Sentencia 11670 de marzo 16 de 2000

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 11670

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Actor: Martiniano Rojas y otros

Demandado: municipio de Ancuya (Nariño)

Santa Fe de Bogotá, D. C., dieciséis de marzo de dos mil.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 7 de diciembre de 1995, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se resolvió denegar todas las súplicas de la demanda.

Antecedentes:

1. Lo que se demanda.

Solicitó la parte demandante que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (fls. 25 a 38):

“Declárese al municipio de Ancuyá (Nariño)..., administrativamente responsable de la muerte del señor agente de la Policía Nacional Jesús Armando Rojas Muñoz y por consiguiente de la totalidad de daños y perjuicios ocasionados a Martiniano Rojas, Maria Antonia Muñoz (padres del occiso); Cielo Rocío, Carlos Mauricio, Alvaro, María Eugenia, Flor María, Gloria Cecilia, Martín Alonso, Francisco Javier, Rodrigo, María Rubiela, José Augusto, Martha Yolanda y María Adela Rojas Muñoz (hermanos del occiso).

(...)

Como consecuencia lógica de la anterior declaración, hagánse (sic) las siguientes o similares condenas:

Por perjuicios morales:

1º. Se debe a cada uno de los demandantes, o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, el equivalente en pesos a un mil (1.000) gramos de oro fino, al precio que se encuentre el metal en la fecha de ejecutoria de la sentencia, de conformidad con certificación que en tal sentido expida el Banco de la República.

Por intereses: 

Se debe a cada uno de los demandantes, o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, los que se generen a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, todo pago se imputará primero a intereses.

Se pagarán intereses comerciales desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia y transcurridos seis (6) meses los de mora”.

2. Fundamentos fácticos:

Fundó la parte actora sus pretensiones en los siguientes hechos (fls. 19 a 21):

“1º Para el día 27 de marzo de 1994 aproximadamente a las 6 a.m., se presentó al municipio de Ancuya Nariño el señor inspector de la Vereda San Luis de ese mismo municipio, con el fin de informar que antes de llegar al empate había un joven tirado en el piso y que al parecer estaba muerto.

2º A las 7 a.m. del mismo día se presentó a las instalaciones de la Policía Nacional de Ancuya Nariño un señor quien dijo ser el padre del joven Milton López a informar que a las 12 de la noche del día 26 de marzo de 1994, tres individuos habían sacado de la casa a su hijo y posteriormente había aparecido muerto.

3º Ante este acontecimiento se trasladaron los señores agentes de la Policía Nacional Jorge Solarte Erazo y Alvero Leyton Valencia, a la casa del señor Alcalde Municipal de esa localidad a informarle lo sucedido.

4º El señor Alcalde Municipal al percatarse de lo sucedido y estando en estado de embriaguez, ya que la noche anterior había estado libando en el pueblo, ordenó inmediatamente al señor Comandante de la estación de Policía que lo acompañara (sic) él y el resto de agentes que estaban en la estación, a hacer el levantamiento del joven Milton López.

5º Abordaron EL vehículo Mitsubishi, sin placas, modelo 1994, de propiedad del Municipio de Ancuya, el cual era conducido por el señor Alcalde Municipal de esa localidad Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo y los señores agentes de la Policía Nacional Alvaro Leyton Valencia, Jorge Solarte Erazo, Jesús Armando Rojas Muñoz (q.e.p.d.) y José Antonio Higuera Solano.

6º Pasaron la Vereda Santa Rosa a excesiva velocidad y en zig-zag y al toparse con la curva se dio contra la pared del lado izquierdo y cuando trata de controlar el vehículo se fue al abismo.

7º En el siniestro accidente perdió la vida en forma inmediata el señor Agente de la Policía Nacional Jesús Armando Rojas Muñoz (q.e.p.d.) y resultaron lesionados los agentes Alvaro Leyton Valencia y Jorge Humberto Solarte Erazo.

8º Atendido el hecho generador de responsabilidad (la muerte del señor Jesús Armando Rojas Muñoz); el sujeto activo del hecho punible (El alcalde municipal de Ancuya (Nariño); la naturaleza del vehículo utilizado (oficial de propiedad del Municipio de Ancuya Nariño); los daños y perjuicios ocasionados (morales y materiales); la calidad de los actores del proceso (parientes próximos); se concluye la falla en el servicio y por consiguiente la relación de causalidad”.

3. Contestacion de la demanda:

El municipio de Ancuya (Nariño) contestó la demanda expresando, en relación con los hechos, que se atenía a lo que se probara en el proceso. Se opuso a las pretensiones y presentó las siguientes razones de defensa (fls. 54 a 56):

“... está a la vista la imprudencia de los agentes de Policía que abordaron el vehículo en las circunstancias que se describen, pues –como medida de precuación (sic)– bien pudieron exigirle al Señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, que para poder trasladarse con la debida seguridad, debía conducir el chofer oficial del municipio, o sea el señor Ramiro Rosero, según constancia oficial que se adjunta a esta contestación.

Y no se diga que los señores agentes de la policía debían obedecer ciegamente al señor Alcalde, pues si bien es cierto él es la autoridad máxima en el municipio, también es apenas elemental que en tales casos, cualquiera toma las precauciones y medidas que aconseja la prudencia. En cierta forma se configura culpa d la víctima, pues de ninguna manera era indispensable correr el riesgo de que conduzca una persona que demostraba estado de embriaguez. Solamente se explica tanta complacencia si los agentes de la policía hubieran estado compartiendo la noche anterior, como dice la demanda, las libaciones del Alcalde. De lo contrario, habrían asumido la conducta correcta, es decir, ir a buscar al conductor oficial del Municipio para que cumpla una misión de esa naturaleza.

Eso, por una parte; por otra, quien debía trasladarse para llevar a cabo la diligencia de levantamiento del cadáver, era el Inspector Municipal de Policía, quien –según el acta que se acompaña, efectivamente cumplió esa diligencia. El Alcalde no tiene asignadas funciones de Policía Judicial.

De lo anterior se desprende, que el Alcalde no cumplía misión oficial relacionada con las funciones propias de su cargo, por una lado; de otro, tampoco era él quien debía conducir el vehículo, máxime si –como se afirma- no estaba en estado de sobriedad, sino con muestras de alicoramiento.

Por lo expuesto, no se da la causa generadora de la obligación de cubrir perjuicios porque obró por fuera del servicio, sin relación de causalidad, es decir que la responsabilidad del conductor del vehículo Mitsubishi es estrictamente personal. Por lo mismo, no se trata de falla del servicio, quedando en esa forma descartado e derecho al cobro de perjuicios”.

4. Llamamientos en garantía:

Mediante escrito presentado el 27 de septiembre de 1994, el representante del Ministerio Público solicitó que se vinculara al proceso al señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, para efectos de que se estableciera si el mismo obró con culpa grave, en su condición de alcalde del Municipio de Ancuya, al conducir el vehículo Mitsubishi al que se hace referencia en los hechos de la demanda, el cual se precipitó a un abismo el 27 de marzo de 1994, causándole la muerte del agente de la Policía Nacional Jesús Armando Rojas Muñoz. Solicitó que, en caso de establecerse tal hecho y resultar condenada la entidad demandada, se condenara al llamado a pagar a ésta el valor de la indemnización correspondiente. Igualmente, solicitó que se le condenara a efectuar el pago respectivo, en el evento de llegarse a un acuerdo en la diligencia de conciliación. Fundamentó el llamamiento en los hechos de la demanda (fls. 42 a 44).

El apoderado del Municipio de Ancuya, por su parte, llamó en garantía al señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo y al Gobernador del Departamento de Nariño, en la época de la solicitud señor Alvaro Zarama Medina, o a quien hiciera sus veces al momento de la notificación, a fin de que se decidiera sobre el derecho del municipio de repetir contra ellos, en caso de ser condenado a resarcir los perjuicios causados a los demandantes. Fundamentó el primer llamamiento en los hechos de la demanda, y el segundo en el hecho de que el gobernador del departamento de Nariño designó a Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo como Alcalde del Municipio de Ancuya, “... a pesar de las reiteradas manifestaciones de varios ciudadanos de la inhabilidad en que se hallaba el nombrado para desempeñar ese cargo, todo por factores puramente políticos”. Agrega que Lagos Hidalgo ha sido suspendido en el ejercicio de su cargo, en dos oportunidades, a solicitud de la Procuraduría Departamental de Nariño (fls. 62, 63).

Mediante auto del 4 de noviembre de 1994, el Tribunal Administrativo de Nariño aceptó los llamamientos en garantía efectuados por la parte demandada y el Ministerio Público, y ordenó realizar las citaciones respectivas, suspendiendo el proceso hasta el vencimiento del término concedido a los llamados para intervenir en el proceso (fls. 67 a 70).

5. Contestación de los llamamientos en garantía:

El apoderado de Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo contestó el llamamiento realizado, manifestando, en relación con la demanda, que se opone a las pretensiones formuladas, por haber acontecido la muerte de Jesús Armando Rojas Muñoz debido a fuerza mayor y caso fortuito. Afirmó que son ciertos los hechos 1º, 2º, 3º, 5º, y 7º, de la misma. Respecto del hecho 4º, indicó que es parcialmente cierto y que no es verdad que se encontrara embriagado en el momento del accidente. Manifiesta no ser cierto el hecho 6º, pero afirma que sí se presentó un accidente, en el que resultaron involucrados el vehículo y las personas de que trata el hecho 5º. Afirmó, por último, que no es cierto el hecho 8º, al que califica de “un sentir ajeno”.

Sobre el concepto de la violación, afirmó que la conducta de su representado, en relación con los hechos ocurridos el 27 de marzo de 1994, “fue ajustada a los deberes y obligaciones que le corresponden... en sus funciones de Alcalde Municipal, quien solicitó el informe policial y dada su calidad de primera autoridad policiva de la localidad con atribuciones de policía judicial, se dispuso a atender a las diligencias preliminares sobre el homicidio reportado”.

