Sentencia 11764 de septiembre 11 de 1997

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.:11764

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre once de mil novecientos noventa y siete

Actor: Olimpo Arias Cedeño y otros

Demandado: La Nación - Ministerio de Obras, Intra y Distrito Especial de Bogotá (Hoy Distrito Capital De Santafé de Bogotá)

Procede la sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el tribunal administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, el 23 de noviembre de 1.995, la cual en su parte resolutiva dispuso:

“Primero: Declárase no probada la excepción de falta de jurisdicción”.

“Segundo: Declárase probada la ausencia del presupuesto material de legitimación en la causa por activa en lo que respecta a la actora, señora Blanca Lidia Daza Lavado y, en consecuencia, niéguense las pretensiones por ella formuladas”.

“Tercero: Declárase probada la ausencia de legitimación en la causa por pasiva en lo que concierne a la Nación Colombiana, Ministerio de Obras Públicas y al Instituto Nacional de Transporte Intra y, en consecuencia, niéguense las pretensiones de la demanda formuladas frente a ellos”.

“Cuarto: Declárase probada la ausencia de legitimación en la causa por pasiva en lo que respecta a Santafé de Bogotá D.E., por la omisión que se imputa al colegio distrital unidad básica “Ciudad de Bogotá”.

“Quinto: Niéguense las pretensiones formuladas frente a Santa Fe de Bogotá D.C., por las omisiones que se imputan a las autoridades de tránsito y transporte de dicha entidad.”

“Sexto: Abstiénese de condenar en costas a la parte actora”(fls. 312 y 313).

Antecedentes

1. - En la sentencia apelada se decidieron seis procesos acumulados instaurados todos contra La Nación Colombiana - Ministerio de Obras Públicas, El Instituto Nacional del Transporte y el Distrito Especial de Bogotá, con el objeto de que fueran declarados solidariamente responsables de los daños causados con el accidente de tránsito ocurrido el 7 de octubre de 1989 en la carretera de Bogotá a Silvania, en el cual fallecieron, entre otros, seis estudiantes todos de 15 años de edad y otro resultó lesionado.

2. - Los demandantes, que pidieron todos perjuicios morales y los materiales (gastos de abogado, de entierro y de crianza de sus hijos), son damnificados de las víctimas Marisol Arias Peña, Nelson Alirio Márquez Lavado, Olga Angélica Díaz Castellanos, Olga Yaneth Rincón Alvarado, Erwin Umaña Cristancho (lesionado) y Juan Carlos Romero Bohórquez.

3. - En la demanda se narraron, en síntesis, los siguientes hechos:

a. - Que todas las víctimas eran alumnos del colegio Unidad Básica Ciudad de Bogotá, establecimiento educativo perteneciente al Distrito Especial de Bogotá.

b. - Que el 29 de septiembre de 1989, los padres de los alumnos de octavo grado de bachillerato fueron citados al colegio para hacerles saber que se había programado un paseo y que era obligatorio para todos los niños.

c. - Que el mencionado colegio contrató los servicios de transporte de la empresa Seres S.A., para llevar a cabo el paseo, el cual fue organizado por la profesora Sonia Caceres (fallecida también en el accidente), autorizada por las directivas del plantel y con la finalidad de premiar a los alumnos por su buen desempeño académico.

d. - Que “en la consecución del medio de transporte los profesores y directores no atendieron a la antigüedad y por ende a la seguridad del bus, y al igual que las autoridades de tránsito permitieron que se transportara a inocentes menores en un bus con más de 16 años de rodamiento, cuando es sabido que el transporte de menores a lugares distantes está prohibido en buses con más de 5 años de antigüedad”.

e. - Que el bus pasó el retén de la Policía Vial de Chusacá y el peaje que existe en la misma carretera sin que se le realizara ningún tipo de control.

f. - Que “el Intra omitió el cumplimiento de las funciones legales de vigilancia y control que le asigna la ley de creación D - L 770 de 1.968, sobre las diferentes modalidades del transporte terrestre”.

g. - Que “por lo tanto existe responsabilidad patrimonial de las entidades públicas demandadas, por el solo ejercicio de una actividad peligrosa, como es la del transporte público por vía terrestre y la omisión que se presentó de parte de estas en su organización, control y vigilancia”.

h. - Que “no hubo quien hiciese cumplir el artículo octavo del acuerdo 6 de 1983 del Intra, por el cual se reglamenta el servicio especial de transporte para estudiantes y asalariados, que transcribo a continuación:

“Las empresas dedicadas a la prestación del servicio especial de transporte a estudiantes y asalariados podrán transportar a sus usuarios a lugares de interés histórico, natural y turístico, previo permiso de excursión otorgado por el Instituto Nacional del transporte para este fin a solicitud de la entidad a la cual estén vinculados los usuarios y la sociedad transportadora, asumiendo la responsabilidad del viaje”.

“En el presente caso solamente se podrán utilizar vehículos con tarjeta de operación para servicio especial, cuyo modelo no sea superior a cinco (5) años de antigüedad y de silletería alta y mullida”.

4. - El Intra dio contestación a las demandas y se opuso a sus pretensiones señalando que si bien es cierto la normatividad estatal en materia de transporte estaba a su cargo, su cumplimiento está asignado a la Policía Vial y a la Policía Urbana de Tránsito, de acuerdo con “lo establecido en el Decreto 1173 del 14 de mayo de 1980 en su artículo 5º y el reglamentado en la Resolución 3532 del 19 de julio de 1982, por la dirección de la Policía Nacional, que como se puede ver claramente en su artículo 5º expone: “El servicio especializado de la Policía Vial y Policía Urbana de Tránsito, tiene como misión esencial, vigilar y hacer cumplir las normas que rigen y regulan el tránsito terrestre de personas, animales y vehículo por las vías públicas del país”.

5. - El Ministerio de Obras Públicas también contestó las demandas y se opuso a sus pretensiones.

Expresó que no le corresponde la función de “velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y tránsito sino lo relacionado con la conservación de la vía y el su adecuado (prevenir la destrucción de la vía y el paso por la misma de vehículos de peso excesivo con carga extralarga etc.)”.

Agregó que “no existe norma que obligue a las autoridades de tránsito cada vez que un vehículo pase por su presencia a realizarle control de seguridad y confiabilidad mecánica”.

