Sentencia 11652 de octubre 2 de 1997

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Rad.: 11652

Actor: Francisco Javier Naranjo Peláez y O.

Demandado: La Nación - Ministerio de Salud y otros.

Santafé de Bogotá, D.C., octubre dos de mil novecientos noventa y siete.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 30 de noviembre de 1995, mediante la cual se dispuso:

“1. Declarar administrativamente responsable al hospital universitario San Jorge de Pereira, por los perjuicios ocasionados a los demandantes, dentro de las circunstancias que se dejaron precisadas en la parte motiva.

2. Condenar a la entidad estatal mencionada en el ordinal anterior a pagar por perjuicios morales de a quinientos (500) gramos de oro para cada uno de los actores: Francisco Javier Naranjo Peláez, lesionado y posteriormente fallecido; María Nancy Colorado, cónyuge; y a sus hijos menores: Javier Alexander y Leonel Mauricio Naranjo Peláez. Habrá que tenerse en cuenta que se dispuso tener a la cónyuge y a los dos hijos como sucesores procesales del demandante fallecido Naranjo Peláez.

3. Se niegan las demás súplicas de la demanda.

4. La entidad estatal demandada le dará cumplimiento al presente fallo en el término referido en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. De no atenderse a lo anterior, se observará lo dispuesto en el artículo 177 de la misma obra. Para lo anterior se enviará copia al señor agente del Ministerio Público. Expídanse las copias con destino a los interesados, precisando cuál presta mérito ejecutivo.

5. No se accede a lo pedido por el hospital universitario San Jorge, respecto de la compañía de seguros Colpatria S.A., cuando solicitó la vinculación de ésta mediante llamamiento en garantía.”.

I. Antecedentes procesales.

1. Lo que se demanda.

En escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Risaralda el 21 de febrero de 1994, por medio de apoderado judicial común y en ejercicio de la acción consagrada en el art. 86 del Código Contencioso Administrativo, las siguientes personas: Francisco Javier Naranjo Peláez, María Nancy Colorado, Javier Alexander Y Leonel Mauricio Naranjo Colorado, formularon demanda en contra de La Nación, Ministerio de Salud, Departamento de Risaralda, Municipio de Pereira, Hospital Universitario San Jorge de Pereira, para que fueran declarados solidaria y patrimonialmente responsables de los daños morales, materiales y fisiológicos que sufrieron con ocasión del perjuicio que se le irrogó al paciente Francisco Javier Naranjo cuando fue intervenido y atendido en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira entre los días 9 a 14 de marzo de 1992.

2. Los hechos.

Relata el demandante que ingresó al Hospital Universitario de Pereira el día 9 de marzo para recibir atención médica por los males que lo aquejaban, síntomas compulsivos propios de los ataques epilépticos que sufría de tiempo atrás, habiendo permanecido en dicho hospital hasta el día 14 del mismo año, día en el cual fue dado de alta el señor Francisco Javier Naranjo y entregado a sus familiares, esposa y conocidos que lo habrían recogido advirtiendo que el paciente presentaba heridas en su extremidad superior derecha y en la cabeza, que habrían tenido ocurrencia durante el tiempo que estuvo en el hospital de Pereira toda vez que el día del ingreso al hospital el paciente se encontraba sin dichas anomalías. Cuenta el demandante que a raíz de las heridas que presentaba Francisco Javier Naranjo se le reclamó al hospital, no habiéndose obtenido ninguna respuesta favorable, entidad que respondió sosteniendo que en la historia clínica no quedo ningún registro o mención de las heridas que presentaba el paciente. Dice el demandante que el daño consiste en una lesión severa del plexo braquial derecho, lo cual dejó sin ningún tipo de funcionalidad el brazo derecho, por lo cual se ha visto privado de desempeñar su trabajo habitual, hecho que le impide poder atender sus obligaciones familiares, al verse privado de los ingresos que derivaba de su trabajo como agricultor.