Agregó que, en ningún momento, el señor Lagos Hidalgo violó norma o reglamento alguno del tránsito terrestre, y que el accidente no fue producto de su imprudencia, sino de la aparición sorpresiva de un elemento extraño que, “en un instinto natural de reacción fue esquivado por el motorista con el infortunio conocido”.

En relación con el llamamiento formulado por la parte demandada, manifestó que su representado nunca estuvo inhabilitado para ocupar el cargo de Alcalde, y que no se le había impuesto suspensión, como sanción disciplinaria, sino como medida provisional, mediante acto que se encontraba cuestionado en acción de tutela.

Por último, contestó el llamamiento hecho por el Ministerio Público, remitiéndose a lo expresado en relación con la demanda formulada (fls. 80 a 84).

El apoderado del doctor Alvaro Zarama Medina, por su parte, respondió el llamamiento en garantía realizado por la entidad demandada, solicitando que se prueben algunos hechos de la demanda y manifestando, en relación con otros, que, “al parecer”, son ciertos. Frente a los hechos del llamamiento en garantía, manifestó que, efectivamente, Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo fue designado como alcalde municipal de Ancuya (Nariño), por el gobierno departamental, mediante decreto 437 del 5 de agosto de 1993, en reemplazo del titular de dicho cargo, a quien le fue aceptada la renuncia por el mismo acto administrativo. Sin embargo, aclara que el decreto citado no fue expedido por su representado, sino por el doctor Ricardo Mosquera Robbin, en su condición de Gobernador Encargado del Departamento. Por esta razón, califica de temerario e ilógico el llamamiento hecho por la parte demandada.

Agregó que la designación de Lagos Hidalgo se hizo con estricta sujeción a derecho y hace referencia al procedimiento adelantado con anterioridad a la misma, el cual, asegura, corresponde al previsto en la ley. Afirmó, además, que ni antes de la postulación de su nombre ni con posterioridad a ella, se cuestionó la conducta de Lagos Hidalgo por parte de alguna persona.

Finalmente, manifestó que, aun si el doctor Zarama Medina hubiera suscrito el decreto mediante el cual se nombró al señor Lagos Hidalgo como alcalde encargado de Ancuya, su responsabilidad no podría verse comprometida en el presente caso, ya que el ejecutivo seccional no podía imaginar que la persona designada “acostumbraba a conducir vehículos automotores en estado de beodez, o que era una persona negligente o imprudente...”; por el contrario, las personas que postularon su nombre afirmaron que era una persona de intachable conducta social y moral, que gozaba del aprecio de la comunidad.

Explicó, adicionalmente, que el vehículo accidentado no era ni es de propiedad del doctor Zarama Medina, ni del Departamento de Nariño, y que ni el alcalde ni los miembros de la Policía Nacional involucrados en los hechos cumplían funciones u órdenes impartidas por él. No acompañó a beber al alcalde, el día anterior, ni le sugirió conducir en estado de embriaguez. Solicitó, en consecuencia, que se exonerara de responsabilidad a su representado (fls. 86 a 92).

6. Alegatos de conclusión:

Dentro del término de traslado respectivo, la parte demandada, los llamados en garantía y el Ministerio Público presentaron alegatos de conclusión.

El apoderado de la entidad demandada insistió en los argumentos planteados al contestar la demanda, especialmente en que señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, quien conducía el vehículo cuando ocurrió el accidente en que perdió la vida el agente Rojas Muñoz, no obró en ejercicio de sus funciones de alcalde de Ancuya, sino individualmente, “porque el desplazamiento de la Policía Nacional... no fue para controlar brotes contra el orden público o algo similar, sino para practicar el levantamiento del cadáver de un campesino..., función legal que no está encomendada a los alcaldes, sino a los jueces, y en ausencia de ellos, a los Inspectores de Policía, por lo menos en el tiempo de los hechos...”. Anotó que, efectivamente, quien practicó el levantamiento del cadáver fue el Inspector de Policía del municipio.

Advirtió que ninguno de los agentes, ni el alcalde, afirman que se había decidido ir en busca de los posibles responsables del homicidio denunciado, y es evidente que esa no era la misión, teniendo en cuenta que la salida no se produjo inmediatamente, como lo hubiera requerido una labor de persecución; no se trataba tampoco de resolver un problema de orden público. Adujo también, conforme a lo anterior, que hubo tiempo suficiente para buscar al inspector de policía y al conductor oficial del municipio, señor Raúl Rosero.

Hizo referencia a varios testimonios rendidos dentro del proceso, en relación con el hecho de que el alcalde Lagos Hidalgo había bebido licor la noche anterior a los hechos, y respecto de la aparición repentina de un caballo, en la carretera por la que se desplazaba el vehículo citado.

Consideró que no hubo falla del servicio prestado por la entidad demandada, y explicó que, en un Estado de derecho, como el colombiano, ninguna autoridad está legitimada para cumplir funciones distintas a las previstas en la ley o el reglamento, de manera que lo que haga por fuera de tales funciones no constituye acto del servicio.

En cuanto a la existencia de los perjuicios morales reclamados, resaltó algunas afirmaciones hechas por varios testigos, concluyendo que Jesús Armando Rojas Muñoz no convivía con sus padres y hermanos; ni siquiera habitaba en la misma ciudad que ellos. Descalificó otros testimonios, que, en su opinión, no sirven para demostrar los hechos de la demanda, por no tener los declarantes conocimiento suficiente de la situación de la familia Rojas Muñoz, en la época de los hechos.

Concluyó que, en relación con los hermanos del agente fallecido, no están probados los elementos de convivencia, familiaridad y mutua ayuda, exigidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado para tener por probada la existencia del perjuicio moral. Respecto de los padres, consideró que, si se tienen en cuenta las declaraciones rendidas por los vecinos de éstos en la ciudad de Neiva, no se puede concluir que hubieran sufrido un grave perjuicio moral con la muerte de su hijo; “... todo lo contrario, el hecho de haberse mantenido el agente de policía... siempre distante de su familia... hace concluir necesariamente que simplemente se mantenían los vínculos de sangre, es decir el parentesco, pero nada más allá de paralelo (sic)...”.

Solicitó, en consecuencia, que se negaran las pretensiones de la demanda (fls. 309 a 313).

El apoderado del doctor Álvaro Zarama Medina presentó alegatos de conclusión, reiterando los argumentos planteados en la etapa inicial del proceso. Concluyó que el llamamiento en garantía hecho a su representado carece por completo de fundamentos fácticos y jurídicos, dado que no existe relación de causalidad entre el hecho dañoso y la conducta de éste. Solicitó, en consecuencia, que se declarara la ausencia total de responsabilidad del doctor Zarama Medina (fls. 305 a 308).

El apoderado del señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, por su parte, alegó de conclusión analizando los testimonios rendidos dentro del proceso, especialmente en cuanto se refirieron a que, si bien había bebido la noche anterior, lo hizo moderadamente, y su estado, en el momento de los hechos, era totalmente normal, esto es, que no presentaba signos de embriaguez, razón por la cual los agentes de policía que lo acompañaron no tuvieron ninguna prevención para abordar el vehículo conducido por él. Concluyó que lo anterior constituye un “importante indicio de sobriedad y buen estado de salud, para las 8 de la mañana del día siguiente cuando se hizo al volante del campero...”, y agrega que “La homogeneidad de respuestas que encontramos en el medio probatorio testimonial, respecto de la aptitud física y mental del señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, para conducir el automotor, refutan el cargo de embriaguez que le atribuye el actor...”.

Aludió, además, a las afirmaciones de dichos agentes y otros testigos sobre la velocidad a la que se desplazaban, que era normal, no superior a 35 kms/h. Anotó que, en el momento de los hechos, contaba con licencia de conducción, que había sido expedida el 22 de febrero anterior.

En cuanto a las circunstancias del accidente, llamó la atención sobre las afirmaciones de los testigos, en el sentido de que la vía era angosta, el clima era lluvioso y se desplazaban en subida, y que, sorpresivamente, apareció un caballo, que el alcalde tuvo que esquivar, lo que causó la caída del carro al abismo. Advirtió también que los testigos no hicieron reparo alguno sobre la manera como conducía el señor Lagos Hidalgo, ni expresan que éste se hubiera empeñado en conducir, pues nadie le sugirió que no manejara. Manifestó que las declaraciones de los agentes de policía que acompañaban al alcalde son, evidentemente, sinceras e imparciales, coherentes y consistentes, y que en ellas no se observa acomodamiento de los hechos por solidaridad con el compañero fallecido o con el alcalde. Concluyó, por lo anterior, que está probado que su poderdante conducía con suficiente prudencia y pericia.

Así las cosas, afirmó que, en el caso planteado, está demostrada la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, generados “por un semoviente, que se presentó desbocado, en contravía del carro y al salir de una curva de la vía, acción del animal imprevisible…”, lo que exonera de responsabilidad a la entidad demandada. Manifestó, finalmente, que el alcalde estaba autorizado para apersonarse, como lo hizo, del posible homicidio y levantamiento de un cadáver, pues no sólo es el jefe de la Policía local, sino que tiene atribuciones de policía judicial, conforme al artículo 310 del Código de Procedimiento Penal (fls. 314 a 323).

El Ministerio Público analizó cada una de las pruebas practicadas dentro del proceso, y llamó especialmente la atención sobre el concepto del médico del Cuerpo Técnico de Investigaciones -obrante en el proceso disciplinario adelantado contra el alcalde Lagos Hidalgo-, respecto del resultado del examen de alcoholemia practicado a éste último, según el cual presentaba 67,30 mg. por 100 ml. de sangre, concepto en el que se expresa que esta cifra de alcoholemia indica que el individuo debe presentar locuacidad, disminución de los reflejos y alteraciones de la percepción, y que luego de suspender la ingesta de alcohol, la alcoholemia disminuye a razón de 15% mgs. por hora.

