•Sentencia 11654 de mayo 20 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

EFECTOS DEL REINTEGRO

EN EL CASO DE TRABAJADORES CON FUERO SINDICAL

EXTRACTOS: «El criterio jurisprudencial de tiempo atrás sostenido por esta Sala explica que cuando judicialmente se ordena el reintegro a su empleo de un trabajador con fuero sindical despedido sin la previa autorización del juez del trabajo, se parte del supuesto de que la decisión de terminar el contrato de trabajo en esas condiciones no produjo efectos jurídicos por no cumplir con el procedimiento establecido por la ley, por lo tanto deben restituirse las cosas al estado en que se hallaban antes de producirse el despido, lo que conduce a restablecer en su derecho al contratante afectado por la decisión ilegal de quien actuó contra una expresa prohibición de la ley, restituyendo los plenos efectos del contrato de trabajo ilegalmente extinguido.

Así mismo, ha considerado la jurisprudencia que el lógico corolario de la nulidad del despido del trabajador es el de que no haya jurídicamente interrupción en el contrato restituido por la orden judicial; y por tal motivo, aun cuando es verdad que expresamente la ley nada establece sobre la continuidad en el contrato de trabajo, ha entendido la Corte que ello no es más que consecuencia de la reincorporación del trabajador al empleo del que fue ilegalmente separado, pues sólo de esa manera es posible el cabal restablecimiento de los efectos jurídicos del contrato y la especial protección del derecho de asociación sindical, en tratándose de la acción de reintegro consagrada para los asalariados amparados con dicha garantía.

La circunstancia de que el artículo 7º del Decreto 204 de 1957, que subrogó el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo, al determinar las consecuencias del despido del trabajador sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, establezca que es “a título de indemnización” que el patrono condenado debe pagar al trabajador los salarios que dejó de recibir por causa del despido, no constituye razón suficiente para justificar la interpretación planteada por la recurrente, según la cual esa “indemnización” es el único efecto jurídico que se produce en caso de reintegro; como tampoco para concluir que el pago de los salarios es indicativo de un nuevo vínculo laboral, habida consideración de que en realidad cuando esa norma alude al pago de los salarios dejados de percibir no está simplemente precisando el resarcimiento de los perjuicios ocasionados al trabajador, ni haciendo referencia a la contraprestación de sus servicios, los que, desde luego, no se han podido dar por la ilegal decisión del empleador, sino a la consagración de una ficción que tiene como objetivo restablecer en su empleo a quien lo perdió por ese acto ilegal de su patrono.

Según el criterio jurisprudencial vigente, es precisamente por virtud de esa ficción legal, que permite restablecer el contrato, que se explica no sólo el efecto de ser el trabajador acreedor de una suma equivalente a los salarios que dejó de recibir por causa del despido, sino que, además, el tiempo que media entre el despido anulado y el reintegro efectivo del trabajador a su actividad laboral, se cuente para reconocer el auxilio de cesantía por dicho lapso, e igualmente la jubilación.

Por dicho motivo, no encuentra la Corte que en este caso se le haya dado una interpretación errónea a las normas que establecen el contenido de la sentencia cuando se comprueba que el trabajador fue despedido sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, por ser lo cierto que los argumentos que expuso el tribunal respecto de las consecuencias que produce el reintegro al empleo de un trabajador amparado por el fuero sindical, corresponden al sentido que esta Sala, cuando se encontraba dividida en dos secciones, le dio a las normas que regulan la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo.

En efecto, sobre el particular la extinta Sección Primera, en sentencias de 4 de abril de 1991 (Rad. 3988) y 18 de mayo de 1995 (Rad. 7106), expresó lo que a renglón seguido se copia:

“Se tiene, de esta suerte, que la sentencia ordenatoria del reintegro reconoce que el acto del despido no produjo efectos jurídicos por no darse las causales legales de terminación lo cual implica la no solución de continuidad en la relación de trabajo y desde luego, que no hubo interrupción jurídica de la misma durante el tiempo transcurrido entre el despido y el reintegro. En situaciones como ésta, es obvio, que el auxilio de cesantía cubre todo el tiempo de la relación jurídica.