Y que “los sitios de peaje están destinados al recaudo de la tasas y no son lugares de control y confiabilidad mecánica de los vehículos”.

6. - El Distrito Especial de Bogotá, a través del personero distrital, dio contestación a la demandas oponiéndose a las pretensiones en ellas formuladas.

Alegó para exonerarse de responsabilidad, que el accidente tuvo como causa el hecho exclusivo de la empresa transportadora, la cual debía responder de los daños en los términos del artículo 1.880 del código de comercio.

Agregó que no era cierto que el paseo organizado por el colegio hubiera sido obligatorio, como se afirmó en la demanda.

Por último llamó en garantía a la empresa transportadora; pero dicha empresa no fue vinculada al proceso dentro del término legal para ello, razón por la cual el mismo se tramitó sin su presencia.

7. - Mediante auto del 13 de agosto de 1992 el tribunal de primera instancia dispuso la acumulación de los procesos.

8. - En la sentencia de primera instancia el tribunal adoptó las decisiones antes referidas, por las siguientes razones:

a. Estimó que la demandante Blanca Lidia Daza Lavado, no acreditó el carácter de hermana del occiso Nelson Alirio Márquez, razón por la cual no tenía legitimación para demandar perjuicios en dicha condición.

b. - Consideró que el Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto le Nº 1173 de 1980, no era el competente para el control del cumplimiento de las normas de tránsito terrestre, “sino su definición.”; agregó que la policía Vial “no hace parte del citado ministerio, ni del Intra, sino que se halla adscrita al Ministerio de Defensa Nacional—Policía Nacional—de conformidad con la Resolución Nº 3532 del 19 de julio de 1982”.

Y señaló igualmente que “de otra parte, se halla (sic) acreditado, con la declaración del señor Carlos Barbosa Bernal, que la Policía Vial sí ejerció control sobre el cumplimiento de las normas de tránsito en relación con el desplazamiento del autobús y la conducción de estudiantes a un sitio turístico, hecho este que ocurrió a la salida de Bogotá y que por hallar la documentación conforme a las normas aplicables al caso permitió que el autobús continuara el viaje”.

c. - Respecto del Intra estimó, con base en lo dispuesto en los decretos 770 de 1968 y 2323 de 1985, que tampoco a este organismo le competían las labores de control y vigilancia sobre el cumplimiento de las normas de transportes público o privado.

d. - Expresó también que así la vigilancia del cumplimiento de las normas de tránsito hubiese estado en cabeza del Ministerio de Obras o del Intra, tales entidades no tenían ninguna responsabilidad, pues el daño no se originó en la ausencia de requisitos para desarrollar este tipo de transporte, sino en “un hecho completamente ajeno a ello como fue la pérdida de los frenos del vehículo”.

e. - En cuanto a la responsabilidad reclamada del Distrito Especial de Bogotá, por el hecho de los profesores del colegio, ella fue negada expresándose que “la única conducta exigible del centro educativo fue precisamente la que este desarrolló, consistente en acudir a une empresa a debidamente constituida y entre cuyos objetivos se encontraba la prestación de servicios especiales como era el objeto a contratar”.

9. - El actor al sustentar el recurso de apelación expresa que el colegio al contratar un bus para realizar el transporte de los escolares, adquirió la condición de transportador público; y, por ende, la responsabilidad establecida para tales efectos en las normas del código de comercio, de las cuales debe deducirse su obligación de indemnizar los daños sufridos por los demandantes, dentro del régimen de las actividades peligrosas.

Sustenta este argumento señalando que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que “cuando una entidad de derecho público contrata con un particular una obra pública y este causa un daño los damnificados pueden dirigir la acción indemnizatoria contra aquella.” Y que esa misma jurisprudencia, en un caso en que perecieron soldados transportados en un camión de acarreos también determinó la existencia de responsabilidad del Estado.

Agrega que el acuerdo 6 de 1983, expedido por el Intra, dispone que para estos casos los vehículos transportadores no pueden tener una antigüedad superior a los cinco años y que las autoridades del colegio incurrieron en falla del servicio al contratar un bus que no cumplía con tal requerimiento.

Finalmente, para sustentar que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Intra eran responsables, expresa que el código de tránsito (Decreto 1344 de 1970) dispone que dichas entidades, así como la Policía Vial “como cuerpo especializado de la Policía Nacional” son autoridades de tránsito.

10. - En el curso de la segunda instancia tanto el Distrito Especial de Santafé de Bogotá, como el Ministerio de Transporte presentaron alegatos de conclusión y solicitaron la confirmación del fallo apelado (fls. 352 y 355 c.2).

El Distrito señala que el daño reclamado en el presente proceso no puede ser imputable a quienes en el colegio programaron la realización de un paseo, sino a la empresa de transporte, que debía mantener en óptimas condiciones sus vehículos. El ministerio agrega que está probado que la Policía Vial si cumplió con sus funciones al haberle pedido papeles al conductor del bus cuando este salió de la ciudad; precisa también que, de todos modos, la Policía Vial no está adscrita ni al Ministerio del Transporte ni al Intra.

Para resolver, se considera:

La sentencia de primera instancia será revocada y las entidades demandadas serán declaradas patrimonialmente responsables de los daños causados en el accidente de tránsito que dio origen el proceso.

I. - La Responsabilidad de las entidades estatales demandadas:

A. Los hechos probados:

1. Está probado en el expediente que en el Colegio Unidad Básica especial de Bogotá, el cual pertenece al Distrito Especial de Bogotá, se programó la realización de un paseo fuera de la ciudad para los alumnos de octavo grado, que eran menores de edad, para el cual se contó con el consentimiento de sus padres.

El hecho de que el colegio pertenezca al Distrito Especial de Bogotá, está acreditado con la copia del acuerdo de creación allegada al expediente por la Secretaría de Educación del Distrito (f. 38 c.14). Y con las declaraciones rendidas por el rector del mismo y por otros profesores del plantel, así como con las copias de los permisos firmadas por los padres (f. 73 c.14), se acredita que se trataba de una actividad escolar aprobada por los padres de los alumnos.

2. Igualmente está demostrado que la profesora encargada de dicho curso contrató el transporte de los escolares con la empresa Seres S.A. con la aquiescencia del rector del mismo, quien tenía referencias de la citada empresa, hecho que se acredita con la copia del propio contrato (f. 29 c.9) y con la declaración del rector del colegio (f. 5 c.8).

