Sentencia 11774 de marzo 2 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONClLIACIÓN PARCIAL

NO ES PRUEBA EN CONTRA DEL DEMANDADO RESPECTO DE LO NO CONCILIADO

EXTRACTOS: «La circunstancia según la cual la entidad pública demandada haya conciliado prejudicialmente con la parte actora sobre los perjuicios morales, no significa “un reconocimiento implícito” de responsabilidad patrimonial, como lo sostiene el a quo.

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

La conciliación es un instituto de solución directa de los conflictos, es decir, consiste en la armonización, por los propios contrincantes, de intereses divergentes que coinciden en una determinada solución. De esta manera, la conciliación es un consenso racional que se estima beneficioso para ambas partes, en aras de una mayor economía de recursos procesales y materiales y, ante todo, por la satisfacción del arreglo directo del conflicto.

Esta vía se encuentra construida a partir de la capacidad dispositiva de las partes en materias susceptibles de transacción, y cuya bondad como fórmula real de paz y como instrumento de descongestión de los despachos judiciales está suficientemente demostrada.

Sobre esta materia la Corte Constitucional ha dicho:

“Conciliar no implica por esencia renuncia, sino recíproca y voluntaria limitación de las pretensiones de las partes, de tal manera que a través de ella buscan armonizar los derechos por éstas invocados. El universo jurídico es una convergencia de intereses, en virtud de la limitación. De una u otra manera, la limitación comporta al mismo tiempo, pero bajo otro aspecto, una garantía, pues al circunscribir la pretensión a un marco determinado, hay seguridad de que dicho marco jurídico es inviolable por parte de los demás. Por otro lado, el acto de conciliar es firme porque es efecto de la autonomía de la voluntad, esencia del derecho, como lo señaló Kant en la “Metafísica de las costumbres”.

Ahora bien, el acto de conciliar no puede ser de una manera única, rígida e inflexible, porque lo que importa realmente es el fin que persigue. Es, pues, un acto que admite múltiples formas de realización. Se permiten todos los medios para conciliar, mientras no vulnere el derecho de nadie, y, por sobre todo, mientras no se desconozca el derecho de defensa” (4) .

(4) Sentencia T-197 de mayo 5 de 1995.

De tal manera, sería un contrasentido estimar que por haberse producido un acuerdo conciliatorio parcial, ya sea éste prejudicial o judicial, la parte demandada haya adquirido una situación de desventaja para defender sus intereses y ejercer su derecho de contradicción sobre lo no conciliado, bajo el supuesto de que aceptó implícitamente las pretensiones de su contradictor.

La conciliación parcial no es un medio de prueba en contra de la parte demandada respecto de lo no conciliado, que deba ser tenida en cuenta al momento de la resolución judicial del conflicto, puesto que en ningún momento constituye un medio útil para llevar a juez al convencimiento o la certeza sobre los hechos, ya que no está investida de un poder demostrativo de situaciones fácticas, que permita el contacto del juez con la realidad del caso concreto que se ventila.

Según el profesor Hernando Devis Echandía “existe prueba suficiente en el proceso, cuando en él aparece un conjunto de razones o motivos que producen el convencimiento o la certeza del juez respecto de los hechos sobre los cuales debe proferir su decisión, obtenidos por los medios, procedimientos y sistemas de valoración que la ley autoriza” (5) .

(5) Hernando Devis Echandía. Teoría general de la prueba judicial, T. I. Santafé de Bogotá: Editorial ABC, 5ª edición, 1995, pág. 34.

En conclusión, la conciliación parcial de las pretensiones de las partes no puede ser valorada como prueba judicial respecto de las materias no conciliadas, sino que su alcance jurídico queda circunscrito a su propia naturaleza y universo de ser un mecanismo de solución directo, consensual, racional y alternativo de conflictos, y no de medio demostrativo de situaciones fácticas.

Los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, de igualdad procesal, del debido proceso y de defensa de las partes se encuentran incólumes respecto a las materias controvertidas sobre las cuales no fue posible conciliar, y corresponderá al juez resolver el conflicto con fundamento en el examen crítico de las pruebas y en aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes.

(Sentencia de marzo 2 de 2000. Expediente 11.774. Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez).

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