3. La actuación procesal.

La demanda fue contestada por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira quien negó la responsabilidad que se le atribuye por ausencia de nexo causal entre el servicio médico asistencial brindado al paciente y el daño por él sufrido, sosteniendo que la causa de dicha anomalía, esto es de la atrofia del miembro superior derecho, tuvo ocurrencia después de haber sido atendido, estabilizado y dado de alta en el servicio de urgencias del hospital. Sostuvo este demandado que la anotación contenida en la tarjeta de salida que dice: “plejia braquial”, en la casilla de operación, es “falaz”. En igual oportunidad llamó en garantía a Seguros Colpatria S.A. con fundamento en la póliza de responsabilidad civil extracontractual de Nº 4162 con el objeto de que en caso de ser condenado se vinculara al garante al pago de la misma, en razón de la existencia del amparo de responsabilidad civil.

El municipio de Pereira contestó la demanda manifestando no constarle los hechos y propuso como defensa la falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que teniendo la naturaleza de establecimiento público autónomo con patrimonio propio e independiente el hospital universitario de Pereira, al municipio no le compete ninguna responsabilidad por la atención que se le haya prestado directamente en dicho hospital, teniendo en cuenta que de conformidad con la Ley 10 de 1990 las responsabilidades de cada uno de los entes públicos en materia de prestación de salud, son independientes. Sostuvo igualmente que el municipio presta sus servicios de salud a través de un instituto diferente al Hospital Universitario y por ende no le cabe responsabilidad.

El Departamento de Risaralda contestó la demanda manifestando no constarle los hechos y sosteniendo que solamente a partir del año de 1993 mediante la ordenanza 8 de octubre 28 se le otorgaron facultades al gobernador del departamento para participar en la creación del Hospital Universitario San Jorge de Pereira como entidad descentralizada indirecta del orden departamental. Sostuvo igualmente que no existe nexo causal entre la conducta del hospital y el daño padecido toda vez que con apoyo en la historia clínica al paciente se le prestaron todas los cuidados que requería dado el cuadro patológico que presentó al ingreso y por lo mismo no existió falla del servicio de ninguna naturaleza. Llamo en garantía a la Aseguradora Colpatria S.A. con fundamento en la póliza de responsabilidad civil extracontractual de Nº 4162.

La Nación por su parte guardó silencio durante el término de fijación en lista de la demanda.

El llamado en garantía interpuso recurso de apelación contra el auto que admitió el llamamiento sosteniendo que entre el departamento de Risaralda y Seguros Colpatria no existe relación contractual alguna, pues la póliza únicamente amparó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira. También contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones sosteniendo además que la deformidad física y la perturbación funcional de carácter permanente que sufre en su extremidad superior derecha el demandante Francisco Javier Naranjo no se originó en el tratamiento brindado por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, sino que éste fue diligente y eficaz.

Frente al llamamiento en garantía formulado por el Hospital Universitario San Jorge en su contra la aseguradora excepcionó inexistencia de amparo con fundamento en que la vigencia de dicho contrato de seguro se inició el 1º de octubre de 1992, esto es con posterioridad a la fecha en que fue atendido el paciente en dicho hospital. También excepcionó límite de la indemnización a cargo del llamado en garantía de conformidad con el contenido del contrato de seguro.

Tramitadas las pruebas y celebrada la audiencia de conciliación sin que se haya obtenido acuerdo se corrió traslado para alegar. El Ministerio Público en dicha oportunidad consideró que el hecho dañino se produjo dentro de las instalaciones del Hospital Universitario San Jorge, pues en su sentir la prueba demuestra que la atención brindada no fue diligente y adicionalmente encuentra probado que el paciente fue entregado a sus familiares en condiciones deplorables.

El Municipio de Pereira reiteró su planteamiento inicial destacando que el Hospital Universitario San Jorge es un establecimiento público que goza de personería jurídica, independencia y autonomía administrativa y financiera y por lo mismo al municipio no le compete ninguna responsabilidad en el caso concreto, toda vez que las funciones asignadas por la ley 10 de 1990 en lo que a salud corresponde, las ejerce el municipio de Pereira por intermedio del Instituto Municipal de Salud, ente éste último no vinculado en el presente proceso.

El Hospital Universitario San Jorge sostuvo en su alegato que los hechos que trajeron como consecuencia la incapacidad funcional permanente del paciente habrían ocurrido con posterioridad a la salida del hospital. Criticó la prueba testimonial de las personas que habían recibido al paciente el 17 de marzo sosteniendo que de conformidad con la historia clínica no existe motivo para establecer que durante el lapso corrido entre el 9 y el 14 marzo de 1992, hayan ocurrido los daños cuando el paciente estaba bajo los cuidados del Hospital Universitario San Jorge.

