Sentencia 1168 de mayo 22 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Rad. 2002116801, mayo 22/2002

Aprobado según Acta cuarenta y dos (42) de la fecha

M.P. Leonor Perdomo Perdomo

Asunto

Resuelve la Sala la impugnación formulada por Hugo Alberto Valencia Vivas, contra el fallo del 8 de abril del año en curso, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, declaró improcedente el petitum de tutela instaurado por el citado, al suponer conculcados sus derechos fundamentales de acceso del ciudadano a la justicia, libertad, igualdad procesal y debido proceso, por parte de la extinta justicia sin rostro, representada por la fiscalía regional, fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional, juzgado regional, Tribunal Nacional y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Antecedentes

1. La petición de tutela.

Al formular la presente acción el señalado libelista, en términos generales reprochó el trámite que durante las diferentes etapas procesales agotaron los funcionarios que conocieron de las diligencias penales que en últimas culminaron con la sentencia de condena emitida en su disfavor como coautor del delito de terrorismo.

En concreto, Valencia Vivas se mostró inconforme con la imputación del ilícito ya referido, pues según él, del paginario criminal no es dable colegir con certeza su participación en los hechos que originaron la investigación penal, e insistiendo en la ausencia de culpabilidad, consideró que la justicia penal ordinaria, entiéndanse, las autoridades demandadas le vulneraron su derecho fundamental personal al debido proceso, cuando lo sometieron a juicio y posteriormente lo sancionaron por un comportamiento que está convencido, ya fue examinado por la justicia castrense y del cual fue absuelto.

Igualmente para el actor, a la luz de la normatividad vigente para el momento de los hechos, los demandados carecían de competencia para instruir y fallar el proceso al cual fue vinculado, sin perjuicio de la nulidad que por falta de defensa técnica nunca le fue reconocida, no obstante los pedimentos que en tal sentido enervó al interior del diligenciamiento penal.

Advierte el tutelante, que la versión que en su momento rindió ante las autoridades el señor Alonso de Jesús Vaquero Agudelo, alias Vladimir, y que fue “...la prueba reina...” que el juzgador valoró para sentenciarlo, se aportó y consideró ilegalmente, en tanto se pretermitió la posibilidad de contradicción, pues la misma apareció en el plenario “... por obra y gracia de los fiscales tanto de Palmira (Valle) como del juez del conocimiento en esos momentos...”.

Termina el accionante, reprochando las determinaciones que a través del proceso penal adoptaron los funcionarios de conocimiento tanto en la etapa de instrucción como en la causa e incluso descalifica la valoración que en sede de casación cumplió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando resolvió no casar la sentencia condenatoria fallada en su contra (fls. 1º al 18 cdno.).

2. Lo alegado por la Corte Suprema de Justicia.

Al pronunciarse sobre el pedimento de amparo constitucional ya reseñado, la máxima autoridad de la justicia ordinaria penal acotó:

“...Las presuntas irregularidades que enuncia para alegar la supuesta violación de los derechos al debido proceso, al acceso a la justicia, a la libertad, a la actividad judicial y a la igualdad procesal, en términos generales, se refieren a los aspectos que sirvieron de sustento a la demanda de casación presentada en su defensa, que esta corporación resolvió en providencia de fecha 25 de octubre de 2001...”.

“Además de que el fallo de casación aludido, como podrá apreciar el Consejo Seccional, ni remotamente puede constituir vía de hecho, las determinaciones de la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, por mandato del artículo 234 de la Carta Política son intangibles e inmodificables, esto es, no pueden ser tocadas por ningún otro despacho y carece de licitud cualquier intento de establecerse instancias, que las Constitución no permite.

De otra parte le informo que otra acción de tutela también por presunta vulneración a los derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad personal e igualdad, fue presentada mediante apoderado por otro sentenciado dentro de la misma actuación, Marco Hernando Báez Garzón, siendo tramitada por la Sección 3ª Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo la radicación 01-2281 del año en curso, ponente la magistrada Fabiola Orozco Duque, declarándola improcedente en su oportunidad” (1) .

(1) Cfr. Fls. 88 al 90 cuaderno.

