Sentencia 11679 de junio 26 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

LEGÍTIMA DEFENSA

DIFERENCIA CON LA RIÑA

EXTRACTOS: «La Corte tiene establecido que “el fenómeno de la riña implica la existencia de un combate en el cual los contendientes, situados al margen de la ley, buscan causarse daño a través de mutuas agresiones físicas. No alcanza a configurarse, por lo tanto, a partir de simples ofensas verbales, sino que se requiere la existencia de un verdadero enfrentamiento físico ente los opositores” (Sent. Cas. Dic. 16/99, M.P. Mejía Escobar Rad. 11.099).

Esto no significa, desde luego, afirmar que en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones personales no haya agresión, pues de otra manera no podría entenderse la forma en que se produce la afectación al bien jurídico de la vida o la integridad personal. Lo que en realidad diferencia la riña de la legítima defensa, no es la existencia de actividad agresiva recíproca, ya que es de obviedad entender, ésta se da en ambas situaciones, sino además la subjetividad con que actúan los intervinientes en el hecho, que en un caso, el de la riña, corresponde a la mutua voluntariedad de los contendientes de causarse daño, y en el otro el de la legítima defensa, obedece a la necesidad individual de defenderse de una agresión, ajena, actual o inminente, es decir, no propiciada voluntariamente.

De ahí que la Corte de antiguo tenga establecida dicha diferenciación precisamente en el pronunciamiento que la delegada evoca en su concepto, la cual se conserva vigente a pesar de la realidad jurídica actual:

“...es obvio que una cosa es aceptar una pelea o buscar la ocasión de que se desarrolle y otra muy distinta estar apercibido para el caso en que la agresión se presente. Con lo primero pierde la defensa una característica esencial para su legitimidad, como es la inminencia o lo inevitable del ataque, pero ningún precepto de moral o de derecho prohíbe estar listo para la propia tutela, es más, elemental aconseja a quien tiene peligros, precaverse a tiempo y eficazmente contra ellos.

... la riña es un combate entre dos personas, un cambio recíproco de golpes efectuado con el propósito de causarse daño, de suerte que, como dice el Ministerio Público, ni hay riña sin intención de pelear, ni en esa pelea puede excluirse el propósito o intención dolosa de causar daño al contrincante.

En cambio, la legítima defensa, aunque implica también pelea, combate, uno de los contrincantes lucha por su derecho únicamente, cumple con un deber, obra de acuerdo con la ley al defender las condiciones esenciales de su existencia personal y, las de la sociedad a que pertenece” (Sentencia de casación de junio 11 de 1946. M.P. Dr. Agustín Gómez Prada).

(...).

Acreditado entonces el error de apreciación probatoria denunciado por el casacionista, con el cual se descarta que la muerte de Martín Quintero Galvis hubiere acaecido en el marco de una riña voluntariamente acordada o aceptada por el procesado Torres Zárate, resta a la Corte determinar su trascendencia a efecto de establecer si no obstante la configuración del desacierto en el fallo, se da lugar a mantener o modificar los supuestos fácticos a partir de los cuales fue proferido, y por lo mismo la declaración de justicia contenida en su parte resolutiva.

Por esta vía, la Corte erigida como tribunal de instancia, procederá a realizar una evaluación integral de los medios, tanto individualmente como en conjunto siguiendo los postulados de la sana crítica, a fin de establecer si en este caso se cumplen los presupuestos del tipo de permisión de la conducta lesiva relativo a la legítima defensa que constituye excluyendo de responsabilidad penal.

La legítima defensa es el derecho que la ley confiere de obrar en orden a proteger un bien jurídicamente tutelado, propio o ajeno, ante el riesgo en que ha sido puesto por causa de una agresión antijurídica, actual o inminente, de otro, no conjurable racionalmente por vía distinta, siempre que el medio empleado sea proporcional a la agresión. Requiere, por tanto, para su configuración, que en el proceso se encuentre acreditado la concurrencia de los siguientes elementos: a) Que haya una agresión ilegítima, es decir, una acción antijurídica e intencional, de puesta en peligro de algún bien jurídico individual (patrimonio económico, vida, integridad, física, libertad personal). b) Que sea actual o inminente. Es decir, que el ataque al bien jurídico se haya iniciado e inequivocadamente vaya a comenzar y que aún haya posibilidad e protegerlo. c) Que la defensa resulte necesaria para impedir que el ataque injusto se materialice. d) Que la entidad de la defensa, sea proporcionada, tanto en especie de bienes y medios, como en medida, a la de la agresión. e) Que la agresión no haya sido intencional y suficientemente provocada. Es decir que de darse la provocación, ésta no constituya una verdadera agresión ilegítima que justifique la creación defensiva del provocado.

