Sentencia 11798 de mayo16 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Nilson Pinilla Pinilla

Aprobado Acta Nº 053

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil dos.

Asunto

EXTRACTOS: «Se procede a resolver el recurso de casación interpuesto en favor de los sindicados Pedro Pablo Beltrán Bejarano, Moisés Tisoi Tiga, Jesús Antonio Quinayas Quinayas, Ernesto Gómez Piedrahíta, Medardo Francisco Pacheco Castro y Efraín José Valera Valera, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá que los condenó por homicidio agravado y hurto calificado agravado, y al último además por porte ilegal de arma de fuego de defensa personal.

Hechos

La noche del 14 de septiembre de 1993, varias personas ingresaron al parqueadero de la “Organización Farmacéutica Americana S.A., OFA”, ubicado en la carrera 36 Nº 18-21 de esta ciudad, cuando Jorge Enrique Mora Mora se disponía a salir después de terminado su turno de vigilancia y entregado el puesto a José Antonio Nova Quintero, a quien los intrusos dieron muerte con disparos de arma de fuego y se apoderaron del revólver de la celaduría, un camión Chevrolet, modelo 1981, placas SN-8489, valorado en $ 17''000.000, que contenía 1.500 cajas, cada una con 288 tubos de crema Yodora de 12 gramos, cuantificadas en $ 56''592.000.

Dos días después, unidades de policía incautaron, en el inmueble de la carrera 71 Nº 65B-60 de esta capital, 1.226 de esas cajas y dos revólveres y capturaron a Pedro Pablo Beltrán Bejarano, Moisés Tisoi Tiga, Jesús Antonio Quinayas Quinayas, Ernesto Gómez Piedrahíta y Medardo Francisco Pacheco Castro.

Posteriormente fue vinculado al proceso Efraín José Valera Valera, compañero permanente de la arrendataria del predio en donde se halló la mercancía, a quien también se imputó que el 26 de abril de 1993 transitaba por la carrera 17 con calle 48 de esta ciudad, portando una pistola, sin permiso de autoridad competente.

Antecedentes procesales

La Fiscalía 99 Seccional de Bogotá abrió investigación, oyó en indagatoria a Pedro Pablo Beltrán Bejarano, Moisés Tisoi Tiga, Jesús Antonio Quinayas Quinayas, Ernesto Gómez Piedrahíta, Medardo Francisco Pacheco Castro y Efraín José Valera Valera y dispuso su detención preventiva como coautores de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal (fls. 175 y ss. y 337 y ss. cdno. 1).

Cerrada la investigación, el 11 de marzo de 1994 fueron acusados por los punibles aludidos (fls. 474 y ss. cdno. 1), mediante resolución confirmada por la fiscalía delegada ante el Tribunal de Bogotá, el 3 de junio de 1994 (fls. 28 y ss. cdno. fisc. 2ª inst.).

Correspondió al juez 54 penal del circuito de esta ciudad adelantar el juicio, que fue acumulado mediante auto del 1º de julio de 1994 (fls. 1 y ss. cdno. respectivo) por el juzgado 42 penal del circuito, al proceso que allí se adelantaba contra Efraín José Valera Valera por porte ilegal de armas, en el cual había quedado primero ejecutoriada la resolución de acusación, el 23 de diciembre de 1993, previa vinculación del sindicado mediante indagatoria y resolución de su situación jurídica con medida de detención preventiva.

Al ser convertido este último despacho en juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, la actuación pasó al 11 penal del circuito, que mediante sentencia fechada el 16 de marzo de 1995 condenó a los procesados por los delitos de la acusación, a 42 años y 6 meses de prisión, excepto a Efraín José Valera Valera, a quien le señaló 43 años y 6 meses de prisión, por la acumulación con el otro punible contra la seguridad pública; a todos les impuso 10 años de interdicción de derechos y funciones públicas y la obligación de indemnizar los perjuicios respectivos (fls. 128 y ss. cdno. 3).

