Sentencia 118 de junio 27 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-02-03-000-2003-00118-01

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Bogotá, D.C., veintisiete de junio de dos mil tres.

Decide la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de queja interpuesto por laparte demandante contra el proveído del 31 de marzo de 2003, por el cual se negó la concesión del recurso de casación formulado por dicha parte contra la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2002, por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario promovido por los recurrentes contra Serafín Díaz Calderón y personas indeterminadas.

Antecedentes

Como consta en las copias aportadas para el surtimiento del recurso, María Diva Guevara de Charry, María Elinor Charry de Cifuentes, Emma Charry de Puentes, Stella Charry de Bonilla, Rosalba Charry de Cardona, Efraín y Roberto Charry Guevara, promovieron proceso ordinario contra Serafín Díaz Calderón y personas indeterminadas, pretendiendo que se declarara que adquirieron, por prescripción adquisitiva extraordinaria, el derecho de dominio sobre el predio rural denominado “Paraguay”, ubicado en la vereda Arenoso del municipio de Rivera (Huila), cuya extensión aproximada es de 99 hectáreas 2000 metros cuadrados, y consecuentemente que se ordenara inscribir el fallo en el registro inmobiliario (fls. 6 al 12).

La primera instancia concluyó con sentencia desestimatoria, confirmada por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, al decidir el recurso de apelación propuesto por los demandantes (fls. 19 al 29).

Contra dicho pronunciamiento la misma parte interpuso recurso de casación (fl. 30). Previamente a proveer sobre su concesión, el tribunal ordenó justipreciar el interés de los recurrentes para proponerlo, y valorado este, en proveído del 31 de marzo de 2003 negó su concesión, considerando que de acuerdo con el dictamen visible a folio 80 cuaderno 4, el valor del bien objeto de declaración de pertenencia asciende a $ 278.835.421, y como “...cada uno de los actores pretende derechos sobre él, se entiende que el valor del agravio irrogado a ellos con la decisión adversa a sus pretensiones corresponde a la resulta de dividir el valor asignado al predio por el número de reclamantes, operación que nos refleja que no se satisface la exigencia reclamada por el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, como quiera que el perjuicio inferido a cada uno de los recurrentes no alcanza el monto del interés para recurrir en casación estimado en $ 131.325.000” (fls. 54 al 56).

Decidida adversamente la reposición interpuesta contra la decisión anterior, se ordenó expedir las copias solicitadas por la recurrente para formular el recurso de quejas, oportunamente propuesto ante esta corporación.

Argumentan los quejosos que el recurso de casación debió concederse con base en lo dictaminado por el perito, quien fijó en $ 278.835.421 el valor del “...predio objeto de litigio pretendido en su totalidad conforme a lo expresado en la demanda”.

Manifiestan que el criterio del tribunal arrasa con el concepto de parte, conformado en este caso por una pluralidad de sujetos que reclaman la prescripción adquisitiva sobre un bien raíz “...poseído en forma conjunta o indivisa con ánimo de señor y dueño por la totalidad de los integrantes de la parte actora”. Por esa razón consideran que su pretensión no podía desarticularse “...dividendo por siete el valor total del predio, en tanto no pretendían insularmente parte específica del predio, sino su totalidad, por la potísima razón de que al poseer en forma indivisa no podría individualizarse cuota alguna para determinar el interés para recurrir en casación, pues no pretendían por séptimas partes el predio objeto de pertenencia”.

Agregan que así se entendiera, contra lo que reza la pretensión, que por tener justo título sobre el 50% del predio, solo pretenden el 50% restante, de todas maneras tendrían interés para interponer el recurso negado, pues cuantitativamente ascendería a la mitad del avalúo asignado al bien pretendido, esto es, a $ 139.417.710.50, cifra que supera el tope legalmente exigido para tal propósito.

Consideraciones

1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 377 del Código de Procedimiento Civil, mediante el recurso de queja el agraviado con la denegación de los recursos de apelación, o de casación, en su caso, puede poner a consideración del superior la legalidad de esa decisión, con el fin de obtener el otorgamiento del recurso negado, si legalmente resulta procedente.

