Sentencia 11715 de septiembre 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA.

Ref.: Exp. 11.775

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Actor: Boris Dousdebes Mateus y otros

Demandada: Nación-Ministerio de Defensa.

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre diez de mil novencientos noventa y siete.

La Sala no encuentra que la elaboración y remisión del listado con la inclusión del nombre del mencionado militar haya generado perjuicio moral tal cual se solicitó en la demanda, pues de las probanzas allegadas al expediente se infiere que dicho documento era confidencial y reservado y por ende no fue dado a conocer a ninguna persona diferente a quienes tenían directa relación con el contenido del mismo, dentro de la jerarquía interna de la fuerza militar. Sobre este aspecto es necesario tener en cuenta que si bien por mandato constitucional “todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre”, tal cual reza con absoluta claridad el artículo 15 de la Constitución Política y que, desde luego, el Estado debe respetar dichos derechos y hacerlos respetar; ha de tenerse presente que el derecho personalísimo del buen nombre se conculca cuando la acción u omisión de la autoridad pública invade de manera antijurídica la órbita privada del sujeto titular del mismo.

En este orden de ideas resulta conveniente precisar en el caso presente que la elaboración del listado de personal retirado y su posterior remisión al Batallón “Rincón Quiñones”, es una conducta que obedeció a la necesaria seguridad que reclama la organización interna de la institución castrense. Es apenas obvio que si las fuerzas militares adelantaron averiguaciones ante las anomalías protagonizadas por miembros de la institución de las cuales se tuvo conocimiento y llegaron a determinadas conclusiones, la prudencia y los requerimientos de seguridad para la misma institución, hacían necesario poner en conocimiento de ciertas dependencias —unidades tácticas— la existencia de la prohibición de ingreso al personal retirado.

La Sala desde luego entiende que ese proceder dentro de los diversos cuerpos de las fuerzas armadas de la República no contraría la norma constitucional precitada, bajo el entendido de que dicha información es por completo reservada y confidencial y que con ella se busca satisfacer un interés público atinente a la seguridad de la propia institución. En este orden de ideas cree la Sala que es perfectamente viable que la comandancia del ejército o a quien competa dicha función dentro de la organización interna de la institución, noticie a las varias dependencias las novedades del servicio, se reitera, con el único propósito que el personal retirado de las filas del ejército se le restrinja la entrada a las instalaciones de la institución.

Lo que sí resulta censurable y prohibido a la luz de la norma constitucional es la utilización del nombre de cualquier persona con calificativos que comporten una vulneración del derecho personalísimo al buen nombre y al honor, toda vez que, ese proceder resulta contrario a derecho —antijuridicidad— y puede comportar un perjuicio de naturaleza moral.

————————————————————