Apelada la sentencia por los defensores, el 28 de junio de 1995 el tribunal revocó la condena por el porte ilegal de las armas de fuego de defensa personal halladas el 16 de septiembre de 1993 (fls. 65 y ss. cdno. trib.), pero dispuso que permanecieran a disposición de la correspondiente dependencia de las Fuerzas Militares.

En consecuencia, modificó la pena principal a Pedro Pablo Beltrán Bejarano, Moisés Tisoi Tiga, Jesús Antonio Quinayas Quinayas, Ernesto Gómez Piedrahíta y Medardo Francisco Pacheco Castro, reduciéndola a 41 años y 6 meses de prisión y a Efraín José Valera Valera, a 42 años y 6 meses de prisión, confirmando el resto de la decisión recurrida.

Ese fallo de segunda instancia fue impugnado extraordinariamente por los defensores de todos los procesados.

(...).

Consideraciones de la Corte

1. Se procede a analizar en primer término, lo relativo al cargo de nulidad propuesto porque, de prosperar, quedaría sin valor la sentencia impugnada y resultaría inane estudiar las restantes censuras, por sustracción de materia.

Por ello, es prioritario comenzar el examen de la demanda formulada en defensa de Pedro Pablo Beltrán Bejarano, Moisés Tisoi Tiga y Jesús Antonio Quinayas Quinayas, cuyo primer reproche contiene pretensiones invalidantes.

1.1. Cargo primero: El libelista no señala las razones por las cuales cuestiona la falta de aplicación del principio de favorabilidad, limitándose a sostener que la Ley 40 de 1993 desconoció tal principio, y aunque anuncia presentar “el recurso de inexequibilidad contra el artículo 29” de esa ley ((sic), fl. 169, cdno. trib.), trata de encuadrar el ataque al amparo de la causal tercera de casación, sin especificar las bases de la nulidad alegada, ni observar que ese planteamiento de inaplicación de la favorabilidad, que es una de las garantías fundamentales sustanciales, debió encauzarlo, si tuviere fundamento, por la causal primera.

Más aún, este cargo no aparece dirigido realmente contra la actuación judicial, pues es al legislador a quien cuestiona por aumentar la pena para el homicidio, en la Ley 40 de 1993, sin sustentarse la presencia del conflicto de dos leyes aparentemente aplicables al caso concreto, donde deba seleccionarse la más beneficiosa para los sindicados.

Además, confunde el recurso de casación, que busca corregir las posibles falencias en que pudo incurrir el juzgador al proferir la sentencia y que tiene como fines primordiales, entre otros, la efectividad del derecho material y la preservación de las garantías debidas a los intervinientes en el proceso, de conformidad con el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, con la acción de inconstitucionalidad que cualquier ciudadano puede ejercer contra una ley, por su contenido o vicios de forma, cuya competencia radica en la Corte Constitucional, según el artículo 241-4 de la Carta.

De otra parte, los artículos 29 y 30 de la Ley 40 de 1993, que modificaron los artículos 323 y 324 del Decreto 100 de 1980, fueron declarados exequibles, mediante sentencia de la Corte Constitucional, de fecha diciembre 7 de 1993, que hizo tránsito a cosa juzgada, con efectos erga omnes, sin que pueda ser desconocido ese fallo, al contrario de lo pretendido por el recurrente con la formulación antitécnica y desacertada del cargo, que no prospera.

1.2. Segundo cargo: Aunque el censor endilga varios falsos juicios de identidad al fallador, no especifica en qué consistieron, ni precisa cómo distorsionó el tribunal la diligencia en donde el celador Mora Mora no reconoció a dichos sindicados como las personas que estuvieron esa noche en el parqueadero de “OFA”, donde acontecieron los hechos, como tampoco en parte alguna de la sentencia obra que el ad quem hubiera colegido que el vigilante los reconociese, ni realizó mutación alguna para hacerle producir a la prueba un efecto que no tenga.