Anotó que la Procuraduría, al adelantar el proceso disciplinario respectivo, desechó los testimonios y se atuvo al concepto citado, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron, aproximadamente, a las 8:30 a.m. y el examen se practicó alrededor de las 11:00 a.m., y concluyó que el estado de alicoramiento fue factor determinante para que se produjera el accidente. Además, una persona en ese estado no debía manejar, sobre todo si existía un conductor oficial. Hace suyos el Ministerio Público estos argumentos y anota que “... es obvio que la disminución de los reflejos y las alteraciones de la percepción, fueron un factor importante para que conjugado con el aparecimiento de semoviente a galope, se produjera el accidente...”; además, el mismo alcalde acepta que no pudo controlar el vehículo, después de esquivar al semoviente, control que sí pudo haber logrado si se hubiera encontrado sobrio.

Por otra parte, anotó que el señor Lagos Hidalgo había adquirido su licencia de conducción apenas un mes antes de los hechos, lo que indica que no tenía la idoneidad y pericia suficientes para conducir. Consideró, entonces, que éste obró con impericia e imprudencia.

Concluyó, por lo anterior, que se encuentra probada la responsabilidad del municipio demandado, ya que no se demostró ninguna de las causales de exoneración de responsabilidad, aunque acepta que la aparición del caballo fue un “factor coadyuvante del hecho, pero NO DETERMINANTE, por lo que no alcanza a exonerar de responsabilidad al Municipio Demandado (sic) y al Alcalde..., aunque sí debe disminuir el cuantum (sic) del perjuicio...”.

En cuanto al llamamiento en garantía hecho al doctor Álvaro Zarama Medina, acoge los planteamientos de la defensa y concluye que no le cabe responsabilidad alguna.

Considera que deben reconocerse los perjuicios morales causados a los padres y hermanos, pero teniendo en cuenta el criterio sentado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en relación con la cuantía de la indemnización, y afirma que debe disminuirse la condena, dado que el accidente se debió a la culpa del conductor y a un hecho imprevisto, de manera que solicita que se condene al pago de 600 gramos de oro a favor de los padres y 250 gramos de oro a favor de los hermanos. Sugiere, adicionalmente, que se condene a Rodrigo Llanos Hidalgo a responder “al menos del 20% de la cantidad a que sea condenado el municipio” (fls. 325 a 335).

7. Sentencia de primera instancia:

Mediante sentencia del 7 de diciembre de 1995, el Tribunal Administrativo de Nariño resolvió negar las pretensiones de la parte demandante. Luego de analizar las pruebas practicadas dentro del proceso, expresó lo siguiente:

“... lo que realmente interesa... es dilucidar si el fallecimiento del Agente... fue causado por una falla de la administración... para lo cual se hace necesario examinar si en la producción del hecho el señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo actuó dolosa o culposamente o, por el contrario, éste fue determinado por una causa ajena a la administración.

Los testigos presenciales de los hechos y que fueron citados inicialmente, informan que la carretera por la cual transitaban es angosta, de una sola vía y que en esa fecha se presentaba llovisna (sic), nubosidad y había presencia de barro que la tornaba resbalosa. Igualmente señalan que viajaban a velocidad normal, entre 30 y 35 kilómetros por hora y que, en una curva y en sentido contrario apareció galopando un caballo por lo cual el conductor del automotor se vio en la necesidad de maniobrar el vehículo para evitar colisionar con el animal, tratando luego de retomar la vía pero sin lograrlo y desbordándose al abismo con los resultados ya conocidos.

No obstante el haber ingerido bebidas embriagantes la noche anterior, el señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo para la hora en que partieron de la población de Ancuya solamente presentaba estado de alicoramiento y no de embriaguez, actuaba normalmente, según lo expresan los testigos, y la conducción del vehículo la hacía en forma prudente. Había prontitud en sus reflejos y en la evaluación de las contingencias del tráfico como lo muestra el hecho de reaccionar oportunamente ante el súbito aparecimiento del semoviente caballar en una maniobra de esquivamiento y tratar, inmediatamente, hacer el retorno a la posición que venía ocupando, cometido que no se cristalizó debido a las condiciones desfavorables de la vía.

La causa eficiente y determinante del hecho dañoso se reduce al aparecimiento súbito del semoviente caballar y las condiciones reinantes en el escenario de los hechos (presencia de lluviosidad, nubosidad, vía angosta y resbalosa), sin que sea factible responsabilizar a la administración puesto que, en el comportamiento del Alcalde Municipal de Ancuya no se observa negligencia alguna y en las condiciones que él actuó a ninguna persona le hubiera sido posible evitar los resultados nocivos que se presentaron.

La lesión sufrida por los demandantes no es imputable a la administración y, por consiguiente, deben denegarse las súplicas de la demanda. Esta decisión exonera a la Sala del estudio de la responsabilidad de los llamados en garantía porque ésta presupone la de la administración” (fls. 339 a 357).

8. Recurso de apelación:

Apeló la parte actora la decisión de primera instancia, argumentando que el tribunal se pronunció sin tener en cuenta que, el caso planteado, debía decidirse con base en la teoría de la falla del servicio presunta, en el cual basta que la parte actora demuestre “que el hecho dañoso se produjo, el ocasionamiento del perjuicio y la propiedad del vehículo causante del siniestro, elementos éstos que aparecen dentro del expediente”.

Considera que, conforme al concepto médico obrante en el proceso, es claro que la disminución de los reflejos y las alteraciones de percepción del alcalde de Ancuya fueron factor determinante para que se produjera el accidente, y aun aceptando que se hubiera atravesado un caballo galopando en el camino, es lógico pensar que si el conductor estuviera sobrio, lo hubiera esquivado y no se hubiera presentado aquél.

Afirma, al igual que el agente del Ministerio Público, que el hecho de que la licencia de conducción hubiera sido expedida en fecha tan reciente, cuando ocurrió el accidente, demuestra que el alcalde no contaba con la pericia suficiente para conducir, y expresa:

“No se necesita hacer mayores esfuerzos para deducir que si un vehículo de esta naturaleza va a una velocidad normal como lo han dicho los agentes, más o menos 30 o 35 K/H, en forma sobrada hubieran podido esquivar no solo un semoviente sino varios de ellos... Es más, si él fuese a una velocidad normal, cuando el vehículo pega en la montaña ahí hubiese quedado, pero no fue así ya que la velocidad era exorbitante y por ello rebotó y fue a dar al abismo... Ahora en gracia de discusión si el vehículo fuese a 30 o 35 k/H, cuando le hubiesen pisado el freno el carro inmediatamente para su marcha, además es de fácil control un vehículo si éste se desplaza a una corta velocidad, es más si necesitase hacer alguna maniobra la hubiese hecho sin ningún contratiempo y no debía haber caído en el abismo...”.

Cita, posteriormente, algunos fallos del Consejo de Estado, en los que se desarrolla la teoría de la falla del servicio presunta, y concluye:

“Para el caso concreto se demuestra:

a) Que el accidente fue causado con un vehículo de propiedad del Municipio de Ancuya (Nariño) y por la acción de su conductor, quien se encontraba en avanzado estado de embriaguez, tratándose además de la primera autoridad municipal;

b) Que el daño fue producido por culpa exclusiva del conductor del vehículo propiedad del Municipio, quien además violó las más elementales normas de tránsito;

c) Que mis mandantes no estaban obligados jurídicamente a soportar el daño o proceder irregular del ente territorial a través de la primera autoridad del Municipio, el cual iba conduciendo el vehículo automotor causante de la tragedia”.

Considera que no pueden aceptarse los argumentos de la parte demandada e ignorarse las evidencias que existen sobre el estado de embriaguez del conductor del vehículo accidentado, así como el exceso de velocidad con que conducía y el sobre cupo, circunstancias determinantes del suceso.

Por lo anterior, solicitó revocar el fallo recurrido, y aceptar las pretensiones de la demanda (fls. 362 a 371).

9. Alegatos en segunda instancia:

Dentro del término de traslado para presentar alegatos en el curso de la segunda instancia, intervino el representante del Ministerio Público. Luego de analizar y valorar las pruebas obrantes en el proceso, consideró que no es de recibo la afirmación del tribunal, en el sentido de que la causa eficiente y determinante del daño causado se reduce al aparecimiento súbito del caballo, que sumado a las circunstancias de lluviosidad, nubosidad y condiciones de la vía, llevó a conductor a efectuar la maniobra que produjo el volcamiento del vehículo. No lo es, agregó, porque una persona, en condiciones normales, habría podido impedir o, por lo menos, hacer menos gravosa la situación.

Concluyó que, si el conductor no se hubiera encontrado en condiciones de alicoramiento y hubiera tenido mayor experiencia en la conducción de vehículos automotores, los resultados habrían sido diferentes. Hace suyos los planteamientos expuestos al respecto por el agente del Ministerio Público en el curso de la primera instancia.

Anotó, adicionalmente, que la conducta del señor Lagos Hidalgo no puede considerarse desvinculada de la actuación de la administración, ya que el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio.

Solicitó que se atiendan las pretensiones de los demandantes, dado que está demostrado el parentesco existente con la víctima y, como lo ha establecido la jurisprudencia, no hay obligación de demostrar las relaciones afectivas.

Consideró probada, finalmente, la culpa grave con que obró el alcalde Lagos Hidalgo, por lo cual solicitó que se le condene, en la proporción que la Sala estime prudente. En cuanto al llamamiento en garantía hecho al doctor Zarama Medina, sugirió que se niegue la solicitud de condena, por estar probado que no fue él quien designó al alcalde mencionado (fls. 379 a 393).

Consideraciones:

1. Análisis probatorio:

Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

a. Jesús Armando Rojas Muñoz murió el 27 de marzo de 1994, a las 8:30 a.m., como consecuencia de una hemorragia cerebral masiva, debida a trauma craneo-encefálico severo, según consta en el certificado de defunción que obra a folio 22 del cuaderno principal. Al momento de su fallecimiento, tenía 37 años de edad.

