Sentencia 11782 de julio 31 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DE SALUD

NO HAN PERDIDO SU NATURALEZA JURÍDICA

EXTRACTOS: «La Ley 10 de 1991, por la cual se reorganizó el sistema nacional de salud, señaló en su artículo 1º que

“La prestación de los servicios de salud, en todos los niveles, es un servicio público a cargo de la Nación, gratuito en los servicios básicos para todos los habitantes del territorio nacional y administrado en asocio de las entidades territoriales, de sus entes descentralizados y de las personas privadas autorizadas, para el efecto, en los términos que establece la presente ley”.

Según voces del artículo 5º ibídem, el sector salud está integrado por dos subsectores: el público y el privado, perteneciendo al primero todas las entidades públicas que dirijan o presten servicios de salud y, específicamente:

“a) Las entidades descentralizadas directas o indirectas del orden nacional;

b) Las entidades descentralizadas directas o indirectas del orden departamental, municipal, distrital o metropolitano o las asociaciones de municipios;

c) Las dependencias directas de la Nación o las entidades territoriales;

d) Las entidades o instituciones públicas de seguridad social, en lo pertinente a la prestación de servicios de salud, sin modificación alguna de su actual régimen de adscripción;

e) La Superintendencia Nacional de Salud, que a partir de la vigencia de la presente ley, es un organismo adscrito al Ministerio de Salud, dentro del marco de la autonomía administrativa y financiera que le señala la ley, sin personería jurídica”.

El subsector privado, a su vez, está conformado por todas las entidades o personas privadas que prestan servicios de salud y, espe-cíficamente por:

“a) Entidades o instituciones privadas de seguridad social y cajas de compensación familiar, en lo pertinente a la prestación de servicios de salud;

b) Fundaciones o instituciones de utilidad común;

c) Corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, y

d) Personas privadas naturales o jurídicas”.

El artículo 6º ejusdem, reza:

“Responsabilidades en la dirección y prestación de servicios de salud. Conforme a lo dispuesto en el artículo primero de la presente ley, y sin perjuicio de la aplicación de los principios de subsidiariedad y complementariedad, de que trata el artículo 3º de esta ley, y de las funciones que cumplen las entidades descentralizadas del orden nacional, cuyo objeto sea la prestación de servicios de previsión y seguridad social, y las que presten servicios de salud, adscritas al Ministerio de Defensa, asígnanse las siguientes responsabilidades en materia de prestación de servicios de salud:

a) A los municipios, al Distrito Especial de Bogotá, al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena y a las áreas metropolitanas, directamente, o a través de entidades descentralizadas municipales, distritales o metropolitanas directas o indirectas, creadas para el efecto, o mediante asociación de municipios, la dirección y prestación de servicios de salud del primer nivel de atención, que comprende los hospitales locales, los centros y puestos de salud;

b) A los departamentos, intendencias y comisarías, al Distrito Especial de Bogotá, al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena y a las áreas metropolitanas, directamente, o a través de entidades descentralizadas directas o indirectas, creadas para el efecto, o mediante sistemas asociativos la dirección y prestación de los servicios de salud del segundo y tercer nivel de atención que comprende los hospitales regionales, universitarios y especializados. La Nación continuará prestando servicios de atención médica en el caso del Instituto Nacional de Cancerología”.

El entendimiento armónico e integral de las disposiciones anteriores permite colegir que, de acuerdo con sus postulados, en desarrollo del precepto constitucional consagrado en el artículo 19 de la Carta Política, la asistencia pública en salud es una función del Estado, de ahí que bajo su dirección han de funcionar tanto las diferentes entidades públicas como las privadas que prestan tales servicios; que todas las entidades (públicas y privadas) que en los diferentes niveles prestan servicios de salud, constituyen un tronco común, que se denomina “sector salud”; que como de tales entidades unas tienen carácter público y otras privado, de ese tronco se desprenden los subsectores que las agrupan —el público y el privado—.

Mas ello no quiere decir que, en el caso del sector público, las diferentes instituciones oficiales de salud pertenezcan directamente a las entidades territoriales del nivel administrativo que ostenten; vale decir, que dichas instituciones sean dependencias directas de las personas jurídicas denominadas Nación, departamentos, municipios, distritos especiales, etc., toda vez que claramente se dice en el artículo 5º que el susodicho subsector está integrado por las entidades descentralizadas directas o indirectas del orden nacional, departamental, municipal, distrital, metropolitano, o las asociaciones de municipios.

Lo anterior implica que no por el hecho de que el legislador haya previsto que las distintas entidades descentralizadas de salud de los diferentes órdenes, conformen el subsector oficial de salud, éstas hayan quedado subsumidas por la persona jurídica constituida por la entidad territorial que determina el orden al cual pertenecen.

Así, no porque un establecimiento público que venía prestando servicios de salud y continúe haciéndolo, pertenezca al nivel nacional, o al departamental o al distrital, a raíz de la expedición de la Ley 10 de 1991, dejó de serlo y pasó a ser una dependencia de la persona jurídica llamada nación, departamento o distrito. No. Cada entidad conserva su condición jurídica y como tal, dentro del concierto normativo, continúa cumpliendo sus funciones, esto es, continúa prestando sus servicios de salud, bajo la dirección de la respectiva entidad territorial, pero con la independencia administrativa y patrimonial propia de su condición jurídica.

Es ello lo que se colige del tenor del articulado de la ley, pues de otra suerte no se hubiera previsto la continuidad de la prestación del servicio de salud por parte de las entidades descentralizadas directas o indirectas, sino la asunción por las entidades territoriales de tal función. Pues no puede decirse que porque a éstas les competa la dirección de la prestación de dicho servicio y la responsabilidad por la forma en que ello se haga, las instituciones de salud existentes hayan perdido la naturaleza jurídica que ostentaban o que no puedan crearse otras, como personas jurídicas independientes de la entidad territorial del nivel administrativo de que se trate».

(Sentencia de julio 31 de 1996. Expediente 11782. Consejero Ponente: Dr. Javier Díaz Bueno).

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