Aunque expresamente no lo dice, el recurrente da a entender que fue desfigurada la versión del sindicado Valera Valera al no tener en cuenta que se retractó, y por tanto no habría que dar credibilidad a los testimonios de los policiales que efectuaron las capturas y lo habrían presionado para que declarara en dicha forma. No obstante, en el expediente aparece que este procesado, en la etapa del juicio, en dos oportunidades señaló que era cierta su versión inicial, en cuanto a las imputaciones que realizó a la mayoría de los correos, y que no había sido objeto de amenazas por parte de la policía. Así, el fundamento del cual se vale el censor para formular el reproche no existe, habiendo además el tribunal analizado íntegramente el dicho del aludido Valera.

El impugnante incurre en un sofisma, cuando sostiene que al no haber sido investigados Benedicto Vargas, Jorge Galindo, Betty Vargas, Marisol Vargas, Adelaida Galindo y Jorge Quintero Benavides por falso testimonio, deben ser tenidas por ciertas sus declaraciones, sobre haber estado Pedro Pablo Beltrán Bejarano los días 14, 15 y 16 de septiembre de 1993, entregando una cuota diaria en un fondo de amigos en el barrio Alcalá.

Sin embargo, ese no es un factor exclusivo para tomar en cuenta en el análisis de los testimonios y nuevamente se observa que no está sustentando el falso juicio de identidad que anunció en la presentación del cargo, sino que acude a conjeturas, con el fin de tratar de imponer su peculiar punto de vista en el análisis de estas pruebas, contra la valoración desarrollada por el juzgador, que le llevó fundadamente a restarles credibilidad.

El censor no expresa las razones por las cuales los que denomina indicios de presencia en el lugar donde fue incautada la mercancía hurtada y de no justificación de la conducta, deben considerarse como uno sólo, a pesar de haberlos individualizado el ad quem. Ataca además la prueba indirecta, porque no se trataba de un indicio necesario sino contingente, pero el fallador en ninguna parte de la sentencia impugnada le dio aquel carácter, sino que a cada uno de los indicios lo consideró grave, convergiendo entre sí.

Este casacionista no fundamenta, ni señala, los motivos por los cuales el tribunal no podía realizar la inferencia que efectuó con base en el hecho indicador y simplemente se limita a decir que ella no era posible; incluso, se desvía para sostener que del hecho de conducir un taxi no puede deducirse la coparticipación en un hurto, cuando no fue en esta circunstancia en la que se fundamentó el ad quem, sino en la tenencia de la mercancía hurtada.

En consecuencia, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

2. Demanda presentada a favor de Medardo Francisco Pacheco Castro.

2.1. No obstante que el censor en la formulación del primer cargo aduce falso juicio de identidad por tergiversación de los hechos indicadores, a la postre ataca la inferencia realizada por el juzgador, porque sirve para deducir la coparticipación en el hurto pero no en el homicidio, ya que el tribunal reconoció que su representado no intervino materialmente en los sucesos del 14 de septiembre de 1993.

Al igual que aconteció con el reproche de la demanda que se acaba de examinar, este recurrente se queda en la enunciación y exposición genérica de lo que es el error de hecho, el falso juicio de identidad, el ataque al hecho indicador o a la inferencia lógica, sin descender al caso concreto, ni precisar en qué consistió el yerro del juzgador al efectuar la deducción, ni los fundamentos por los cuales no podía hacer esa inferencia, ni las reglas de la experiencia, la lógica o la ciencia que desconoció o no siguió en su razonamiento, falencias técnicas que impiden un análisis de fondo de este cargo, al no proporcionar las herramientas necesarias que permitan a la Corte adentrarse en el asunto enunciado, pero no desarrollado.

2.2. La segunda censura la hace consistir en un falso juicio de existencia, al no tener en cuenta el fallador que María del Socorro Maestre y Efraín José Valera Valera imputaron a Medardo Pacheco Castro únicamente su intervención en el hurto y, por lo tanto, debió deducir que no incurrieron en el homicidio, que además habría sido cometido por fuera de lo pactado.

No obstante, de las diversas citas de esos testimonios que hizo el fallador, así como al referirse a la versión inicial, a la retractación y a la posterior reafirmación de lo aseverado en un comienzo por Efraín Valera, aparece que el tribunal analizó en su integridad tales manifestaciones; es decir, no incurrió en el yerro aducido, pues ponderadamente descartó la posibilidad de no haber participado Pacheco Castro en el homicidio, concluyendo que fue coautor de los dos delitos.