Entonces, si subsiste la relación jurídica-laboral no obstante la desvinculación de hecho del trabajador mediante acto sin eficacia legal; el reintegro y el pago de los salarios es la lógica consecuencia del restablecimiento del derecho, el retorno al estado anterior, como si nada hubiese sucedido. Y los salarios dejados de percibir, no dejan de serlo, aunque con alguna impropiedad se le denomine indemnización, pues si no se operó la prestación del servicio vigente jurídicamente el contrato según lo discurrido, no es circunstancia, con arreglo al artículo 140 del C. S. del T, que impida la percepción del salario”.

Y en igual sentido la también desaparecida Sección Segunda, en fallo de 22 de septiembre de 1994 (Rad. 6854), explicó lo siguiente:

“La sentencia judicial que ordena el reintegro del trabajador declarando sin solución de continuidad el contrato tiene como consecuencia natural el reconocimiento de la unidad del vínculo que, por consiguiente, deberá considerarse que no ha sufrido suspensión o interrupción alguna. Al ordenar la reanudación del servicio como consecuencia de la ilegalidad del despido el juez reconoce al trabajador el derecho a ser restituido al estado en que se hallaría de no haber existido el acto ilícito.

Así mismo el empleador que por sentencia judicial resulta obligado a reintegrar a un trabajador en el entendimiento de que la relación laboral no ha tenido solución de continuidad, debe restituirlo en las condiciones de empleo en que se encontraría de no haber mediado el despido y, siendo el contrato de trabajo de tracto sucesivo, el trabajador debe ser considerado como si durante el tiempo en que permaneció cesante por la decisión ilegal del patrono hubiera continuado prestando efectivamente el servicio.

Y en tratándose de un reintegro ordenado judicialmente por violación del fuero sindical, como ocurrió en el caso sub lite, con mayor razón el empleador obligado debe cuidarse de restablecer el contrato, como mínimo a las mismas condiciones que tendría el trabajador si no se hubiera producido”.

De lo que viene de decirse fuerza es concluir que no incurrió el tribunal en la equivocada hermenéutica que el cargo le achaca, el cual, por esa razón, no prospera».

(Sentencia de mayo 20 de 1999. Radicación 11.654. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

ACLARACIÓN DE VOTO

Frente a la figura del reintegro he sostenido reiteradamente que sus consecuencias dependen de cada caso concreto y particularmente, en los eventos en que su respaldo lo brinda directamente la ley, del origen del mismo.

Creo que si la génesis de ese reintegro lo constituye la circunstancia de que se hubiera pretendido por el empleador un despido en contra de expresa prohibición de la ley (prescindiendo de si existen o no justas causas para el efecto aunque en ocasiones la prohibición legal se centra exclusivamente en este elemento), tal despido no puede producir efectos y, naturalmente, debe entenderse que la relación laboral continúa con todas sus consecuencias, pese a que no se presta el servicio en virtud de la ilegal medida patronal.

La anterior precisión, más ampliamente explicada, la he manifestado en relación con las decisiones de esta Sala en la que acogen para lo contemplado en el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, las mismas consecuencias del despido ilegal, y he manifestado mi desacuerdo porque estimo que en el evento allí previsto, no existe ninguna prohibición de despido. Por el contrario, lo que se consigna es una consecuencia del despido injusto para algunos trabajadores antiguos, lo cual significa que se deriva de una causa y ella es que el despido haya producido sus naturales y legales efectos centrados en la terminación del contrato.

En el caso presente se ventilan las secuelas del despido de una persona amparada por fuero sindical y como creo que en el artículo 405 del CST, subrogado por el artículo 1º del Decreto 204 de 1957, si se establece una prohibición de despido, la medida patronal tendiente a efectuarlo no puede tener efectos, lo que conlleva que se mantenga intangible la relación laboral y genere por tanto, todos los derechos propios de un contrato de trabajo desarrollado en condiciones normales.

Dejo en la forma anterior indicadas las razones por las cuales me uno a la decisión adoptada por la Sala.

Germán G. Valdés Sánchez. 

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