3. Para la fecha en que ocurrió el accidente estaba vigente el acuerdo Nº 6 expedido por el Intra el 8 de abril de 1993 (f.43 y 44 c.14), que definía reglas especiales para el transporte de estudiantes y asalariados, las cuales no fueron cumplidas a cabalidad.

Dicho acuerdo establece que tales servicios solo pueden ser prestados por empresas calificadas en categoría “A”; que deben llevar determinados colores que identifiquen el servicio; que los vehículos no pueden ser de modelo de más de cinco años de antigüedad; que deben ser sometidos a revisión oficial cada año, para poderles expedir tarjeta de operación; que la velocidad máxima permitida para estos vehículos es de 40 km por hora; y que deben constituir seguros colectivos.

Y permite que estas empresas realicen excursiones a lugares de interés histórico natural o turístico, con los siguientes requisitos:

a. Permiso previo de excursión otorgado por el Intra, a solicitud de la entidad y de la sociedad transportadora.

b. Que se utilicen vehículos con la tarjeta de operación para este servicio especial, “cuyo modelo no sea superior a cinco (5) años de antigüedad y de silletería alta y mullida”.

4. Que antes de abandonar la ciudad la Policía Vial realizó un control sobre el vehículo, le exigió papeles y lo dejó continuar el viaje. Lo anterior se demuestra con la declaración de uno de los pasajeros del bus, Carlos Alfonso Barbosa Bernal, que es el esposo de la profesora encargada del curso, quien falleció también en el accidente.

Dicho declarante dijo sobre el punto:

“Una vez tanqueado el bus se procedió a iniciar el viaje hacia Girardot al sito indicado para la recreación de los niños, en el recorrido fue inspeccionado el bus en un retén de la Policía Vial a la salida de Bogotá, pidieron la documentación sobre el paseo, fue muy rápida, revisaron papeles y se continuó el viaje sobre el paseo, fue muy rápida, revisaron papeles y se continuó el viaje normal (...)” (f. 93 c.8).

5. Que el bus, de placas XI 1003 era modelo 1973, se accidentó al quedarse sin frenos, muriendo los 6 escolares referidos en la demanda y quedando lesionado otro.

Ello está probado con el informe de accidente (f. 31 c.14.), en el cual el conductor manifiesta que cuando bajaba de la carretera “pisó el freno y este se fue hasta el fondo”; con los registros civiles de defunción y los levantamientos de los cadáveres y con las declaraciones de Elida Marroquín Caceres. (f. 3 c.8) y Nilma Ramírez Álvarez (f.102 c.8), quienes señalan que como consecuencia del accidente el menor Erwin Umaña Cristancho perdió su brazo derecho.

B. - La falla del servicio de las entidades demandadas:

Determinados los hechos del proceso, para la sala es claro que podría hablarse de tres tipos de responsabilidad derivadas del accidente:

1. De empresa transportadora o en general de quien tenía el poder de control y dirección del vehículo accidentado, cuya definición no corresponde adoptar en este proceso, en la medida en que dicha empresa no fue vinculada a él legalmente.

Dicha responsabilidad se rige por las normas de los código (sic) civil y de comercio, bien que se reclamen perjuicios contractuales o extracontractuales. Y así el factor atributivo de responsabilidad será, en el primer caso, el incumplimiento de una obligación de resultado; y, en el segundo, el riesgo derivado del ejercicio de una actividad peligrosa, siendo ambos regímenes de responsabilidad objetivos, en la medida en que no requieren de la existencia de falta.

2. De las autoridades de tránsito y concretamente de la Policía Vial, responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones de control que a ella le corresponden, que no es objetiva, pues requiere que los perjuicios que se reclamen puedan imputarse al incumplimiento de una obligación determinada.

Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la C.P., solo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la sala en sentencia del 5 de agosto de 1994 (exp. 8487, actor Víctor Julio Pardo, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:

“1. - En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a esta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una falla en el servicio.

“La noción de la falla del servicio no desaparece, como lo ha señalado la sala, de la responsabilidad estatal fundada en el citado artículo 90 de la carta. Cuando de ella se derive la responsabilidad que se imputa a la administración, se constituye en un elemento que debe ser acreditado por el demandante. Así, lo ha repetido esta misma sala:

“En otros términos, el daño es antijurídico no solo cuando la administración que lo causa actúa irregularmente, sino cuando esa conducta lesiva esté ajustada al ordenamiento”.

“Pero decir antijurídico no quiere significar que la noción de falta o falla del servicio desapareció de la responsabilidad estatal y menos que el acreedor de la indemnización ya no tenga que probar la falla si la hubo o la conducta irregular que lo lesionó (...)”

2. - Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, solo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

“La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como “anormalmente deficiente”

“No se trata entonces de determinar si el Estado tiene o no recursos para cubrir condenas, como lo afirma el recurrente. Se trata de establecer si, teniendo en cuenta la realidad concreta en la cual se presta un determinado servicio, puede considerarse que dicho servicio fue inadecuadamente prestado y dicha circunstancia así puede considerarse como la causa del daño sufrido por el demandante (...)”.

“En el presente evento la pregunta que debe formularse es si podía exigirse a las entidades demandadas el ejercicio de un control permanente sobre los vehículos que transitaban en la ruta en la que ocurrió el accidente, de forma tal, que en ninguna circunstancia se permitiera que vehículos de carga transportaran pasajeros. La respuesta aquí indudablemente es negativa. Las autoridades de tránsito no cuentan con medios que permitan el ejercicio de un control de tal naturaleza”.