Este impugnante tampoco señala los fundamentos que permitan concluir que alguno de quienes perpetraron el delito contra el patrimonio económico excedió lo pactado al dar muerte al celador del parqueadero de “OFA”, ni cuáles las razones para que el fallador tuviera que llegar a esa conclusión y no a la que arribó, para reconocer únicamente que hubo un acuerdo previo a la realización del hurto, lo cual es obvio, mientras la ajenidad en el homicidio es una mera aseveración, sin base probatoria alguna, que ni siquiera invoca.

Estos reproches también deben ser descartados.

3. Demanda formulada en representación de Ernesto Gómez Piedrahíta.

Cargo principal: este reproche, al igual que en buena parte de los anteriores, se caracteriza por no precisar en qué consistió el falso juicio de identidad que atribuye al juzgador en la apreciación de los indicios, limitándose a señalar que la condena se basó en una sola prueba indirecta, que no es indicio necesario, pero se observa que en el fallo impugnado no aparece que el juzgador lo haya considerado o manejado en la forma que aduce el libelista.

Además, éste abandona lo enunciado, al indicar que el vigilante Jorge Enrique Mora Mora no reconoció a su representado como una de las personas que ingresaron al parqueadero la noche de los sucesos, imputando al juzgador haber inferido algo que no podía deducirse del hecho indicador e insiste en que se trata de un solo indicio, que apenas es grave. Sin embargo, en la sentencia fueron analizados dos indicios: uno relacionado con la tenencia de la mercancía hurtada y otro referente a la mala justificación de la conducta, sin observarse yerro alguno al respecto.

Tampoco logra precisar el demandante cuáles fueron los errores del fallador en la apreciación de las pruebas, ni en el raciocinio efectuado para llegar a las conclusiones a que arribó, ni explica los fundamentos que le impedían efectuar las inferencias realizadas en la sentencia, por lo cual el cargo no prospera.

4. Demanda a favor de Efraín José Valera Valera y análisis de los restantes cargos comunes, contenidos en los otros tres libelos.

4.1. La censura principal consiste en atribuir al juzgador haber dado al “único indicio” el valor de “plena prueba”, y la crítica subsidiaria en que “no se logró demostrar la plena e indiscutible responsabilidad de mi defendido sobre los hechos que se le imputan”, aduciendo que se trata de dos aspectos de un mismo asunto que pueden ser examinados conjuntamente, pero al concluirse que el fallador no erró al asumir con certeza la demostración de los hechos y la responsabilidad de los acusados, en ambos delitos, se descarta a la vez el indubio pro reo, que también alegan los demás casacionistas.

El reproche se centra en que la posesión de la mercancía hurtada o su transporte no permite inferir que los sindicados incurrieron en el hurto, menos en el homicidio, porque tal indicio no es necesario al existir diversas explicaciones, como ser tenedor inocente o legítimo, o receptador, explicaciones alegadas como carencia de plena prueba y, subsidiariamente, como duda.

No obstante, se observa que el fallador no se basó exclusivamente en esa prueba, sino que con relación a todos los acusados tomó en consideración otras, como la mala justificación de la conducta y a Efraín José Valera Valera le agregó la capacidad moral para delinquir, deducida de las diversas investigaciones adelantadas en su contra, por diferentes delitos y contravenciones.

El tribunal, en la sentencia impugnada, con relación a Moisés Tisoi Tiga y Jesús Antonio Quinayas Quinayas, analizó:

