Sentencia 11688 de junio 15 de 2000

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 11688

Actor: Hernando Miranda Gonzalez y otros

Demandado: municipio de Curumaní (Cesar)

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Santa Fe de Bogotá D.C., quince de junio de dos mil.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia del 18 de diciembre de 1995, proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar, mediante la cual se decidió denegar las súplicas de la demanda.

I. Antecedentes

1. Mediante demanda presentada el 16 de febrero de 1995, por medio de apoderado, el señor Hernando Miranda Gonzalez, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores Francisco José y Alexandra Miranda Betancourt, y la señora María Edith Martínez Hernández, quien actúa también en nombre propio y en representación de sus hijos menores Rubén Darío, Elssy Johana y Jadir Hernando Miranda Martínez, solicitaron que se declarara que el municipio de Curumaní (Cesar) es responsable de las lesiones causadas a Hernando Miranda Gonzalez, en hechos ocurridos el 5 de octubre de 1994 (fls. 24 a 38).

Como consecuencia de esta declaración, pidieron que se condenara a la citada entidad territorial a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de dinero equivalente a mil gramos de oro a Hernando Miranda Gonzalez, y a cada uno de los otros demandantes, la suma equivalente a cuatrocientos gramos de oro.

Por concepto de perjuicios materiales, solicitaron que se condenara a la entidad demandada a pagar a Hernando Miranda Gonzalez, el valor de “Todos los gastos realizados y perjuicios sufridos..., según se demuestre en el curso del proceso”, que se estimó “en suma no inferior a $ 30.000.000”. A María Edith Martínez Hernández, “Todos los gastos realizados con ocasión del accidente de su compañero y lo dejado de percibir por ese mismo hecho, según se pruebe en el proceso”, y a los hijos menores, “La suma que resulte probada en el proceso, teniendo en cuenta la disminución de la capacidad laboral de la víctima, edad y demás circunstancias”.

En apoyo de sus pretensiones, los demandantes narraron los siguientes hechos:

“1. El día 5 de octubre de 1994 a eso de las 7:00 p.m., el señor Hernando Miranda Gonzalez se encontraba en el corregimiento de San Roque, municipio de Curumaní, a orillas de la carretera, esperando que pasara algún vehículo de servicio público para regresar a su hogar en Curumaní.

2. Llevaba, aproximadamente, una media hora esperando, cuando vio venir un vehículo al cual le sacó la mano en señal del pare y que al detenerse pudo observar que se trataba del automotor oficial de propiedad de la alcaldía Municipal de Curumaní..., en el cual, además de su conductor, señor Carmelo Antonio Barrios Terán, viajaba la señora Lola Esther Dávila Niebles, quienes, según manifestaron, procedían de la ciudad de Barranquilla en misión oficial, e invitándole el chofer a subirse al vehículo para trasladarlo a Curumaní.

3. El vehículo se movilizaba a una velocidad aproximada de unos 100 kilómetros por hora, la visibilidad era bastante escasa a raíz de una pertinaz llovisna (sic) que caía y además por ser de noche; a unos cuatro (4) kilómetros antes de llegar a Curumaní, se observó venir un vehículo en dirección opuesta a la que viajaba el carro oficial, dicho automotor no hizo cambio de luces, se trataba de un thermoking de Copetrán, el carro en que viajaba mi cliente no disminuyó la velocidad que traía e inmediatamente pasó el automotor que venía, se pudo observar la presencia de la parte trasera de una tractomula, que no se sabe si iba en marcha o estaba estacionada, demasiado cerca de la parte delantera del carro oficial, mi cliente alcanzó a gritar, ¡nos vamos a estrellar!, el conductor alcanzó a poner los frenos, pero, la velocidad a que se anadaba (sic) y lo mojada (sic) del pavimento no detuvieron la camioneta que se fue a estrellar contra la parte trasera de la tractomula, resultando mi cliente con las heridas o lesiones que motivan esta acción...

4. Mi mandante fue sacado del vehículo... y fue llevado al Hospital de Curumaní en estado de inconsciencia, allí fue atendido... por cuenta de la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social Ltda. y remitido, esa misma noche, a la Clínica Valledupar de esta ciudad, en atención a su estado de gravedad, ya que presentaba fractura conminuta del fémur izquierdo, fractura del maxilar superior, pérdida de los cuatro (4) dientes superiores y golpes en varias partes del cuerpo, especialmente en la cabeza.

5. El señor Hernando Miranda Gonzalez fue intervenido quirúrgicamente el día 31 de octubre de 1994 en la Clínica Valledupar, siendo dado de alta el día 3 de noviembre de ese mismo año..., quedando imposibilitado para caminar y necesitando la ayuda permanente de su compañera y de sus hijos y por consiguiente impedido para seguir ejerciendo su profesión de maestro en el colegio “Camilo Torres Restrepo” de ese municipio.

6. Desde el mismo momento del accidente el señor Miranda Gonzalez ha necesitado la ayuda permanente de su compañera María Edith Martínez Hernández con quien convive desde hace más de 10 años, a ella le correspondió atenderle todo el tiempo que estuvo en la ciudad de Valledupar y siempre que le corresponde cita médica, descuidando a sus menores hijos, a quienes, en principio, repartió entre varios vecinos del barrio y en otras oportunidades les deja solos.

7. El profesor Miranda Gonzalez... no ha recibido... ayuda para sortear la crisis económica originada en el accidente..., lo cual ha generado consecuencias aún más funestas para la víctima y su familia.

8. Hernando Miranda Gonzalez se desempeñaba al momento del accidente como profesor nacionalizado en el colegio de Bachillerato “Camilo Torres Restrepo” de Curumaní, vinculación que aún conserva, pero que, en razón a (sic) la imposibilidad física para prestar sus servicios le (sic) fue designado otro docente para que le hiciera (sic) licencia con cargo a su salario, situación que se prolongará indefinidamente en razón a (sic) la continuación de la incapacidad...

9. El profesor Miranda Gonzalez contaba al momento del accidente con 45 años de edad..., laboraba en el colegio ya mencionado... 24 horas semanales..., disponiendo de su tiempo libre diario, de sábados a domingos y feriados a trabajar con dos vehículos de su propiedad, uno conducido por él y el otro le designa chofer, haciendo viajes particulares dentro del municipio y fuera de él, lo cual le representaba una entrada económica de unos $ 40.000.oo diarios, que hoy no recibe al tener que inmovilizar los vehículos como consecuencia de su estado de salud. Los vehículos en mención están marcados con las siguientes placas: AEC-933 de Santafé de Bogotá y RAH-896 de Barranquilla.