En el acta de necropsia, se lee:

“Conclusión:

Con los hallazgos anteriores, se concluye que el deceso de quien en vida respondió al nombre: Jesús Armando Rojas Muñoz, fue consecuencia natural y directa de shock traumático secundario a trauma craneo-encefálico severo que produjo hemorragia cerebral masiva y lesión de tallo cerebral debido a accidente de tránsito” (fls. 276, 277).

En el acta de levantamiento del cadáver (fl. 23 cdno. principal), se hace constar que la muerte sucedió violentamente, por accidente de tránsito, yendo el occiso como pasajero de un vehículo. Se lee lo siguiente, en el espacio correspondiente a la descripción del lugar del hecho:

“En el camino que conduce de El Balcón hasta el trapiche del señor Rubén Ruales, el occiso se encuentra en forma horizontal, aproximadamente a unos 12 metros de la carretera que conduce de Ancuya a Linares”.

b) Al momento de su muerte, Jesús Armando Rojas Muñoz se desempeñaba como agente de la Policía Nacional. Según consta en oficio del 28 de febrero de 1994, suscrito por el Comandante de la Estación de Policía de Consacá, Rojas había sido destinado a laborar, desde esa misma fecha, en la Estación de Ancuya – Nariño (fl. 147 cdno. principal).

c) Sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte de Jesús Armando Rojas Muñoz, obran en el proceso las siguientes pruebas:

c. 1. Copia de la minuta de guardia de la estación de Policía de Ancuya (fls. 141 a 146 cdno. principal), donde consta que el domingo 27 de marzo de 1994, a las 7:50 a.m., salieron el cabo segundo Evert Burbano Pasuy, comandante de la estación, y los agentes José Antonio Higuera Solano, Jesús Armando Rojas Muñoz, Álvaro Leyton Valencia y Jorge Solarte Erazo, vistiendo uniforme y portando armamento de dotación oficial, en el vehículo de propiedad de la alcaldía, conducido por el alcalde Rodrigo Lagos, con el fin de constatar la información sobre un homicidio, suministrada por el señor José Leovigildo López. Se dirigían hacia la vereda El Balcón, en el sitio del empate vía a Linares.

Consta también que a las 8:00 a.m., se informó, por medio del radio de comunicaciones portátil del CS Evert Burbano Pasuy, que en el sitio denominado Santa Rosa, de esa jurisdicción, se accidentó el vehículo Mitsubishi, color rojo, de propiedad de la Alcaldía de Ancuya, conducido por el alcalde, y que, al parecer, había muerto el agente Rojas Muñoz, y que se encontraban heridos los agentes Higuera y Solarte y el cabo segundo. Resultó ileso el agente Leyton Valencia, quien iba en la parte de afuera del carro, sobre la llanta de repuesto.

Se anotó, adicionalmente, en la minuta de guardia, que para efectuar este desplazamiento, el cabo segundo Burbano Pasuy había solicitado colaboración al alcalde de Ancuya.

A las 9:10 de ese día, regresó el agente Leyton, portando el armamento suyo y de sus compañeros, quien corroboró la información suministrada por radio.

c.2. Testimonio de Evert Fabián Burbano Pasuy, quien manifestó (fls. 230 a 233 cdno. principal):

“El día domingo 27 de marzo de 1994, siendo aproximadamente las seis y media de la mañana o siete de la mañana, fui informado por el personal... sobre un secuestro de un muchacho... que según el papá lo sacó de la casa la guerrilla... se presentó el Agente Leyton Valencia y manifestó: Que el señor Inspector de Policía de San Luis, había manifestado que nos (sic) metros al llegar al cruce entre Samaniego y Linares, había un muchacho que estaba muerto... su padre... supuso que era el hijo de él, es de anotar que el occiso, la semana anterior, fue capturado... por haber tratado de extorsionar a un señor... por ser menor de edad, el señor Juez lo dejó bajo la responsabilidad del señor padre, se presumía que la guerrilla se lo había llevado como una acción de limpieza... me trasladé en compañía de los Agentes Leyton Valencia Alvaro y Solarte Jorge Humberto hasta la residencia del señor Alcalde Rodrigo Lagos Hidalgo, con el fin de informarle lo sucedido y solicitarle los medios para trasladarme hasta el sitio, en primera instancia me recibió la señora esposa... quien manifestó que estaba durmiendo, le insistí que era urgente y me hizo pasar..., inmediatamente le comuniqué lo sucedido y le solicité facilitar el transporte manifestándome él que lo esperara unos minutos mientras se levantaba y que el (sic) personalmente en el carro de la Alcaldía nos llevaba, durante ese lapso, me trasladé hasta la plaza pública... con el fin de prestarle apoyo al agente Rojas Muñoz... nos trasladamos los tres hasta el restaurante donde los alimentábamos... nos trasladamos hasta el cuartel, donde ya se encontraba el Agente Leyton, el Agente Illera (sic) Solano... inmediatamente llegó el Alcalde, estaba bien, sacó el vehículo de la Alcaldía, ya... eran las siete y cincuenta de la mañana, el Alcalde conducía el vehículo, los Agentes Solarte, Rojas e Illera (sic), se pusieron en la banca de atrás, el agente Leyton y (sic) en la parte de afuera sentado en la llanta y el suscrito a la derecha del conductor, abordamos el vehículo y salimos, a unos kilómetros más adelante, donde hay dos curvas consecutivas, apareció de repente un caballo a galope o sea corriendo el señor conductor o sea el Alcalde le hizo el quite hacia la izquierda y posteriormente tratando de regresar nuevamente a la vía sentimos que comenzamos a rodar, rodmos (sic) como unos 160 metros decían... el Agente Rojas Muñoz falleciló ahí..”.. (Se subraya).

Preguntado sobre el estado físico en que se encontraba el Alcalde antes de iniciar el viaje, respondió:

“Cuando le fui informar (sic) sobre la novedad y solicitar los medios era de una persona que se acaba de despertar o levantar, cuando ya llegó al vehículo se (sic) estaba bañado y su estado físico y síquico era normal por lo cual todo el personal abordó el vehículo sin ninguna objeción, ya en el transcurso del camino conversando se notó tufo al cual inmediatamente le pregunté si había estado tomando y el (sic) manifestó que hasta eso de las once o doce de la noche me tomé unos tragos pero pocos, su estado era normal, lo mismo que al (sic) personal, ya que al estar borracho el Agente Rojas tenía la experiencia y estaba autorizado por la policía para conducir si hubiera visto alguno anomalía..”.. (Se subraya).

Preguntado sobre el estado de la vía, dijo:

“Por esa época era invierno presentaba llovisna (sic) y nubosidad, la vía es angosta y destapada, presentaba bastante barro por la época de invierno... Desde el momento en que se sale del casco urbano de Ancuya empieza subida hasta llegar al cruce vía Linares - Samaniego...”. (Se subraya).

Sobre la destinación del vehículo accidentado, manifestó que el Alcalde siempre lo colocaba a disposición de toda la ciudadanía, para trasladar enfermos hasta el hospital de Sandoná o Pasto, y para las diferentes actividades del ejecutivo.

c.3. Testimonio del agente Jorge Humberto Solarte Erazo, quien manifestó (fls. 178, 179 cdno. principal):

“... íbamos a verificar la muerte de un ciudadano que se encontraba en la vía... le solicitamos la colaboración al señor Alcalde Rodrigo Lagos que nos trasladara y que nos prestara la colaboración en un vehículo para trasladarnos a lo cual él se ofreció personalmente y que nos lleva en el carro Mitsbishi (sic) de la Alcaldía, y él mismo lo iba conduciendo... lo abordamos tipo siete y media de la mañana del día 27 de marzo de 1994, el cabo segundo Burbano Pasuy Evert, iba en la parte de adelante, el agente Higuera iba en lado derecho parte de atrás, el extinto agente iba en el centro de la parte de artás (sic) y yo iba al lado izquierdo y salimos al lugar de los hechos a lo cual no se pudo llegar porque en la vía se presentó el accidente yo no sabría decir cual fue el motivo porque yo iba pendiente mirando por la ventanilla hacia la loma poniendo cuidado de pronto cualquier ataque de la guerrilla porque en esta zona se escucha que existen grupos subversivos... y además que el papá del muchacho... manifestó que lo habían sacado unos señores de su habitación... dizque para aconsejarlo... la vía se encontraba resbalosa porque el día anterior había llovido o sea en la noche y entonces de aquí del pueblo salimos a una velocidad normal hasta el sitio que se presentó el accidente que fue la vereda Santa Rosa... donde murió el compañero Rojas... El estado del señor Alcalde Rodrigo Lagos, era normal por eso nosotros abordamos ese vehículo…”. (Se subraya).

En testimonio rendido ante la Oficina de Investigación y Disciplina del Departamento de Policía de Nariño, Estación de Sandoná, el agente Solarte Erazo hizo un relato muy similar al anterior. En relación con lo sucedido en el momento mismo del accidente, precisó (fl. 256 cdno. principal):

“... al llegar a la altura de la vereda Santa Rosa, el señor Alcalde dijo Ese HP (sic) caballo y sentí un giro brusco, acto seguido alcancé a darme cuenta que daba vueltas y en el instante no recuerdo nada más...”.

Y agregó:

“Llevaba el señor conductor una velocidad prudente, íbamos subiendo…”.

c.4. Testimonio de Álvaro Onorio Leyton Valencia, quien afirma (fls. 241 a 245 cdno. principal).

