Sentencia 11754 de septiembre 18 de 1997

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Rad. 11754

Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves

Demandado: La Nación - Ministerio de Justicia

Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 27 de octubre de 1995, mediante la cual se dispuso:

“Negar las pretensiones de la demanda”

I. Antecedentes procesales

1. Lo que se demanda.

En escrito presentado ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 28 de abril de 1994, por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el art. 86 del C.C.A., el señor Jairo Hernán Martínez Nieves, formuló demanda en contra de La Nación - Ministerio de Justicia, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Declarar que la Nación - Ministerio de Justicia, es administrativamente responsable por los daños y perjuicios morales y materiales, causados a mi Poderdante Jairo Hernán Martínez Nieves, como consecuencia de la detención injusta a que fue sometido durante el período del 4 de Junio de 1.990 al 18 de Marzo de 1.993 en las instalaciones de la Cárcel de Villa-Hermosa de Cali, es decir 33 meses y 13 días conducta que obedeció a fallas en las (sic.) prestación del servicio de a la (sic.) administración de Justicia.

“2. Como consecuencia de la declaración anterior condenar a La Nación - Ministerio de Justicia a pagar al Sr. Jairo Hernán Martínez Nieves los salarios que había podido devengar con su trabajo durante el período del 4 de junio de 1.990 hasta el 18 de Marzo de 1.993, incluyendo prestaciones sociales, teniendo en cuenta la corrección monetaria que equivalen al lucro cesante y daño emergente.

“3. Condenar a la Nación - Ministerio de Justicia a pagar al Sr. Jairo Hernán Martínez Nieves el equivalente a MIL gramos oro por concepto de perjuicios morales.

“4. Para las sumas anteriores que ha de condenar a la Nación - Ministerio de Justicia a pagar a mi Poderdante la corrección monetaria, conforme al Certificado que expida el Banco de la República para la época del fallo.

“5. Ordenar que la Nación - Ministerio de Justicia, ejecute la sentencia en los términos del Art. 176, 177, 178 del C.C.A.”:

2. Los hechos.

Invocó el demandante como sustento de sus pretensiones que fue vinculado a una investigación penal por el delito de homicidio y detenido el 4 de julio de 1990 y enviado a la Cárcel de Villa Hermosa de Cali. Relata el demandante que la investigación la conoció inicialmente el Tribunal de Orden Público de Cali, quien la envió por competencia luego al Juzgado Regional de Santafé de Bogotá, despacho este que mediante sentencia de 9 de febrero de 1993 decretó la absolución del señor Jairo Hernán Martínez Nieves, entre otros implicados, respecto de la imputación que por el delito de homicidio se le había hecho, fallo que fue confirmado por el Tribunal Nacional el 10 de agosto de 1993. Como consecuencia de la absolución se decretó la libertad inmediata del demandante el día 18 de marzo de 1993. Relata el actor que durante su privación injusta no pudo suministrar alimentos a su madre y otros gastos que sufragaba, así como tampoco pudo devengar el salario que habitualmente obtenía con su trabajo. Igualmente destaca que el daño moral causado por la privación de la libertad es evidente.

3. La actuación procesal.

Notificada la demanda al Ministerio de Justicia mediante apoderado la contestó limitándose a aceptar varios hechos. A manera de defensa citó una jurisprudencia de esta corporación mediante la cual sugiere que los individuos han de soportar la carga de la investigación del Estado. Sostuvo el demandado que la detención de Martínez Nieves no fue un acto caprichoso ni arbitrario e hizo suyas las consideraciones de la Sala del Tribunal Nacional que conoció en segunda instancia del proceso que por homicidio se adelantó en el sentido de que la conducta de los implicados dentro del proceso no estaría libre de toda sospecha, a la vez que habría sobrevenido la absolución para los implicados por la aplicación del principio legal y doctrinal del In dubio pro reo. A manera de excepción propuso la de indebida representación de la parte demandada, pues en su sentir la Nación debió comparecer representada por el Fiscal General de la Nación.

Practicadas las pruebas y realizada la audiencia de conciliación sin que se hubiera logrado acuerdo se corrió traslado para alegar, derecho del que hicieron uso ambas partes. El demandante consideró que quedó debidamente acreditado mediante la prueba documental obrante en el expediente que el demandante estuvo privado de la libertad de manera injusta por espacio de 33 meses, que de conformidad con el art. 414 del Código de Procedimiento Penal existe el derecho a la indemnización, la cual de conformidad con el art. 90 de la Constitución Nacional compromete la responsabilidad patrimonial del Estado, responsabilidad que en el presente caso ha de ser objetiva por así haberlo aceptado esta corporación.