10. El accidente, a más de la culpa en que pudo incurrir el conductor de la tractomula de placas PA 79-65 con trailer Nº 12665, color negro, marca Mack, afiliado a Transporte Botero Soto y conducido por el señor Alfredo Eduardo Ortiz Núñez, se debió también, a la culpa del conductor del vehículo oficial, quien al detener dicho automotor para transportar a mi cliente excedió sus facultades y comprometió la responsabilidad del ente público y también porque al ejercer una actividad, considerada por la ley como peligrosa, debió observar todas las precauciones que hubieran podido evitar el accidente o aminorar sus consecuencias.

11. El daño sufrido por mi cliente con ocasión del accidente, ha originado en él, sus hijos y su compañera permanente un profundo abatimiento que amenaza los cimientos del hogar, al ver el triste estado de incapacidad física en que ha quedado quien antes del suceso era un hombre emprendedor, incansable trabajador, que se desempeñaba además de docente como chofer y mecánico, actividades de las cuales derivaba el sustento de su familia, ya que es él la única fuente del mismo. Ante esta situación económica, dos (2) de sus hijos se retiraron del colegio donde estudiaban por la imposibilidad de contar con los elementos necesarios y alimentación para asistir a clases. De igual forma la evolución desfavorable que ha tenido la pierna fracturada ante las cirugías practicadas le han producido tristeza y desconsuelo al pensar que podrá quedar incapacitado para caminar y por ende para realizar las actividades que siempre hizo; igualmente tienen (sic) sus hijos y señora quienes también se han privado de las diversiones y alegrías que le brindaba su compañero y padre”.

2. El municipio de Curumaní dio contestación a la demanda, por medio de apoderado (fls. 61 a 66). Afirmó que, en el momento del accidente, el vehículo se encontraba destinado al cumplimiento de una comisión oficial; provenía de la ciudad de Barranquilla y se dirigía a Curumaní. A la altura de San Roque, el conductor del mismo recogió al profesor Miranda, debido a que se conocían con anterioridad, por desempeñarse como servidores públicos en el mismo municipio. Llama la atención sobre el hecho de que fue el profesor Miranda quien le pidió al conductor que lo llevara y éste sólo quiso hacerle un favor. Concluye, con fundamento en esta circunstancia, que no existe falla del servicio.

Precisó que el vehículo oficial se desplazaba a 70 km por hora, y que este hecho fue reconocido por la propia víctima, al rendir testimonio dentro de la actuación administrativa adelantada por la inspección de tránsito.

De otra parte, manifestó que al señor Miranda Gonzalez se le ha reconocido y pagado el valor correspondiente a la incapacidad sufrida, conforme a lo dispuesto en los decretos 3135 y 1848 de 1968, así como en el Decreto 1045 de 1978. Además, se le ha atendido en la Fundación Médico Preventiva, a la cual se encuentra afiliada, por cuenta del FER. Indicó, adicionalmente, que el salario del docente que fue nombrado en su reemplazo es pagado por la alcaldía de Curumaní, ya que fue designado por el municipio, y no es pagado, entonces, “con cargo al salario” del profesor Miranda.

En relación con el daño emergente reclamado, manifestó que su valor no excedería, en todo caso, de $ 168.000, “si en gracia de discusión” se aceptaran las facturas aportadas. Critica, en seguida, el valor probatorio de tales facturas, refiriéndose a la insuficiencia de cada documento para demostrar la existencia del perjuicio. Sólo considera aceptables dos facturas, por valores de $ 39.700 y $ 25.000.

Afirma, por otra parte, que siendo el demandante un profesor que dicta 5 horas diarias de clase, no se entiende cómo podía desempeñarse también como conductor y mecánico de dos vehículos, como se expresa en la demanda. Agrega que no está probado que Miranda fuera el propietario de los vehículos allí mencionados.

Expresa que, en el presente caso, existe un hecho de un tercero, que exonera de responsabilidad a la administración. Explica, al respecto, que un bus “termoquín” se desplazaba en dirección contraria, con las luces altas, y no obedeció el cambio que de las suyas hizo el conductor del vehículo de la alcaldía, lo que produjo el “encegamiento” (sic) de éste. Adicionalmente, había una tracto-mula parqueada en un “sitio de tránsito obligatorio y veloz”, sin señales de ninguna especie. Estas dos circunstancias, dice, constituyeron la causa del accidente. Hace referencia a la Resolución 046 del 29 de noviembre de 1994, mediante la cual la inspección de tránsito departamental, con sede en Curumaní, decidió declarar responsable del accidente al conductor del tracto-camión de placas TA-7965, y exonerar al conductor de la camioneta de propiedad del municipio.

Afirma, finalmente, que el hecho se debió a fuerza mayor. Al explicar los hechos que permiten configurarla, menciona las dos circunstancias en las que funda la excepción de hecho de un tercero, y manifiesta, también, que había una lluvia pertinaz,

3. El a quo decretó pruebas mediante auto del 30 de mayo de 1995 (fls. 68 a 70). Vencido el período probatorio, se citó a audiencia de conciliación, en la que no se llegó a acuerdo alguno, por no existir ánimo conciliatorio en la parte demandada (fls. 182 a 184).

4. Dentro del término de traslado respectivo, la parte demandante (fls. 191 a 205) presentó alegatos de conclusión. Igualmente, rindió concepto el agente del Ministerio Público (fls. 188 a 190).

La parte demandante expresó que no está probado el hecho de que el profesor le hubiera pedido al conductor del vehículo oficial el favor de llevarlo. Además, si lo estuviera, ello no permitiría demostrar la existencia de una culpa exclusiva de la víctima, que hubiera dado lugar al accidente. Al respecto, manifestó que el profesor Miranda viajaba en la parte de atrás del vehículo, por lo cual no tenía ninguna injerencia en la conducción del mismo, y precisó que “La culpa de la víctima que exonera de responsabilidad a la administración no es la actividad desarrollada por ésta, que lo lleva al lugar de los hechos, sino la que produce o ayuda a la producción de ese hecho generador de perjuicio en su contra”.

Se refirió, luego, a los hechos alegados por la parte demandada para demostrar que el accidente se debió al hecho exclusivo de un tercero, y expresó, por una parte, que no están probados, y por otra, que “se pueden tener como normales y previsibles dentro de la actividad de conducir, considerada como peligrosa...”. En efecto, expresó que no puede ser considerado imprevisible, al conducir de noche, el “...cruce con otros vehículos que al pasar no hagan el respectivo cambio de luces...; ni tampoco que en el transcurso del viaje no aparezca lluvia, o haya poca visibilidad, o se encuentren obstáculos en la vía...”.

Por las mismas razones, manifestó que no está demostrado que el hecho se hubiera debido a una fuerza mayor, y agregó que, ante el encandilamiento, el conductor del vehículo oficial debió detener el vehículo, lo que hubiera evitado el accidente. Por lo tanto, no se trataba de un hecho irresistible. Tampoco es imprevisible, ya que “...nada es más humanamente previsible que una tragedia o un accidente”, sobre todo si se tiene en cuenta que existían factores, como el encandilamiento y la lluvia pertinaz, que permitían prever que continuar la marcha podía ocasionar un accidente.