“Eran más o menos las seis y media de la mañana, del día 27 de marzo de 1994, me encontraba haciendo primer turno de seguridad, cuando se presentó un señor campesino a informar que la noche anterior... llegaron unos sujetos a su residencia y se llevaron a un hijo de él para una investigación, los sujetos manifestaron ser de la guerrilla. Seguidamente se presentó el Inspector de Policía de San Luis... a informar que en la vía que conduce de Ancuya a Linares, en el sitio denominado El Empate había un cadáver... y según la vestimenta... demostraba ser el hijo del campesino por lo que inmediatamente informé a mi comandante y junto con él... fuimos hasta la residencia del señor alcalde y otro campañero que también fue Humberto Solarte Erazo, para pedirle medios de transporte y realizar el levantamiento respectivo. Cuando llegamos a la casa del Alcalde, la señora manifestó que se encontraba durmiendo el Alcalde... mi cabo le dijo que... era urgente, luego habló mi cabo con el Alcalde y mi cabo dijo que el alcalde nos iba a llevar en el vehículo de la alcaldía... abordamos el vehículo como no había espacio adentro yo me hice en la llanta de emergencia afuera del carro y nos dirigimos al lugar de los hechos, más o menos en el punto denominado Santa Rosa apareció un caballo por lo que el conductor trató de esquivarlo desviando el carro hacia el abismo, yo al mirar esto me tiré seguidamente emprendí carrera hasta la vereda El Ingenio que era la más cercana... y comuniqué por teléfono del accidente a los compañeros... Posteriormente volví al sitio del accidente y bajé hasta donde supuestamente había quedado el vehículo... luego de examinar a Rojas éste no daba señales de vida…”.

Sobre el estado físico del alcalde, dijo:

“En la casa yo no lo miré sino cuando estaba en el vehículo cuando yo iba a abordar el vehículo si el (sic) estaba normal ya que fue muy rápido que lo miré por cuanto me estaban esperando únicamente a mí para la diligencia. La señora cuando fuimos a buscarlo dijo que estaba trasnochado...”.

Preguntado sobre la velocidad a la que se desplazaban y la forma como condujo el alcalde, dijo:

“Iba a lo normal en esa carretera, esa carretera es destapada y angosta, esa carretera alcanza un vehículo, lo normal en esa carretera es treinta, treinta y cinco kilómetros por hora. El carro iba derecho por donde es la carretera…”.

Y agregó:

“No se chocó contra nada, el carro se fue al abismo por no atropellar al caballo”.

Sobre la carretera, dijo que era de subida, y explicó que estaba lloviznando y había nubosidad. En cuanto al uso del vehículo, manifestó que se utilizaba para trasladar heridos, porque no había hospital en el municipio, y que cuando la Policía lo solicitaba, se le prestaba.

En declaración rendida ante la Oficina de Investigación y Disciplina del Departamento de Policía de Nariño, Estación de Sandoná, el agente Leyton Valencia hizo una exposición coherente con el relato anterior, y explicó, adicionalmente (fl. 258, 259 cdno. principal):

“... cuando llegamos a la vereda Santa Rosa después de unos 20 minutos de recorrido, Yo (sic) iba pendiente de todo movimiento extraño, entonces me pude dar cuenta que en una curva apareció repentinamente un caballo al galope, por lo cual el conductor trató de esquivarlo precipitándose el vehículo al abismo, en ese momento salté y caí encima de unos matorrales…”. (Se subraya).

c.5. En testimonio rendido ante la Oficina de Investigaciones y Disciplina del Departamento de Policía de Nariño, Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo hizo un relato de los hechos ocurridos el 27 de marzo de 1994, coincidente con las declaraciones antes citadas de los agentes de Policía que lo acompañaban. Sobre la forma en que ocurrió el accidente, dijo:

“... pasado Santa Rosa íbamos conversando tranquilamente cuando en una vuelta salió un caballo corriendo, yo inmediatamente traté con el carro de esquivar el caballo, entonces para no darme contra el bordo (sic) regresé nuevamente la dirección, encontes (sic) la trompa se fue hacia el abismo ya que el carro cuando quise hacer la maniobra de regresarlo a la vía no me respondió, no pude controlarlo..., luego me sacaron y me trasladaron a Sandoná”. (fls. 260, 261cdno. principal). Se subraya.

c.6. Testimonio de la señora María Saturia Ortega, residente de la Vereda Santa Rosa, donde ocurrió el accidente, quien manifestó que ese día se encontraba en su casa, que queda al filo de la carretera, y pudo ver que “subía” el carro rojo que, después supo, era de la Alcaldía, y cuando pasó por su casa iba “normalmente en velocidad” (fls. 181, 182 cdno. principal).

c.7. Informe del comandante de la Estación de Policía de Ancuya, rendido al comandante del Departamento de Policía de Nariño, el 30 de marzo de 1994, en el que se hace referencia a la solicitud de colaboración por parte de la Policía al Alcalde de Ancuya, y se explica (fl. 250, 251):

“... En el sitio denominado Santa Rosa, en una curva repentinamente apareció un semoviente caballar, ante lo cual el señor conductor del vehículo trató de esquivarlo enviando el vehículo a la orilla, precipitándose el carro hacia el abismo, rodando o dando vueltas unos 160 metros aproximadamente…”.

d. A folio 129 del expediente, obra el oficio 124 del 2 de marzo de 1995, dirigido al Secretario del tribunal Administrativo de Nariño, mediante el cual el Alcalde Municipal de Ancuya manifiesta que, el día de los hechos, Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo “... se disponía a hacer una misión oficial, conduciendo el carro de la Alcaldía con Agentes de la Policía para hacer el levantamiento de un cadáver”, y agrega que esto es “de público conocimiento”.

e. Obra en el proceso, a folio 239 del cuaderno III, el resultado del análisis de alcoholemia efectuado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Nariño, con base en la muestra de sangre de Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo enviada por el Hospital Clarita Santos de Sandoná (Nariño), donde se lee la siguiente conclusión:

“En la muestra de sangre recibida... se encontró Alcohol Etílico en concentración de 67.30% mg% (sesenta y siete coma treinta miligramos por cien mililitros de sangre)”.

Obra también en el proceso el informe suscrito por el médico del CTI Álvaro Villota Riveros, dirigido al abogado visitador de la Procuraduría Provincial de Pasto, en el que se expresa lo siguiente, bajo la gravedad del juramento:

“Fui asignado por la Coordinación de Criminalística mediante misión de trabajo... para asesorar a la Procuraduría Provincial...

En cumplimiento de la misión de trabajo estudié el resultado de alcoholemia del señor Manuel Lagos Hidalgo, cuya cifra se consigna en 67.30 mg%, en el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Nariño.

Clasificar un grado de embriaguez, es una labor que requiere un examen clínico inmediato a la persona estudiada, de acuerdo a su coordinación, aliento, locuacidad, equilibrio, etc. 

Sin embargo una cifra de alcoholemia de 67.30 mg% indica que el individuo debe presentar locuacidad, disminución de los reflejos, alteraciones de la percepción. 

Pero no hay normalmente incoordinación, existe sensibilidad al dolor y la voz es normal. No se puede decir que una persona con esos niveles está ebrio. 

Es importante anotar que luego de suspender la ingesta de alcohol, la alcoholemia disminuya a razón de 15 mg% por hora, de ahí que es fundamental conocer el tiempo transcurrido desde el momento en que la persona dejó de beber y el examen de laboratorio.

Finalmente reitero que el nivel de alcoholemia anotado no causa embriaguez, pero sí un estado de alicoramiento” (fls. 240, 241 cdno. III). Se subraya.

Los informes a que se refiere el presente literal fueron allegados al proceso en cumplimiento del auto de 9 de febrero de 1995, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Nariño ordenó oficiar a la Procuraduría Departamental de Nariño, para que enviara copia del proceso disciplinario adelantado contra Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, por hechos relacionados con el accidente ocurrido el 27 de marzo de 1994 (fl. 11 cdno. principal).

f. Rindieron testimonio dentro del proceso los señores Jesús Efraín Bravo Acosta, Felipe Bastidas y Jorge Eduardo Bravo Acosta, quienes son coincidentes al relatar que el 26 de marzo de 1994, día anterior al accidente, se reunieron, alrededor de las 8:00 p.m., en casa del último, donde bebieron una botella de Brandy y el resto que quedaba de una botella que guardaba el anfitrión (menos de media botella). Como a la 1:00 a.m., acompañaron al Alcalde a su casa, donde se quedó durmiendo. Jesús Bravo manifiesta que él tomó más que los demás, por lo que no recuerda cuál era el estado físico y mental de Lagos Hidalgo, cuando se despidieron. Felipe Bastidas asegura que, cuando llegaron a la casa de Lagos, se encontraban “en un estado de embriaguez normal o sea que uno camina por su propia cuenta y coordina las ideas...” Jorge Eduardo Bravo, por su parte, dijo: “... para mí Rodrigo Lagos no estaba borracho... porque fue poco lo que se tomó y éramos cuatro personas las que estábamos tomando... físicamente como mentalmente estaban bien porque caminaban perfectamente bien…” (fls. 169 a 173 cdno. principal).

La señora Julia Delicia Caicedo de Lagos, esposa del alcalde, manifestó en su testimonio que su esposo llegó aproximadamente a la 1:00 a.m., pero no estaba borracho (fls. 174, 175 cdno. principal).

g. En la licencia de tránsito que obra a folio 130 del cuaderno principal, consta que el vehículo campero, marca Mitsubishi, color rojo montana, de placas AU-802, es de propiedad de la Alcaldía del Munipio de Ancuya.