“Entonces, pensar que fueron sin saber de qué se trataba y menos sin conocer cuál la procedencia de la mercancía, es una explicación que no se encuentra como lógica y razonable, sin que el conocimiento de la ilicitud que surge como contrapartida, pueda admitirse para predicar su adecuación en otro ilícito distinto a la coparticipación en el hurto y el homicidio, porque como se comentaba con ocasión del procesado Beltrán Bejarano, la prueba que los involucra por haber llevado hasta el inmueble la mercancía, sirve para inferir su activa participación delictiva en la apropiación violenta del camión cargado de productos Yodora y aunque no necesariamente pudieron haber sido los ejecutores de los mismos, sí hicieron parte del engranaje humano que debía finiquitar esa actividad de aseguramiento del producto para su efectivo aprovechamiento que se lograría con la distribución ilícita de lo hurtado, sin que ellos fueran los incautos comisionistas que cayeron en la trampa de ir a ver una mercancía que resultó hurtada, justificación que no es creíble, sino que como se dijera antes, fueron artífices de los hechos como quiera que fueron los responsables de una actividad que así lo indica como es la de llevar hasta ese lugar un camión cargado con lo hurtado, tal como lo sostienen Efraín y María.

No es entonces, la sola presencia en el lugar del allanamiento la que conduce a su vinculación delictiva como para que pueda afirmarse como lo sugiere la defensa, que se está responsabilizando en forma objetiva, sino que como se advirtiera antes, es su presencia en el día anterior llevando la mercancía la prueba que sustenta y demuestra que no son ciertas sus explicaciones de ajenidad” (fls. 82 y 83, cdno. trib.).

De ahí que frente a todos los acusados, no hubo un solo indicio aislado, sino varias probanzas que, concatenadas, llevaron al juzgador a concluir que intervinieron en el hurto. No puede eludirse ese indicio de la mala justificación y así el censor eliminar la inferencia realizada por el tribunal, con el fin de que se acoja su planteamiento acerca de que los tenedores y transportadores de los bienes hurtados eran terceros ajenos a los hechos y legítimamente efectuaron esas actividades.

Más aún, las pruebas deben ser analizadas en conjunto, como hizo el ad quem, y se observa que Medardo Francisco Pacheco Castro afirmó que esa tarde del 15 de septiembre de 1993, quienes transportaban la mercancía hurtada la depositaron en su habitación y le entregaron las facturas respectivas, las cuales no exhibió a los miembros de la policía que realizaron el allanamiento, ni las allegó al proceso. Es decir, tácitamente aceptó que, en razón de la cantidad de bienes y su valor, lo normal era exigir los documentos que demostraran su procedencia lícita, que le servirían para establecer su corrección en el evento de requerimientos de las autoridades, sin haberlo hecho.

El tribunal descartó que pudiera considerarse a Ernesto Gómez Piedrahíta como el inocente visitante que ocasionalmente estaba en la casa en donde fue hallada la mayor parte de lo hurtado, pues como señaló el juzgador, no era un extraño para los transportadores de esos elementos, ya que Pedro Pablo Beltrán Bejarano le dio a guardar un revólver el 15 de septiembre de 1993, que “por olvido” dejó en la residencia de María del Socorro Maestre, donde fue hallado por los detectives al día siguiente, lo que aunado a otras pruebas revelan que formaba parte de la empresa delictiva, como analizó el ad quem.

Claramente se va observando que no fue la simple presencia en el momento del allanamiento en el cual fue detectada la mayor parte de las cosas hurtadas, la única prueba incriminatoria, como alegan los casacionistas, sino que pocas horas después del apoderamiento fueron trasladadas a la casa arrendada por María Maestre Maestre, en donde era visitada por su compañero permanente Efraín José Valera Valera y residía Francisco Medardo Pacheco Castro.

Esa proximidad temporal fue tomada en cuenta por el ad quem, para hacer ver que tanto los recién mencionados como los transportadores integraban el grupo delincuencial, precisamente por el breve lapso transcurrido, insuficiente para conseguir a terceros inocentes que se encargaran del traslado y ocultamiento de los bienes, en lo cual se arriesgaban, además, a ser descubiertos, disminuir las ganancias ilícitas y dejar en poder de extraños una cuantiosa mercancía.

Los demandantes se circunscribieron a ese indicio, que denominan de presencia con el fin de minimizarlo y no atacaron otras apreciaciones del fallador, el cual, de acuerdo con la realidad probatoria, no consideró a los acusados como simples espectadores de los sucesos delictivos, sino que se dividieron el trabajo, unos para apoderarse y transportar y otros para almacenar los bienes, pero todos habían acordado tomar violentamente, ocultar y asegurar el botín, explicándose así que los no residentes en el inmueble en mención acudieran repetidamente a éste.