Finalmente, indicó que la entidad demandada incurrió en una grave omisión, al haber permitido al conductor utilizar, para el cumplimiento de una misión oficial de la Empresa de Servicios Públicos de Alcantarillado y Aseo del municipio de Curumaní - ACUAUR, un vehículo de propiedad de la alcaldía. En efecto, ninguno de los funcionarios realizó acto alguno para impedirlo. Esta omisión constituyó “la falta presunta en la prestación del servicio que vincula la responsabilidad del ente público”.

Advirtió, sin embargo, que si Carmelo Barrios Terán llegare a ser considerado trabajador oficial adscrito a una dependencia municipal, como lo sería la citada empresa, la situación no varía, ya que, en estos casos, “solo es menester la prueba del daño producido con vehículo oficial, la producción del daño y la relación causal, todo lo cual se haya (sic) acreditado”.

El representante del Ministerio Público expresó, por su parte, que hay en el proceso “incertidumbre probatoria”, y dijo, concretamente, que no está demostrado que el conductor del vehículo oficial se desplazara a una velocidad excesiva, y en cambio sí “se infiere que el accidente tuvo como causa única una fuerza mayor”. Agregó que “...no se ha (sic) acreditado razones distintas como causa de la lesión y por lo tanto a esta apreciación o criterio debemos atenernos”.

II. Sentencia de primera instancia

Mediante Sentencia del 18 de diciembre de 1995, el Tribunal Administrativo de Cesar resolvió denegar las súplicas de la demanda. Fundamentó su decisión en la siguiente forma (fls. 209 a 221):

En primer lugar, expresó que, en el caso planteado, no se aplica el régimen de responsabilidad de falla del servicio presunta, sino el de falla probada, dado que se trata de la colisión de dos actividades peligrosas.

Consideró que, si bien está probado el daño sufrido por el profesor Hernando Miranda, es claro que éste no se produjo como consecuencia de una falla del servicio. En efecto, por una parte, no es reprochable el hecho de que el conductor hubiera recogido en la carretera al citado profesor. Por otra, el accidente no se produjo por una falla mecánica del automóvil oficial, sino por un hecho imprevisible e irresistible. Se remitió, al respecto, al relato contenido en la misma demanda sobre las circunstancias en que sucedieron los hechos, que citó textualmente, y concluyó, con fundamento en él, que la entidad demandada debe ser exonerada de responsabilidad.

III. Recurso de apelación

Dentro del término de ejecutoria de la Sentencia de primera instancia, la parte actora interpuso recurso de apelación, con fundamento en los siguientes argumentos (fls. 224, 225):

Expresó que el hecho de que se hubiera producido una colisión entre un vehículo oficial y otro de propiedad particular no constituye razón para inaplicar el régimen de falla del servicio presunta.

Manifestó, por otra parte, que los vehículos oficiales tienen como finalidad el cumplimiento de las tareas asignadas por los funcionarios encargados de su manejo, y, en consecuencia, es irregular que un automóvil que sale en comisión a otra ciudad regrese recogiendo pasajeros.

Consideró que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de una actividad peligrosa conlleva un riesgo, y, en este caso, quien la ejecutaba no demostró ser idóneo para ello. Si lo fuera, habría aminorado la velocidad ante la presencia de un vehículo que se desplazaba, en dirección contraria, con luces altas.

Finalmente, expresó que no existe la fuerza mayor alegada, “pues es por demás previsible, en el ejercicio de la peligrosa actividad de conducir, el estacionamiento de algún vehículo en la vía sin señales...”.

La apelación fue concedida mediante auto del 24 de enero de 1996 y admitida el 27 de marzo siguiente (fls. 227, 231). Corrido el traslado para alegar, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (fls. 233, 234).

IV. Consideraciones

a. Régimen de responsabilidad aplicable.

Teniendo en cuenta que tanto la parte demandante como el tribunal de instancia se refieren a la aplicación, en el presente caso, de un régimen de responsabilidad fundado en la falla del servicio, sea probada o presunta, la Sala considera necesario hacer las siguientes precisiones:

Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en Sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

“...Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...”(1).

Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración sólo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad.

A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado.

Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política(2). La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquéllas. En efecto, la conducción de vehículos automotores ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa.(3)

No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.

2. El caso concreto.

Con fundamento en las pruebas practicadas en el presente proceso, se encuentran demostrados estos hechos:

a) El 5 de octubre de 1994, resultó lesionado el señor Hernando Miranda Gonzalez, al accidentarse un vehículo automotor, en el que se transportaba. Sufrió fractura “conminuta” del hueso fémur izquierdo y pérdida de tres dientes superiores.

Así se desprende de la constancia expedida por el médico Víctor Rada Díaz y del dictamen rendido por el médico Ciro Zuleta, funcionario de la dirección regional de trabajo y seguridad social del Cesar, que obran a folios 17 y 97 del expediente.

En el primer documento, de fecha 16 de enero de 1995, se expresa, también, que el 30 de octubre de 1994, le fue practicado un procedimiento denominado “osteosíntesis” y que, en ese momento, el paciente iniciaba fisioterapia para recuperar la movilidad de la rodilla y fortalecer los músculos del muslo. En el dictamen, practicado el 22 de junio de 1995, se lee:

“EF. MI. izquierdo: Se encuentra pérdida de la arquitectura normal, tumefacción y entumecimiento de muslo y rodilla, se observa herida quirúrgica de + 30 cm de largo en región antero-externo del muslo, movimientos de flexión y extensión y rotación perdida en un 90%, existe acostamiento de este miembro de + 5 cm. dificultándole la marcha, usa muletas. Existe “bamboleo” en la pierna sobre el muslo. Laterización de pierna izquierda posiblemente por lesión de ligamentos laterales y meniscos.

Por todo esto es fundamental remitir al señor Miranda, donde el ortopedista... para establecer restablecimiento de sus traumas y secuelas y costo del tratamiento una vez tenga esta valoración especializada enviar nuevamente”.

Con fundamento en estos documentos, está demostrado, entonces, el daño sufrido por la víctima.

b) En relación con las circunstancias en que ocurrieron los hechos, obra en el proceso el testimonio del señor Carmelo Antonio Barrios Terán, quien expresó lo siguiente (fls. 156, 157):

“...el 5 de octubre de 1994, en una comisión oficial, de Barranquilla me trasladé a Curumaní, conmigo venía Lola Dávila a la altura de San Roque, cuando el profesor Miranda nos metió la mano (sic) y nos pidió un chance (sic) hasta aquí hasta Curumaní, había una mula estacionada sin luces, sin avisos y chocamos contra ella...”.