El Departamento por su parte reiteró que con arreglo a la historia clínica no existe ningún registro médico que evidencie que el paciente haya sufrido algún episodio convulsivo o un ataque epiléptico por virtud del cual haya sufrido el accidente en el centro hospitalario que le hubiera podido producir la lesión por la cual reclama indemnización.

El Ministerio de Salud sostuvo en su alegato que existe falta de legitimidad en la causa por pasiva pues de conformidad con el art. 49 de la Constitución Nacional los servicios de salud se encuentran organizados de forma descentralizada destacando que la ley 10 de 1990 en su art. 6 determinó las responsabilidades en la dirección y prestación de los servicios de salud, atribuyéndole a los municipios la dirección y prestación de aquellos en el primer nivel de atención y a los departamentos en el segundo y tercer nivel, sostiene que a la Nación a través del Ministerio de Salud le corresponde de conformidad con la estructura, administración y organización del servicio formular políticas y actuar exclusivamente como ente rector y orientador y no como ejecutor o prestador de servicios de salud.

El demandante en su alegato encuentra probado el daño y la relación de causalidad por lo cual solicita condena integral de conformidad con lo solicitado en la demanda.

4. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Risaralda encontró probado que el señor Francisco Javier Naranjo al ingreso al Hospital Universitario San Jorge de Pereira el día 9 de marzo de 1992 no presentaba la lesión de plejia Braquial por la cual se demandó. Igualmente encuentra que la lesión se produjo durante su estadía en el hospital demandado, al otorgar mérito de convicción de la prueba testimonial y de interrogatorio recaudada que da cuenta de la forma como fue devuelto el paciente el día 14 de marzo de 1992.

Con fundamento en dichos hechos reconoció perjuicios a título de daño moral en 500 gramos de oro para cada uno de los demandantes. No accedió al reconocimiento de perjuicios materiales ante la ausencia de prueba del hecho demostrativo de la disminución funcional, la cual considera que además no se puede practicar por la muerte de Francisco Javier Naranjo ocurrida durante el curso del proceso. En relación con los perjuicios fisiológicos consideró que no se acreditaron.

Las pretensiones en contra del llamado en garantía no fueron despachados por cuanto para la época de ocurrencia de los hechos no se encontraba vigente el amparo y así quedó acreditado.

Consideró el a quo en relación con la responsabilidad solidaria reclamada de la Nación, el departamento y el municipio que de conformidad con la ley 10 de 1990 se fijó en cabeza de las entidades territoriales la función autónoma de prestación del servicio de salud, en desarrollo de lo preceptuado en el art. 49 de la Constitución Nacional, por lo cual se negaron las pretensiones en contra de estos entes demandados

5. Los recursos de apelación.

El Hospital Universitario San Jorge de Pereira apeló de la sentencia para solicitar revocatoria por considerar que no resultó acreditado que los daños hubieran ocurrido durante la estadía del paciente en dicha institución.

El demandante también apeló con el solo propósito de solicitar el reconocimiento de los perjuicios materiales y fisiológicos demandados así como para solicitar una suma mayor por concepto de perjuicios morales, condenas éstas que considera deben actualizarse. Fundamenta su impugnación en la jurisprudencia de esta corporación que acepta liquidar los perjuicios materiales sobre la base del salario mínimo vigente, ante la falta de prueba de una cuantía diferente. Considera igualmente el apelante que la lesión padecida en la persona de Francisco Javier Naranjo por sí sola permite concluir la privación en el goce de vida y por ende considera debidamente acreditado dicho perjuicio.

II. Consideraciones de la Sala

La sentencia objeto de impugnación se modificará para reconocer la indemnización correspondiente a los perjuicios materiales y al perjuicio fisiológico, en consideración a los siguientes hechos y razones:

La Sala encuentra probado que la causación del daño por el cual se demanda ocurrió durante la estancia del paciente Francisco Javier Naranjo en el Hospital Universitario de Pereira. En efecto, a folio 29 del cdno. 1 obra documento privado extendido por el doctor Julio Roberto Sánchez quien en su condición de médico, atendió el 9 de marzo de 1992 al paciente mencionado en consulta particular realizada el mismo día del ingreso al hospital de Pereira, documento del cual se infiere la ausencia de la lesión en la extremidad superior derecha que posteriormente se evidenció en el mismo. En dicho documento se lee:

“Al examen encuentro paciente en posición fetal diciendo incoherencias, moderadamente agresivo quien atiende órdenes verbales y llamando constantemente a su compañera”. “positivo al examen físico solo se encontró las alteraciones de la esfera mental descritas y la temperatura elevada...”