3. Sentencia de la sala a quo.

Integrado debidamente el litisconsorcio necesario, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, puso fin a la instancia constitucional, declarando improcedente la petición de amparo, bajo el entendido de que la integridad de las decisiones adoptadas por los diferentes funcionarios encargados de adelantar el proceso penal contra el actor, distan mucho de ser tildadas como arbitrarias o caprichosas “...pues si se observa fueron el resultado de la valoración objetiva y racional de los medios de prueba que obraban en el expediente”.

Desechando la posibilidad de que por vía de tutela se enerve un procedimiento paralelo al natural, instituido para el caso particular del petente, quien en su oportunidad impugnó los proveídos adversos a sus intereses al interior del trámite penal, el colegiado de instancia, precisó que la labor del juez constitucional no es la de convertirse en una tercera instancia, facultada para sustituir los cauces normales que el legislador preestableció para dirimir controversias como la presentada por el señor Valencia Vivas (fls. 119 al 128 cdno.).

4. Argumentos del impugnante.

Enterado de la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del consejo de instancia, el accionante aportó al expediente escrito de impugnación en el cual al solicitar la revocatoria de la sentencia de primer grado, recaba en las supuestas irregularidades ya mencionadas en el libelo introductorio de la acción pública, advirtiendo:

“...En cuanto a los pobres argumentos expuestos por el honorable magistrado ponente en su providencia objeto del recurso, se observa como si el proyecto de fallo proviniera directamente de la defensa de la Corte, pues sólo se d(sic) dibuja esa filosofía semejante a la del doctor Nilson Pinilla y es así como todo el director de la tutela permite que su sustanciador lleve a la sala de decisión un fallo o proyecto de este, con la utilización de términos inadecuados como lo hizo en el ordinal primero del fallo...”.

Y, en general de manera repetitiva y extensa Valencia Vivas insiste en demostrar la existencia de irregularidades sustanciales desconocedoras de sus derechos fundamentales, por parte de todos los funcionarios que en primera, en segunda instancia y en sede de casación conocieron del diligenciamiento penal que cursó y fue fallado en su contra (fls. 142 al 152 cdno.).

Consideraciones

1. Competencia de la Sala.

Acorde con el inciso primero del artículo 116 de la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las respectivas salas de los consejos seccionales de la judicatura como órganos integrantes de la rama judicial les asiste la facultad de administrar justicia, razón por la cual, tienen competencia para conocer de las acciones de tutela formuladas por cualquier persona que reclama el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente conculcados.

Así mismo, por ser su superior jerárquico esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de los fallos proferidos por los consejos seccionales, tal como lo prevé el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Característica de la acción de tutela.

Del contenido del artículo 86 de la Carta Política de 1991 y de los abundantes desarrollos jurisprudenciales emanados de la Corte Constitucional, se desprende que la acción de tutela constituye una garantía y un mecanismo constitucional de protección, directa, inmediata y efectiva, de los derechos fundamentales de las personas cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca la ley, cuyo trámite compete a los distintos jueces de la República, a fin de que resuelvan sobre las situaciones de hecho que por esas circunstancias se presenten.

Dicha acción muestra por su finalidad, un carácter extraordinario, en la medida en que su utilización parte del respeto legal de las jurisdicciones ordinarias y especiales, así como de las respectivas acciones, procedimientos, instancias y recursos que ante las mismas se surten, lo que supone un uso en forma supletiva con carácter subsidiario; de manera que, la procedencia de la tutela se restringe a la inexistencia de otros medios de defensa judicial o a la ineficacia de los mismos, como también a su utilización transitoria ante la presencia de un perjuicio irremediable que permita contrarrestar dicho efecto en forma temporal, con una operancia inmediata, urgente, rápida y eficaz, mediante el trámite de un procedimiento preferente y sumario, hasta tanto la autoridad correspondiente decida el fondo del asunto.

