Sentencia 11601 de febrero 1º de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Exp. 25000-23-27-000-1998-0466-01-11601

Consejero Ponente:

Dra. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Nissho Iwai de Colombia S.A.

C/La Nación-Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Tributos aduaneros —IVA

Bogotá, D.C., febrero primero de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se anota como cuestión previa, que no obstante haber solicitado la parte actora audiencia pública, no encuentra la Sala justificada tal actuación en el caso bajo examen, ya que los elementos de juicio aportados por las partes al proceso resultan suficientes para dilucidar los puntos de hecho y de derecho materia de la controversia.

Se debate en la instancia la legalidad de la liquidación de corrección con cuenta adicional, practicada por la administración de aduanas de Bogotá, a la declaración de importación 2008403051031-9 de julio 23 de 1997, según la cual se modifica el valor del IVA autoliquidado por la importadora Nissho Iwai de Colombia S.A., a la tarifa del 20%, incrementándolo en la suma de $ 3.562.361, como resultado de aplicar la tarifa del 45%, y se impone sanción por corrección del 30% fijada en la suma de $ 1.068.708.

Específicamente, la discusión versa sobre la tarifa del IVA aplicable a la importación de vehículos denominados "camperos", que según la demandante es del 20% tal como está previsto en el numeral 1º literal f) del artículo 471 del estatuto tributario, en su versión modificada por el artículo 16 de la Ley 223 de 1995; y que a juicio de la administración es del 45% teniendo en cuenta que las características del vehículo importado por la sociedad permiten clasificarlo como "automóvil" y no como "campero", de acuerdo con la definición que de esta clase de vehículos contenía el anterior arancel de aduanas (D. 412/94, art. 2º) y teniendo en cuenta que el nuevo arancel de aduanas (D. 2317/95) habría derogado las subpartidas arancelarias para las cuales el artículo 471 del estatuto tributario establecía la tarifa del 20%.

Según se deduce de lo expuesto en los actos acusados y demás antecedentes administrativos, no existe discusión entre las partes acerca de la subpartida arancelaria que corresponde al vehículo importado, y que según la declaración de importación, es la 87.03.23.00.00.

El Decreto 2317 de 1995, "Por el cual se adopta el arancel de aduanas", vigente al momento de realizarse la importación (jul. 23/97) contiene el siguiente texto legal, para los bienes incluidos en la partida arancelaria 87.03, subpartida 87.03.23.00.00:

"Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos de tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras. De cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual a 3.000 cm 3” .

La descripción del vehículo importado que aparece en la declaración de importación corresponde al texto legal antes transcrito y adicionalmente especifica las características del mismo así: “Vehículo campero marca Subaru Impreza 1.8 GL 4WD station wagon servicio particular modelo 1997 año de fabricación 1997, Nº de pasajeros 5 Nº de puertas 5 dirección hidráulica, motor a gasolina cilindraje 1.820 cc, potencia 107 HP, tracción doble, posee bajo, distancia entre ejes 2520 mm, alto total 1420 mm, distancia mínima al suelo 155 mm, distancia del diferencial al suelo más de 200 mm, motor en línea, 4 cilindros horizontales opuestos...”.

La administración rechazó el levante del vehículo, argumentando que: el vehículo no cumple las condiciones de campero en lo referente al chasís, que debe soportar el motor según nota de pie de página, capítulo 87 del Decreto 2317 de 1995, sin especificar la "nota legal" a que se hacía referencia. En la resolución que decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación de corrección, precisó la autoridad aduanera (fl. 39) que se trataba de la Nota Nº 3 que reza: "Los chasís con cabina incorporada para vehículos automóviles se clasificarán en las partidas Nos. 87.02 a 87.04 y no en la partida 87.06”.

Como se observa, la nota legal hace relación a la clasificación arancelaria que corresponde a los bienes descritos como “chasís con cabina incorporada para vehículos automóviles”, concepto bien distinto de las características o condiciones del "campero en lo referente al chasís que debe soportar el motor". Luego resulta sin fundamento la actuación que niega el levante de la mercancía en cuanto no es jurídicamente posible pretender con base en la nota legal aludida definir las características que a juicio de la administración debía cumplir el vehículo para ser clasificado como "campero" y menos aun determinar con base en ella la tarifa del IVA aplicable a su importación.

Ahora bien, reconoce la administración en los actos demandados que con la expedición del nuevo arancel de aduanas (D. 2317/95) desapareció de la actual nomenclatura arancelaria la definición del término “campero”, tal como estaba concebida en el Decreto 3104 de 1990 (anterior arancel de aduanas) modificado por el Decreto 412 de 1994. Sin embargo, sostiene que se mantienen vigentes las características que definen este tipo de vehículos, descritas en el artículo 2º de este último decreto, así: "tracción en las cuatro ruedas, bajo, altura mínima de la carcasa de la diferencial trasera al suelo 200 mm., chasís independiente de la carrocería, chasís debe soportar el motor, la caja de velocidades, la suspensión y los ejes"; concluyendo que, como el vehículo importado no se adecua a tales características, clasifica como "automóvil" de la partida arancelaria 87.03 y por tanto la tarifa del IVA aplicable es el 45%, prevista en el inciso 1º del artículo 471 del estatuto tributario, que reza:

“ART. 471.—Tarifas para vehículos automóviles. Los bienes vehículos automóviles de las partidas 87.02, 87.03 y 87.04 del arancel de aduanas está sometida a la tarifa del cuarenta y cinco (45%)...”.