“No puede compararse el control del transporte terrestre con la falla del servicio aeronáutico en la que puede incurrir el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, a la cual se refiere la sentencia de esta sección del 22 de Marzo de 1982 citada por la parte actora en la sustentación de su recurso, pues el contexto en el cual ella ejerce el control de la aeronavegación es bien distinto. La función policiva de esa Entidad, como lo expresa la mencionada sentencia, “no solo se traduce en la expedición de reglamentos tendientes a dirigir, coordinar y controlar las actividades de Aeronáutica Civil, privada o estatal, nacional o internacional, que se desarrolla en espacios sometidos a la soberanía nacional, sino también orientada a la dirección, organización y operación de las comunicaciones aeronáuticas, con exclusividad; a la ejecución de las obras para conformar y mantener la infraestructura aeronáutica de la Nación; a la administración, operación y vigilancia de los demás aeropuertos y demás instalaciones y servicios de esa infraestructura; a la prestación de los servicios necesarios para garantizar la seguridad y eficacia del transporte aéreo; a la imposición de sanciones a quienes infrinjan los reglamentos expedidos por el departamento; al establecimiento de tasas y tarifas por los servicios que presta este organismo etc., etc.” (Exp. Nº 3360, actor Plutarco Elías López. 22 de Marzo de 1988, ponente: Carlos Betancur Jaramillo)”.

“El control de las autoridades sobre el tránsito automotor debe ser general y permanente, pero no hasta el punto de que se extienda a todos y cada uno de los vehículos que circulen por el territorio nacional y a sus conductores; en otras palabras, a cada vehículo no se le puede poner un agente para que supervigile a todo momento su actividad”.

Siguiendo esta orientación jurisprudencial, estima la sala que en el sub iudice sí se presenta responsabilidad de las autoridades de tránsito, en la medida en que la Policía Vial, antes de que se iniciara el viaje, efectivamente realizó un control sobre el bus en el que iban los escolares. De acuerdo con el testigo que rindió declaración sobre este supuesto fáctico al chofer le “pidieron los papeles” en un retén. Si el automotor no tenía el permiso especial para realizar una excursión con escolares y además era un vehículo de antigüedad superior a los 5 años, la autoridad no debió permitir que se realizara la excursión en dicho vehículo. 

Aquí no se trata entonces del incumplimiento de un deber general de difícil cumplimiento, sino de la violación de normas legales puntuales que exigen requisitos con el objeto de proteger a los escolares transportados, habiéndose contado con la precisa oportunidad para impedir que un viaje así se hubiese llevado a cabo.

Y resulta obvio también que la obligación de la Policía Vial no se cumplía simplemente con pedirle papeles al conductor del bus, como lo entendió el a quo; el cumplimiento de la ley imponía a tal autoridad no dejar transitar un vehículo en tales condiciones.

3. Del propio colegio, o de la entidad al cual pertenece, que contrató a la Empresa de Transporte.

La responsabilidad de esta entidad no puede, como lo señala el apelante, regirse por las mismas normas que estructuran la responsabilidad de la empresa transportadora. No puede pensarse que por el hecho de contratar un servicio de esta naturaleza, el colegio se convierta en “transportador público”; y que en tal virtud pese sobre él una responsabilidad de tipo objetivo, ni extenderse a este punto la orientación jurisprudencial que la sala ha expuesto respecto de los daños que ocasiona a un tercero un contratista que ejecuta una obra pública.

En el caso del contratista de obra pública, la entidad es responsable precisamente por la naturaleza de la labor desarrollada, que hace imputable el daño a la administración; y en el evento citado por el apelante de los daños sufridos por soldados en un accidente de tránsito de un vehículo contratado por su superior, el factor atributivo de responsabilidad, con base en el cual la entidad resultó condenada, fue el riesgo excepcional al que fueron sometidos dichos soldados.

Si el colegio contrata el transporte de los alumnos para un paseo, ajustándose a los requisitos establecidos por la ley para tal efecto y contando con el consentimiento de los padres de los mismos, de tal acto jurídico no puede desprenderse que asume el riesgo que pesa sobre el transportador, quien soporta un tipo de responsabilidad especial derivada de la naturaleza del servicio que presta.

A juicio de la sala, cuando los padres autorizaron la realización de la actividad y en desarrollo de la misma la profesora contrató el bus, esta no solo obró en nombre del colegio sino en nombre de aquéllos representantes legales de sus hijos.

Sobre las autoridades del colegio pesaba la obligación de cumplir adecuadamente el mandato que los padres les habían otorgado, que implicaba realizar una escogencia adecuada de la empresa de transporte y del vehículo en que debía realizarse la actividad. Extremos estos que no se cumplieron y que comprometieron su responsabilidad.

Y estima la sala que las autoridades del colegio fallaron al realizar tal contratación, en la medida en que desconocieron las normas legales vigentes anteriormente citadas, que imponían para estos casos contratar con determinadas empresas; utilizar ciertos vehículos y solicitar una licencia previa al Intra para el viaje.

4. La falla del servicio de la Policía Vial consistió en no haber hecho cumplir las disposiciones legales vigentes y en permitir que un bus que no llenaba los requerimientos legales para prestar el servicio efectivamente lo hiciera.

La responsabilidad del Distrito Especial de Bogotá, a través de las autoridades del colegio de su propiedad, consistió en haber contratado el servicio de transporte para la actividad escolar, desconociendo las normas especiales establecidas para tal efecto.

5. - Por último, debe agregarse que la omisión de los miembros de la Policía Vial, comprometió la responsabilidad tanto del Ministerio del Transporte como del Intra.

De una parte, porque el artículo 5º del Decreto 1173 de 1980 (f.73), dispone que “La Policía Vial dependerá jerárquicamente de la Policía Nacional y funcionalmente del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por intermedio de la Dirección de Carreteras de los Distritos de Obras Públicas.” Y, de otra porque, el artículo 1º del Decreto 2170 de 1970., que dicta el reglamento de policía vial y de circulación, dispone que, “La policía vial creada por el Decreto 2826 de octubre 25 de 1995, es un cuerpo especializado de la Policía Nacional, bajo el mando del Departamento de Servicios Especiales y adscrito al Instituto Nacional del Transporte, a fin de ejecutar las funciones que le señala el presente decreto”.

6. - Ahora bien, toda vez que en virtud de lo dispuesto el artículo 119 del Decreto 2171 de 1992, que reestructuró el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y lo convirtió en Ministerio de Transporte, se suprimió el Intra y se ordenó en su artículo 122 que sus pasivos estarían a cargo de la Nación - Ministerio del Transporte, será esta entidad la condenada al pago de los perjuicios causados, en asocio con las demás personas involucradas.

