Sentencia 11631 de marzo 13 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

POLICÍA NACIONAL QUE NO ES POLICÍA JUDICIAL

CAPACIDAD PROBATORIA DE SUS INFORMES

EXTRACTOS: «La Policía Nacional es un cuerpo civil armado hace parte de la fuerza pública, está a cargo de la Nación y cumple funciones preventivas, de una parte, a través de la denominada policía de seguridad, y, de otra, de colaboración con las autoridades judiciales, a través de la denominada policía judicial, cuyas facultades se encuentran definidas en la ley y las ejerce de manera permanente, tal y como lo establece el numeral 3º del artículo 250 de la Constitución Nacional. Esto último no significa, sin embargo, que toda la institución policial está autorizada para el desempeño habitual de dichas labores, como equivocadamente lo afirma el defensor. Solamente lo está la parte de la Policía Nacional asignada al cumplimiento de funciones de policía judicial, como igual sucede con los otros organismos a los que la ley les asigna, también permanentemente, esas actividades.

No de otra manera se explican las siguientes disposiciones del Código de Procedimiento Penal de 1991, reproducidas por los artículos 312-1, 313 y 312-parágrafo, de la Ley 600 de 2000:

“ART. 310.—Servidores públicos que ejercen funciones permanentes de policía judicial. Realizan funciones permanentes de policía judicial:

1. La policía judicial de la Policía Nacional (...).

ART. 311.—Integrantes de las unidades de policía judicial. El director de la entidad que cumpla funciones de policía judicial, en coordinación con el Fiscal General de la Nación, determinará cuáles de los servidores públicos de su dependencia integrarán las unidades correspondientes.

ART. 312. PAR.—En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de policía judicial de la Policía Nacional las funciones de policía judicial las podrá ejercer la Policía Nacional”.

Para la Corte es supremamente claro, en concordancia con esa normatividad, que sólo son policía judicial, en lo que a la Policía Nacional se refiere, los miembros de la institución designados para el ejercicio de esas funciones y que integran las unidades de policía judicial respectivas. Los demás sólo pueden actuar como tal en los lugares del territorio nacional donde no hubiere policía judicial y en las circunstancias que determina la ley, es decir —como lo establece el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal de 2000— en los casos de flagrancia y en el lugar de ocurrencia del hecho o cuando por motivos de fuerza mayor acreditada no pueda el fiscal iniciar la investigación previa.

La Policía Nacional que no es policía judicial, sin embargo, en desarrollo de sus funciones constitucionales y frente a la reacción estatal que sigue al cometimiento de los delitos, no está desvinculada de las actividades tendientes a su represión, sino que contribuye a la misma, a pesar de que naturalísticamente sus acciones no correspondan a labores propias de policía judicial. Así por ejemplo dado su gran cubrimiento geográfico y capacidad de respuesta inmediata, al llegar primero al lugar del crimen tiene como obligaciones, entre muchas, proteger la escena e impedir que las evidencias se pierdan o alteren, retener sospechosos y testigos mientras se hace presente en el sitio la autoridad que se hará cargo del caso perseguir a los autores y partícipes sorprendidos en situación de flagrancia, ubicar automotores y, en general, desarrollar todas aquellas actividades que tienen que ver con el aseguramiento de la prueba. En ningún caso su poder incluye el procesamiento de la escena criminal ni la facultad de ordenar y practicar pruebas, salvo —como ya se advirtió— cuando no se cuenta con policía judicial en el lugar y el fiscal no se hace presente.

2. Lo anterior quiere decir que en el caso sometido a consideración de la Corte, el informe que cuestiona el casacionista no lo produjo el Comandante de Policía de Montelíbano como depositario de funciones de policía judicial. En esa población las mismas eran ejercidas por una unidad investigativa a cargo del capitán Freddy Pacheco Escobar, que como es verificable en el expediente asumió las primeras diligencias por iniciativa propia el 25 de julio de 1993, le comunicó lo pertinente a la Fiscalía y al siguiente día fue comisionado para el adelantamiento de la investigación preliminar.

Así las cosas, de acuerdo con la conclusión del Procurador Delegado, el “informe sobre un homicidio” que el teniente Leonardo Suárez Caicedo, como comandante de la Estación de Policía de Montelíbano, le dirigió el 26 de julio de 1993 al comandante del Tercer Distrito de Policía y cuya copia obra a folio 18 del proceso, no es de policía judicial. Esta circunstancia, de todas formas, no le resta capacidad probatoria al contenido del informe, en atención a que lo emitió un servidor público en ejercicio de sus funciones y respecto de unos hechos que conoció en esa condición, siendo del caso advertir que para cuando fue apreciado como prueba en las sentencias no estaba vigente el artículo 50 de la Ley 504 de 1999.

3. Los miembros de la Policía Nacional, de todas formas, cuentan con la función proveniente de la Constitución de rendir informes sobre sus actividades y el juramento no es un requisito indispensable para la validez de los mismos.

Por lo demás, es claro para la Corte que no existe ninguna circunstancia que los excuse del deber de informar y de hacerlo con la verdad, que como compromiso inherente al desempeño la función pública, hace que resulte implícito el juramento en los informes que rinden, así como en los emanados de los servidores que cumplen funciones de policía judicial.

Así las cosas, el error de hecho por falso juicio de legalidad denunciado por el censor no tuvo ocurrencia y en consecuencia el cuestionamiento que le hace al informe de policía no prospera».

(Sentencia de casación, 13 de marzo de 2003. Radicación 11.631. Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas).

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