Para la Sala el razonamiento propuesto por la administración no sólo resulta contradictorio, sino que desconoce los efectos de la derogatoria expresa, ya que al disponer el artículo 7º del Decreto 2317 de 1995 (nuevo arancel de aduanas) de manera expresa la derogatoria del anterior arancel de aduanas (D. 3104/90), también incluía tal derogatoria las modificaciones incorporadas por el Decreto 412 de 1994, así como las notas y textos legales que de él hacían parte. En consecuencia, no puede aceptarse de una parte la derogatoria expresa, y por otra pretenderse que algunas de las características descritas en las notas del arancel derogado, que según la administración permitían definir los vehículos denominados “camperos”; mantengan su vigencia. En efecto, las reglas de hermenéutica jurídica no admiten tal conclusión, ya que es “insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una nueva ley que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería" (L. 153/1887, art. 3º).

En síntesis, al haber sido derogado expresamente el Decreto 3104 de 1990 también fue retirado del ordenamiento jurídico el artículo 2º del Decreto 412 de 1994, pues hacía parte del anterior arancel de aduanas, y por ello, las características de los vehículos "camperos" allí descritas, no podían determinar válidamente la clasificación arancelaria de los bienes importados bajo la vigencia del nuevo arancel de aduanas.

Ahora bien, disponía el artículo 471 del estatuto tributario, en su versión modificada por el artículo 16 de la Ley 223 de 1995, en la parte pertinente:

"ART. 471.—Tarifa para vehículos automóviles. Los vehículos automóviles de las partidas: 87.02, 87.03 y 87.04 del arancel de aduanas, están sometidos a la tarifa del cuarenta y cinco por ciento ( 45%) en la importación y la venta efectuada por el importador...

(...).

1. Bienes sometidos a la tarifa del 20%. Están sometidos a la tarifa especial del veinte por ciento (20%) los siguientes bienes:

a) …

f) Los vehículos de las partidas 87.03.21.00.19, 87.03.22.00.19, 87.03.23.00.19, 87.03.24.00.19, 87.03.31.00.19, 87.03.32.00.19 y 8703.33.00.19, distintos de los taxis y de los comprendidos en los incisos 3º y 4º de este artículo”.

Como bien lo señala la demandante, se entiende que las subpartidas a que hace alusión la norma parcialmente transcrita, así como los bienes comprendidos en ellas, corresponden a las previstas en el arancel de aduanas que se encontrara vigente al momento de la importación, toda vez que tratándose de la importación de bienes es el arancel de aduanas el que define las posiciones arancelarias y los textos legales que a ellas corresponden, no la norma tributaria, que simplemente remite al arancel para fijar el IVA aplicable a las importaciones.

Tampoco puede afirmarse válidamente que por efectos de la derogatoria del anterior arancel aduanero, del que hacían parte las subpartidas aludidas, ha perdido igualmente vigencia la norma tributaria en cuanto a la fijación del gravamen, porque no es constitucionalmente viable la derogatoria de normas legales tributarias, mediante decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de las facultades de regulación del régimen aduanero que consagra el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política.

De lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que asiste razón a la demandante, cuando sostiene que las características del vehículo “campero” importado, no pueden atender a lo estatuido en el arancel de aduanas ya derogado para la fecha en que se produce la importación, sino a las descritas en el texto legal de la subpartida arancelaria 87.03.23.00.00 del nuevo arancel de aduanas (D. 2317/95) vigente a partir del 1º de enero de 1996; y que por la misma razón la tarifa del IVA aplicable es la del 20% señalada en el numeral 1º literal f) del artículo 471 del estatuto tributario, para los vehículos clasificados en las subpartidas arancelarias allí señaladas, las que recoge el nuevo arancel cerrando los desdoblamientos que ellas contienen, ya que ahora las subpartidas terminan en 00 y no en 10, o sus subdivisiones 11 y 19.

Adicional a lo expuesto, observa la Sala que en los conceptos 00359-13075 de septiembre 27 de 1997 y 234 de 1999 expedidos por la Subdirección Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuya aplicación reclama la demandante, se reconocen como válidos los argumentos aducidos en contra de la legalidad de los actos demandados, luego resultan pertinentes para la decisión que habrá de adoptarse, las consideraciones que al respecto allí se exponen. En efecto, dice el concepto general 234 en su parte pertinente:

"El Decreto 2317 que se expide el 26 de diciembre de 1995 tiene vigencia a partir del 1º de enero de 1996, y deroga en forma expresa el arancel anterior, en el que se encontraba incorporada la modificación hecha por el Decreto 412 de 1994, es decir, el Decreto 2317 de 1995 al derogar el arancel existente, hace dos tipos de cambios:

1. Cierra los desdoblamientos hasta entonces existentes, razón por la cual las subpartidas terminan ahora en 00 y no 10, o en sus subdivisiones 11 y 19, incluyendo por lo tanto dentro de las subpartidas recogidas, los vehículos denominados comúnmente automóviles y los camperos, al igual que los de servicio público y los de servicio particular, agrupando los automotores por cilindraje.