C. La relación de causalidad entre la falla del servicio y el daño:

1. Las dos entidades, una como autoridad de tránsito y la otra como contratante del servicio de transporte, desconocieron normas legales imperativas, establecidas precisamente con el objeto de proteger a los escolares; y, dicha conducta inadecuada, a juicio de la sala, debe considerarse como causa concurrente y eficiente del perjuicio. 

2. Aunque en el tema de definir si determinado daño puede imputarse a una autoridad pública, estudiado como el elemento “relación de causalidad”, cuando el perjuicio ha sido producto de causas concurrentes, no pueden señalarse reglas absolutas, ni desecharse el peso que tiene en el punto la valoración subjetiva del juzgador, si estima la sala que sobre él pueden establecerse las siguientes pautas generales:

a. No puede determinarse, como única causa de un daño, aquella que corresponde al último suceso ocurrido en el tiempo. Este criterio simple, que opone la causa inmediata a la causa remota, implicaría, en últimas, confundir la causalidad jurídica con la causalidad física y no tomar en cuenta hechos u omisiones que, si bien no son la última causa del daño si contribuyeron a determinar su producción. 

A objeto de diferenciar las causas físicas de las jurídicas, el profesor Soler, enseña:

“Así, no debe sorprendernos que la solución jurídica concreta de tal cuestión se detenga, a veces, en un punto determinado, situado más acá de donde iría el examen físico de una serie causal, y se desinterese de causas anteriores. Otras veces, en cambio, va más allá de la verdadera causación física y hace surgir responsabilidad de una relación causal hipotética, basada precisamente en la omisión de una causa.” (Soler, citado por Ricardo Luis Lorenzetti, en la obra De la Responsabilidad Civil de los médicos, Rubinzal, Culzoni, editores, 1.986, pág. 257.)

b. Tampoco puede considerarse que todos los antecedentes del daño son jurídicamente causas del mismo, como se propone en la teoría de la equivalencia de condiciones, o de la causalidad ocasional expuesta por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de septiembre de 1935, según la cual “en estos casos si la persona culpable se hubiera conducido correctamente, el perjuicio no habría ocurrido”, a la cual se refiere también un salvamento de voto del Dr. Antonio J. de Irisarri del 8 de octubre de 1986 (exp. 4587), en el cual se expresa que “con fines simplemente analíticos, para verificar esa relación de causa a efecto, puede examinarse qué ocurriría o habría ocurrido, si el suceso - causa no se hubiera dado. Si la respuesta es en el sentido de que el efecto no habría sucedido, ha de admitirse que aquél sí constituye causa de este, porque justamente para que el efecto se dé en la realidad, tiene que ocurrir aquél. En la hipótesis contraria no existiría relación esa relación de causalidad”.

Tal posición llevaría a que en el clásico ejemplo citado por José Melich, el sastre que retrasa por negligencia la entrega de un abrigo de viaje, tendría que responder por el accidente ferroviario que sufrió su cliente que debió por tal motivo aplazar su viaje. Como lo señala el doctor Javier Tamayo Jaramillo, “deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría absurdamente, buscar responsables hasta el infinito”.

Lorenzetti puntualiza aquí:

“No basta, según esta idea, la mera supresión mental hipotética, esto es borrar mentalmente la causa para ver si el resultado se produce o no sin ella. Es necesario emitir un juicio acerca de la regularidad con que se producen los fenómenos (constancia posible) lo que nos proporciona la noción de “causa adecuada”. (ob. citada p. 261).

c. - Tal concepción debe entonces complementarse en el sentido de considerar como causas jurídicas del daño, solo aquéllas que normalmente contribuyen a su producción, desechando las que simplemente pueden considerarse como condiciones. Tal como lo proponen los partidarios de la teoría de la causalidad adecuada, expuesta por el alemán Von Kries, “solo son jurídicamente causas del daño, aquellos elementos que debían objetiva y normalmente producirlo”.

H. Mazeaud, citado por José Melich Orsini, en “La responsabilidad civil por los Hechos Ilícitos” (Biblioteca de la academia de ciencias políticas y sociales, Caracas, 1995, pág. 211 a 215) expresa sobre el punto:

“Hoy día la mayor parte de los autores han abandonado la teoría de la equivalencia de condiciones: ellos no admiten que todos los acontecimientos que concurren al a realización de un daño sean la causa de tal daño desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Parece, en efecto, que para ser retenido como causa desde el punto de vista de la responsabilidad civil, es decir, para ser susceptible de comprometer la responsabilidad civil de su autor, el acontecimiento debe haber jugado un papel preponderante en la realización del daño. Pero los jueces serán libres de apreciar si el acontecimiento ha jugado o no un papel suficiente en la producción del daño para ser retenido como causa del daño. No se puede ligar a la jurisprudencia por un criterio absoluto, ni aun por el criterio propuesto por los partidarios del a causalidad adecuada: el criterio de la normalidad. Todo lo que puede exigirse es que el acontecimiento haya jugado un papel preponderante, un papel suficiente en la realización del daño. Quienes no quieren adoptar el criterio de la normalidad propuesto por la teoría de la causalidad adecuada, son partidarios de la llamada tesis de la causalidad eficiente, esto es: que lo que debe investigarse es si el hecho ha jugado o no un papel preponderante, una función activa en la producción del daño”.

Ennecerus, citado en la misma obra, expresa:

“En el problema jurídico de la causa, no se trata par nada de causa y efecto en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas (...) Prácticamente importa excluir la responsabilidad por circunstancias que, según su naturaleza general y las reglas de la vida corriente, son totalmente indiferentes para que surja un daño de esa índole y que, solo como consecuencia de un encadenamiento totalmente extraordinario de las circunstancias, se convierte en condición del daño. Así, pues, se labora con un cálculo e (sic) probabilidades y solo se reconoce como causa, aquella condición que se halla en conexión adecuada con un resultado semejante”.