3. El mecanismo excepcional de protección y las providencias judiciales.

Ahora bien, dentro de las referidas situaciones de hecho que pueden originarse por el acto de alguna autoridad pública, tienen cabida las actuaciones producidas dentro del ámbito del poder judicial. Si bien el desarrollo de las facultades de los funcionarios judiciales aparece envuelto por la vigencia del principio de independencia y autonomía para la toma de sus decisiones, en cumplimiento de la función pública de administrar justicia (C.N., art. 228), la protección constitucional de la acción de tutela, con el fin de recuperar la legitimidad del ordenamiento positivo existente excepcionalmente puede extenderse y comprender algunas actuaciones judiciales permitiendo a la jurisdicción constitucional armonizar los resultados del ejercicio de las competencias judiciales, con la defensa y prevalencia del ordenamiento constitucional regente.

La ya consolidada doctrina constitucional, ha admitido que las providencias judiciales pueden presentar vicios en su configuración denominados vías de hecho, de conformidad con los criterios esbozados por la Corte Constitucional, a partir de la Sentencia C-543 de 1992. En términos generales dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria o caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Al punto, el alto tribunal en asuntos de tutela en reiteradas oportunidades, ha sostenido que si bien el juez constitucional puede revisar la decisión tomada, esto no lo convierte en un juez de instancia toda vez que mientras este último verifica que se cumplan integralmente las reglas legales y constitucionales, aquél se limita a establecer que la decisión del juez de instancia, no resulte arbitraria a la luz de la Constitución Política.

La misma instancia en Sentencia T-327, señaló los requisitos que se deben dar en una decisión judicial para que constituya vía de hecho:

“a) Que la conducta del agente carezca de fundamento legal;

b) Que la conducta del agente obedezca a la voluntad subjetiva de quien desempeña la autoridad judicial

c) Que tenga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de manera grave e inminente;

d) Que no exista otra vía de defensa judicial, o que, existiendo se interponga la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho fundamental violado o amenazado...”.

4. No interposición oportuna del petitum de amparo.

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional:

“...La tutela está caracterizada también por su inmediatez, puesto que es un mecanismo que opera de manera urgente, rápida y eficaz para proteger el derecho fundamental que ha sido violentado o que se encuentra amenazado.

La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, como en el evento que nos ocupa, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, máxime si al tenor de lo visto la cosa juzgada que enmarca las determinaciones que pretende el accionante reformar por la vía constitucional, implica la clausura definitiva de cualquier debate en torno al asunto que de vieja data fue objeto de análisis y valoración por parte de las autoridades penales militares, de donde es dable colegir que tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes (2) .

(2) Sentencia C-543 de 1993.

En el anterior orden de ideas, quiere la Sala en primer término precisar que en cuanto hace a los reproches que eleva el actor contra las decisiones que supuestamente conculcan los derechos fundamentales que invoca en el escrito de tutela, anteriores a la providencia que dictó por vía de casación la Corte Suprema de Justicia, vale decir contra los proveídos que en su momento profirieran los funcionarios instructores, ya desaparecidos pertenecientes a lo que se conoció como justicia sin rostro, así como también, contra las providencias suscritas por el juzgado regional y en segunda instancia por el Tribunal Nacional, resulta obligado, sin ahondar en argumentos, despachar de manera adversa las intenciones de revisión que pretende el actor, toda vez que la más reciente de las determinaciones data del 14 de abril de 1999, momento en el cual, por vía de apelación el otrora Tribunal Nacional, confirmó la condena penal inferida al señor Hugo Alberto Valencia Vivas, circunstancia que en atención a los plurales pronunciamientos dictados por esta superioridad impide considerar el fondo del asunto planteado por el tutelante, habida cuenta que el pedimento de protección constitucional que se depreca, se dirige contra decisiones de hace más de tres años, respecto de las cuales, si realmente constituían el desconocimiento del talante que plantea el impugnante, bien pudieron ser objeto de demanda constitucional, frente al advenimiento y/o amenaza de un perjuicio irremediable, requisito único que avalaba el estudio para ese entonces de la demanda constitucional que hoy de manera abiertamente extemporánea depreca el actor.