Se le preguntó sobre las afirmaciones contenidas en la demanda, en el sentido de que, en el momento del accidente, el vehículo oficial “venía a una velocidad aproximada de... 100 kilómetros por hora y la visibilidad era bastante escasa por ser de noche y por una llovisna (sic) pertinaz que estaba cayendo”, a lo cual contestó:

“Que venía a cien kilómetros no es cierto, la visibilidad no era escasa, simplemente era de noche y venía lloviendo”.

Interrogado sobre las posibles razones del accidente, dijo:

“Parte imprudencia de la mula por no tener ninguna clase de señales, y eso fue al salir de una curva iba entrando un bus que me encandiló y como la mula estaba parada y sin señales, chocamos contra ella”.

Este testimonio coincide, en algunos aspectos, con la narración contenida en la demanda y en su contestación, concretamente en cuanto éstas últimas aluden al cruce, en el camino, con un bus que no hizo el cambio de luces correspondiente, lo que produjo la pérdida total de visibilidad sobre la carretera por parte del conductor del vehículo oficial, y a la existencia de un tracto-camión mal aparcado, con la parte de atrás sobre la vía, que sólo pudo ser observado luego de que pasara el bus, lo que ocasionó la fuerte colisión, a pesar de haberse hecho uso inmediato de los frenos. Estos hechos, por lo anterior, pueden considerarse debidamente acreditados y permiten concluir que, en la producción del accidente, intervinieron terceras personas, cuya actividad es totalmente ajena a la entidad demandada.

Así pareció entenderlo también el Instituto de Tránsito y Transporte Departamental, con sede en Curumaní, quien resolvió, mediante Resolución 046 del 29 de noviembre de 1994, considerar al señor Alfredo Eduardo Ortiz Núñez, conductor del vehículo tracto-camión, de placas TA-7965, de propiedad de Eliécer Suárez Delgado, responsable del accidente antes mencionado, y condenar a dicho conductor y/o al propietario del vehículo, a pagar los daños causados a la camioneta de placas DVA-217 (fls. 53, 54).

Adicionalmente, por este acto administrativo se resolvió exonerar al señor Carmelo Barrios Terán, “conductor de la camioneta de placas DVA-217 de propiedad de la alcaldía Municipal de Curumaní de toda responsabilidad”.

En la parte considerativa de esta resolución, se lee:

“...De las pruebas recaudadas se infiere que el accidente se debió a imprudencia e infracciones del conductor de la tractocamión Alfredo E. Ortiz Núñez; y son: Mal estacionamiento, ya que no se encontraba fuera de la carretera; no tenía colocadas señales de peligro reglamentarias; no tenía luces de estacionamiento o las señales luminosas de peligro; el conductor de la tractocamión se ausentó del lugar de los hechos en forma fraudulenta. Lo anterior lo están aseverando los... únicos testigos presenciales de los... acontecimientos señores: Lola Esther Dávila Niebles Y Hernando Miranda Gonzalez”.

Se advierte que contra esta resolución procedían los recursos de reposición y apelación. No hay constancia en el expediente, sin embargo, sobre el trámite que se hubiera surtido con posterioridad a su expedición.

No obstante lo anterior, en opinión de la Sala, los hechos que se acaban de describir, imputables a personas diferentes de la entidad demandada y de sus agentes, no constituyen la causa exclusiva del daño y, por lo tanto, no pueden dar lugar a que se configure una causal de exoneración de responsabilidad.

En efecto, se contradicen las partes respecto de la velocidad a la cual se desplazaba la camioneta oficial. La parte actora expresa que viajaba a una velocidad aproximada de 100 km/h, mientras que la parte demandada afirma que el vehículo se desplazaba a 70 km/h y que este hecho fue reconocido por el profesor Miranda Gonzalez, al rendir testimonio ante la inspección de tránsito departamental. El conductor Barrios Terán se limita a negar lo expresado en la demanda, pero no aclara cuál era la velocidad exacta a la que se desplazaba.

El testimonio de Miranda, por lo demás, fue allegado al expediente. Expresó este declarante que venían “más o menos a una velocida (sic) de 70 a 80 kilómetros por hora” (fls. 55, 56).

Por lo anterior, debe considerarse probado que el vehículo oficial era conducido por el señor Barrios Terán a una velocidad no inferior a 70 km/h, la cual, sin duda, resulta excesiva, si se tiene en cuenta que, como él mismo lo acepta, era de noche y estaba lloviznando, circunstancias que agravan los riesgos propios de la conducción de automotores. En efecto, en las condiciones anotadas, se reduce la visibilidad; además, es evidente que el desplazamiento rápido sobre un pavimento mojado puede dificultar el control sobre el carro, especialmente si hay necesidad de hacer uso de los frenos de manera intempestiva.

Considera la Sala, adicionalmente, que este hecho contribuyó a la producción del accidente y, por lo tanto, del daño causado al profesor Miranda Gonzalez. En efecto, si el vehículo se hubiera desplazado a una velocidad prudente y ésta, además, se hubiera reducido en el momento en que se produjo el cruce con el bus que no efectuó el cambio de luces altas a bajas, seguramente, el uso oportuno de los frenos habría sido suficiente para evitar la colisión con el tracto-camión que se encontraba sobre la vía, o, por lo menos, dicha colisión no habría sido tan fuerte.

En este punto debe hacerse referencia al informe pericial que obra en el proceso, relacionado con el estado del vehículo oficial con posterioridad al accidente. En dicho informe se expresa (fls. 114 a 116):

“El... vehículo se encuentra totalmente destruido ya que tiene el motor desprendido e incrustado en la cabina, la caja de cambios se encuentra desprendida de los soportes que la sostienen (sic), toda la parte delantera del vehículo se encuentra arrugado (sic) en forma de acordeón, todo lo que fue defensa y guardafangos se encuentran (sic) incrustados (sic) en la parte delantera del vehículo, por lo que conceptuamos que se encuentra totalmente destruido”.

Constituye este informe un indicio que permite corroborar el desplazamiento del vehículo oficial a una velocidad excesiva. En efecto, el estado en que quedó éste último después del accidente permite inferir que la colisión fue muy fuerte, a pesar de que su conductor hizo uso de los frenos, lo cual no se explica sino teniendo en cuenta la alta velocidad a la que se desplazaba.

Así las cosas y dado que el hecho de un tercero sólo constituye causa de exoneración de responsabilidad cuando es exclusivo, es decir, cuando es la causa única del daño producido, se considera que, en este caso, el accidente en el que resultó lesionado el profesor Hernando Miranda Gonzalez es imputable a la actividad peligrosa desarrollada por el conductor del vehículo identificado con placa DVA-217 de Valledupar, conducido por el señor Carmelo Antonio Barrios Terán.