3. Aplicados dichos principios generales al sub iudice, se observa que, tal como lo manifestó el tribunal, es cierto que la causa última que determinó el accidente fue la falla en los frenos del bus, en la medida en que ella es la que se encuentra más próxima a su ocurrencia. Pero resulta también evidente que si se hubiesen cumplido las normas legales antes referidas, el viaje se habría realizado en un vehículo destinado usualmente al transporte de escolar sujeto a límites de velocidad de 40 Km por hora; con tarjeta de operación especial para dicho efecto; sometido a revisiones periódicas; en un modelo mucho más reciente (máximo cinco años) y no en uno que tenía 16 años de uso al momento del accidente; y previa la concesión de una licencia por el Intra que implicaba constatar el cumplimiento de tales requisitos y el estado general del vehículo si dichas condiciones se hubiesen cumplido, a juicio de la sala, seguramente el accidente no habría ocurrido o al menos el riesgo de que se presentara una situación como la que lo produjo habría sido mucho menor. En consecuencia, el incumplimiento de tales requisitos debe tenerse como una causa adecuada del perjuicio, en la medida en que concurrió a determinarlo y, por ende, compromete la responsabilidad de las entidades demandadas, en la medida en que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.344 del código civil, quienes concurren a la producción del daño deben responder solidariamente del mismo.

4. Ahora bien, podría objetarse a lo anterior, que si se hubiesen cumplido los requisitos que aquí han evidenciado la falla en el servicio y se hubiese contratado un bus de modelo reciente, revisado previamente y que cumpliera todos los requisitos, también existía la posibilidad de que el accidente habría podido presentarse, lo cual es cierto; pero igualmente es cierto que si ello hubiese sido así, normalmente, el citado accidente no habría ocurrido o las probabilidades de que la falla en los frenos se hubiese presentado habrían sido mucho menores.

Perjuicios

Teniendo en cuenta que todas las víctimas tenían edades que oscilaban entre los 14 y los 15 años de edad y cursaban estudios secundarios, no habrá lugar a condena por daños materiales, gastos de crianza, ni a la denominada pérdida de una oportunidad, siguiendo las pautas jurisprudenciales de la sala en esta materia. Tampoco habrá lugar a condenar a pago de gastos del proceso, en la medida en que ello significaría admitir condena en costas contra la entidad estatal demandada.

A. - Correspondientes a la menor, Marisol Arias Peña.

1. - Al expediente se allegó el registro civil de defunción de esta (f. 30 c.14); copia del acta del levantamiento de cadáver (f. 32 c.14); y la constancia expedida por el colegio acerca de que efectivamente estudiaba allí y que falleció en el accidente (f. 34).

2. - La demanda fue presentada el 26 de octubre de 1990 (f. 28 c.14) y comparecieron como demandantes, sus padres, Olimpo Arias Cedeño, Dioselina Peña de Arias y sus hermanos Luis Andrea, Yamile y John Alexander Arias Peña.

3. - Al expediente se allegó el registro civil de matrimonio de los demandantes Olimpo Arias Cedeño y Dioselina Peña Díaz, celebrado el 31 de octubre de 1975 (f. 37 c. 14), dentro del cual nació la víctima Marisol Peña Arias, el 10 de abril de 1976. (f. 29), y sus hermanos Luz Andrea (f. 39 c. 14 ), Yamile (f. 40 c. 14) y Jhon Alexander Peña Arias ( f. 41 c. 14) defunción (f. 30).

Con base en dichas pruebas, se condenará a la parte demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales la suma equivalente a 1.000 gramos oro para cada uno de los padres de la víctima; y la suma de 500 gramos para cada uno de sus hermanos.

4. - No hay lugar a reconocimiento de perjuicios materiales por gastos de entierro, en la medida en que está acreditado en el expediente que dichos gastos fueron cubiertos por el Seguro Obligatorio, regulado por el Decreto 1032 de 1991 (Vr. f. 86 c.8).

Al ser tal pago de tipo indemnizatorio, la suma pagada deberá descontarse, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 del Decreto 1032 de 1991, que textualmente señala:

“El pago efectuado por la entidad aseguradora que haya asumido los riesgos previstos en el presente decreto en relación con el automotor causante de daños corporales a las personas en accidente de tránsito no impedirá a la víctima o a sus derecho habientes a acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar del responsable las indemnizaciones a que crean tener derecho conforme a las normas legales. Las sumas pagadas por concepto de amparos de carácter indemnizatorio de las pólizas que se emitan en desarrollo de este decreto es entienden prioritarias e imputables a la indemnización que por mayor valor pueda resultar a cargo del responsable del accidente”.

B. - Correspondientes a Nelson Alirio Márquez Lavado.

1. - Al expediente se allegó su registro civil de defunción ( f.30 c.2 ); la copia del acta de levantamiento del cadáver (f. 32 c.2); y constancia expedida por el colegio acerca de que realizaba allí sus estudios y que falleció en el accidente ( f. 34 c.2)

2. - La demanda relativa a esta víctima fue presentada el 3 de diciembre de 1990 (f. 28 c.2) y comparecieron como demandantes sus padres, Alejandro Márquez y Ana Lucinda Lavado de Márquez, y sus hermanos, Omar Hernando, y Ángel Arial Márquez Lavado, y Blanca Lidia Daza Lavado.

3. - Al expediente se trajo copia también del registro civil de matrimonio de Alejandro Márquez y Ana Lucinda Lavado de Márquez, celebrado el 9 de enero de 1971 (f. 40 c.2), dentro del cual nació la víctima, Nelson Alirio Márquez Lavado (f. 29 c.2) y sus hermanos Omar Hernando Márquez Lavado (f. 42 c.2), Ángel Ariel Márquez Lavado (F 39 c.2).

4. - Probado lo anterior, se decretarán perjuicios morales en favor de los padres del occiso, Alejandro Márquez y Ana Lucinda Lavado De Márquez, por valor de 1.000 gramos oro para cada uno; y 500 gramos oro para cada uno de sus hermanos, Omar Hernando Márquez Lavado (f. 42 c.2) y Ángel Ariel Márquez Lavado (F 39 c.2).

No se decretan perjuicios en favor de Blanca Lidia Daza Lavado, quien compareció al proceso alegando la condición de hermana de la víctima, en la medida en que con el registro civil de nacimiento allegado al proceso (f. 41 c.2) se acredita que es hija de padres distintos; en este punto se confirmará la sentencia del a quo.

5. - No se reconocerán perjuicios materiales por gastos de entierro, por cuanto el recibo allegado al expediente (f. 35 c.2) no corresponde ni a la víctima ni a ninguno de los demandantes.

C. - Correspondientes a Olga Angélica Díaz Castellanos.

1. - Al proceso se allegó copia del registro civil de defunción de esta víctima (f. 31 c.3); del acta de levantamiento del cadáver (f. 43 c.3); y la constancia del colegio acerca de que ella estudiaba allí y que falleció también en el accidente (f. 33 c.3).