De otra parte, en prueba testimonial recibida a la doctora Beatriz González Valencia, médica que llenó el contenido de la tarjeta de salida del paciente, al ser preguntada sobre el estado de ingreso del paciente al hospital de Pereira y en especial en lo que al aspecto físico se refiere con vista en la historia clínica de No. 317249 respondió en lo pertinente lo siguiente:

“...Al examinar la cabeza y el cuello se encontró: normocéfalo (cabeza normal), no signos de fractura...“ “Extremidades: normales”.

Así las cosas, para la Sala resulta claro, que el paciente ingresó con sus extremidades y cabeza normales, esto es, sin signos de heridas o traumas en dichos órganos.

En lo que hace a la prueba del estado físico con el cual fue entregado a sus familiares dicho paciente se tiene lo siguiente: obra prueba testimonial a fl. 73 a 77 contentivo de la declaración de la doctora María Helena Montoya López médica que practicó un examen a Francisco Javier Naranjo, quien sostuvo:

“recuerdo que era una lesión severa del plejio braquial, no recuerdo lado izquierdo o derecho creo que era de este último. No más. Plexo braquial son todos los nervios que salen de la columna cervical hacía el miembro superior”

Más adelante la misma testigo hizo la siguiente referencia, que resulta bien disiente, habida consideración de los hechos discutidos en el presente proceso:

“Lo más común que yo veo, como causante de esta lesión es por heridas de arma de fuego, arma cortopunzantes y por traumas. No se estableció que causó la del señor Naranjo Peláez, porque al paciente se le hace un interrogatorio antes del examen y cuenta la historia de lo ocurrido. El en este caso no contó, contó la señora, no sé el nombre, ella lo acompaño al examen. Recuerdo esto con precisión porque ella fue muy brava. Ella me contó que había llevado al esposo al servicio de urgencias, no se la causa del ingreso, y que cuando se lo entregaron él no podía movilizar el miembro superior, eso fue lo que ella me contó. El examen se lo practique en mi consultorio particular...”

Obra prueba testimonial de Alba Ruth Obando Soto quien declaró recordar haber escuchado voces de protesta por parte de la esposa de Francisco Javier Naranjo ante la situación en que había sido entregado el día de la salida del hospital:

“Sí, ellos llegaron muy tristes de ver como se los habían (sic) entregado físicamente; quiero decir que no lo entregaron aliviado y más con el problema de la mano “. (cfr. fl. 86 cdno. 2).

Otra testigo, Carmen Lía Soto de Obando refirió:

“...Cuando salió del hospital yo le vi un brazo, el derecho, caído como un ala de gallina, él tenía una herida en la mano, como que lo tallaron, la mamá le hacía remedios, le ponía paños de agua...” “...Cuando lo sacaron del hospital tenía una herida en la cabeza como en la corona, digo lo anterior porque lo vi, la mamá de él también le hacía curaciones en la cabeza”. (cfr. fl. 89 cdno. 2).

La señora María Nancy Colorado, en interrogatorio absuelto hizo referencia a lo siguiente:

“Yo entraba todos los días donde él estaba. Cuando yo entraba lo veía en una camilla, él siempre permaneció amarradito de los pies y las manos; yo pregunte que porqué lo tenían así y me dijeron que porque de pronto se iba, eso me lo dijo una doctora. Tanto los pies como las manos los tenía amarrados a las barandas de la camilla. Estaba amarrado como con un cuerito, alrededor de las manos y de los pies y de él salía como una piola para amarrarlo. Él se demoró más de 13 días para recuperar la memoria y eso que todavía era como sonámbulo. El día de la salida yo le pregunté muy angustiada a la doctora Beatriz Helena, creo que es Montoya que porque me iba a entregar a mi esposo en ese estado; estaba golpeado (sic) la cabeza, en un codo y aún tenía fiebre; ella me dijo que fue que se nos cayó. Me dijo además eso esa (sic) problema suyo, a mí no me lo vuelva a traer; eso me lo dijo en presencia del papá de mi esposo, porque no nos dejaban entrar sino a 2 personas”. (Cfr. fl. 115 cdno. 2).