La Sala no encuentra reparo alguno en la ponderación por los juzgadores de instancia de los testimonios rendidos por Gloria Inés Ortiz Rueda (fl. 136-1), Omar Euclides Gómez Rodríguez (fl. 137-1), Héctor Ramiro León Sanabria (fl. 141-1), Pedro Cepeda Sanabria (fl. 144 vto-1), Rafael Piloneta Jaimes (fl. 146 vto.), Olga Torres Suárez (fl. 151-1), Luis María Torres Suárez (fl. 152-1), Benito Sepúlveda Santiesteban (fl. 188-1), Luis Daniel Villabona Martínez (fl. 190-1), Leonor Gómez Ardila (fl. 192 vto.), y los hermanos Samuel y Jorge Torres Zárate (fls. 149 y ss-1), en cuanto informan sobre los antecedentes de enemistad y de agresión verbal y física entre el procesado Antonio Torres Zárate y Martín Quintero Galvis, que incluyeron las lesiones personales que éste causó a aquél con arma cortopunzante.

Hecha esta precisión, ha de advertirse por la Sala que a partir de lo narrado por el procesado Antonio Torres Zárate en la diligencia de indagatoria (fls. 62 y ss-1), y corroborado en lo sustancial por Nelson Javier Basto Gómez (fls. 123), Liliana Saavedra Basto (fl. 139), Raúl Méndez (fl. 184) y Álvaro Ramírez Pedraza (fl. 45-3), en la actuación se establece que el procesado Antonio Torres Zárate obró por la imperiosa necesidad de defender su integridad personal y su vida, de la injusta agresión de que fue objeto por parte de Martín Quintero Galvis, lo que no resulta demeritado ni siquiera por los otros medios de convicción allegados al informativo.

(...).

Estos relatos coinciden en lo fundamental sobre las circunstancias en que el hecho tuvo realización, esto es, que el autor de la lesión que ocasionó la muerte de Martín Quintero Galvis fue precisamente el procesado Antonio Torres Zárate, que previo a este episodio aquél hizo ademanes amenazantes a éste; que en razón de ello y de los antecedentes de enemistad y de agresión física y verbal de que había sido objeto, Torres encomendó a su amigo Basto Gómez que “le guardara la espalda”; que Quintero, cuchillo en mano, se lanzó en contra de Torres en cuyo camino se interpuso Basto Gómez a quien lesionó en un brazo; y que luego se dirigió hacia Torres para agredirlo con el propósito de darle muerte con el arma que portaba, sólo que este procesado se anticipó en el golpe y le propinó una herida en el abdomen que le ocasionó la muerte.

Dichos testimonios, así mismo resultan concordantes con la descripción que de la herida del occiso realizó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: “herida abierta de 3x1 cms en epigastrio lado derecho... por arma cortopunzante que penetra al abdomen, hiere el higado, la vena cava inferior y el polo renal derecho con hemorragia masiva que produce shock hipovolémico y la muerte” (fls. 97 y ss c. 1); y con el reconocimiento médico legal practicado a Nelson Javier Basto Gómez, quien presentó “cicatriz normocrómica elevada de 3 cm en parte interna de la cara posterior tercio superior del antebrazo derecho rodeado de zona blanda y elevada que corresponde a hernia muscular y otra de 1.5 cm también nomocrómica de la parte externa de la cara anterior de antebrazo derecho en su tercio medio, ambas levemente ostensibles pero que no afectan la armonía del cuerpo. Debido a la anterioridad de los hechos y falta de historia clínica, teniendo en cuenta la situación de las cicatrices se podría considerar la posibilidad de que se hubiese tratado de una sola acción por un mismo objeto cortopunzante pero no podemos descartar la posibilidad de tratarse de dos lesiones diferentes” (fl. 43, c. 3), y desvirtúan la información supuestamente obtenida al siguiente día de los hechos por Gloria Isabel Jurado en el sentido que ambas lesiones, la del procesado Basto Gómez y la del occiso Quintero Galvis, hubieren sido ocasionados en un solo acto por parte de Antonio Torres Zárate.