El demandado por su parte en igual oportunidad considera que la detención del demandante no fue injusta sino consecuencia del desarrollo de la investigación de naturaleza penal, la encuentra ajustada a derecho. Resalta el hecho de que el demandante no demostró el error en que habría incurrido el Tribunal de Orden Público de Cali y llama la atención sobre la circunstancia de que el demandante sí resultó condenado por una conducta punible diferente al homicidio —cohecho por ofrecer—, lo cual en su sentir justificó la detención del demandante dentro del proceso penal que se adelantó.

4. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de octubre 27 de 1995, profirió sentencia de mérito negando las súplicas de la demanda al considerar con apoyo en providencia de esta corporación de octubre 1 de 1992, Expediente 7058, magistrado ponente Dr. Daniel Suárez Hernández, que si bien existe la responsabilidad estatal por la falla en el servicio judicial, se reclama que la acción de la autoridad esté incursa en una conducta abiertamente contraria a derecho, pues no se trata de responsabilizar al Estado por las simples equivocaciones conceptuales en que incurra el juzgador. Consideró el Tribunal que en el caso concreto la vinculación del demandante al proceso penal en calidad de sindicado se dio con base en la prueba de indicios que mediaba en su contra y no producto de un acto abiertamente ilegal o arbitrario. De la misma manera sostuvo que el demandante fue absuelto en segunda instancia por el beneficio de la duda, lo cual indica en su sentir, que no estaba “libre de cualquier sospecha”, tal cual lo sostuvo el tribunal de segunda instancia dentro del proceso penal.

5. El recurso de apelación.

Inconforme el demandante con la decisión adoptada la impugnó mediante la interposición del recurso de apelación, solicitando la revocatoria sobre la base de que el fundamento de su demanda es el derecho consagrado en el art. 414 del C.P.P., norma que en su sentir impide hacer consideraciones de tipo subjetivo, cuando se ha acreditado el hecho de la detención y el de la absolución. Considera el impugnante que de conformidad con el artículo precitado y el art. 90 de la Constitución Política no hay lugar a una interpretación diferente.

II. Consideraciones de la Sala

La sentencia impugnada habrá de ser revocada para en su lugar condenar a la Nación - Ministerio de Justicia en atención a los hechos y razones que a continuación se exponen:

El debate central sobre la existencia del perjuicio causado al demandante por la privación de la libertad de que fue objeto, dentro de la investigación de carácter penal adelantada por los jueces del conocimiento, supone la consideración de la perspectiva normativa con arreglo a la cual debe decidirse el presente asunto a saber:

De una parte, el art. 90 de la Constitución Política como se sabe exige el acreditamiento del daño antijurídico y de la imputabilidad de dicho resultado perjudicial a la acción u omisión de las autoridades jurisdiccionales que conocieron de la investigación de carácter penal que ha dado lugar a la presente demanda. De otra, la exigencia contenida en el art. 414 del C.P.P. en lo atañedero a la absolución de la parte demandante mediante sentencia definitiva, hecho este que, otorga al titular del derecho fundamental de la libertad vulnerado, el derecho a ser indemnizado por la privación de la libertad que le haya sido impuesta siempre y cuando la misma no encuentre su causa en el dolo o culpa grave del perjudicado.

Se encuentra acreditado con prueba documental obrante a folio 2 del cuaderno 2 que el señor Jairo Hernán Martínez Nieves estuvo recluido en la cárcel del Distrito Judicial de Cali desde el 11 de julio de 1989, como sindicado de homicidio por orden del Juzgado Segundo de Orden Público, privación de la libertad que se prolongó hasta el día 16 de marzo de 1993, de todo lo cual da cuenta la certificación allegada por el Ministerio de Justicia - Instituto Nacional Penitenciario, documento público debidamente incorporado al presente asunto.

También se acreditó con copias debidamente incorporadas al expediente que el Juez Regional de Santafé de Bogotá mediante providencia de febrero 9 de 1993 dentro del expediente 9354 que por homicidio conoció dicho funcionario, profirió sentencia absolutoria respecto de los cargos que por homicidio se le endilgaron al señor Jairo Martínez Nieves, sentencia esta de primera instancia que fue confirmada en todas sus partes mediante providencia proferida por el Tribunal Nacional el 10 de agosto de 1993. (cfr. fls. 6 a 18 y 25 a 54 del cuaderno 2).