Más adelante sostuvo la misma absolvente:

“La doctora Beatriz Helena me dijo que él como que había convulsionado y que por eso se había caído. La camilla donde estaba mi esposo no tenía barandas”. (cfr. fl. 117 cdno. 2).

De las pruebas recaudadas la Sala infiere que el paciente durante su estancia en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira sufrió las lesiones que trajeron de consecuencia la plejia braquial, por la cual se demanda. 

De otra parte, y en lo que hace a los presupuestos para reconocer los perjuicios materiales demandados, particularmente el lucro cesante que sobrevino a Francisco Javier por la lesión padecida, la Sala considera, pese a la falta de una prueba pericial producida a propósito, tal cual lo sostuvo el Tribunal de instancia, en el expediente obra prueba suficiente que hace procedente el reconocimiento de este tipo de perjuicios. 

En efecto, en la prueba técnica rendida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se consignó lo siguiente sobre el estado del paciente:

“En la actualidad el paciente presenta una lesión severa del nervio cubital y compromiso parcial del nervio parcial derecho, lo cual le altera ostensiblemente la función de la mano y de todo el miembro superior derecho”. (cfr. fl 208 cdno. 2).

“b) Es claro que el paciente presenta un daño importante en su miembro superior derecho como consecuencia de una lesión del plexo braquial. Una lesión de esas características ameritaría una incapacidad médico legal de treinta y cinco (35) días definitiva y como secuelas presenta perturbación funcional del órgano de la prensión. Perturbación funcional de miembro superior derecho y deformidad física todas de carácter permanente.”

También obran testimonios técnicos de varios profesionales de la medicina que declararon en el curso de la instancia, sobre la lesión padecida por Francisco Javier Naranjo. Es de particular interés la declaración de la médica que lo examinó con posterioridad a su egreso del hospital demandado. Ella sostuvo con relación a la lesión lo siguiente:

“No se encontraron unidades motoras y polifácicas en los músculos examinados esto traduce que el músculo no respondió, que estaba como muerto, para decirlo bien coloquialmente”. (cfr. fl. 75 cdno. 2). 

Así las cosas la Sala tendrá como punto de referencia para cuantificar el monto de los perjuicios materiales a título de lucro cesante por la pérdida de la capacidad laboral que la naturaleza de la lesión comporta, lo dispuesto en el art. 209 del Código Sustantivo del Traba., para casos análogos de incapacidades en los brazos, cuando la lesión comporta parálisis del músculo y atrofia muscular, que para el caso se estima en un 25% de acuerdo con dicho precepto. 

Se tendrá en cuenta entonces la fecha de ocurrencia del daño (14 de marzo de 1992) y el 1º de abril de 1995, fecha de la muerte de Francisco Javier Naranjo, como el tiempo dentro del cual se vio privado de su capacidad laboral en un 25%, teniendo para ello en cuenta el salario mínimo de la época.

Bases para la liquidación

Actualización

FORMULA A 1
 

 

Liquidación

Debida:

FORMULA 2 A
 

Como se estima que la lesión comportó para el demandante pérdida de capacidad laboral en un 25%, el valor actualizado durante los 36 meses que transcurrieron desde la causación del daño (marzo de 1992) hasta la fecha de la muerte de Francisco Javier Naranjo Peláez (abril de 1995), se dividirá por cuatro para determinar el 25% que le corresponde por este concepto, así:

9’094.885 / 4 = $2’273.721

Por último, la Sala no comparte la apreciación hecha por el a quo en el sentido que los perjuicios fisiológicos no resultaron acreditados y que ellos no se presumen. 

Por el contrario se considera, atendida la naturaleza de la lesión que afectó la integridad corporal de Francisco Javier Naranjo, que como se ha visto lo imposibilitó de tener funcionalidad en su extremidad superior derecha, que por ese solo hecho, al demandante se le privó de la posibilidad de realizar actividades en la vida de relación, que resultan esenciales y placenteras para cualquier ser humano. 