Al respecto, cabe reiterar lo ya afirmado por la Corte Constitucional:

“En efecto, la acción que nos ocupa ha sido concebida como procedimiento preferente y sumario para la defensa inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica que su efectividad reside en la posibilidad de que el juez, si encuentra que en realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien pide protección, imparta una orden para que, como lo dice la Constitución, aquél contra quien se intenta la tutela actúe o se abstenga de hacerlo.

Es forzoso concluir que si tal es el objeto de la tutela, ninguna razón se tiene para admitirla cuando ya las situaciones que pueden haber dado lugar o ser consecuencia de hechos u omisiones violatorias de derechos fundamentales quedaron definidas, pues de entenderse lo contrario, se vería desvirtuada la naturaleza de la institución” (cfr. C. Const. Sala Tercera de Revisión. Sent. T-492, agos. 12/92).

De esta manera, no es en el presente proceso en el cual la acción de tutela surge como el mecanismo adecuado e idóneo para revivir etapas procesales ya finalizadas, donde las actuaciones desarrolladas agotaron las instancias de rigor, sin que el supuesto afectado en su momento formulara petición de protección al menos de manera transitoria, avalando en consecuencia las determinaciones que luego de algo más de 36 meses, estima le desconocen garantías fundamentales, pues, del protocolo penal se advierte que el actor, participó en forma activa a través de todo el diligenciamiento durante la investigación y juzgamiento tanto en primera como en segunda instancia e incluso interpuso el recurso extraordinario de casación.

Así las cosas, para que proceda el amparo tutelar, se hace necesario que el interesado acuda a esa instancia tan pronto como ocurre la vulneración o amenaza del derecho fundamental, so pena que el medio excepcional de protección se desnaturalice cuando se deja pasar un tiempo considerable, porque en tal caso, termina siendo utilizada para fines distintos a su consagración, esto es, la protección inmediata y oportuna de los derechos fundamentales de las personas. Así se ha expresado, en concreto, la corporación guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución en relación con el tema:

“Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción.

En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por su “inmediatez”:

“La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: ...la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.

Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.

“En otros términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente (negrilla fuera de texto) a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión (negrilla fuera de texto) ...”.

“...únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho, es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental.

“...Ia acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza” (C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo)

Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.

En el presente evento, es claro entonces que el accionante contrariando la naturaleza misma de la acción de tutela, en cuanto hace a la interposición oportuna de la demanda de protección, se abandonó a su suerte por algo más de 3 años, toda vez que, como se vio la determinación última del tribunal aparece fechada el 14 de abril de 1999, lo que impide a la Sala abordar el examen de las actuaciones que censura Valencia Vivas, so pena de avalar la formulación tardía que impetró el actor respecto de las providencias ya referidas.

En tratándose de un asunto similar, en el cual se desestimó la solicitud de tutela, esta misma Sala con ponencia del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz precisó:

“Nada, en verdad, justifica la tardanza de los accionantes en promover el amparo constitucional, y es claro que si se accediera a su pretensión se terminaría desnaturalizando la acción ante su tardía presentación que choca con la exigencia de la inmediatez propia de la misma.

(...).

En suma, estima la Sala que en este caso se ha acudido por parte de los accionantes al instrumento judicial de la tutela en un tiempo que se erige demasiado distante de aquel en que ocurrieron los hechos en desarrollo de los cuales, según aquellos, se produjo la vulneración de los derechos fundamentales, y ello torna en improcedente la acción, razón suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia...”.

5. Autonomía funcional del funcionario judicial frente a la particular interpretación del actor.

Ahora bien, como la censura constitucional de Valencia Vivas también está dirigida contra la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual, dicha instancia resolvió no casar la sentencia de condena dictada en su contra, al ser hallado coautor del punible de terrorismo, esta Sala abordará el estudio del asunto como sigue (3) :

(3) Por resultar oportuno el reproche que el actor enerva contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia en tanto dicha determinación data del 25 de octubre de 2001, la Sala aborda el examen del asunto.