Obra también en el expediente el contrato de compraventa, suscrito el 15 de enero de 1994, entre Rodrigo Lagos Hidalgo, en representación de la Alcaldía de Ancuya, y el señor Miguel Ruales Leython, mediante el cual éste vende a aquélla el vehículo mencionado (fl. 287 cdno III).

h. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte - Instituto Nacional de Transporte y Tránsito INTRA concedió a Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo licencia de conducción el día 22 de febrero de 1994 (fls. 122 y 220 cdno. principal).

i. Conforme a la certificación expedida el 21 de octubre de 1994 por el señor Eduardo Castro Hidalgo, en su condición de alcalde municipal de Ancuya (E), está demostrado que Ramiro Rosero se encontraba vinculado a dicho municipio como conductor de volqueta, desde el 1º de enero de 1994 (fl. 57 cdno. principal).

j. El 5 de agosto de 1993, el gobernador del departamento de Nariño, señor Ricardo Mosquera Robbin, expidió el Decreto 437, por el cual aceptó la renuncia del cargo de Alcalde del Municipio de Ancuya, presentada por el señor Helmer Eduardo Yela Basante, quien había sido elegido popularmente para el período 1992-1994, y designó como alcalde encargado al señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, por el tiempo restante del período citado (fls. 64, 65 cdno. principal). Mosquera Robbin había sido encargado de las funciones de gobernador, mediante Decreto 435 del 4 de agosto de 1993 (fl. 100 cdno. principal).

Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo tomó posesión del cargo de alcalde municipal el 9 de agosto de 1993 (fl. 136 cdno. principal).

k. Mediante Resolución 0011 del 21 de septiembre de 1994, la Procuraduría Departamental de Nariño solicitó al Gobernador del Departamento de Nariño suspender provisionalmente a Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, en su condición de alcalde municipal de Ancuya, por un lapso de 30 días calendario, mientras se adelantaba la investigación radicada bajo el número 085-8668. Esta investigación estaba referida, entre otros hechos, a las circunstancias en que ocurrió el accidente de tránsito en el que resultó muerto el agente Rojas Muñoz (fls. 83 a 85 cdno. III).

Atendiendo esta solicitud, el Gobernador de Nariño, doctor Álvaro Zarama Medina, expidió el Decreto 867 del 10 de octubre de 1994, por el cual suspendió provisionalmente de su cargo al alcalde Lagos Hidalgo, por el término de 30 días (fl. 690 cdno. principal).

l. Jesús Armando Rojas Muñoz era hijo de Martiniano Rojas y María Antonia Muñoz, y hermano de Carlos Mauricio, Álvaro, María Eugenia, Flor María, Gloria Cecilia, Martín Alonso, Francisco Javier, María Rubiela, José Augusto, María Adela, Rodrigo, Cielo Rocío y Martha Yolanda Rojas Muñoz, según consta en los registros civiles que obran a folios 6 a 20 del cuaderno principal.

m) Jesús Armando Rojas Muñoz mantenía relaciones afectivas muy estrechas con sus padres y sus hermanos. En efecto, se comunicaban con frecuencia y se ayudaban mutuamente. Así se desprende de lo expresado por los testigos oídos dentro del proceso, quienes se refieren también al fuerte impacto causado en los padres y hermanos de Jesús Armando como consecuencia de su muerte.

En efecto, Eustasio Yánez García, afirmó que conoce a toda la familia desde hace mucho tiempo, porque fueron vecinos, cuando vivían en el campo. Manifiestó (fls. 203, 205 cdno. principal):

“... son una familia muy unida, se estiman mucho, entre los hermanos son muy allegados, muy avenidos el uno con el otro... hijos y padres se tratan también muy bien. Las relaciones de esta familia con Jesús Armando, eran muy buenas porque ellos son muy unidos entre los hermanos a pesar de que él vivía lejos de la familia pero siempre en vacaciones o permisos que le daban venía a visitar a la familia... ellos se querían mucho tanto Armando quería mucho a los hermanos, lo mismo que los hermanos y los padres; el sufrimiento que ha tenido la familia y que todavía tienen pues ha sido muy doloroso... hemos sido muy allegados tanto yo como ellos, él Martiniano nos ha contado que ellos han sufrido mucho por la desaparición de Armando.. Nos conocemos hace más de treinta años. Cuando Martiniano no viene a mi casa yo voy a la de él. También nos encontramos en la Caja Municipal a la que ambos pertenecemos... Además vivimos en el mismo barrio…”.

Javier Peña Firigua, por su parte, manifestó que conoció a Martiniano Rojas, a su esposa y a sus hijos hace más o menos 22 años. Afirmó que han sido una familia muy unida y que Jesús Armando los quería mucho y ellos a él, que como vivía en Nariño, sus padres iban con frecuencia a visitarlo. Sobre el impacto moral sufrido, indicó:

“Yo me di cuenta que don Martiniano tuvo un impacto muy grave... Su falta fue grave, primero por ser hijo y segundo porque el hombre les ayudaba, les colaboraba. Es muy lógico que los hermanos también sufrieron porque cómo no le va a doler a uno la muerte de un hermano sabiendo que le hace falta... la mamá... es la que más ha sufrido... la pena siempre es larga... somos vecinos y conozco muy bien a esa familia, charlamos mucho..., nos encontramos haciendo mercado. Doña María Antonia me cuenta y hasta llora por el hijo perdido. Nos visitamos con frecuencia y también nos encontramos con Martiniano y los hijos también”.

Por último, el señor Tomás Coronado Horta, residente en la ciudad de Neiva, manifestó que es amigo de los esposos Rojas Muñoz desde hace más de 25 años, y que conoció a los hijos cuando estaban pequeños, pero que ya no los veía. Afirmó que era una familia “muy buena, muy unida y muy queridos”. Sobre el impacto sufrido con la muerte de Jesús Armando, dijo:

“... Ellos han sufrido porque ellos me han contado el sufrimiento de ellos porque tuvieron que irse... Ellos siguen sufriendo porque el hijo les servía mucho, imagínese un hijo querido, yo tengo un hijo y si a ese hijo le pasa algo yo creo que me muero. Lo mismo les pasó a ellos...”. (fls. 202, 203 cdno. principal).

2. Régimen de responsabilidad aplicable:

Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. El principio común a tales teorías o regímenes era el de la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, y especialmente, una de sus manifestaciones más importantes, la igualdad ante las cargas públicas, enderezada al restablecimiento de la equidad. Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

“... Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuandoquiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio…”.(1)

Era este uno de los regímenes de responsabilidad en los que el elemento falla del servicio no entraba en juego. No estaba el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla. Se trataba, por esa razón, de un régimen objetivo de responsabilidad, de manera que la administración sólo podía exonerarse demostrando la existencia de una causa extraña, que rompiera el nexo de causalidad.

A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado.

En cuanto al daño, se ha dicho que es antijurídico cuando la víctima no tiene el deber de soportarlo o, lo que es lo mismo, cuando el Estado no tiene derecho a causarlo. Así las cosas, tratándose de una situación como la mencionada, considera la Sala que el daño será antijurídico cuando en virtud de él resulte roto el equilibrio frente a las cargas públicas, es decir, cuando, dada su anormalidad, implique la imposición de una carga especial e injusta a la víctima, en relación con las demás personas.

Respecto del otro elemento, se ha referido esta Sala, en anteriores pronunciamientos, a los factores de imputación(2), uno de los cuales es, precisamente, la creación de un riesgo. Por esta razón, se concluye que reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen del responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.(3) La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquéllas. En efecto, la conducción de vehículos automotores ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa.

No se trata, en consecuencia, como parece entenderlo el a quo, de un régimen de falla del servicio probada, ni como lo expresa el apelante, de un régimen de presunción de falla, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de culpa; deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.

Debe tenerse en cuenta, además, la distinción que doctrina y jurisprudencia han hecho entre la fuerza mayor y el caso fortuito, que, como se expresó en los fallos antes citados, adquiere su mayor interés dentro del marco de la responsabilidad por riesgo excepcional. Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño.

Finalmente, será necesario solucionar otro de los problemas que plantea la aplicación de este tipo de régimen objetivo de responsabilidad, y es el de la concurrencia de la fuerza mayor y la culpa del demandado. A él se hará referencia expresa en seguida, al estudiar la situación concreta, con fundamento en el respectivo análisis probatorio.

3. El caso concreto:

Se encuentra demostrado, en el presente caso, que el agente Jesús Armando Rojas Muñoz murió como consecuencia de múltiples heridas, causadas al accidentarse un vehículo automotor, de propiedad de la Alcaldía Municipal de Ancuya (Nariño), el cual era conducido por el titular de ese despacho, señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo. También está demostrado que tanto el Alcalde como sus acompañantes, un cabo segundo y cuatro agentes de Policía adscritos a la Estación de Ancuya, se dirigían, en el vehículo mencionado, a cumplir una misión oficial, esto es, a verificar la información suministrada por un ciudadano y por un inspector de Policía, en relación con la aparición de un cadáver, en una vereda cercana a la cabecera municipal.

No puede considerarse, como lo pretende el apoderado de la entidad territorial demandada, que cuando el alcalde de un municipio realiza diligencias tendientes a colaborar con la fuerza pública para esclarecer la posible comisión de un delito, posiblemente causado por miembros de grupos guerrilleros, según la información suministrada por uno de los denunciantes, actúa a título personal y no como autoridad. Por una parte, a los alcaldes corresponde la responsabilidad de conservar el orden público en su territorio, para lo cual tienen a su cargo la dirección de la policía dentro del mismo. Por otra, es bien sabido que en los municipios pequeños de nuestro país los recursos de la Alcaldía constituyen, prácticamente, la única fuente de apoyo para el cumplimiento de las funciones de todas las autoridades públicas, incluidas las fuerzas del orden, lo que explica que aquéllos estén permanentemente a disposición de éstas, como ocurría en el Municipio de Ancuya, según se desprende de las distintas pruebas que, al respecto, obran en el proceso.

Así las cosas, se concluye que la muerte del agente Rojas Muñoz se produjo como consecuencia de la realización de una actividad peligrosa, que estaba a cargo de un agente de la administración, en cumplimiento de sus funciones. Debe establecerse, sin embargo, si ese daño resulta imputable a la administración o tuvo por causa un hecho extraño a la actividad del demandado.