2. El artículo 366 ibídem, que reglamenta la procedencia del recurso extraordinario de casación, prescribe que dicho medio impugnaticio resulta admisible contra las sentencias que allí se determinan, siempre que la resolución desfavorable al recurrente sea igual o superior al monto fijado por la ley, previsión de la cual resulta que el interés para recurrir está determinado por el valor del perjuicio que la sentencia recurrida le ocasiona al censor, interés que debe establecerse en el momento que se causa, es decir, cuando se profiere el pronunciamiento que lo determina.

Como lo tiene definido la doctrina de la Corte, “...cuando de averiguar la cuantía del interés para recurrir en casación se trata, el sentenciador debe colocarse frente a todas y cada una de las cosas que, pretendidas en el litigio por la parte respectiva, no le han sido concedidas, y que, por lo mismo, constituyen la sumatoría del perjuicio que le irroga la sentencia recurrida. Labor que ha de cumplir con absoluta independencia de si tales cosas tienen asidero jurídico o no; lo que es objeto de avalúo, entonces, es la aspiración perdida, con fundamento o sin él...” (Auto, ene. 23/95).

3. Pretendieron los demandantes, señores María Diva Guevara de Charry, María Elinor Charry de Cifuentes, Emma Charry de Puentes, Stella Charry de Bonilla, Rosalba Charry de Cardona, Efraín y Roberto Charry Guevara, que se declarara que les pertenece en dominio pleno y absoluto, “...por haberlo adquirido en su totalidad, por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el predio rural denominado “Paraguay”, ubicado en la vereda Arenoso del municipio de Rivera (Huila)”, cuyas características describen, y como consecuencia, que se ordenara inscribir el fallo en la oficina competente.

Como se deduce a simple vista, los demandantes postularon una sola pretensión, encaminada a que se declarara que adquirieron en común y por el modo de la prescripción, el derecho de dominio sobre el precitado bien, por haberlo coposeído en las condiciones legalmente exigidas para el efecto, luego si tal aspiración les fue negada, el perjuicio que de tal decisión deriva está representado por el valor del inmueble cuya propiedad pretendían haber ganado, en su totalidad, y no por el derecho que en él podría corresponderle a cada uno de ellos, como equivocadamente lo entendió el ad quem.

Por esa razón, no fue afortunado el sentenciador de segundo grado cuando sostuvo que por estar reclamando cada uno de ellos “derechos” sobre el referido bien, el agravio que la providencia impugnada les causa resultaba de dividir el valor de la finca pretendida por el número de reclamantes, pues se reitera, la pretensión no está encauzada a quese reconozca a cada uno de los demandantes un derecho de cuota sobre la finca a la cual se contrae la declaración de pertenencia, sino a que se declare que son propietarios en común de toda ella.

4. Dedúcese de lo expuesto que si el predio objeto de la pretensión fue avaluado en la experticia que obra a folios 37 al 41, en la suma de $ 252.400.000, teniendo en cuenta su extensión real, según el plano topográfico entregado al perito por la parte demandante, como expresó al aclarar el trabajo originalmente presentado, (fls. 48 al 50), tal guarismo supera el valor que como mínimo se exige para la procedencia del recurso, que para la fecha del pronunciamiento de la sentencia impugnada ascendía a $ 131.325.000.

En consecuencia, como concurren además las restantes condiciones establecidas por la ley para la procedencia del medio impugnaticio de que se trata, la parte recurrente tiene derecho a su concesión.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. ESTIMAR MAL DENEGADO el recurso de casación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2002, por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario promovido por los recurrentes contra Serafín Díaz Calderón y personas indeterminadas.

2. CONCEDER el recurso propuesto, y por consiguiente, solicitar a la citada corporación el envío del expediente, previo el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para surtir el respectivo trámite.

Por la secretaría de la Sala, líbrese oficio para tal efecto.

Cópiese y notifíquese.

Magistrados: Jorge Antonio Castillo Rugeles—Manuel Ardila Velásquez—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno—Cesar Julio Valencia Copete.

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