En lo que hace a los motivos por los cuales el hoy demandante obtuvo absolución respecto del cargo que por homicidio se le formuló, de las anteriores providencias se extrae que la razón fundamental por la cual se produjo dicha decisión se contrajo a la falta de prueba que permitiera incriminar a dicho sujeto procesal. En efecto, adelantada la valoración probatoria por parte del Juzgado Regional de Santafé de Bogotá, se tiene que como consecuencia de “conjeturas iniciales” se incriminó al comienzo de la investigación al señor José Harvey Zapata Castro, persona esta que una vez detenida formuló cargos contra varias personas entre ellas el señor Jairo Martínez a quien le imputó la autoría material del homicidio perpetrado en la persona de Jaime Vallejo.

Analizado el contenido de la valoración probatoria allegada al presente proceso se observa, que en sentir del propio funcionario que por conocimiento conoció en primera instancia de la investigación, no existió, respecto del señor Jairo Martínez, ninguna prueba que lo incriminara directamente como autor material de dicho delito. Por el contrario, se constató, la inexistencia en toda la investigación de prueba directa que incriminara a los acusados. A folio 33 del cuaderno 2 se lee lo siguiente:

“Acertadamente se ha afirmado en este proceso la inexistencia en él de prueba directa que incrimine a los acusados como autores intelectuales o materiales del ilícito deceso del concejal Vallejo. No obra así testigo presencial que señale enfática, expresamente y sin vacilaciones a los sumariados como ejecutores responsables del atentado que segó la existencia del referido servidor público...”.

Más adelante dentro del análisis probatorio efectuado se infiere a las claras que la única prueba recaudada dentro de la investigación que propició la vinculación del hoy demandante a dicho proceso penal, lo fue la declaración del testigo citado anteriormente, quien en sentir del juez penal incurrió en sucesivas incongruencias, habiendo declarado de manera desarmónica, sin ponderación ni coherencia, circunstancias todas que le permitieron al juzgador desechar cualquiera eficacia probatoria del dicho del mencionado testigo, al punto que resultó acreditado que a más de sus incongruencias y sucesivas contradicciones, la prueba técnica en punto de sus condiciones mentales le permitió concluir a los médicos legistas, incluido el profesional que tuvo trato directo y personal con el mencionado Zapata que padecía de una posible “esquizofrenia”. Las conclusiones del concepto legal son las siguientes:

“No es posible descartar que los hechos denunciados (por Zapata) corresponden a un sistema delirante bien estructurado” (cfr. fl. 40 cuaderno 2).

Ocupado el juez penal de la crítica del dicho de Zapata, quien resultó también incriminado, testimonio que sirvió de base para la vinculación a dicha investigación penal del hoy demandante, y luego de calificarlo de inconsistente, inarmónico, se lee lo siguiente:

“Y la primera consideración que debe consignarse en este orden de ideas, compartiendo la instancia las severas críticas esbozadas por los defensores, radica en que los sucesos narrados en sus plurales apariciones a los autos no emergen consistentes y armónicos, sino adversamente con notarias contradicciones recaídas no sobre detalles secundarios en intranscendentes en el dilucidamiento de su eficacia probatoria, sino sobre aquellos principales o sustanciales, y por ende en modo alguno achacables al deterioro de la capacidad memorativa, consecuencial al transcurrir del tiempo entre una y otra declaración rendida”.

Al parecer las incongruencias en las acusaciones formuladas por el mencionado testigo y sus contradicciones fueron advertidas también al inicio de la investigación:

“Tan crasas contradicciones se observan no solo entre las varias declaraciones procesales del testigo de marras, sino que se extiende a las que fueron sus manifestaciones previas a la comparencia al informativo, afirmación en sustento de la cual baste remitir a la confrontación de su dicho con los vertidos por Carlos Francisco Vallejo (v.fl. 43) y Camilo Escobar Osorio (v.fl. 63), a quienes refirió hechos que examinados con detenimiento difieren en esencia de los relatados por el primero en las diligencias. Predicamento similar surge de otra parte de la comparación con la versión rendida ante funcionario del DAS, contenida en la grabación magnetofónica asomada como prueba al proceso”.

