Sentencia 11632 de octubre 24 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO

TAMBIÉN ES MATERIA DE DECISIÓN ARBITRAL

EXTRACTOS: «El cargo tercero lo hace consistir la recurrente en “haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a decisión arbitral”. Así lo deduce al considerar que la competencia arbitral estaba circunscrita al contrato, el cual no resultaba revisable en virtud de la imprevisión que nunca había sido planteada y que no podía acogerse ni con base en la cláusula 38, ni en los hechos contractuales referidos en la demanda, por cuanto la supresión, suspensión, modificación o revocación de las estipulaciones contractuales, para sustituirlas por otras, eran puntos ajenos a la consideración del tribunal. Considera, además, que no podía el fallador decidir con normas extracontractuales para dejar de aplicar la cláusula contractual contentiva de la fórmula de ajuste de precios.

Conviene anotar cómo la figura del equilibrio financiero del contrato no ha sido extraña ni a nuestra jurisdicción, ni a nuestra jurisprudencia. Sin duda alguna las partes al contratar son conocedoras del beneficio resultante del contrato: conseguir los fines esenciales del Estado, para la entidad pública contratante; la obtención de un provecho económico, para el contratista. Dentro de este marco habrá, pues, de moverse la regulación financiera del contrato y con miras a mantener su equilibrio económico, se ha de procurar la protección de las partes, y especialmente para el caso del contratista como colaborador que es del Estado, se deben tomar las medidas necesarias para lograr dicho mantenimiento, de tal forma que pueda conservar el beneficio económico que lo llevó a contratar. Tal ha sido la voluntad del legislador y paulatinamente ha contemplado la figura del equilibrio financiero del contrato, en las leyes 4ª de 1964 y 36 de 1966, pasando por los decretos 1670 de 1967 y 150 de 1976, hasta llegar al anterior estatuto contractual, el Decreto 222 de 1983 y, por último, plasmarlo específicamente en la Ley 80 de 1993, entre otras, en el artículo 4º, ordinal 3°, al referirse a la consecución de los fines estatales; en el artículo 5º, ordinal 1º, al hacer mención de los derechos del contratista; en el artículo 28, en relación con la interpretación de las reglas contractuales y en el artículo 50, referente a la responsabilidad contractual de las entidades estatales.

La ecuación financiera del contrato es una figura de imperativo legal, que se aplica con independencia de que las partes la hubieren pactado o no. En otros términos la Sala reitera que es el propio legislador quien fija reglas tendientes a procurar el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato conmutativo cuando éste se rompa en aquellos casos no imputables al contratista, por distintas circunstancias. Frente al mandato legal, mal podría el juez de dicho contrato desconocer, sin razón, tales preceptos normativos.

Tiene entonces, suficiente sustento, en legislación y jurisprudencia, el concepto del equilibrio financiero del contrato y, por consiguiente, no podía resultar extraño para el tribunal de arbitramento la aplicación de dicha figura, bajo la óptica fundamental de que el Estado pudiera cumplir con los fines previstos y que el consorcio contratista, a su vez, por no tener obligación legal ni contractual de trabajar a pérdida, lograra obtener el lucro inherente y previsto para su actividad.

Ahora bien, los planteamientos de la censura para sostener que el concepto del equilibrio financiero, no era objeto del pronunciamiento arbitral, sino ajeno a sus consideraciones, resulta contrario a lo expresado por la Sala en los párrafos anteriores. Si el fallador encontraba rota o alterada la ecuación financiera del contrato por causas imprevistas y de especial consideración, ajenas al contratista, le correspondía acudir a dicha figura, no sólo por mandato legal, sino por motivaciones de justicia y equidad inherentes al equilibrio financiero contractual.

Pero, observa la Sala, que la figura analizada no resultaba extraña al contrato 3561, objeto de la presente controversia. En efecto:

La cláusula vigesimaséptima del contrato, referente a “Situaciones materiales imprevistas, daños o retardos debidos a fuerza mayor”, en el ordinal f estipuló:

“La empresa consideraría las consecuencias financieras correspondientes a un trastorno económico susceptible de modificar sustancialmente la economía del contrato, siempre y cuando se entienda como trastornos económicos aquellos que produzcan un sustancial desequilibrio financiero del contrato en los términos y condiciones de la teoría de la imprevisión y de los hechos de la administración, tal como ellos se configuran dentro de la jurisprudencia y doctrina del derecho administrativo”.

Sin duda que frente al contenido de la estipulación transcrita bien podía el tribunal aplicar en su fallo el principio del equilibrio financiero sin que por ello pueda sostenerse que el punto, como integrante que era del contrato, constituyera un tema ajeno a la decisión arbitral, cuando en la cláusula 38, se estableció que, salvo las facultades de la empresa sobre declaratoria de caducidad “...las diferencias que se presenten durante su ejecución y hasta cumplirse el período de responsabilidad establecidos, sobre materias distintas a las contempladas en la cláusula 30 y en las cuales la empresa y el contratista no se pongan de acuerdo, se someterán a un tribunal constituido por tres árbitros...”.

Dedúcese de lo expresado que este tercer cargo resulta infundado».

(Sentencia de octubre 24 de 1996. Expediente 11.632. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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