2. - La demanda fue presentada el 30 de enero de 1991 (F. 29 C.3) y comparecieron como demandantes sus padres, Jorge Eliecer Díaz y Olga María Castellanos, y sus hermanas Sonia Esperanza, Lilina Rocio Y Marlen Díaz Castellanos.

Con la copia del registro civil de nacimiento de la víctima, Olga Angélica Díaz Castellanos (f.30), suscrita por su padre y realizado con base en certificación médica, así como con las copias de los registros civiles de nacimiento de Sonia Esperanza (37 c.3), Lilina Rocío (38 c.3) y Marlen Díaz Castellanos (39 c.3), se acreditan las condiciones alegadas por los demandantes en el libelo introductorio. Y las relaciones da ayuda mutua y de convivencia entre padres e hijos están también demostradas con la declaración rendida en el curso del proceso por José Everaldo Ramírez Salazar (F. 98)

3. - Probado lo anterior, se decretarán perjuicios morales en cuantía de 1.000 gramos oro para cada uno de los padres, Jorge Eliecer Díaz y Olga María Castellanos; y 500 gramos oro para cada una de las hermanas, Sonia Esperanza, Liliana Rocío y Marlen Díaz Castellanos.

4. - No hay lugar a reconocimiento de los gastos fúnebres, en la medida en que está probado en el proceso que estos fueron cubiertos por el seguro obligatorio (Vr. f. 93 c.14)

D. - Correspondientes a Olga Yaneth Rincón Alvarado.

1. - Al proceso se allegó copia de su registro civil de defunción (f. 31 c.4); del acta del levantamiento del cadáver (f.42 c.4); y la constancia del colegio de que efectivamente ella estudiaba allí y que falleció en el accidente (f. 41 c.4).

2. - La demanda fue presentada el 31 de enero de 1991 (f. 29 c.4) y comparecieron como demandantes sus padres María Elena Alvarado Hernández y Luis Alfonso Rincón Pulido, y sus hermanos: María del Carmen, Dora Herminza, Carlos Alfonso, Doris Yadira, Edna Ruth y Luis Orlando Rincón Alvarado; y Juan Bautista Giraldo Alvarado.

3. - Al proceso se allegó copia del registro civil de nacimiento de la víctima, Olga Janeth Rincón Alvarado (f. 30 c.4), con el cual se demuestra que es hija de Luis Alfonso Rincón Pulido, quien la reconoce en dicho acto; y se allegó copia de los registros civiles de nacimiento de María del Carmen (f. 36), Dora Herminza ( f.37 c.4), Carlos Alfonso (f. 38 c.4), Doris Yanira (f.39 c.4), Luis Orlando (f. 34 c.4) y Edna Ruth Rincón Alvarado (f. 35 c.4), todos los cuales aparecen reconocidos por el mismo Luis Alfonso Rincón Pulido.

Con dichas pruebas queda entonces demostrada la relación de parentesco alegada. Y, en tal virtud, se condenará a la entidad demandada al pago por perjuicios morales, para el padre Luis Alfonso Rincón Pulido, de la suma equivalente a 1.000 gramos oro; y para cada uno de los hermanos María del Carmen, Dora Herminza, Carlos Alfonso, Doris Yanira, Luis Orlando y Edna Ruth Rincón Alvarado, la suma equivalente a 500 gramos oro.

4. - El registro civil de nacimiento allegado por el demandante, Juan Bautista Giraldo Alvarado, con el objeto de demostrar su condición de hermano de la víctima (F. 33 C.4), no sirve para tal fin por cuanto no aparece firmado ni por la madre, ni por el padre.

5. - Tampoco pueden otorgarse perjuicios morales a María Elena Alvarado Hernández, quien alegó la condición de madre del occiso, por cuanto en el registro civil de nacimiento de este no aparece su firma. En el punto se sigue la posición jurisprudencial de la sala sostenida, entre otras, en la sentencia del 14 de junio de 1991, proferida en el expediente Nº 6.300, actor Alberto Rincón, ponente Dr. Daniel Suárez Hernández.

De otra parte, no hay lugar a tenerla como tercera damnificada en la medida en que solo se recibió una declaración para acreditar tal condición y el testigo en ella manifestó no saber el nombre de la madre de la víctima (Vr. f. 99 c.8)

6. - Por último, los gastos fúnebres reclamados en la demanda como perjuicios materiales no fueron demostrados en el proceso.

E. - Correspondientes a la víctima Erwin Umaña Cristancho.

1. La demanda fue presentada el 23 de agosto de 1991 (f. 14 c.5) y comparecieron como demandantes la propia víctima Erwin Umaña Cristancho, sus padres, Teresa Cristancho Duarte y Saúl Umaña Umaña y su hermana Maritza Yamile Umaña Cristancho.

2. - Esta víctima, tal como quedó demostrado con los testimonios citados anteriormente, resultó lesionada en el accidente objeto del proceso y como producto del mismo perdió uno de sus brazos, razón por la cual, como perjuicios morales se le reconocerá la suma de 800 gramos oro.

3 - Al proceso se allegó el registro civil de nacimiento de la víctima, Erwin Umaña Cristancho (f.17 c.5), en el cual aparece reconocido por su padre, Saúl Umaña Umaña Y el registro civil de nacimiento de su hermana, Maritza Yamile Umaña Cristancho (f. 16), en las mismas condiciones.

Con dichos documentos se acredita el parentesco alegado, razón por la cual la entidad demandada será condenada al pago de 500 gramos oro para el padre, Saul Umaña Umaña y de 100 gramos oro para la hermana, Maritza Yamile Umaña Cristancho.

3. - Respecto de la madre, Teresa Cristancho Duarte, el registro civil de nacimiento de la víctima no acredita dicha condición, en la medida en que ella no aparece firmándolo; se sigue aquí también la orientación jurisprudencial de la sala antes referida.

Sin embargo, toda vez que al proceso obran las declaraciones de Nilma Ramírez Álvarez (f.102 c.8), Margoth Poveda Rodriguez y Graciela Borda Barreto, que relatan de que dicha demandantes se comportaba como la madre del occiso y convivía con él en tal condición, se decretarán en su favor, como tercera damnificada, perjuicios morales por 500 gramos oro.

