no lo hacía transgresor del artículo 299 de la Carta fundamental, disposición que consagra la causal de inhabilidad que le endilga el accionante».

(Sentencia de octubre 21 de 1994. Expediente 1159. Consejero Ponente: Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía).

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