Por otra parte, teniendo en cuenta algunas afirmaciones hechas por la parte demandada, dirigidas a llamar la atención sobre la circunstancia de que el profesor Miranda fue quien solicitó al conductor del vehículo oficial que le hiciera el favor de recogerlo en la carretera y llevarlo hasta Curumaní, debe advertirse que la misma no podría considerarse, de ninguna manera, causa eficiente del accidente, ni de las lesiones sufridas por el citado profesor, a menos que se diera aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, claramente desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para efectos de establecer el nexo de causalidad. Por esta razón, no podría dar lugar a la configuración de la culpa de la víctima como causal de exoneración o de reducción de responsabilidad que operara en favor de la entidad territorial. Al respecto, son interesantes las precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo, presentadas en los siguientes términos:

“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño...

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño...”(4).

c) El día de los hechos, el señor Carmelo Barrios Terán desempeñaba el cargo de conductor - oficios varios, en la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Curumaní. Mediante Resolución 11 del 3 de octubre de 1994, fue comisionado para trasladarse, en misión oficial, a la ciudad de Barranquilla, durante los días 4 y 5 del mismo mes, a fin de comprar algunos productos requeridos para el normal funcionamiento de la empresa. Lo anterior se desprende de los documentos que obran a folios108 a 111 del expediente.

Con fundamento en este hecho, podría pensarse que la parte demandada, esto es, el municipio de Curumaní, carece de legitimación en la causa, dado que la actividad peligrosa no era desarrollada por un agente suyo cuando ocurrió el daño cuya indemnización se solicita.

No obstante, está probado dentro del proceso que el vehículo de placas DVA-217, conducido por el señor Carmelo Barrios Terán, era de propiedad de la citada entidad territorial. En efecto, si bien no obra en el expediente prueba directa de tal hecho, sí existen algunos indicios suficientes para inferirlo. Así, por ejemplo, se tiene que mediante la Resolución 046 del 29 de noviembre de 1994, expedida por el Inspector de Tránsito departamental, se decidió exonerar de toda responsabilidad por el accidente al señor Barrios Terán, en su condición de “conductor de la camioneta de placas DVA-217 de propiedad de la alcaldía Municipal de Curumaní”. De otra parte, en la contestación de la demanda se corrobora este hecho, cuando se expresa que “El 5 de octubre de 1994, el vehículo Toyota distinguido con las placas DVA 217, propiedad del municipio de Curumaní, transitaba por la carretera denominada la Troncal del Caribe, procedente de Barranquilla, lugar al que fue enviado para cumplir una comisión oficial...” (se destaca).

Así las cosas, está demostrado que el accidente mencionado se produjo por una colisión entre un automotor de propiedad del municipio de Curumaní y otro de propiedad particular. Existe, entonces, el denominado nexo instrumental, que permite tener por demostrada la participación de la entidad demandada en el ejercicio de la actividad peligrosa a la que, conforme a lo expresado anteriormente, resulta imputable el daño causado.

Poco importa, en estas condiciones, que el conductor del citado vehículo no estuviera vinculado laboralmente al municipio, sino a otra entidad pública y que la comisión oficial que se cumplía hubiera sido encargada por ésta última. En efecto, el hecho de que el municipio de Curumaní fuera el propietario del vehículo, hace presumir que tenía la guarda del mismo, y no está demostrado que ésta hubiera sido transferida, en virtud de alguna decisión administrativa, a la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Curumaní. Al respecto, resulta pertinente citar el fallo mencionado por la apoderada de la parte actora, en escrito presentado el 11 de mayo de 1998, en el cual se expresó lo siguiente:

“...la camioneta Luv, al momento del accidente, sí era de propiedad del departamento demandado. Si bien es cierto que no existe una prueba directa al respecto..., sí son varios los indicios que permiten llegar a esta conclusión...

(...)

Por otra parte, quedó en el vacío probatorio la calidad en la cual el señor Luis Simón Días Rivas conducía el automotor de propiedad de la demandada. La demandada niega que fuera su empleado, pero no da explicación alguna sobre la razón por la cual se desplazaba en un automotor de su propiedad. Lo anterior no constituye óbice para declarar la responsabilidad patrimonial del departamento de Sucre en relación con los daños causados en ese accidente, dado que el daño antijurídico fue causado con un instrumento del servicio, que sin saberse la razón, estaba en poder de un particular”(5).

d) Adjuntó el apoderado de la parte actora, con la demanda, varios documentos con los que pretende demostrar la existencia del daño emergente sufrido por la víctima, como consecuencia del accidente. Encuentra la Sala, sin embargo, que sólo dos de dichos documentos permiten su demostración. Uno de ellos es el recibo expedido por la doctora Noralba Vergel, bacterióloga el Laboratorio de la Clínica Valledupar, donde se hace constar que Hernando Miranda pagó, el 27 de octubre de 1994, la suma de $ 39.700, por concepto de una bolsa de sangre O+; debe anotarse que en los folios 10 a 13, obran cuatro órdenes de solicitud de sangre para el mismo paciente. El otro, corresponde a una factura cancelada por Hernando Miranda, el 3 de noviembre de 1994, por valor de $ 25.000, por concepto de un par de muletas para adulto (fls. 14, 15). Se recuerda que del uso de ellas se dejó constancia en el dictamen que obra a folio 97. Así, se concluye que está demostrado que el demandante hizo gastos, como consecuencia del accidente, por valor de $ 64.700.

Obra también en el proceso una constancia suscrita por Helbert Lozano Arias, en el sentido de que ha realizado 4 viajes expresos a la ciudad de Valledupar, a razón de $ 50.000, en un vehículo de su propiedad, transportando al señor Miranda, para atender citas médicas, en los meses de noviembre y diciembre de 1994, y enero y febrero de 1995. No se hace constar, sin embargo, que tales viajes fueron cancelados.

A folio 18, obra una factura, de fecha 26 de octubre de 1994, a cargo de María Martínez H., por valor de $ 24.600, correspondiente al precio de 6 vendas de yeso. No hay constancia de que dicha factura hubiera sido cancelada, ni de que tales vendas se hubieran utilizado para el tratamiento de Hernando Miranda.

Por último, a folios 19 a 22, obran tres boletos de pasaje de bus. En el primero, de Valledupar a Curumaní, por $ 15.000.00, consta que el pasajero era Hernando Miranda, pero no se indica la fecha del viaje. En el segundo, con destino Valledupar, por $ 5.000, consta la fecha: 27 de octubre de 1994, pero no se indica el nombre del pasajero. En el tercero, de fecha 15 de octubre de 1994, por valor de $ 9.000, de Valledupar a Curumaní, consta que el pasajero era Elsa Miranda. Sin duda, estos documentos no permiten acreditar la existencia de gastos efectuados por los demandantes, como consecuencia del accidente de Hernando Miranda Gonzalez.