4. - La condena en perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para esta víctima, se hará en abstracto, en la medida en que al proceso no obran pruebas suficientes para realizar su liquidación.

El lucro cesante, se calculará de la siguiente manera:

a) El a quo, con base en un dictamen pericial, estimará cuál fue el porcentaje de incapacidad que sufrió la víctima como consecuencia de la pérdida de su brazo.

b) Para calcular la renta, se tendrá en cuenta el valor del salario mínimo, a la fecha en que la víctima cumplió 18 años, esto es para el año de 1993. El periodo de indemnización abarcará desde dicha fecha hasta la edad de vida probable de la víctima y se calculará teniendo en cuenta el período vencido y la indemnización futura.

F - Correspondientes a la víctima, Juan Carlos Romero Bohórquez.

1. - Al expediente se allegó copia del registro civil de defunción de esta víctima (f. 19 c.6) y de la certificación del colegio, acerca de su condición de estudiante y de que su fallecimiento ocurrió en el accidente ( f. 20 c.6).

2. - La demanda fue presentada el 23 de agosto de 1991 (f. 13 c.6) y comparecieron como demandantes sus padres Armando Romero Feo y Nohemí Bohórquez y sus hermanos Hugo Alexander y Hernán Darío Romero Bohórquez.

Al expediente se trajo copia del registro civil de matrimonio de Armando Romero Feo y Nohemí Bohórquez (f. 15 c.6) celebrado el 18 de mayo de 1974, dentro del cual nació la víctima Juan Carlos Romero Bohórquez (f. 17 c.6) y su hermano Hugo Alexander Romero Bohórquez (f. 16 c.6).

Con base en dichas pruebas se decretarán perjuicios morales en cuantía de 1.000 gramos oro para cada uno de los padres, Armando Romero Feo y Nohemí Bohórquez; y para Hugo Alexander Romero Bohórquez la suma equivalente a 500 gramos oro.

3. - De acuerdo con el registro civil de nacimiento de Hernán Darío Romero Bohórquez. ( f. 18 c.6), este nació antes de que se celebrara el matrimonio de sus padres sin que en la copia del registro civil correspondiente a dicho acto, aparezca constancia de que se legitimó a este demandante. Por tal razón, la condición de hermano de la víctima alegada por este actor no se encuentra debidamente acreditada en el proceso.

Sin embargo, toda vez que en el expediente obran las declaraciones de Gabriel Cardona (f. 107 c.8 ) y de Pedro Elías Lozano Zea (f. 108), quienes dan cuenta de que efectivamente entre este demandante y el muerto existían relaciones de afecto, convivencia y ayuda mutua, normales entre los hermanos, se decretará en su favor, como tercero damnificado y por concepto de perjuicios morales la suma de 300 gramos oro.

4. - No hay lugar a reconocer los gastos fúnebres reclamados en el libelo introductorio, ya que no fueron acreditados; y porque en el expediente aparece demostrado que estos fueron cubiertos por el Seguro Obligatorio (Vr f.98 c.6).

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCASE la sentencia proferida por el tribunal administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, el 23 de noviembre de 1995. En su lugar se dispone:

1. - DECLARASE patrimonial y solidariamente responsables del accidente de tránsito ocurrido el 7 de octubre de 1989 en la carretera de Bogotá a Silvania, al Distrito Especial de Santafé de Bogotá y a la Nación - Ministerio del Transporte.

2. - En virtud de lo anterior, se condena a dichas entidades a pagar las siguientes sumas de dinero:

a. La suma equivalente a un mil (1.000) gramos oro para cada uno de los demandantes Olimpo Arias Cedeño y Dioselina Peña Díaz; y la suma de quinientos (500) gramos para cada uno de los demandante, Luz Andrea, Yamile y Jhon Alexander Arias Peña.

b. La suma equivalente a un mil (1.000) gramos oro para cada uno de los demandantes, Alejandro Márquez y Ana Lucinda Lavado de Márquez; y quinientos (500) gramos oro para cada uno de los demandantes, Omar Hernando y Ángel Ariel Márquez Lavado.

c. - La suma equivalente a un mil (1.000) gramos oro para cada uno de los demandantes, Jorge Eliecer Díaz y Olga María Castellanos; y quinientos (500) gramos oro para cada una de las hermanas, Sonia Esperanza, Liliana Rocío y Marlen Díaz Castellanos.

d. - La suma equivalente a un mil (1.000) gramos oro para el demandante Luis Alfonso Rincón Pulido; y para cada uno de los demandantes, María Del Carmen, Dora Herminza, Carlos Alfonso, Doris Yanira, Luis Orlando y Edna Ruth Rincón Alvarado, la suma equivalente a quinientos (500) gramos oro.

e. - La suma equivalente a ochocientos (800) gramos oro para Erwin Umaña Cristancho; quinientos (500) gramos oro para Saúl Umaña Umaña; cien (100) gramos oro para Maritza Yamile Umaña Cristancho; y 500 gramos de oro para Teresa Cristancho Duarte.

Se condena también a la entidad demandada, en abstracto y de acuerdo con las pautas indicadas en la parte motiva, a pagar perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a la víctima Erwin Umaña Cristancho.

f. La suma equivalente un mil (1.000) gramos oro para cada uno de los demandantes, Armando Romero Feo y Nohemí Bohórquez; para Hugo Alexander Romero Bohórquez la suma equivalente a quinientos (500) gramos oro; y trescientos (300) gramos oro para Hernán Darío Romero Bohórquez.

El valor del gramo oro se determinará mediante certificación del Banco de la República, para la fecha de ejecutoria del presente fallo.

Las sumas a que se refieren las condenas decretadas en esta sentencia, devengarán intereses comerciales dentro de los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios de ahí en adelante (art. 177 CCA.)

Para el cumplimiento de eta sentencia EXPÍDANSE copias con destino a las partes con las precisiones del art. 115 del código de procedimiento civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese y devuélvase, y publíquese en los anales del consejo.

Magistrados: Carlos Betancur Jaramillo, Presidente de la Sala—Jesús María Carrillo Ballesteros—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suarez Hernández—Ricardo Hoyos Duque.

Lola Elisa Benavides López, Secretaria.