En efecto, la imposibilidad física de la cual dan cuenta las pruebas arriba analizadas, comporta privación o por lo menos disminución de los placeres de la vida, circunstancia que se deduce, de la regla de experiencia que enseña, que quien está afectado de un perjuicio corporal en sus extremidades superiores, no puede realizar actividades que supongan la utilización de dichos órganos. Se trata entonces de indemnizar la mengua que experimenta la persona afectada con el daño, en sus posibilidades de vida y en la realización de diversas actividades que, precisamente por causa de la lesión corporal padecida, ya no podrá realizar. Así entendido el perjuicio, resulta procedente otorgar a la víctima, a manera de paliativo y dentro del arbitrio judicial, una suma de dinero que compense, la privación en su vida de relación, que para cualquier persona se sigue por no tener la posibilidad de utilizar su extremidad superior. 

En este orden de ideas y teniendo presente que no se trata de indemnizar la tristeza o el dolor experimentado por la víctima —daño moral subjetivo— y tampoco de resarcir las consecuencias patrimoniales que para ella se siguen por causa de la lesión —lucro cesante—, sino más bien de compensar, en procura de otorgar al damnificado una indemnización integral, por la totalidad de los intereses humanos jurídicamente tutelados que resultaron comprometidos por la conducta dañina, dentro de los cuales, ocupa lugar principal, la mengua en las posibilidades de realizar actividades, que la víctima bien podría haber realizado o realizar, de no mediar la conducta dañina que se manifestó en su integridad corporal. Téngase presente que característica fundamental, del denominado daño a la vida de relación es precisamente la objetividad y exterioridad que manifiesta la situación perjudicial. 

Es por las anteriores razones que se reconocerá a título de compensación del perjuicio fisiológico padecido y en ejercicio del arbitrio que asiste al juzgador para determinar los contornos y alcance de este tipo de perjuicio el equivalente a la suma de 600 gramos de oro fino según la cotización que tenga a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, suma ésta que habrá de entregarse a los sucesores del señor Francisco Javier Naranjo Peláez por partes iguales.

La Sala comparte las apreciaciones del a quo en lo que hace a la relación jurídica que generó el llamamiento en garantía en contra de Seguros Colpatria S.A., pues de conformidad con la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 4162, claro resulta que el único asegurado lo fue el Hospital Universitario San Jorge y no el Departamento de Risaralda y además que la vigencia del contrato de seguro comenzó a partir de octubre 1 de 1992, esto es con posterioridad a la ocurrencia de los hechos que han dado lugar a la declaratoria de responsabilidad. Por lo tanto no hay lugar a responsabilidad alguna del llamado en garantía por los hechos discutidos en el presente proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia apelada, la cual quedará así:

1. DECLARASE patrimonialmente responsable al Hospital Universitario San Jorge de Pereira por los perjuicios ocasionados a los demandantes por la lesión inferida en la persona de Francisco Javier Naranjo durante su estancia en dicho hospital.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, CONDÉNASE al Hospital Universitario San Jorge de Pereira a pagar por perjuicios morales la suma de quinientos (500) gramos de oro fino para cada uno de los demandantes. Se tendrá en cuenta que la suma que por este concepto se reconoce a Francisco Javier Naranjo, le será entregada a los sucesores procesales, reconocidos en el presente proceso.

El precio del oro será el interno que certifique el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

3. CONDÉNASE al Hospital Universitario de Pereira a pagar a los demandantes la suma de dos millones doscientos setenta y tres mil setecientos veintiuno ($2’273.721) moneda legal, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante.

4. CONDÉNASE al Hospital Universitario San Jorge de Pereira a pagar a los demandantes la suma equivalente a seiscientos (600) gramos de oro fino por concepto del perjuicio fisiológico demandado. El precio del oro será el interno que certifique el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

5. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

6. ABSUÉLVESE de toda responsabilidad a la Compañía Seguros Colpatria S.A.

7. Las sumas anteriores devengarán intereses corrientes dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo y moratorios de ahí en adelante.

8. Para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas a su apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Carlos Betancur Jaramillo—Jesús María Carrillo B., presidente de la Sala—Juan de Dios Montes HernándezDaniel Suárez HernándezRicardo Hoyos Duque.

Lola Elisa Benavides López, secretaria.