Sentencia 11636 de junio 11 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejero Ponente:

Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda

Ref.: Expediente 11636

Decretos del gobierno

Actor: Darío Angarita Medellín

Santafé de Bogotá, D.C., 11 de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Decide la Sala la acción de nulidad promovida por el ciudadano Darío Angarita Medellín, tendiente a que se declare que es nula la expresión “del orden nacional” contenida en el inciso primero del artículo 1º del Decreto Reglamentario 2108 del 29 de diciembre de 1992, cuyo texto es el siguiente:

“Las pensiones de jubilación del sector público del orden nacional reconocidas con anterioridad al 1º de enero de 1989 que presenten diferencias con los aumentos de salarios, serán reajustadas a partir del 1º de enero de 1993, 1994 y 1995, así:...”.

En la demanda, afirma el demandante, en síntesis, que se transgredió el artículo 13 de la Constitución Política, porque en lugar de haberse restringido el reajuste pensional a las pensiones del orden nacional, debió expedirse la norma de tal manera que incluyera a los pensionados territoriales, los cuales fueron discriminados por el decreto acusado.

El ciudadano José Roberto Duque Álvarez, mediante memorial que corre en el cuaderno 2, se constituyó como parte coadyuvante de la acción.

El Ministerio Público, conceptuó en el sentido de que la expedición del decreto acusado se ajustó a los mandatos de la Constitución (art. 189, num. 11), y a los lineamientos de la Ley 6ª de 1992 reglamentada y que, por el contrario, si se hubiera extendido el reajuste pensional, como lo plantea la demanda, se habría desbordado el ejecutivo en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Para resolver se considera:

1. Por medio del decreto acusado se reglamentó el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, que dispuso:

“ART. 116.—Ajuste a pensiones del sector público nacional. “Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de las pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año 1989, el Gobierno Nacional dispondrá gradualmente el reajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad al 1º de enero de 1989”.

“Los reajustes ordenados en este artículo comenzarán a regir a partir de la fecha dispuesta en el decreto reglamentario correspondiente, y no producirán efecto retroactivo”” (negrilla fuera de texto).

2. Como se ve claramente, fue la ley reglamentada la que restringió sus alcances a las pensiones de jubilación del sector público nacional, y en tales condiciones el Gobierno Nacional al expedir el decreto reglamentario, no podía disponer algo diferente, tratando de ampliar su campo de aplicación a las pensiones de Ios órdenes municipal y departamental, porque ello habría sido violatorio de la competencia reglamentaria establecida en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.

3. Sin embargo, como la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del transcrito artículo 116, mediante Sentencia C-531 del 20 de noviembre de 1995, la Sala habrá de declarar la nulidad de la norma acusada que la reglamentó, de acuerdo con su reiterada jurisprudencia, por ser ello una obvia consecuencia de tal determinación.

En mérito de lo dicho, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Declárase nulo, pero por la inexequibilidad del artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, el artículo 1º del Decreto 2108 del mismo año.

Cópiese, notifíquese y archívese.

Aprobado en la Sala el día 11 de junio de 1998.

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