Sentencia 11688 de mayo 4 de 2001 

C ONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

COBRO DE IMPUESTOS DISTRITALES

APLICACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS NACIONALES

EXTRACTOS: «Conforme al recurso interpuesto por la parte demandada, la controversia en la instancia se centra en establecer cuál es la norma reguladora de la prescripción de las deudas a cargo de la sociedad actora, concretamente, si el término se cuenta desde la vigencia del Decreto-Ley 1421 de 1993, o desde la del Decreto 807 de 1993.

El tribunal con fundamento en el artículo 162 del Decreto-Ley 1421 de 1993, consideró que con la publicación de dicho estatuto orgánico de Bogotá se inició el conteo del término de prescripción, sin necesidad de remitirse al Decreto 807 de 1993.

Por su parte, el recurrente aduce que la prescripción tendría que contarse a partir de la vigencia del Decreto 807 de 1993, dado que se requería dar cumplida aplicación al artículo 176 del Decreto 1421 de 1993, en lo concerniente a la “armonización” de las disposiciones incorporadas, la que se surtió con la expedición del Decreto 807 de 1993, y por ello no puede contabilizarse sino conforme a las previsiones del artículo 137 del citado decreto y a partir de su vigencia, esto es el 20 de diciembre, por cuanto mediante este ordenamiento se armonizó la remisión expresa que el citado artículo 162 del Decreto 1421 de 1993 hizo al estatuto tributario nacional.

Observa la Sala, que en virtud de la norma de transición contenida en el artículo 41 de la Carta, fue expedido el Decreto-Ley 1421 de 1993, estatuto orgánico del distrito, cuerpo que entre otros, en los artículos 162 y 176 previó:

“ART. 162.—Remisión al estatuto tributario. Las normas del estatuto tributario nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, cobro y en general la administración de los tributos serán aplicables en el Distrito conforme a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos de éste.

ART. 176.—Régimen de transición. Con el fin de asegurar la vigencia efectiva de las disposiciones del presente estatuto y de evitar las dificultades y litigios que puedan surgir de posibles vacíos normativos, adóptanse las siguientes disposiciones transitorias: (...).

2. El gobierno Distrital definirá por una sola vez la composición de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y la forma de designación de aquellos miembros cuyo nombramiento no corresponda al Alcalde Mayor; adoptará la nomenclatura de los cargos de la veeduría y su escala de remuneración; expedirá las normas estrictamente necesarias para armonizar las disposiciones vigentes en el Distrito con los preceptos de este estatuto sobre las siguientes materias: carrera administrativa, régimen presupuestal y fiscal y trámite de los asuntos que en virtud de este decreto deban ser decididos por autoridades distintas de las que los venían conociendo o respecto de los cuales hayan cambiado su procedimiento, recursos e instancias.

Los decretos que para cada caso dicte el gobierno Distrital, serán presentados como proyecto de acuerdo al concejo dentro de los tres (3) días siguientes a su promulgación. El concejo podrá modificarlos con sujeción a las disposiciones de este decreto.

En el evento de que dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de este estatuto, el Alcalde Mayor no expida las normas a que se refiere el numeral 2º del presente artículo, el concejo, dentro de los seis meses subsiguientes, podrá dictar acuerdos sobre dichas materias, aun cuando los mismos requieran iniciativa del Alcalde Distrital” (subrayas de la Sala).

De las normas transcritas surge, que entre las modificaciones a las normas vigentes adoptadas por el Decreto 1421, en el artículo 162, dispuso la remisión a las normas del estatuto tributario nacional acerca de “procedimiento, … cobro y en general la administración de los tributos...”, ordenándose su aplicación en el Distrito, “conforme a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos de éste”.

Así mismo, como se desprende del artículo 176 y con la expresa finalidad “de asegurar la efectiva vigencia” de las nuevas disposiciones y prever dificultades o litigios que pudieran surgir de “posibles vacíos normativos”, justamente por estimarse que la remisión sin adecuación al esquema local, por insuficiencia normativa, no permitía la aplicación directa de las previsiones de dicho estatuto, y que por ende se requería de la intervención de las autoridades distritales para implantar sus disposiciones y armonizarlas con las normas vigentes, en virtud del mecanismo de transición creado por el artículo 176, numeral 2º, se autorizó al “gobierno Distrital” para expedir “las normas estrictamente necesarias para armonizar las disposiciones vigentes en el Distrito con los preceptos de este estatuto”, entre otras, en lo atinente al régimen fiscal.

Así mismo, los decretos que fuera necesario expedir, debían a los tres días ser sometidos a la consideración del concejo Distrital, como proyectos de acuerdo.

Se observa entonces, que se precisaba de la intervención posterior, dentro del sistema implantado por el artículo 176, del órgano competente, esto es el concejo Distrital, la que no se hizo y por ello, el Alcalde Mayor de la ciudad invocando en especial las facultades conferidas por los artículos 38, numeral 14, 161, 162 y 176 numeral 2º del estatuto orgánico de Santafé de Bogotá, expidió el Decreto 807 de 1993, “por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el estatuto tributario nacional y se dictan otras disposiciones”.

Considera la Sala entonces, que no era dable ignorar lo dispuesto en el artículo 176 del Decreto 1421 de 1993, y en una interpretación aislada, dar aplicación directa al artículo 162 del mismo estatuto. Tal sentido lo corrobora el Decreto 807 de 1993, que en su artículo 163 expresamente prevé:

“ART. 163.—Aplicabilidad del estatuto tributario nacional a las actuaciones tributarias distritales. La remisión al estatuto tributario nacional señalada en el artículo 162 del Decreto 1421 de 1993, se entenderá aplicable sólo a partir de la vigencia del presente decreto.

En consecuencia las disposiciones relativas a los procedimientos tributarios que por este decreto se armonizan con el estatuto tributario nacional en cumplimiento del artículo 176 del Decreto 1421 de 1993, se aplicarán a las actuaciones que se inicien a partir de su vigencia, sin perjuicio de la aplicación especial en el tiempo que en forma expresa se contempla para algunas disposiciones”.

Además dicho cuerpo normativo contenido en el Decreto 807 de 1993, en el artículo 140 regula el “cobro de las obligaciones tributarias distritales” y al efecto establece que debe seguirse el procedimiento administrativo de cobro establecido en el título VIII del libro quinto del estatuto tributario. De manera que de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, si se elige la norma posterior, la prescripción no empezaría a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiera empezado a regir, para el caso el Decreto 807 de 1993, como lo entendió la administración, resultando oportuna la actuación».

(Sentencia de mayo 4 de 2001. Radicación 11.688. Consejero Ponente: Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié).

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