Sentencia 11632 de octubre 9 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CARGOS DE LA RAMA JUDICIAL

COMPETENCIA PARA FIJAR REQUISITOS

EXTRACTOS: «Daniel Humberto Sarmiento solicita se declare nulo el Acuerdo Nº 160 del 29 de noviembre de 1994 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura-Sala Administrativa, por el cual se convoca a un concurso de méritos, por considerar que entra a regular los requisitos que requieren los cargos de carrera de la rama judicial, cuando la competencia para la fijación de ellos es de competencia de la ley, como lo es el Decreto-Ley 52 de 1987.

(...)

CONSIDERACIONES:

El actor para solicitar la nulidad del acto acusado, estima que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, carece de competencia para fijar los requisitos de los cargos de carrera judicial, ya que dicha función le corresponde hacerla es al legislador (fl. 31).

De acuerdo con lo antes expuesto, se pasará a examinar el proceso y las normas que regulan la materia, con el objeto de tomar la decisión que corresponda.

Con arreglo a la ley, en materia del manejo del recurso humano de la rama jurisdiccional, el Consejo Superior tiene competencia para administrar la carrera judicial, crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos, dictar reglamentos para el funcionamiento de la administración de justicia, la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos, y la regulación de trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales en los aspectos no previstos por el legislador, al tenor de lo dispuesto en los artículos 256 y 257 de la Constitución Nacional.

En concordancia con lo anterior, el legislador expidió el estatuto de la administración de justicia, Ley 270 de 1996, y en su artículo 85 prescribió que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, tendría la facultad de expedir las plantas de personal de las corporaciones y juzgados, pudiendo crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la rama judicial, y determinar no sólo sus funciones sino señalar sus requisitos, pero solo en forma subsidiaria, esto es, cuando el legislador no los haya fijado.

Esta preceptiva, estima la Sala, es consecuencia de la facultad que tiene dicha corporación de acuerdo con la Constitución Nacional, en relación con el manejo personal, aunque se repite, sólo cuando exista silencio del legislador, y en ningún caso para variar lo que haya dispuesto la ley, pues si el legislador se ha pronunciado, no le es dable al Consejo Superior de la Judicatura, so pretexto de interpretar la ley, expedir reglamentos sobre dichas materias.

Reitera estos principios la ley estatutaria, cuando sobre el particular fija para los funcionarios y empleados, las calidades y requisitos que deben ostentar los magistrados de tribunal, juez o fiscal, como en vía de ejemplo lo prescriben los artículos 127, 128 y 161 de la Ley 270 de 1996.

Para mayor ilustración se transcriben los artículos 256 y 257 de la Constitución Nacional y los correspondientes de la Ley 270 de 1996.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA:

“ART. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones.

1. Administrar la carrera judicial (...).

ART. 257.—Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones: (...).

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladara cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales en los aspectos no previstos por el legislador”.

LEY 270 DE 1996 

“ART. 127.—Requisitos adicionales para el desempeño de cargos de funcionarios en la rama judicial. Para ejercer los cargos de magistrado de tribunal, juez de la República o fiscal, requieren las siguientes calidades y requisitos generales:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles;

2. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a la ley, salvo en el caso de los jueces de paz; y

3. No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad”.

Este artículo fue declarado exequible bajo condiciones, por la Corte Constitucional mediante fallo C-037 de 1996.

“ART. 128.—Requisitos adicionales para el desempeño de cargos de funcionarios en la rama judicial. Para ejercer los cargos de funcionario de la rama judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que se establezcan en la ley:

1. Para el cargo de juez municipal, tener experiencia profesional no inferior a dos años.

2. Para el cargo de juez de circuito o sus equivalentes: tener experiencia profesional no inferior a cuatro años.

3. Para el cargo de magistrado de tribunal (sic) tener experiencia profesional por lapso no inferior a ocho años. Los delegados de la fiscalía deberán tener los mismos requisitos exigidos a los funcionarios ante los cuales actúan.

PAR. 1º—La experiencia de que trata el presente artículo, deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial. En todo caso, para estos efectos (sic) computará como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se realice con posterioridad a la obtención del título de abogado”.

ART. 161.—Requisitos adicionales para el desempeño de cargos de empleados de carrera en la rama judicial. Para ejercer los cargos de empleado de la rama judicial en carrera deben reunirse, adicionalmente a los señalados en las disposiciones generales y aquellos que fije la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre experiencia, capacitación y especialidad para el acceso y ejercicio de cada cargo en particular de acuerdo con la clasificación que establezca y las necesidades del servicio, los siguientes requisitos mínimos:

1. Niveles administrativo y asistencia: título de abogado o terminación y aprobación de estudios de derecho.

2. Nivel profesional: Título de abogado o terminación y aprobación de estudios superiores.

3. Nivel auxiliar y operativo: Estudios de educación media y capacitación técnica o tecnológica.

PAR. 1º—Cuando se trate de acceder a los cargos de empleados de carrera por ascenso dentro de cada uno de los niveles establecidos en este artículo, la experiencia judicial adquirida en el cargo inmediatamente anterior se computará doblemente. Este cómputo no tendrá efectos salariales.

PAR. 2º—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura determinará los casos en que, por tratarse de despachos judiciales situados en provincias de difícil acceso puedan vincularse a cargos de empleados personas sin los títulos académicos mínimos señalados en este artículo”.

De acuerdo con lo ates expuesto, aunque aceptando que para la fecha de expedición del acto acusado no se había expedido la ley estatutaria, pero que se invoca ilustrativamente, se concluye que en materia de requisitos para el desempeño de cargos de la Rama Jurisdiccional, a la Sala Administrativa del Consejo Superior, le corresponde fijarlos conforme a la Carta Política, en ausencia de ley sobre la materia.

Del examen del acto acusado se observa que los empleos objeto del concurso, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, entró únicamente a fijar los requisitos en ausencia de ley que los determinara, respecto de los empleos de abogado, secretario de corporación nacional, director administrativo de corporación nacional, abogado sustanciador de corporación nacional, jefe de división de sistemas de corporación nacional, abogado de corporación nacional, abogado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, jefe de comunicación de corporación nacional, operador de sistemas de corporación nacional, profesional universitario de corporación nacional, jefe de archivo y correspondencia de corporación nacional, administrador de corporación nacional, almacenista de corporación nacional, archivero de corporación nacional, oficial mayor o sustanciador de tribunal, oficial mayor o sustanciador de tribunal, asistente social de juzgado de familia, oficinista de tribunal y mensajero de corporación nacional.

Teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Nacional la administración de justicia es función pública que se ejerce en forma permanente, y que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene competencia para administrar la carrera judicial, y para expedir reglamentos relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos en los aspectos no previstos por la ley, se concluye que el acto acusado no violó ninguna norma superior, y en sentido contrario se ajustó a la Constitución Nacional y a la ley».

(Sentencia de octubre 9 de 1997. Expediente 11632 Consejero Ponente: Dr. Javier Díaz Bueno).

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