Sentencia 11763 de febrero 12 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES

A FAVOR DEL COMPAÑERO SOBREVIVIENTE

EXTRACTOS: «En cuanto a los perjuicios materiales se probó que la víctima contribuía al sostenimiento de su familia, es decir de sus hijos y compañero, por lo tanto, habrá lugar a condena por este concepto.

En cuanto al señor Cabrera Silva compañero permanente de la señora María Elfia Correa Bermúdez, habría lugar al reconocimiento de indemnización por perjuicios materiales hasta su vida probable —la más corta entre los dos compañeros pues él era el mayor y no hasta que su hijo menor cumpliese la mayoría de edad—, tal como la jurisprudencia le reconoce a quienes ostentan la calidad de esposos (as), en atención a que la Constitución Política en su artículo 42 establece:

“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad: Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla” (subrayas de la Sala).

De donde se infiere que el trato constitucional y en consecuencia el legal y jurisprudencial de la familia en Colombia, debe ser el mismo para idénticas situaciones.

En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia de octubre 25 de 1994, M.P. Dr. Eduardo García Sarmiento, expresó:

“En la Carta Política de 1991, en primer lugar es de advertir cómo no sólo el matrimonio es fuente de la familia que promete proteger el Estado, sino también la constituida por un hombre y una mujer con voluntad responsable de conformarla, según pregona el artículo 42, inciso primero, e dicha Carta.

23.1. Así que hoy, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ante el criterio de la vigente Constitución, puede la Corte tomar una posición con suficiente certeza, puesto que del artículo mencionado aparece claro entonces que el Estado colombiano reconoce y promete proteger tanto a la familia matrimonial como la extramatrimonial, siempre que ésta según el constituyente sea formada por un hombre y una mujer que lo hagan de manera responsable, sería y asumiendo las obligaciones que implica formar parte de un grupo familiar. Es decir, la Carta protege la familia extramatrimonial en cuanto llene las características de la familia matrimonial, pudiendo afirmarse que para serlo solamente faltaría el vínculo conyugal.

23.2. Entonces, la situación reconocida por la legislación, por el derecho comparado y por la jurisprudencia contenciosa administrativa y penal, encuentra un fundamento sólido en la Constitución Política de 1991, en cuanto reconoce a la familia extramatrimonial y ordena dar un tratamiento igual al que se le da a la familia matrimonial. Ese tratamiento de igualdad es una norma preceptiva o de aplicación directa y no programática, por cuanto el constituyente no exige un desarrollo por parte del legislador, como sí lo hace respecto de otros mandatos contenidos en la misma norma del artículo 42, v.gr. cuando dispone que los matrimonios religiosos producen efectos civiles como lo disponga la ley.

Tratándose, pues, de la unión marital de hecho, como parece ser la tendencia de llamar al concubinato, esto es la comunidad formada por un hombre y una mujer respecto de los cuales ningún impedimento hay para que puedan casarse, y constituida esta comunidad para formar una familia, es decir de manera permanente y estable, es incuestionable que faltando tan solo la constitución del vínculo conyugal, tiene que recibir un tratamiento jurídico semejante por muchos aspectos al que merece la unión conyugal. Así que bajo los supuestos de licitud de la unión de un hombre y una mujer, o diciéndolo de otra manera, no contrariando prohibiciones de ley ni las buenas costumbres y siendo permanente y estable, o sea en cuanto constituye una familia, una sociedad así formada tiene a protección jurídica a la que semejantemente se le brinda a la alianza matrimonial. De manera que no se protege de modo alguno una relación repudiada por la ley ni una vinculación transitoria que no tenga el propósito de conformar una familia. Del contexto se desprende que dos son los presupuestos fundamentales para reconocer como situación jurídica que debe tratarse sin distinciones: la licitud y la permanencia y estabilidad de la familia, presupuestos que sin ninguna hesitación se advierten en la familia matrimonial, y que en cuanto aparezcan en la unión marital de hecho, dan pie para encontrar la familia extramatrimonial que reconoce la Carta Política de 1991.

A su turno, la Corte Constitucional en la sentencia T-681 de 1996, con ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, expresó:

“2. La Carta Política reconoce y ampara a la familia como institución básica de la sociedad (art. 5º) y declara que su honra, dignidad e intimidad son inviolables. Esa protección constitucional se otorga independientemente de la manera como se constituya la familia, ya que el propio Estatuto Superior proclama que ésta puede constituirse “por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. La Corte Constitucional ha sostenido que “el incremento de la unión libre en Colombia durante este siglo llevó al Constituyente de 1991 a no distinguir entre las familias creadas a partir de un matrimonio y aquellas que surgen de la decisión de vivir juntos y por ello la Constitución consagra iguales derechos a unas y otras” (Cf. Sentencia T-190 de 1993).

3. Esa igualdad en los derechos se proyecta hacia los hijos que, según el artículo 42 superior “tienen iguales derechos y deberes” y obviamente comprende a los miembros de la pareja, trátese del esposo o de la esposa en el caso del matrimonio o del compañero o la compañera permanente en el caso de la unión libre, razón por la cual no son de recibo las diferencias de trato que se finquen en la índole del vínculo establecido.

La Constitución no sólo garantiza la igualdad de los derechos a los miembros de la pareja sino que también los hace sujetos de idénticos deberes, de donde, en palabras de la Corte, se desprende que “todas las prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las cargas y responsabilidades que el sistema jurídico establezca a favor de las personas unidas en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin necesidad de dicho vínculo formal. De lo contrario, al generar distinciones que la preceptiva constitucional no justifica se desconoce la norma que equipara las dos formas de unión (art. 42 C.P.) y se quebranta el principio de igualdad ante la ley (art. 13 C.P.), que prescribe el mismo trato a situaciones idénticas” (Cf. Sentencia T-553 de 1994)”.

En este orden de ideas, el trato que debe dársele al señor Cabrera Silva, atendiendo a la prueba testimonial y documental allegada la cual recoge los elementos necesarios para concluir que conformaban un hogar responsable con vocación de permanencia en virtud de los vínculos sentimentales que los unían y sobre los cuales recayó el daño ocasionado por la administración, es el mismo que la jurisprudencia ha tenido para quienes ostentan la calidad de esposos.

Sin embargo, como en la demanda sólo se solicitó la indemnización de perjuicios materiales para los menores (fl. 14 y ss. del cuaderno principal), no habrá lugar a condenar al pago de indemnización por este concepto en favor del señor Cabrera Silva».

(Sentencia de febrero 12 de 1998. Expediente 11.763. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

________________________________