Prima facie resulta necesario precisar que tal y como lo advirtiera el magistrado que fungió como ponente en la sentencia de casación, grosso modo y sin mayor esfuerzo es dable constatar que los argumentos que el patente plasmó en su libelo de tutela, coinciden con los que en oportunidad expuso en la demanda de casación y que de hecho fueron absueltos por la Sala de Casación accionada. Veamos:

En cuanto se refiere a la vulneración del principio que prohíbe la doble incriminación, alegada por el accionante, al suponer que su comportamiento fue juzgado dos veces, uno por la justicia ordinaria penal y otra por la jurisdicción militar la Corte Suprema de Justicia explicó:

“Pero eso ya fue determinado así por el órgano ahora llamado a desatar esa clase de colisiones de competencia. Con todo, si la justicia ordinaria mantuvo la obligación de juzgar a los integrantes de las Fuerzas Armadas por el delito de terrorismo, mal puede admitirse que por la cesación de procedimiento a su favor por el delito de cobardía, ese sí de naturaleza eminentemente castrense, al igual que por el concurso de delitos de concierto para delinquir, homicidios y lesiones personales con fines terroristas, relativos a lo acaecido el 11 de noviembre de 1988, se haya desconocido el principio non bis in idem o el de la cosa juzgada.

Los actos encuadrados en el terrorismo difieren de los otros, y aunque puedan concurrir según el precepto que define esa conducta ilícita, ya fue definida la competencia, sin poderse desconocer que habiendo sido vinculados por ese delito los oficiales acusados en el presente proceso, no obstante que en un principio la medida de aseguramiento no hubiera afectado a todos los indagados, tampoco se les cesó procedimiento, lo que implica que continuaban vinculados a la investigación pertinente, como en efecto ocurrió” (4) .

(4) Cfr. Folio 60 sentencia de casación.

De otro lado, respecto de la censura que presenta Valencia Vivas, contra el mérito que le brindó la Corte Suprema al testimonio de alias Vladimir, en términos del tutelante, prueba reina para condenarlo la Sala Penal demandada precisó:

“En cuanto a la incorporación del testimonio de Baquero Agudelo, en sus distintas oportunidades, con supuesta inobservancia de las formalidades legales, el cargo no es atinado, como bien lo analizó el Ministerio Público en el aparte 2.2.1 del capítulo relativo a su concepto. Las iniciales copias de su indagatoria remitidas por la dirección regional de fiscalías, se allegaron cuando el juzgado regional había avocado conocimiento y abierto el juicio a pruebas por el término de 20 días, en fotocopia auténtica, habiendo sido ordenadas en el proceso de origen cumpliéndose los requisitos del artículo 255 del Decreto 2700 de 1991, vigente en la fecha de esa incorporación probatoria. Esos textos pudieron ser conocidos por los defensores, a pesar de no haberse dictado auto disponiendo su traslado, como se infiere de la petición de la otrora defensora de Francisco Antonio de Jesús Monsalve, para que se ampliara esa declaración, como se ordenó oportunamente” (5) .

(5) Cfr. Folios 71 y 72 sentencia de casación.

Aunque uno de los impugnantes anota que el tribunal se apartó de la sana crítica al apreciar esos testimonios, señalando que supuso unas pruebas y distorsionó otras, así como “supuso verdadero” lo depuesto por Baquero Agudelo, falla en la demostración del cargo incurriendo en generalidades, como aseverar que cuando llueve copiosamente y hay tormenta eléctrica no es posible apreciar a otra persona en la oscuridad, sin acotaciones específicas sobre la distancia, luz artificial, etc.” (6) .

(6) Cfr. Folio 53 sentencia de casación.

Igualmente la Corte Suprema de Justicia al analizar el porqué no existía violación directa de la Ley por aplicación indebida del inciso 1º del artículo 1º del Decreto 180 de 1988, propuesto entre otros por el defensor de quien hoy impugna comentó:

“...EI delito de terrorismo fue definido por el artículo 187 del Decreto 100 de 1980, modificado por el 1º del Decreto 180 de 1988 adoptado como legislación permanente por el 4º del Decreto 266 de 1991...

(...).