Se condenará, entonces, a la entidad demandada, a pagar a Hernando Miranda Gonzalez, la suma de $ 64.700, por concepto de daño emergente, la cual se actualizará de acuerdo con el procedimiento adoptado por esta corporación, teniendo en cuenta la fecha de los respectivos pagos y la de esta sentencia. Así, se tiene que:

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Se concluye, entonces, que el valor total daño emergente, en valor presente, corresponde a la suma de $ 153.423.

e) El señor Hernando Miranda Gonzalez se desempeñaba, en la época del accidente, como profesor departamental, en el colegio nacionalizado Camilo Torres Restrepo, con sede en Curumaní, Cesar. Como consecuencia del accidente ocurrido el 5 de octubre de 1994, se le concedieron varias licencias por enfermedad, desde el 6 de octubre de 1994 hasta el 16 de junio de 1995. Así consta en los documentos que obran a folios 60, 112 y 166 del expediente.

Durante el período indicado, se nombró en su reemplazo al docente Jorge Eliécer Oliveros Borrero. Conforme a la comunicación que obra a folio 96 del expediente, expedida por el representante del Ministro de Educación en el departamento de Cesar y por el tesorero del FER-Cesar, al señor Oliveros se le cancelaron 55 días de trabajo, a partir del mes de marzo de 1995, “los cuales fueron descontados en la misma fecha al señor Hernando Miranda Gonzalez, de su salario”.

Se agrega, en la citada comunicación, que el 30 de mayo de 1995, el profesor Miranda radicó los documentos para cobrar el auxilio por enfermedad no profesional, los cuales fueron enviados a Santafé de Bogotá, donde debía surtirse el trámite respectivo.

Con fundamento en lo anterior, se opone la parte demandada al reconocimiento del lucro cesante solicitado en la demanda. En efecto, parece plantear que, dado que el señor Hernando Miranda Gonzalez tiene derecho al pago del auxilio por enfermedad, conforme a la ley laboral, es claro que no dejó de percibir suma alguna como consecuencia del accidente sufrido. Este argumento, sin embargo, carece de base jurídica, dado que la obligación a cargo de la respectiva empresa de seguridad social tiene causa y objeto diferentes a los de la obligación de reparación a cargo del autor del daño, razón por la cual el pago efectuado por aquélla no tiene carácter indemnizatorio y, por lo tanto, no extingue la obligación a cargo de éste último. Al respecto, comparte la Sala lo expresado por el doctor Javier Tamayo Jaramillo:

“Cuando la voluntad del tercero que otorgó una prestación a la víctima, a raíz del daño, no tiene como causa final pagar a nombre del responsable y extinguir la obligación de este, la víctima tiene perfecto derecho a acumular la prestación entregada por el tercero y la indemnización debida por el responsable, a no ser que haya una norma especial que lo prohíba...

En efecto, de acuerdo con el artículo 1630 del Código Civil, para que se entienda extinguida la obligación del deudor por pago hecho por un tercero, se requiere que este haya tenido la intención de pagar a nombre del deudor. De lo contrario, la obligación subsiste y el pago efectuado tendrá una causa jurídica diferente.

(...)

Para nosotros, la indemnización no se produce por el simple hecho de que la víctima reemplace o repare el bien que ha sido afectado por el responsable. En sentido jurídico, la indemnización consiste en la extinción, mediante el pago, de la obligación del causante del perjuicio...

El hecho de que por causa de otra obligación legal o de liberalidad de un tercero se entregue a la víctima un bien similar al destruido, no significa que la indemnización se ha realizado. Solo indemniza aquella prestación que, valga la redundancia, extingue la obligación de indemnizar, que solo está en cabeza del responsable...

(...)

...No se trata de una sola obligación con varios obligados, pues no hay solidaridad entre ellos, o de obligaciones alternativas o subsidiarias. No. Estamos frente a dos obligaciones distintas, con objeto, causa y deudores diferentes e independientes que, por tanto, pueden coexistir en cabeza de la víctima, salvo que la ley, en forma expresa, lo prohíba. Por ello nunca podrá hablarse de enriquecimiento ilícito de la víctima. Por el contrario, sería el responsable quien se enriquecería ilícitamente si no se permitiera el cúmulo, pues... tampoco quien pagó a la víctima puede reclamarle.

(...)

Cuando la víctima de un hecho ilícito ha recibido... el pago total o parcial del lucro cesante por incapacidad, según las normas de la seguridad social, se plantea entonces el mismo problema de saber si en tales circunstancias el perjudicado puede también reclamar al responsable la reparación de su daño.

Acá, la solución es la misma que se da cuando se trata de seguros particulares o privados. En efecto, el seguro social, al dar asistencia médica a la víctima o al pagar su incapacidad laboral no está extinguiendo la obligación del causante del perjuicio sino la propia, y, en consecuencia, el daño no ha sido indemnizado...

Así las cosas, mientras no haya una norma específica similar al artículo 1096 del Código de Comercio. Que subrogue al seguro social o a la entidad que haga sus veces (cajas de previsión, etc.) en los derechos de la víctima frente al responsable, el perjudicado podrá perfectamente, acumular las dos prestaciones, pues... estas tienen causas jurídicas diferentes...”(6).

Estos argumentos son coincidentes con lo expresado por la corporación en diversas ocasiones(7). Resulta pertinente, recordar, de manera especial, los siguientes planteamientos, expuestos por la Sala Plena, en Sentencia del 7 de febrero de 1995, al resolver un recurso extraordinario de súplica, interpuesto contra un fallo fundado en una tesis contraria a la sostenida, por la citada Sala, en pronunciamientos del 13 de diciembre de 1983 y el 27 de marzo de 1990 (exp. S-247). Se precisó, en aquella oportunidad:

“...la Sala estima en este momento que es menester rectificar la jurisprudencia anterior y acoger como nueva doctrina de la corporación que sostiene la sentencia suplicada, pues es incuestionable que las prestaciones sociales reconocidas a la cónyuge supérstite y demás causahabientes tienen como fuente la relación jurídico laboral del causante con la administración pública, en tanto que la indemnización reconocida en el proceso en cuestión se apoya en la falla del servicio.

De suyo, la relación laboral engendra una serie de derechos autónomos, independientemente de que el funcionario o sus causahabientes, herederos o beneficiarios, según el caso, puedan invocar una indemnización plena y ordinaria de perjuicios en caso de lesión invalidante o de muerte; máxime cuando este resarcimiento pecuniario nada tiene que ver con esa prestación de servicio subordinados.

Por consiguiente, no existe justificación de ninguna clase para ordenar el descuento del valor de las prestaciones sociales reconocidas... pues son obligaciones jurídicas con una fuente distinta, en frente de las cuales no cabe la compensación que se daría al disponer el descuento...

(...)

Las prestaciones sociales que le fueron reconocidas a la demandante y a sus hijos tienen su causa en la ley... por virtud del vínculo laboral que existió entre la administración pública y su esposo y padre,... y es importante dejar sentado que debían reconocerse... aun en el supuesto de que el causante hubiese fallecido de muerte natural. O sea, que a través de ese reconocimiento no se le está otorgando ninguna indemnización a esas personas, sino simplemente pagándoles unas prestaciones sociales a las que tienen vocación por razón del nexo laboral de su causante.