Manifiesta el señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, llamado en garantía en el presente proceso, que el accidente no es imputable a él, sino a una causa extraña, que reúne las características de la fuerza mayor, y se refiere, concretamente, a la aparición de un caballo, en una curva, a galope, en dirección contraria a la del automóvil, cuando iban hacia el sitio donde, según la información recibida, se encontraba el cadáver de un muchacho secuestrado la noche anterior, por una carretera destapada, angosta –por la que sólo puede transitar un vehículo-, con neblina y mientras lloviznaba, lo que volvió el terreno barroso.

Por lo anterior y aunque la parte demandada no hace referencia a esta circunstancia, se practicaron varias pruebas dentro del proceso, especialmente testimoniales, a fin de establecer su ocurrencia. Conforme a lo expuesto en el acápite correspondiente al análisis probatorio, se tiene que el dicho del señor Lagos Hidalgo aparece confirmado por el cabo segundo y dos de los agentes que lo acompañaban en el momento de los hechos. En efecto, son coherentes estas personas al relatar las circunstancias relacionadas con la aparición del caballo, así como con el estado del clima y de la vía. En el mismo sentido fue rendido el informe sobre el accidente por parte del comandante de la Estación de Policía de Ancuya al comandante del Departamento de Policía de Nariño.

Los demandantes, por su parte, consideran que el accidente tuvo por causa la negligencia y la impericia del alcalde Rodrigo Manuel Rojas Hidalgo, quien conducía el vehículo en estado de embriaguez y con exceso de velocidad, por lo cual no pudo controlarlo al llegar a una curva, estrellándose contra la pared del lado izquierdo de la vía y cayendo al abismo, al tratar de devolver la dirección.

En el recurso de apelación, por otra parte, manifiestan que si fuera verdad que, en la forma descrita por los testigos, apareció un caballo en vía contraria, es evidente que el conductor del vehículo habría podido esquivarlo fácilmente, si, como ellos mismos afirman, se desplazaban a una velocidad de 30 o 35 kms. por hora. Se refieren, además, al sobre cupo del carro de la alcaldía, como elemento que contribuyó a que se produjera el accidente. Se aludió también, en el curso del proceso, al hecho de que el alcalde Lagos Hidalgo había adquirido licencia para conducir poco más de un mes antes del día en que ocurrió el accidente, lo cual, en opinión de la parte demandante y de los representantes del Ministerio Público, constituye prueba de la falta de pericia en el manejo de automóviles.

Así las cosas, es necesario establecer si son ciertas las circunstancias a que se refieren los demandantes, constitutivas de culpa del demandado, y, en caso de serlo, si fueron determinantes en la ocurrencia del accidente y, por lo tanto, en la producción de la muerte del agente Rojas Muñoz.

En relación con la velocidad a la que se desplazaba el vehículo, se tiene que el cabo segundo y los agentes que acompañaban al alcalde Lagos Hidalgo son coincidentes en manifestar que, por las condiciones de la carretera, se desplazaban a una velocidad no superior a los 35 kms. por hora. Obra también en el proceso el testimonio de una vecina del lugar, quien manifiesta que, al momento de pasar por el frente de su casa, localizada sobre la carretera, muy cerca del sitio donde se produjo el accidente, el carro se desplazaba a velocidad “normal”. De acuerdo con lo anterior, considera la Sala que se encuentra desvirtuada la afirmación hecha por la parte demandante en relación con el exceso de velocidad.

Por otra parte, no puede aceptarse, de ninguna manera, que el hecho de que el alcalde Lagos Hidalgo hubiera obtenido licencia para conducir muy poco tiempo antes de que ocurriera el accidente constituye prueba de su falta de pericia. No puede olvidarse que dicha licencia se concede mediante acto administrativo que goza de presunción de legalidad y cuya expedición exige el cumplimiento de requisitos previos, referidos, especialmente, a la realización de cursos y la práctica de exámenes que permiten al servidor que lo expide dar fe de la idoneidad del beneficiario para realizar la actividad respectiva.

En cuanto al estado de embriaguez de Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, está demostrado en el proceso que, con posterioridad a la ocurrencia del accidente, éste presentaba una concentración de alcohol etílico de 67.30% mg. por cien mililitros de sangre. Obra en el proceso el informe rendido por el médico del C.T.I. designado para interpretar dicho examen, dentro del proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría, donde se expresa que tal nivel de concentración no causa embriaguez, aunque sí un estado de alicoramiento, que normalmente genera disminución de reflejos y alteraciones de la percepción. De otra parte, el médico citado aclara que para clasificar un grado de embriaguez se requiere realizar un examen clínico inmediato a la persona estudiada, y examinar su aliento, su coordinación, su locuacidad y su equilibrio, entre otros aspectos. Este examen completo no fue practicado al alcalde Lagos Hidalgo.

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que, en el momento del accidente, Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo tenía sus reflejos disminuidos y presentaba alteraciones de la percepción, y aunque no es claro en qué grado se presentaban estas afectaciones, puede decirse que el alcalde de Ancuya no se encontraba en condiciones óptimas para conducir un vehículo automotor.

Finalmente, está probado que en el carro se desplazaban seis personas, el alcalde, el cabo segundo y cuatro agentes, y que uno de éstos últimos iba por fuera del carro, sobre la llanta de repuesto, debido a que no cabían todos adentro. Por lo anterior y no obstante que no se conoce la razón por la cual fueron llevadas todas estas personas por el Comandante de la Estación de Policía de Ancuya, a fin de cumplir la misión oficial antes mencionada, podría concluirse, en principio, que el alcalde Lagos Hidalgo actuó negligente e imprudentemente al permitir que el viaje se realizara en esas condiciones.

Así las cosas, está demostrado que el señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, en su condición de Alcalde del Municipio de Ancuya, actuó culposamente, al conducir el automóvil de propiedad de dicha entidad territorial, en condiciones que podían poner en peligro vidas y bienes ajenos. No resulta este hecho suficiente, sin embargo, para demostrar la responsabilidad de la administración en la producción del daño. En efecto, es necesario determinar si su conducta culposa constituyó causa eficiente de éste, o simplemente fue un elemento intrascendente para su producción, ya que, como ha quedado establecido, el accidente ocurrió en muy especiales circunstancias, que permitieron a algunos de los intervinientes en el proceso plantear la existencia de una fuerza mayor, como causal de exclusión de responsabilidad.

Sobre este tema, comparte la Sala las siguientes precisiones hechas por la Corte Suprema de Justicia:

“... no es cierto... que la fuerza mayor haya de ser excluida, sin más, como causal exoneratoria por la sola circunstancia de que la actividad desarrollada por quien es señalado como autor del hecho fuera de aquellas merecedoras de reproche.

Pues si bien es cierto que una de las características de la fuerza mayor es la de que no puede concurrir con la culpa del demandado, no lo es menos que ese principio se refiere a aquella culpa sin la cual no se habría producido el perjuicio, o por mejor decirlo, a una actividad que haya tenido incidencia en la realización del daño y no por consiguiente a la que resulta inocua; y ello se muestra evidente, comoquiera que si el actuar del demandado es totalmente indiferente en cuanto a un determinado acontecer, inútil será para esos efectos preguntar por él y, por tanto, calificarlo o no de culposo.

Para ilustrar el anterior criterio, piénsese nada más en el caso de un automotor fulminado por un rayo en momentos en que su conductor transita por un carril contrario al permitido; o en el del vehículo que arrasado por un alud, era conducido por quien no portaba la correspondiente licencia; o, en fin... en el de la carretera que se desploma arrastrando consigo un carro cuyo chofer pretendía adelantar otro coche cerca de una curva cerrada. Véase cómo se trata de situaciones en las que –salvo particulares circunstancias, por su puesto-, la actuación del agente, independientemente del reproche que pudiese merecer, es ajena a la producción del daño...”.(4)

En el presente caso, está demostrado que el vehículo se desplazaba a una velocidad de 30 o 35 kms./h, en subida, por una carretera destapada y muy angosta, al punto que el carro ocupaba todo el espacio disponible. Esta carretera, además, tenía a un lado una montaña o pared y, al otro, un barranco. Estaba lloviznando y había neblina, por lo cual el terreno estaba barroso y se dificultaba un poco la visibilidad. Al tomar una curva, se vio venir un caballo, corriendo, en dirección contraria a la del carro. El conductor trató de esquivarlo, desviando la dirección hacia el barranco, y perdió el control del automóvil, cayendo por aquél.

Considera la Sala que, en estas circunstancias, habría sido imposible, para cualquier persona, colocada en la misma situación, prever la aparición del animal y esquivarlo con éxito, evitando el accidente. Debe aludirse, especialmente, a la estrechez de la carretera, que impedía el paso sin problemas del vehículo y del caballo a un mismo tiempo, y debe tenerse en cuenta que estrellarse con él, de frente, habría tenido, seguramente, consecuencias más graves. La aparición repentina de un caballo, en las condiciones anotadas, constituye un hecho imprevisible e irresistible, y, sin duda, ajeno totalmente a la actividad del agente de la administración. Se reúnen, entonces, los requisitos propios de la fuerza mayor, como causa extraña a la actividad del demandado, lo que demuestra que el daño no es imputable a éste último y permite exonerarlo de responsabilidad.

Por lo anterior, se concluye que las circunstancias antes mencionadas, que dan lugar a la demostración del desarrollo de una conducta culposa por parte del conductor del vehículo, no tuvieron injerencia en la producción del accidente y, por lo tanto, en la causación de la muerte del agente Rojas Muñoz. La aparición repentina del caballo, en la forma antes referida y existiendo las circunstancias mencionadas, constituye la única causa eficiente de dicho accidente. Por esta razón, la entidad demandada no es responsable del perjuicio causado a los demandantes. En esas condiciones, no es procedente efectuar análisis o pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad de las personas llamadas en garantía. Se confirmará, entonces, el fallo apelado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 7 de diciembre de 1995, mediante la cual se resolvió denegar las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Elena Giraldo Gómez, Presidenta de la Sala—Alier E. Hernández Enríquez—Jesús María Carrillo Ballesteros, salvó voto—Ricardo Hoyos Duque, salvó voto—Germán Rodríguez Villamizar.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989. Expediente 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

2 Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 21 de octubre de 1999. Expediente 10948-11643. Actor: Luis Polidoro Combita y otros.