La conclusión a la que llegó el juez penal que valoró la prueba, la misma que sirvió para privar de la libertad al hoy demandante, es bien diciente:

“Vistas así las cosas, forzoso colegir que Zapata Castro distó de presentar una única versión de los acontecimientos, con fundamento en la cual resultara permisivo reconstruir o reproducir con fidelidad lo acaecido; contrariamente en su recuento la confusión y la incoherencia a extremo tal que como afirma uno de los defensores, aparece improbable e inverosímil la ocurrencia de los sucesos incriminativos en las circunstancias que aquel expone”.

Más adelante, en la misma providencia se consignó la opinión que para el juez del conocimiento le mereció el testimonio precitado en relación con las imputaciones hechas al hoy demandante:

“Pero más aún, no cesan los reparos formulables en la valoración del aserto de marras, puesto que la endilgada ejecución material del homicidio por parte de Barrera y Martínez, encuentra en el mismo dicho de González circunstancias que la hacen improbable como lo reseñan sus defensores. Así, inverosímil deviene que las personas en quienes concurre tan programado propósito criminal, acudan a embriagarse desde las horas de la mañana hasta pocos minutos antes de la perpetración del punible pasadas las diez de la noche (v.fl. 39 s.s. cdno 2), que cuenten para su ilícito proyecto con la munición más no con el arma necesaria para detonarla, como quiera que el porte de ella es descartado contundentemente por el testimoniante (v.fl. 41 cdno. 2); y principalmente, que exterioricen su empresa delictiva ante persona totalmente ajena a ella con quien incluso no tenía mayores vínculos de antelada amistad como acepta el mismo González”.

De lo que viene de decirse, esto es, de la incoherencia, desarmonía, incongruencia e inverosimilitud del dicho del mencionado testigo, la Sala no encuentra que dentro de la investigación penal de conformidad con la prueba allegada al presente proceso, hayan existido los presupuestos exigidos por la ley procesal penal, para la procedencia de la medida de aseguramiento que trajo de consecuencia la privación de la libertad del hoy demandante. 

Bien averiguado se tiene por la doctrina penal que la procedencia de la medida de aseguramiento en comento exige la presencia de un indicio grave de responsabilidad como requisito sustancial para su proferimiento. Y el indicio grave en materia penal y para los efectos aludidos se presenta: 

“cuando entre el hecho que se conoce y el hecho que se quiere conocer referente al delito o a la responsabilidad del agente, media un nexo probable, creado por la dependencia inmediata con el fenómeno principal o por una cadena causal fuertemente acentuada, o por la exterioridad reveladora de su composición. Probable es lo que puede ocurrir fácilmente pues se funda en razones serias y estables a diferencia de lo posible que puede tomar forma o no, ejecutarse o confinarse a un simple proyecto. El juicio de probabilidad depende, pues, del grado en que puedan sucederse racionalmente los actos y los acontecimientos”. (cfr. Corte Suprema de Justicia Casación Penal sentencia de julio 27 de 1982). 

En este orden de ideas y sin mayores análisis de la propia percepción probatoria inequívocamente expresada por el juzgador penal, se echa de menos la justificación para la privación de la libertad del hoy demandante, pues del contenido de la providencia de primera instancia se concluye que lejos de la existencia de indicio de responsabilidad, el hoy demandante fue vinculado al proceso sobre la base de un testimonio del cual no surgía ni por asomo el indicio requerido a más de que adoleció de notorias deficiencias como acaba de verse.

Es por las anteriores razones que esta Sala se aparta del entendimiento que de los hechos hizo el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al hacer suyas las siguientes consideraciones contenidas en la providencia del Tribunal Regional, que desató en segunda instancia la investigación que por homicidio se adelantó:

“Empero, y deplorablemente para los fines de una correcta administración de justicia, debe decirse que no ocurre lo mismo respecto de la certeza que en la misma norma, la ley exige al juzgador para determinar, sin hesitación alguna, la responsabilidad de los incriminados con el fin de poder arribar a la condena respectiva, sin que ello, de modo alguno, permita sugerir, siquiera, que la conducta de los acusados en este proceso, como autores intelectuales y materiales del repudiable y alevoso crimen perpetrado en la persona del Dr. Jaime Vallejo, aparezca limpia de toda sospecha, hasta el punto de afirmar que la sindicación careció de fundamento, pues si bien es cierto, las pruebas aportadas al proceso, como ha de verse, no alcanzan el grado de certeza que permitan su condena, si dejan entrever por entre los resquicios de la investigación el bien orientado e indicado encaminamiento de los investigadores hacía el descubrimiento de la verdad, por lo que solo, atendiendo al principio legal y doctrinal del in dubio pro reo, es procedente su absolución, y por tanto , solo también, bajo este cuestionamiento, ha de impartirse confirmación al fallo que es materia de consulta” (cfr. folio 13 del cuaderno 2).