2. Elimina las definiciones específicas que existían para las subpartidas 87.03.00.21.10 y siguientes, contenidas en el artículo 2º del Decreto 412 de 1994: "con tracción en las cuatro ruedas, bajo altura mínima de la carcasa de la diferencial trasera al suelo de 200 mm, con chasís independiente de la carrocería. El chasís debe soportar el motor, la caja de velocidades, las suspensiones y los ejes".

"Es claro entonces, que a partir del 1º de enero de 1996, no se contempló en la legislación aduanera o tributaria, definición arancelaria alguna acerca de lo que debía entenderse por los vehículos conocidos comúnmente como camperos, o dicho de otra forma, que a partir de tal fecha, la normatividad aduanera vigente no exigía ningún elemento diferente al cilindraje, para que un vehículo fuera clasificado en las subpartidas antes mencionadas".

"De otra parte, es de advertir que la legislación tributaria en materia de IVA, siempre ha señalado una tarifa diferencial y especial a estos vehículos (camperos), independiente de que en ésta se haya utilizado la palabra campero o se haya mencionado la subpartida arancelaria correspondiente".

"A partir del 1º de enero de 1996 y hasta el 1º de enero de 1999 no existió definición en la normatividad vigente, que señalara características especiales acerca de lo que debía entenderse como campero.

La tarifa vigente en ese período para los camperos era del 20%" (fls. 276-281).

Las anteriores consideraciones, confirman la ilegalidad en que incurren los actos acusados, al pretender la administración desconocer el contenido y alcance del artículo 471 numeral 1º literal f) del estatuto tributario, gravando a la tarifa del 45% el IVA causado por efectos de la importación a que se ha venido haciendo referencia, aludiendo al efecto disposiciones aduaneras expresamente derogadas, y pretendiendo derivar de ellas consecuencias fiscales. Se aclara que si bien los conceptos aludidos fueron expedidos con posterioridad a la importación (jul./97), no por ello se justifican las infracciones denunciadas, puesto que la interpretación que hace la entidad fiscal, a las normas vigentes y aplicables a la época de los hechos, contradice el proceder administrativo.

Para la Sala las precedentes consideraciones conducen a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, por lo que habrá de revocarse la sentencia recurrida, accediendo a las pretensiones de la recurrente.

En cuanto al reconocimiento de indemnización por perjuicios pretendida por la demandante, se reconocerá y ordenará el pago de los perjuicios materiales causados con ocasión de la expedición de los actos administrativos que se anulan, por estar demostrado, que la sociedad actora otorgó póliza de cumplimiento a fin de obtener el levante del vehículo importado, cuyo valor total cancelado para su constitución fue en la suma de $ 165.612, suma a la cual se condenará a la Nación debidamente actualizada conforme a la siguiente ecuación:

I. Final 

Va = Vh x ---------------

I. Inicial 

Donde:

Vh = Valor histórico 

I. Final = IPC certificado por el DANE a la fecha de la presente liquidación 

I. Inicial = IPC vigente a la fecha en que se suscribió la póliza de cumplimiento 

Reemplazando tenemos:

127,87 (diciembre de 2001) 

Va = $ 165.612 x ---------------------------------------

82.62 (agosto de 1997) 

Va = $ 256.315

Por último advierte la Sala que la consejera, doctora María Inés Ortiz Barbosa, se encuentra impedida para conocer del presente negocio, de conformidad con lo previsto en el numeral 2º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se encuentra separada del conocimiento del presente proceso.

No se requiere sorteo de conjuez de conformidad con el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, dado que la Sala alcanzó la mayoría para tomar la presente decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar se dispone:

2. DECLARAR la nulidad de las resoluciones 534-0019 del 20 de noviembre de 1997 y 000211 del 9 de febrero de 1998, expedidos por la Administración de Aduanas de Bogotá-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, actos administrativos a través de los cuales se formuló liquidación oficial de corrección con cuenta adicional a la declaración de importación Nº 2008403051031-9, presentada por la sociedad Nissho Iwai de Colombia S.A., el 23 de julio de 1997.

3. A título de restablecimiento del derecho se declara que la sociedad Nissho Iwai de Colombia S.A., no está obligada a pagar suma alguna de las determinadas en los actos que se anulan.

4. En consecuencia y de conformidad con la liquidación inserta en la parte motiva de la presente providencia, CONDÉNASE a la Nación-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al pago de la suma de doscientos cincuenta y seis mil trescientos quince pesos ($ 256.315) a favor de la sociedad actora.

5. RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Elsa Villalobos Sarmiento, como apoderada de la Nación, en los términos del poder a ella conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

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