Tales conductas ilícitas fueron reproducidas por los artículos 343 y 344 de la Ley 599 de 2000, incluyendo todos los verbos rectores previstos en el anterior Código Penal, aunque con variaciones en la pena máxima para la conductas previstas en el inciso 1º del artículo 343 (10 a 15 años de prisión) y en las de las circunstancias de agravación referidas al mismo (12 a 20 años de prisión), al igual que en la multa.

(...).

De lo anterior, se concluye que este cargo también carece de fundamento pues no existió aplicación indebida del inciso 1º del artículo 1º del Decreto 180 de 1988, ni la falta de aplicación del inciso ibídem, ni interpretación errónea, porque tal como lo analizó fundadamente el tribunal, los miembros de la Fuerza Pública no se limitaron a la elaboración y distribución de los panfletos, de los sufragios a los miembros del consejo y a otras autoridades municipales y de escritos murales anónimos, que podrían ser encuadrados en el inciso 2º. También ejecutaron actos amenazantes directos contra la población en general y contra algunos de los miembros en particular, por ejemplo la personera municipal” (7) .

(7) Cfr. Folios 65 al 69 sentencia de casación.

Así las cosas, tal y como lo reseñara el a quo, de manera genérica los reproches que presenta el actor contra las providencias judiciales suscritas por los funcionarios accionados, se identifican con los que expusiera el petente en su demanda de casación, recurso que al ser resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en los términos ya referidos, le impiden al juez de tutela, abordar el estudio y/o desconocer la interpretación que como instancia natural agotó conforme a derecho, el fallador natural, como quiera que, ajustado al ordenamiento procesal y sustantivo penal el comportamiento de la autoridad demandada, resulta intangible la conclusión a la cual abordó dicha instancia en ejercicio de su autonomía funcional, no advirtiéndose además juicio arbitrario, o abusivo en las consideraciones que hiciera el mismo al poner fin a la instancia de rigor.

En este orden de ideas, para la Sala es claro que tal como lo revelan las copias de las piezas procesales penales objeto de reproche constitucional, las referidas vías de hecho sobre las cuales pretende la accionante enervar juicio de amparo, no se vislumbran, contrario sensu, lo que se puede observar es la intención del actor de hacer valer por vía constitucional su visión personal del recaudo probatorio que milita en el expediente, frente al fracaso que han tenido sus exposiciones en los estadios naturales.

Luego, con los razonamientos contentivos en las providencias materia de tutela, queda claro que tal y como lo adujera el a quo la labor interpretativa que llevaron a cabo las instancias demandadas, no pueden ser calificadas como arbitrarias o caprichosas, pues lo que se advierte es una controversia entre la particular visión que tiene el accionante de las probanzas que obran en el paginario, frente a la potestad de que gozan las autoridades accionadas, quienes son los auténticos intérpretes de las consecuencias jurídicas que acarrean las instituciones examinadas para resolver el caso penal que en su momento les planteó el actor, circunstancia que le impide a la Sala controvertir los razonamientos con los cuales los accionados concluyeron que el petente debía responder penalmente por el delito que en últimas fue sentenciado.

Así las cosas, resolver el debate en torno a un asunto que le es privativo interpretar a las instancias penales accionadas como jueces naturales, no sólo afecta la filosofía de la acción constitucional de tutela, sino que contradice el querer del constituyente cuando elevó a norma de rango constitucional el medio de protección al cual acude hoy el inconforme, habida consideración que la naturaleza de la acción per se, le impide al juez constitucional, invadir la órbita de otras jurisdicciones, que de manera razonada y en derecho, profieren sus decisiones con el lleno de los requisitos legales. De ningún modo es admisible que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver “sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso o en relación con el derecho que allí se controvierte” (8) .

(8) Corte Constitucional Sentencia T-073 de 1997 M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

En el anterior orden de ideas, y de frente al legítimo ejercicio de interpretación que le asistía a los accionados, no puede la corporación pronunciarse en forma paralela sobre asuntos que como el sub examine son del resorte exclusivo del juez natural que tramitó el proceso, pues ello implicaría una intromisión de competencias y funciones que amenazaría el principio de la seguridad jurídica, elemento esencial del Estado social de derecho (9) .