Y se dice que no se comparten dichas apreciaciones, base de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle, toda vez que, como se ha observado, antes que duda, lo que se evidenció durante la investigación, fue ausencia total de prueba incriminatoria para el hoy demandante, al punto que el propio juez penal de primera instancia dejó consignada la siguiente reflexión al ocuparse de las pruebas de cargo:

“Más lo anterior no significa que en la investigación surtida no hayan emergido elementos de juicio que fundamentaron en su oportunidad la vinculación de los procesados (ya se observó que dichos elementos no configuraban el presupuesto sustancial exigido por la ley procesal penal para el proferimiento de la medida de aseguramiento de privación de la libertad, aunque pudieran permitir la vinculación a la investigación de los sindicados), medios a cuya valoración de conjunto y con sujeción a las reglas de la sana crítica debe adentrarse ahora esta instancia, teniendo presente que la presunción de inocencia acogida como principio rector y orientador del procedimiento penal, impele a estimar como verídicas las aseveraciones exculpativas de aquellos hasta tanto no devengan infirmadas; así como que la misma se compagina con la carga de prueba que en el juzgamiento asigna la codificación aludida a la fiscalía, primordialmente en lo atinente a la responsabilidad del procesado, deber funcional olímpicamente desatendido en el caso de autos por tal ente acusador” (cursiva y negrillas nuestras) (cfr. fl. 34 del cuaderno 2).

De lo dicho se tiene, que una de las razones por las cuales no se logró dentro de la investigación penal una prueba adecuada de la responsabilidad de los implicados, fue en palabras del propio juez, la pasividad por parte de la fiscalía en dicha labor, circunstancia que justifica aún más la condena que habrá de imponerse, habida consideración de que la acción punitiva del Estado cuya titularidad ostenta impele a este a adelantar las labores convenientes en materia probatoria que permitan el esclarecimiento de la verdad real. Lo que no puede aceptarse de ninguna manera es que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar, privados de la libertad los sindicados, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función, depende el buen éxito de la investigación, y desde luego solamente con una adecuada prueba, indicio grave de responsabilidad se repite, era procedente la imposición de la medida de aseguramiento.

La Sala no pasa por alto la afirmación contenida en la providencia del Tribunal Nacional que hizo suya el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de que la conducta de los implicados no aparecería limpia de toda “sospecha”, pues entiende, que frente a la legislación procesal penal colombiana, la sospecha no existe y mucho menos justifica la privación de la libertad de una persona.

Ya se observó que para proferir la medida de aseguramiento de detención la norma procesal penal exige el acreditamiento del indicio grave de responsabilidad. Así las cosas, para la Sala resulta claro que en el presente asunto se configura una privación injusta de la libertad, y así habrá de declararse.

De lo anterior se sigue que a la luz de la normativa que guía la solución del presente asunto, esto es, los preceptos contenidos en el art. 90 de la Constitución Nacional y el art. 414 del C. P. P., la responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra acreditada, con la prueba del daño, para el caso, privación de la libertad del demandante, y de la causalidad, circunstancia que se infiere de la prueba allegada, toda vez que el demandante estuvo a órdenes de los jueces penales que lo investigaron por virtud de los cuales se le privó de la libertad. 

Bastan estos dos elementos estructurales para configurar la responsabilidad a la luz de las exigencias del art. 414 del C.P.P., pues téngase presente que, acreditada como está, la absolución del sindicado mediante sentencia en firme, operaría sin más razonamientos, el derecho a la reparación, pues así lo dispone claramente la parte final del mencionado dispositivo legal. Sin embargo la Sala se ha detenido en el análisis de las probanzas allegadas para poner de presente que dentro del trámite del proceso no existieron los presupuestos exigidos por el ordenamiento procesal penal con lo cual se ratifica lo que de entrada mostraban las providencias allegadas. 

Se observa sí que teniendo presente que la responsabilidad derivada de privación injusta de la libertad es de carácter objetivo, es a la parte demandada, para el caso la Nación - Ministerio de Justicia, a quien correspondía adelantar la labor probatoria que apuntara al acreditamiento de una eventual causal de exoneración, conducta que echa de menos esta corporación, pues ha de repararse en que cuando se le endilga a la Nación la privación de la libertad de una persona, es ella la llamada a acreditar las causales de exoneración.