El demandante no demostró que el tribunal hubiere errado al colegir la coautoría impropia, en donde es sabido que las fases preparatoria, ejecutiva y de aseguramiento del producto del ilícito y de la impunidad, están repartidas entre los integrantes del grupo delictivo y es posible que algunos de ellos no realicen actos ejecutivos, ni consumativos, coautoría que implica un pacto ilícito, en donde hubo asignación de tareas. En la ideación y programación del hurto, se sabía que el camión con la mercancía era custodiado por un celador, quien era el principal obstáculo a superar, si se quería tener éxito en la operación delictiva.

De tal manera, como observó el ad quem, quienes formaban parte del grupo e intervendrían en el hurto, en cualquiera de sus fases, tenían conocimiento de cómo debía actuarse para, por los medios que se requiriere, doblegar al vigilante, quien se hallaba armado. Se infirió que así fue planeado y aceptado por quienes se asociaron para vulnerar el patrimonio económico de “OFA” y no se ha demostrado que el ad quem erró, en forma alguna, al deducir que los coautores del delito fin, lo fueron también del que sirvió de medio (homicidio) para alcanzar el objetivo propuesto.

Se evidencia así que su responsabilidad en el delito contra la vida surge del convenio para cometer los ilícitos, conexas sustancialmente de medio a fin, donde hubo distribución de funcionas de preparación, ejecución y aseguramiento de la mercancía hurtada, por ese previo acuerdo.

Recuérdese lo que sobre el punto ha reiterado esta corporación, por ejemplo el 23 de marzo de 1999, radicación Nº 14.617, con ponencia del magistrado Fernando Arboleda Ripoll:

“Cuando los miembros de una banda criminal resuelven utilizar armas para la realización de sus propósitos delictivos, están admitiendo la posibilidad de su uso. Su entrega o decisión de llevarlas consigo, es consecuencia de esa previsión, y si aceptan una tal posibilidad, es apenas obvio que deban responder de los delitos contra la vida y la integridad personal que de su uso se deriven, y que deban hacerlo en calidad de coautores, pues habiéndose representado anticipadamente como probable el resultado, nada hicieron en procura de evitarlo, en nítida manifestación de voluntad hacia su producción”.

De ahí que no existió error del tribunal al concluir que los sindicados debían también responder como coautores del homicidio, quedando sin base los cargos de ese enfoque.

En cuanto a la duda, cuya alegación igualmente se ensaya como subsistente al no acopiarse prueba directa, que por lo mismo habría de conducir a la absolución de los acusados en cuyo favor se aduce, está visto que los juzgadores la consideraron disipada con la prueba indiciaria, la cual apreciaron y sustentaron en forma que no se ha demostrado que devenga contraria a las reglas de la sana crítica, como bien lo consideró, de igual manera, el agente del Ministerio Público.

5. Nada se ha dicho en torno a los delitos de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, también imputados a los coautores de los delitos contra la vida y contra el patrimonio económico, observándose que la acción penal por aquellas conductas punibles contra la seguridad pública han prescrito, debido al tiempo transcurrido desde las ejecutorias de las resoluciones de acusación.

(...).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. DECLARAR PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL adelantada contra Efraín José Valera Valera, por el porte ilegal del arma de fuego de defensa personal descubierta el 26 de abril de 1993, al igual que la seguida contra él, Pedro Pablo Beltrán Bejarano, Moisés Tisoi Tiga, Jesús Antonio Quinayas Quinayas, Ernesto Gómez Piedrahíta y Medardo Francisco Pacheco Castro, por el porte de las incautadas el 16 de septiembre de 1993.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO seguido contra dichos sindicados, únicamente por tales delitos y declarar, en consecuencia, que la pena principal impuesta en segunda instancia a Efraín José Valera Valera, se reduce a 41 años y 6 meses de prisión, quedando sin efecto el decomiso del arma respectiva, decretado en el numeral 6º de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, lo cual en nada afecta la incautación realizada.

3. NO CASAR la sentencia condenatoria objeto de impugnación.

4. Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

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