(9) “No se trata de que a través de la acción de tutela, el juez a quien corresponda ordenar la protección de los derechos fundamentales, entre a resolver sobre la materia objeto del debate...” (C. Const., Sent. T-073/97, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

Además, debe insistir la Sala en que la tutela como instrumento de garantía de amparo de los derechos fundamentales de las personas, es un mecanismo subsidiario del sistema ordinario de protección creado por la ley para la defensa de tales derechos. De ello resulta posible afirmar que no es viable acudir a este medio excepcional para interferir en otro proceso, con el fin de resolver reales o pretendidas violaciones de los derechos procesales de una persona, so pena de violar la autonomía judicial, la cual es igualmente una garantía de estirpe constitucional protectora de la función social.

En Sentencia T-08 de 1998 obrando como magistrado ponente el doctor Antonio Barrera Carbonell en un caso similar al que ocupa la atención de la Sala enseñó:

“...el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia...debiendo el juez de tutela limitarse a constatar que la decisión se funda en algún elemento de juicio razonable, con independencia de su suficiencia o de la corrección de la valoración judicial”.

En consecuencia, el hoy recurrente no puede pretender adicionar, soslayar o suplir los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico que regula el proceso penal, a fin de lograr el amparo de un derecho fundamental que como se vio, no ha sido conculcado por parte de la accionada (10) .

(10)“... no es la tutela el procedimiento sustitutivo de los medios judiciales que el peticionario dejó de utilizar. Su naturaleza, no es la de recurso adicional encaminado a lograr una decisión favorable para el actor, cuando ya éste ha fracasado en la utilización de los ordinarios o cuando ha dejado de acudir a ellos...” (C. Const. Sent. T-334/97).

Una última reflexión, para precisar que si bien en el presente evento, la intención de tutela del actor se vio frustrada, no significa que siempre que se demande constitucionalmente la decisión de una cualquiera de las autoridades que se hallan en el vértice de las diferentes jurisdicciones, la misma esté llamada indefectiblemente al fracaso, de ninguna manera, es viable que ante la presencia de un yerro que traspola la dirección adecuada que debió adoptarse, dejando sin posibilidades al sujeto de derecho para hacer valer sus garantías de adecuado juzgamiento, el papel del juez constitucional corresponde a la de un cirujano que extrae la afección, logrando recuperar la vida procesal garantizada en el artículo 29 de la Carta Política, pues la reivindicación del Estado de derecho es función primordial que se logra mediante la acción de tutela.

No sobra indicar entonces, que, en defensa de la razón de la que debe estar revestido todo operador jurídico, es claro que la calidad de infalible no existe. Es necesario, vital, si se quiere para el Estado de derecho, negar la idea de que existen en la administración de justicia instancias intocables y sin solución para las garantías de los procesados, los yerros en que puedan incurrir, los operadores que en su momento, sin importar el estadio en donde se concreta el hecho vulnerador de la Carta Política, sea necesario remover, para garantizarse el derecho de acceso a la administración de justicia como expresión del Estado social de derecho.

Por último, respecto del escrito que a última hora allegó el actor, contentivo de una serie de reflexiones en torno a su ejemplar desempeño como soldado, recabando además en su condición de inocente injustamente sentenciado, es menester precisar que no le compete a esta superioridad adentrarse en el juzgamiento personal del actor, emitiendo como lo pretende el mismo, juicios de valor sobre la imputación penal por la cual fue condenado, toda vez que, como se vio, de un lado, Valencia Vivas contó con la oportunidad ante las instancias naturales para desvirtuar la responsabilidad que se le endilgaba en los hechos punitivos que originaron su juzgamiento y de otro, no puede la colegiatura abordar y mucho menos revivir un debate que conforme se precisó en acápite anterior, se agotó ante las autoridades competentes.

Consecuente con lo anterior, la Sala despachará en forma desfavorable la intención del impugnante, impartiendo confirmación del fallo de instancia materia del recurso.

Por lo anteriormente expuesto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR con las precisiones hechas en el cuerpo de esta sentencia, el fallo impugnado.

2. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la secretaria judicial de esta Sala REMITIRÁ el presente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Temistocles Ortega Narváez, presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

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