En cambio, la indemnización de perjuicios que se les reconoció separadamente en el proceso citado, tiene su origen y fundamento en la falla del servicio que produjo la muerte del agente...”.

Por lo demás, en el presente caso no existe claridad sobre cuál es la entidad de seguridad social a la que se encontraba afiliado el profesor Miranda Gonzalez. No está demostrado, tampoco, que aquélla hubiera efectuado pago alguno, y mucho menos que esté autorizada la subrogación, por su parte, en el derecho de la víctima contra el autor del daño, caso en el cual la acumulación de las dos acciones estaría tácitamente prohibida. Así las cosas, deberá condenarse a la entidad demandada a pagar a Hernando Miranda Gonzalez el valor de los salarios dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo incapacitado.

Conforme a los documentos antes mencionados, se advierte que le fueron concedidas diferentes licencias por incapacidad, por el período comprendido entre el 6 de octubre de 1994 y el 16 de junio de 1995. No está probado que hubiera continuado incapacitado con posterioridad a la última fecha indicada. De otra parte, en la certificación que obra a folio 112, expedida por el tesorero pagador del FER del Cesar, el 27 de junio de 1995, se hizo constar lo siguiente:

“Que Hernando Miranda Gonzalez... presta sus servicios al departamento del Cesar en calidad de docente con una asignación mensual de trescientos cincuenta y seis mil ochocientos sesenta y siete pesos ($ 356.867) m/cte, discriminado así:

Año 1995

Sueldo básico$ 348.387

Sobresueldo

Prima de transporte

Prima de alimentación$ 8.480

Prima de grado

Prima de clima

Prima de escalafón

(...)”.

No se probó, en el proceso, cuál era el valor del salario devengado por el profesor Miranda durante el año 1994. Sin embargo, éste puede establecerse, teniendo en cuenta que el gobierno fija anualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, el valor de la asignación mensual para los distintos grados del escalafón nacional docente, correspondiente a los empleados docentes de carácter nacional o nacionalizado. Así, al revisar el Decreto 82 de 1995, se encuentra que la asignación básica devengada por Miranda durante ese año, según la certificación antes citada, estaba prevista para los docentes del grado 10°. Para el año 1994, la asignación prevista para el mismo grado era de $ 292.762, según consta en el artículo 1º del Decreto 52 de 1994.

Se concluye, entonces, que la asignación mensual correspondiente al profesor Miranda, devengada durante el año 1994, fue de $ 292.762.

Aplicando la fórmula utilizada reiteradamente por esta corporación, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (devengada por la víctima al momento del accidente, esto es, en el mes de octubre de 1994), multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes del hecho dañino, conforme a las certificaciones del DANE.

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Con fundamento en lo anterior, se efectúa la liquidación respectiva, cuyas bases son las siguientes:

Víctima: Hernando Miranda Gonzalez

Fecha de iniciación de la incapacidad: 6 de octubre de 1994

Fecha de terminación de la incapacidad: 16 de junio de 1995

Indemnización debida: 8,33 meses

Liquidación:

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Esta suma corresponde, entonces, al valor debido al profesor Miranda Gonzalez, por concepto de lucro cesante, correspondiente a los salarios dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo incapacitado, como consecuencia del accidente imputable a la parte demandada.

f) Se refiere el apoderado de la parte actora, adicionalmente, a que Hernando Miranda Gonzalez trabajaba durante los sábados, domingos y días feriados, “con dos vehículos de su propiedad, uno conducido por él y el (sic) otro le designa chofer, haciendo viajes particulares dentro del municipio y fuera de él, lo cual le representaba una entrada económica... que hoy no recibe, al tener que inmovilizar los vehículos, como consecuencia de su estado de salud”.

Obra en el proceso el certificado expedido por el Instituto de Tránsito y Transporte del Atlántico, el 23 de junio de 1995, donde consta que Hernando Miranda Gonzalez es propietario de una camioneta Willys, de placas RAH-896, modelo 1969. Se concluye, con fundamento en este documento, que el profesor Miranda tenía, en la fecha indicada, el derecho de propiedad sobre dicho vehículo, pero no está demostrado que ya lo hubiera adquirido en la época del accidente. Se advierte, además, que en el certificado mencionado se expresa que el carro está destinado al servicio particular.

También obran en el proceso algunos testimonios relacionados con este aspecto de la demanda, recibidos todos el 12 de julio de 1995. La señora Graciela Mogollón de Mogollón expresó (fls. 134, 135):

“El tiene dos tres (sic) carros, cuando el accidente tenía dos y ahora tiene tres, creo que ese otro carro amarillo es de él porque lo veo estacionado, ahí en la casa, cuando él no estaba en clase lo veía ocasionalmente manejando los carros”.

Interrogada sobre si dichos carros continúan en servicio, dijo: “Yo veo un carro con algunas tinas leches (sic), de los otros no sé”.

Isabel Rodelo Martínez, por su parte, manifestó lo siguiente, al ser interrogada sobre qué ocupaciones desarrollaba Hernando Miranda, además de la docencia (fls. 136, 137):

“Yo le conocí que tiene un carrito ahí, pero el carro se lo manejaba un muchacho que no le sé el nombre, me parece a mí que le hacían viajes en el carro, era un solo carro, ahora veo otro carro ahí en la puerta... como color amarillito, no sé qué clase de carro... No sé qué es lo que hacen esos carros...”.

Se le formuló una nueva pregunta, insistiéndole sobre si conocía otra ocupación de Miranda, distinta a la docencia, y dijo: “Yo lo conozco como profesor”.

Finalmente, a María Contreras Villegas se le preguntó si Hernando Miranda desarrollaba alguna actividad distinta a la docencia, en el momento del accidente, a lo cual contestó (fls. 139, 140):

“Maneja, viven de unos carros que tienen ahí, tiene tres carros, son de viajes, hacen viajes, uno trabaja vendiendo leche, los carros siguen normalmente en su actividad, aun estando él accidentado”.

Concluye la Sala, con fundamento en estos testimonios, que no está probada la existencia del perjuicio material, en forma de lucro cesante, reclamado por la parte actora, consistente en las sumas dejadas de percibir por la explotación de algunos vehículos automotores. En efecto, no está demostrado que la explotación de dichos vehículos fuera realizada directamente por él, en calidad de conductor. No ofrecen suficiente claridad al respecto los testimonios citados. De otra parte, una de las declarantes es enfática al precisar que dichos vehículos continuaron su actividad normal luego de ocurrido el accidente, y no se aportó prueba alguna dirigida a demostrar que Miranda Gonzalez hubiera tenido que incurrir en un gasto adicional, para pagar un salario a un conductor que lo reemplazara durante los fines de semana y días festivos, gasto que, además, no habría implicado un lucro cesante, sino un daño emergente. No podrá reconocerse, en consecuencia, el perjuicio solicitado.

g) Francisco José y Alexandra Miranda Betancourt, así como Rubén Darío, Elssy Johana y Jadir Hernando Miranda Martínez son hijos de Hernando Miranda Gonzalez. Lo anterior consta en los certificados de registro civil de nacimiento que obran a folios 4 a 8 del expediente. En la época del accidente, aquéllos contaban con 17, 16, 12, 8 y 7 años de edad, respectivamente.