3 Ver, entre otras, sentencia de la Sección III, del 16 de junio de 1997. Expediente 10024, M. P. Ricardo Hoyos Duque.

4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 27 de febrero de 1998. Expediente 4901, M. P. Rafael Romero Sierra.

Salvamento de voto

En ningún momento la Sala puso en duda la conducta culposa del funcionario público al conducir un vehículo automotor -actividad de por sí calificada jurisprudencialmente como peligrosa-, cuando no estaba en la mejor situación anímica y en condiciones que ponían en grave riesgo la vida de quien viajaba por fuera del vehículo, que fue precisamente la persona que resultó muerta. Es cierto que la fuerza mayor, en la medida en que rompe el nexo de causalidad, constituye causal de exoneración en todos los regímenes de responsabilidad. Sin embargo, otorgarle ese calificativo de fuerza mayor a la aparición, así sea repentina, de un semoviente en una carretera veredal, destapada, en relación con un vehículo que se desplazaba en subida con seis personas y por lo tanto tenía que hacerlo a baja velocidad, constituye cuando menos una ligereza. La fuerza mayor, se ha dicho, debe reunir dos características para que tenga la virtualidad de exonerar de responsabilidad: debe ser imprevisible e irresistible (art. 1º Ley 95 de 1890). Aquí cabe preguntar si lo más previsible en una carretera veredal no es justamente la aparición de un semoviente, o equino para el caso? Claro que sí. Adicionalmente, en las precisas condiciones en las que se desplazaba el vehículo en el que viajaba la víctima y que se describieron antes, eludir la presencia del caballo que apareció en forma repentina resultaba resistible. Con razón ha dicho la más autorizada doctrina, que la fuerza mayor está reservada para los acaecimientos realmente insólitos y extraños al campo de las previsiones típicas de cada actividad o servicio, según su propia naturaleza. Son estas las razones que me llevan a concluir que en el asunto decidido por la Sala en forma mayoritaria, ni por asomo se configura una fuerza mayor y por lo tanto, ha debido accederse a las pretensiones de la demanda.

Salvamento de voto

No comparto la decisión mayoritaria de la Sala, por las razones que paso a exponer:

1. Se afirma en la sentencia de la cual me separo:

“En cuanto al estado de embriaguez de Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, está demostrado en el proceso que, con posterioridad a la ocurrencia del accidente, éste presentaba una concentración de alcohol etílico de 67.30% mg por cien mililitros de sangre. Obra en el proceso el informe rendido por el médico del C.T.I. designado para interpretar dicho examen, dentro del proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría, donde se expresa que tal nivel de concentración no causa embriaguez, aunque sí un estado de alicoramiento, que normalmente genera disminución de reflejos y alteraciones de la percepción.

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que, en el momento del accidente, Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo tenía sus reflejos disminuidos y presentaba alteraciones de la percepción, y aunque no es claro en qué grado se presentaban estas afectaciones, puede decirse que el alcalde de Ancuya no se encontraba en condiciones óptimas para conducir un vehículo automotor.

Finalmente, está probado que en el carro se desplazaban seis personas, el alcalde, el cabo segundo y cuatro agentes, y que uno de éstos últimos iba por fuera del carro, sobre la llanta de repuesto, debido a que no cabían todos adentro. Por lo anterior y no obstante que no se conoce la razón por la cual fueron llevadas todas estas personas por el Comandante de la Estación de Policía de Ancuya, a fin de cumplir la misión oficial antes mencionada, podría concluirse, en principio, que el alcalde Lagos Hidalgo actuó negligente e imprudentemente al permitir que el viaje se realizara en esas condiciones.

Así las cosas, está demostrado que el señor Rodrigo Manuel Lagos Hidalgo, en su condición de Alcalde del Municipio de Ancuya, actuó culposamente, al conducir el automóvil de propiedad de dicha entidad territorial, en condiciones que podrían poner en peligro vidas y bienes ajenos”.

Esto significa que en ningún momento la Sala puso en duda la conducta culposa del funcionario público al conducir un vehículo automotor –actividad de por sí calificada jurisprudencialmente como peligrosa-, cuando no estaba en la mejor situación anímica y en condiciones que ponían en grave riesgo la vida de quien viajaba por fuera del vehículo, que fue precisamente la persona que resultó muerta.

2. Se dice también en la sentencia que

“está demostrado que el vehículo se desplazaba a una velocidad de 30 o 35 kms/h, en subida, por una carretera destapada y muy angosta, al punto que el carro ocupaba todo el espacio disponible. Esta carretera, además tenía a un lado una montaña o pared y, al otro, un barranco. Estaba lloviznando y había neblina, por lo cual el terreno estaba barroso y se dificultaba un poco la visibilidad. Al tomar una curva se vio venir un caballo, corriendo, en dirección contraria a la del carro. El conductor trató de esquivarlo, desviando la dirección hacia el barranco, y perdió el control del automóvil, cayendo por aquél.

Considera la Sala que, en estas circunstancias, había sido imposible, para cualquier persona, colocada en la misma situación, prever la aparición del animal y esquivarlo con éxito, evitando el accidente. Debe aludirse, especialmente, a la estrechez de la carretera, que impedía el paso sin problemas del vehículo y del caballo a un mismo tiempo, y debe tenerse en cuenta que estrellarse con él, de frente, habría tenido, seguramente, consecuencias más graves. La aparición repentina de un caballo, en las condiciones anotadas, constituye un hecho imprevisible e irresistible, y, sin duda, ajeno totalmente a la actividad del agente de la administración. Se reúnen, entonces, los requisitos propios de la fuerza mayor, como causa extraña a la actividad del demandado, lo que demuestra que el daño no es imputable a éste último y permite exonerarlo de responsabilidad”.

3. Es cierto que la fuerza mayor, en la medida en que rompe el nexo de causalidad, constituye causal de exoneración en todos los regímenes de responsabilidad. Sin embargo, otorgarle ese calificativo de fuerza mayor a la aparición, así sea repentina, de un semoviente en una carretera veredal, destapada, en relación con un vehículo que se desplazaba en subida con seis personas y por lo tanto tenía que hacerlo a baja velocidad, constituye cuando menos una ligereza.

La fuerza mayor, se ha dicho, debe reunir dos características para que tenga la virtualidad de exonerar de responsabilidad: debe ser imprevisible e irresistible (art. 1º Ley 95 de 1890).

Aquí cabe preguntar si lo más previsible en una carretera veredal no es justamente la aparición de un semoviente, o equino para el caso? Claro que sí.

Adicionalmente, en las precisas condiciones en las que se desplazaba el vehículo en el que viajaba la víctima y que se describieron antes, eludir la presencia del caballo que apareció en forma repentina resultaba resistible.

4. Con razón ha dicho la más autorizada doctrina, que la fuerza mayor está reservada para los acaecimientos realmente insólitos y extraños al campo de las previsiones típicas de cada actividad o servicio, según su propia naturaleza(1).

Así, en España el artículo 144 de la Ley 13 de 1993, de contratos de las administraciones públicas, califica como supuestos de fuerza mayor los siguientes acontecimientos:

“a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público”.

5. También la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al referirse a las características que debe revestir un hecho para ser calificado de fuerza mayor, en sentencia del 26 de noviembre de 1999 (Exp. 5220) señaló:

“Así, pues, la cuestión del caso fortuito liberatorio o de fuerza mayor, al menos por norma general, no admite ser solucionada mediante una simple clasificación mecánica de acontecimientos apreciados en abstracto como si de algunos de ellos pudiera decirse que por sí mismo, debido a su naturaleza específica, siempre tienen tal condición, mientras que otros no. En cada evento es necesario estudiar las circunstancias que rodean el hecho con el fin de establecer si, frente al deber de conducta que aparece insatisfecho, reúne las características que indica el art. 1º de la Ley 95 de 1890, tarea en veces dificultosa que una arraigada tradición jurisprudencial exige abordar con severidad.

Esos rasgos por los que es preciso indagar, distintivos del caso fortuito o de fuerza mayor, se sintetizan en la imposibilidad absoluta de cumplir derivada de la presencia de un obstáculo insuperable unido a la ausencia de culpa del agente cuya responsabilidad se pretende comprometer (G.J. t. XLII, pág. 54) y son, en consecuencia, los siguientes:

I. Que el hecho sea imprevisible, esto es que en condiciones normales haya sido lo suficientemente probable para que ese agente, atendido su papel específico en la actividad que origina el daño, haya podido precaverse contra él. Aunque por lo demás, respecto del acontecimiento de que se trata, haya habido, como lo hay de ordinario para la generalidad de los sucesos, alguna posibilidad vaga de realización, factor este último con base en el cual ha sostenido la jurisprudencia que ”...cuando el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor..”. (G.J tomos LIV, página 377, y CLVIII, página 63).

II. Que el hecho sea irresistible en el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente –sojuzgado por el suceso así sobrevenido- en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido, habida cuenta que si lo que se produce es tan solo una dificultad mas o menos acentuada para enfrentarlo, tampoco se configura el fenómeno liberatorio del que viene haciéndose mérito” (las subrayas no son del original).

Son estas las razones que me llevan a concluir que en el asunto decidido por la Sala en forma mayoritaria, ni por asomo se configura una fuerza mayor y por lo tanto, ha debido accederse a las pretensiones de la demanda.

Ricardo Hoyos Duque 

(1) Cfr. Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. Curso de derecho administrativo. Madrid, edit. Civitas, 1982, 2ª. Ed. T. II, p. 351 y 352. Michel Paillet, por su parte, señala que la definición de fuerza mayor obedece a criterios bastante rigurosos (irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad) lo cual significa que raramente sea admitida como causal de exoneración. La Respsabilité admitistrative. Paris, Dolloz, 1996, p. 49.