En la actuación, como ya se anotó, obran las declaraciones de otro grupo de testigos conformado por Gloria Isabel Jurado León (fl. 14 vto. y 126 vto.), Rubiela Jurado León (fl. 29), Myriam Jurado León (fl. 31, 129), Guillermina Jurado León (fl. 132) y Ramiro Pedraza (fl. 229), los cuales no ofrecen crédito a la Corte, no sólo porque los dos últimamente mencionados no aportaron mayores datos a la investigación, pues no obstante referir encontrarse presentes en el teatro de los acontecimientos adujeron no haberse percatado de lo realmente ocurrido, sino porque los demás en su inocultable afán por descartar cualquier tipo de actitud agresiva por parte de Quintero Galvis, pervierten la realidad de los hechos y tratan de encubrir que éste se hallaba provisto de arma cortopunzante, que hubiere lesionado a Basto Gómez o que hubiere pretendido hacerlo con Torres Zárate.

(...).

Descartado entonces, como así lo declaró el tribunal, el mérito persuasivo de los testimonios de Ramiro Pedraza y las hermanas Gloria Isabel, Rubiela, Myriam y Guillermina Jurado León, por las contradicciones en que incurren sobre la manera en que ocurrieron los hechos, el interés de pervertir los acontecimientos derivado de los vínculos afectivos que los unen entre sí y con el occiso, y, por no guardar correspondencia con la prueba técnica practicada por medicina legal donde se describe la herida recibida por Basto Gómez que de suyo descarta que la lesión hubiere sido ocasionada por el procesado Torres Zárate en un solo acto cuando hirió en e abdomen a Martín Quintero Galvis, no existe posibilidad probatoria distinta de reconocer que los hechos tuvieron realización conforme fueron reseñados por Antonio Torres Zárate, Nelson Javier Basto Gómez, Liliana Saavedra Basto, Raúl Méndez y Álvaro Ramírez Pedraza, que desde el punto de vista jurídico se ubican en el ámbito de operancia de la legítima defensa objetiva.

Contrario a lo declarado en el fallo objeto de censura, el portar el procesado Torres Zárate un arma para precaver la materialización de una amenaza que tenía todos los visos de llevarse a cabo; el hecho de que ante la presencia de su enemigo —quien además le hizo ademanes amenazantes—, pedir auxilio a su amigo para encargarle lo resguardara cuidándole “la espalda”; y, finalmente, ante la actualidad de un ataque contra su integridad personal y su vida hacer uso de un instrumento de defensa, para la Corte constituyen supuestos que comprueban la agresión actual e injusta de que aquél fue objeto, que por sí misma lo abocaba a tener que defender su integridad personal y su vida anticipando el golpe y lesionando a Martín Quintero Galvis, conforme lo hizo.

Debe la Corte desechar igualmente la ira o intenso dolor causado por comportamiento ajeno grave e injusto, porque, como lo tiene acordado la jurisprudencia, incluso desde el pronunciamiento mencionado por la delegada y que aquí se cita, en la legítima defensa se repele una agresión injusta, actual o inminente, al paso que la provocación que genera la ira tiene que estar ya consumada, y en este caso, Torres Zárate lesionó a Quintero Galvis, no para reaccionar ante sus ademanes amenazantes, ni para tomar revancha por la lesión que antaño le había producido, y ni siquiera para zanjar sus diferencias, sino con el fin de repeler el ataque actual de que era víctima, que por la magnitud establecida a partir de la entidad del arma que portaba y el antecedente de agresión a quien se interpuso en su camino, le hubiera ocasionado graves lesiones y muy probablemente privado de su vida, de no haberse repelido.

Tampoco cabe predicar exceso en la defensa y sí en cambio proporcionalidad de bienes y medios. Es claro que hubo un bien jurídicamente tutelado con un medio proporcionado a la agresión, pues una herida de cuchillo en la humanidad el sindicado le hubiera producido grave lesión corporal, e incluso la pérdida de su vida, siendo este mismo tipo de elementos el que utilizó para defenderse.

Así pues, descartado que Antonio Torres Zárate haya sido provocador de una riña, o que voluntariamente se hubiera involucrado en ésta, y estando acreditado, a partir de lo testimoniado por Nelson Javier Basto Gómez, Liliana Saavedra Basto, Raúl Méndez, y Álvaro Pedraza —quienes corroboran hasta en sus mínimos detalles la versión del procesado en cuyo favor se recurre—, la agresión actual y el riesgo para la integridad personal y la vida en que fue puesto por Martín Quintero Galvis, para la Corte resulta procedente reconocer que actuó al amparo de la causal excluyente de responsabilidad penal de la legítima defensa objetiva.

Se casará entonces, de manera parcial la sentencia recurrida, y, en consecuencia, la Corte erigida como tribunal de instancia, acorde con la motivación que en este fallo se expone, confirmará la absolución dispuesta por el juzgador a quo respecto de Antonio Torres Zárate por el cargo de homicidio imputado en el pliego enjuiciatorio».

(Sentencia de casación, 26 de junio de 2002. Radicación 11.679. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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