En lo que hace a la aplicación en el proceso penal que originó el presente asunto del principio In dubio pro reo y la posibilidad de responsabilizar al Estado cuando la absolución es consecuencia de dicha aplicación, cree la Sala que, tal como se manifestó anteriormente, no se trató de duda sino más bien de falta de prueba incriminatoria, sin embargo aunque se tratase de dicha hipótesis no debe olvidarse que el presupuesto de la aplicación de tal principio, supone una duda para el juzgador penal, lo cual evidencia, precisamente, la deficiencia de la actuación estatal en la labor probatoria, circunstancia que no puede servir de base, ni por asomo, para la exoneración del Estado por la privación injusta de la libertad, pues ha de tenerse presente que, como principio fundamental informador de toda la normativa penal, están los de buena fe y de inocencia, los cuales no pueden desvanecerse y mucho menos inobservarse, por una circunstancia meramente probatoria. La duda, en materia penal, se traduce en absolución y es esta precisamente a la luz del art. 414 del C.P.P. la base para el derecho a la reparación. Ya tiene mucho el sindicado con que los jueces que lo investigaron lo califiquen de “sospechoso” y además se diga que fue la duda lo que permitió su absolución, como para que esta sea la razón, que justifique la exoneración del derecho que asiste a quien es privado de la libertad de manera injusta. Entiéndase que lo injusto se opone al valor justicia, por lo cual perfectamente puede sostenerse que en punto del derecho fundamental de la libertad de las personas, la necesaria protección que ha de brindarse al sindicado, no puede caer en el vacío mediante un mal entendimiento y utilización de las medidas de aseguramiento. Ante todo la garantía constitucional del derecho a la libertad y por supuesto, la aplicación cabal del principio de inocencia. La duda es un aspecto eminentemente técnico que atañe a la aplicación, por defecto de prueba, del principio In dubio pro reo. Pero lo que si debe quedar claro en el presente asunto es que ni la sospecha ni la duda justifican en un Estado social de Derecho la privación de las personas, pues se reitera, por encima de estos aspectos aparece la filosofía garantística del proceso penal que ha de prevalecer. Aquí , como se ha observado, sobre la base de una duda o de una mal llamada sospecha que encontrarían soporte en un testimonio desacreditado, se mantuvo privado de la libertad por espacio de más de tres años al demandante, para final pero justicieramente otorgársele la libertad previa absolución. 

Es por las anteriores razones que habiéndose acreditado los hechos base de las pretensiones indemnizatorias, se reconocerá indemnización a título de daño moral en el equivalente a 700 gramos de oro fino de acuerdo con el valor que tenga para la fecha de la ejecutoria de la presente providencia.

En lo que hace a los perjuicios materiales solicitados se reconocerá a título de lucro cesante el valor que por concepto de salarios hubiera podido percibir el demandante durante 29 meses de privación de la libertad, pues no obstante que según prueba allegada estuvo privado de la libertad por 32 meses y 8 días, se deducirá para los efectos de la indemnización el tiempo que por concepto de condena por el delito de cohecho le fue impuesta por la jurisdicción penal, esto es, 3 meses.

Se tendrá como base para efectuar la liquidación el salario mínimo legal para la época en que fue detenido, toda vez que la prueba documental allegada no permite inferir con certeza el salario que para la época devengaba el demandante.

Actualización

Salario Mínimo Legal para julio de 1989: $ 32.559,60

F117541.1
 

F117541
 

Debida:

For gen 14
 

F117542
 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICASE la sentencia apelada, la cual quedará así:

1) DECLÁRASE a la Nación - Ministerio de Justicia, patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad del señor Jairo Hernán Martínez Nieves.

2) Como consecuencia de la declaración anterior, CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de justicia a pagar las siguientes sumas:

a) A título de indemnización por perjuicios morales, el equivalente en pesos a setecientos (700) gramos de oro fino.

El precio del oro será el interno que certifique el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

b) A título de indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de cinco millones seiscientos noventa y tres seiscientos once pesos con cincuenta y siete centavos ($ 5’693.611,57) moneda legal.

3) Las sumas anteriores devengarán intereses corrientes dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo y moratorios de ahí en adelante.

4) Para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE copias con destino a las partes con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas a su apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de fecha,

Magistrados: Carlos Betancur Jaramillo, Presidente de la Sala—Jesús María Carrillo B.—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández—Ricardo Hoyos Duque.

Lola Elisa Benavides López, Secretaria.