Hernando Miranda Gonzalez convivía, en esa misma época, con María Edith Martínez Hernández, su compañera permanente, quien es madre de los menores Miranda Martínez. Así se desprende de los testimonios rendidos dentro del proceso por Graciela Mogollón de Mogollón, Isabel Robledo Martínez y Cielo María Contreras Villegas (fls. 134 a 137, 139, 140), vecinas de la familia. Expresan estas declarantes que, en la misma casa, vivían el profesor Miranda, su compañera, sus tres hijos y Francisco José Miranda Betancourt, hijo del primero. Adicionalmente, Graciela Mogollón de Mogollón manifiesta que la otra hija del profesor, esto es, Alexandra, vivía en Valledupar, pero dependía económicamente de su padre.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado por esta Sala recientemente, en relación con la prueba del parentesco y su valoración, como indicio, para efectos de construir una presunción que permita establecer la existencia del daño moral(8), se concluye lo siguiente:

Aplicando las reglas de la experiencia, puede presumirse que entre los padres y los hijos existen fuertes lazos de afecto y, por lo tanto, sufren los unos con la desaparición o el padecimiento de los otros. Así las cosas, en este caso, puede tenerse por demostrado, con fundamento en los indicios antes mencionados —esto es, la relación de parentesco y la convivencia, respecto de unos, y la de parentesco y dependencia económica, que implican una relación de ayuda y protección respecto de Alexandra Miranda, quien vivía en Valledupar—, que los hijos de Hernando Miranda Gonzalez sintieron una gran preocupación y angustia, al ver a su padre lesionado e impedido físicamente, al punto de tener que abandonar, por un tiempo, su actividad laboral.

Algo similar puede decirse de su compañera permanente, esto es, la mujer con quien comparte su vida y con la que ha procreado tres hijos, circunstancias que, sin duda, dan lugar a la construcción de una comunidad de intereses vitales, marcados y dirigidos por el afecto, que, de igual manera, permiten presumir su dolor frente al sufrimiento de Hernando Miranda.

En relación con la víctima, no cabe duda que la presunción del perjuicio moral puede construirse con fundamento en la prueba del daño físico sufrido por él, sobre el cual existen en el proceso suficientes elementos de convicción. En efecto, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afectaciones de los sentimientos, cuando vean disminuidas su salud y sus facultades físicas.

Ahora bien, es claro que la tasación del perjuicio extrapatrimonial, dada su especial naturaleza y el objetivo de la indemnización, que no puede ser sino compensatorio, corresponde al juzgador, quien, con fundamento en su prudente juicio, debe establecer, en cada situación concreta, el valor que corresponda. En este caso, considera la Sala que deben tenerse en cuenta la naturaleza de las lesiones sufridas y sus secuelas, conforme a lo expresado por los peritos dentro del proceso, en informe al que ya se ha hecho referencia. Debe tenerse en cuenta, también, que no está demostrado que dichas lesiones hubieran causado a la víctima una invalidez permanente; por el contrario, de los informes médicos y las certificaciones expedidas en relación con las licencias otorgadas, se deduce que ésta tuvo carácter transitorio, lo que permite inferir su retorno a las actividades normales, una vez superado el período de incapacidad, situación que hace previsible su recuperación espiritual y emocional, pasados algunos meses.

Así las cosas, se condenará a la entidad demandada a pagar a los demandantes, la suma de dinero correspondiente al valor de las siguientes cantidades de gramos de oro: para Hernando Miranda Gonzalez, 500 gramos de oro; para María Edith Martínez Hernández, 250 gramos de oro, y para cada uno de los hijos, 100 gramos de oro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar, el 18 de diciembre de 1995, dentro del presente proceso, y se dispone, en su lugar, lo siguiente:

DECLÁRASE al municipio de Curumaní patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia del accidente ocurrido el 5 de octubre de 1994, en la carretera que conduce de Barranquilla a Curumaní.

CONDÉNASE al municipio de Curumaní a pagar a Hernando Miranda Gonzalez, la suma de ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos veintitrés pesos ($ 153.423), por concepto de daño emergente, y la suma de cinco millones novecientos doce mil doscientos setenta y cuatro pesos ($ 5.912.274), por concepto de lucro cesante.

CONDÉNASE al municipio de Curumaní a pagar a los actores, por concepto de perjuicios morales, las siguientes cantidades: a Hernando Miranda Gonzalez y a María Edith Martínez Hernández, las sumas de dinero equivalentes al valor de quinientos (500) y doscientos cincuenta (250) gramos de oro, respectivamente; y a cada uno de los demandantes Francisco José y Alexandra Miranda Betancourt, y Rubén Darío, Elssy Johana y Jadir Hernando Miranda Martínez, la suma de dinero equivalente al valor de cien (100) gramos de oro.

Estas cantidades se pagarán atendiendo el valor del gramo de oro en la fecha de ejecutoria de esta providencia, conforme a la certificación que, para el efecto, expida el Banco de la República.

DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Elena Giraldo Gómez—Alier E. Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar—Jesús María Carrillo Ballesteros.

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección III, 20 de febrero de 1989, exp. 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

(2) Ver, entre otras, Sentencia de la sección III, del 16 de junio de 1997, exp. 10024, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(3) Ver, en el mismo sentido, Sentencia del 16 de marzo de 2.000, exp. 11.670. Actor Martiniano Rojas y otros.

(4) TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2., Santafé de Bogotá, 1996. pp. 245, 246.

(5) Consejo de Estado, S.C.A. sección tercera, Sentencia del 22 de octubre de 1997, exp. 11.814. Actor: Nelson Cuavas Ramos, M.P. Daniel Suárez Hernández.

(6) TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil. De los perjuicios y su indemnización. Edit. Temis, 2ª reimpresión. Tomo II, Santafé de Bogotá, 1996. pp. 187 a 206.

(7) Ver, entre otras, sentencias de la sección tercera de fechas 12 de septiembre de 1991, exp. 6572; 20 de noviembre de 1995, exp. 10.488; 20 de marzo de 1997, exp. 11.183.

(8) Sentencia del 18 de mayo de 2000, exp. 12.053. Actor: Ever Antonio Rosero y otros, M.P. Alier Hernández Enríquez.