Sentencia 1181 de mayo 22 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

GOBERNADORES Y DIPUTADOS

INHABILIDADES PARA SU ELECCIÓN

EXTRACTOS: «Considera el actor que el gobernador elegido, Dr. Mauricio Pimiento Barrera, está incurso en las causales de inhabilidad de que tratan los artículos 303 y 304 de la C.N., en concordancia con el artículo 197 ibídem.

Las disposiciones que se invocan, son del siguiente tenor:

“ART. 303.—(...) La ley fijará las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores; reglamentará su elección; determinará sus faltas absolutas y temporales y forma de llenarlas, y dictará las demás disposiciones necesarias para el normal desempeño de sus cargos.

ART. 304.—El Presidente de la República, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderá o destituirá a los gobernadores.

Su régimen de inhabilidades e incompatibilidades no será menos estricto que el establecido para el Presidente de la República.

Las anteriores disposiciones son, en concepto de la parte actora, concordantes con el ar-tículo 197 de la C.N. A su turno, el artículo 197 de la C.N. dice:

“ART. 197.—(...) Tampoco podrá ser elegido Presidente de la República quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1º, 4º y 7º del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos:

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o de la Corte Constitucional, Consejero de Estado o miembro del Consejo Nacional Electoral, o del Consejo Superior de la Judicatura, ministros (sic) del despacho, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Director de Departamento Administrativo, gobernador de departamento o Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá”.

Sea lo primero precisar que las normas que establecen excepciones son, por su naturaleza, taxativas y, conforme a los principios generales, de interpretación restrictiva por lo que no admite la aplicación extensiva o por analogía.

Procede la Sala a analizar las anteriores normas, en lo que respecta al tema en estudio, para hacer la interpretación correspondiente, conforme a los parámetros anotados:

De manera general, frente al tema relativo a inhabilidades se observa que el constituyente toma tres posiciones: O bien guarda silencio al respecto, o las establece de manera directa, o bien defiere a la ley esa tarea y, en este último caso, lo hace en dos formas: de manera pura y simple o señalando al legislador determinadas pautas que debe respetar en la reglamentación correspondiente.

En este último caso están el artículo 299 de la C.N. que invoca la parte impugnante y los ar-tículos 303 y 304, ibídem, que invoca la parte actora:

El artículo 299 de la Carta prevé, entre otras cosas, que el régimen de inhabilidades de los diputados será fijado por la ley y no podrá ser menos estricto que el de los congresistas pero, agrega, en lo que corresponda, con lo cual, aparte de lo señalado en la Constitución, el legislador debe hacer el señalamiento e interpretación del texto fuente; el condicionamiento constitucional impide la aplicación directa del artículo 179 ibídem, que señala las inhabilidades para los congresistas.

Solo el legislador puede establecer en qué consiste la expresión “en lo que corresponda” que aparece en el texto Constitucional.

El régimen de que se habla en la norma, por lo demás, venía siendo regulado por la ley, por lo que cualquier interpretación debía ceñirse a los parámetros anotados y la legislación existente aplicable, en tanto no se expidiera una nueva y siempre que no pugnara con el ordenamiento constitucional.

En lo que respecta a elección popular de gobernadores, debe precisarse que la misma sólo fue introducida en la Constitución que rige el país desde 1991, por lo que no había regulación legal de inhabilidades, con miras a dicho sistema de escogimiento; por ello en el artículo 18 transitorio de la C.N. se señalaron causales de inhabilidad, concretamente para la elección que debía realizarse en 1991.

Ahora bien, en el caso del régimen de inhabilidades de los aspirantes a gobernadores sucede que el artículo 303 de la Carta, defiere a la ley la fijación de, entre otras, las inhabilidades y lo hace de manera pura y simple, porque no señala pautas.

Pero debe precisarse que el artículo 304 constitucional, expresamente prevé que el régimen de inhabilidades no podrá ser menos estricto que el establecido para el Presidente de la República.

Nótese que aunque los artículos 299 y 304 de la C.N. tienen un texto muy parecido en el sentido de deferir a la ley el establecer un régimen de inhabilidades, se apartan en cuanto el segundo no contiene la limitación del artículo 299 citado.

Ahora bien, para hacer la correspondiente interpretación del artículo 304 de la C.N. y teniendo en cuenta que la disposición es taxativa y no admite interpretación extensiva o por analogía, se observa, que la norma enseña que el régimen que se establezca no será menos estricto que el de Presidente de la República. Se observa, también, que hay una disposición en la Constitución, el artículo 197, que efectivamente establece inhabilidades para desempeñar el cargo de Presidente de la República y, por lo mismo, no hay manera de sustraer la concordancia entre las dos, aún conforme a las pautas señaladas por los principios propios de las disposiciones de excepción.

En este orden de ideas, si en el artículo 304 constitucional se defiere a la ley el establecer, entre otros, el régimen de inhabilidades para ser gobernador, pero advierte que el mismo no podrá ser menos estricto que el señalado para el Presidente de la República, sin ningún otro condicionamiento y, por su parte, el artículo 197 de la Carta establece de manera expresa inhabilidades para ser Presidente de la República, debe concluirse que, por lo menos, mientras una ley no señale nuevas causales de inhabilidad para ser gobernador, que hagan el régimen más estricto que el señalado para el Presidente de la República, según la opción constitucional, lo son, entre otras, las previstas en el artículo 197 de la C.N. por la remisión directa que se establece entre las normas y que, en concepto de la Sala, no necesita reglamentación para su aplicación.

Se trata, conforme a lo anterior, de un asunto de aplicación directa de la Constitución y no de aplicación de una disposición por analogía porque ésta se excluye de la interpretación, conforme a los principios generales ya mencionados.

Así las cosas para la Sala resulta aplicable el artículo 197 de la C.N. para efectos de considerar que regula causales de inhabilidad para ser elegido gobernador y, por tal razón, debe analizarse el aspecto concreto.

Aclarado lo anterior se procede a analizar el artículo 197 de la C.N. en el cual se considera incurso a quien resultó elegido como gobernador y conforme se hizo con las disposiciones analizadas, lo primero que se debe verificar es la naturaleza de la norma.

Es claro que la disposición establece excepciones a la regla general constituida por el derecho fundamental de ser elegido. En consecuencia, siguiendo los principios generales ya anotados, la interpretación es restrictiva por lo que no puede hacerse aplicación extensiva o por analogía.

De la transcripción de la disposición hecha al comienzo de estas consideraciones se deduce, de manera general, que entre los cargos que generan inhabilidad, no aparece el desempeñado por el candidato elegido como gobernador.

Entiende la Sala que la disposición sigue el criterio de que los cargos de la rama ejecutiva que inhabilitan para el desempeño de la Presidencia de la República son los del sector central, no los del descentralizado; por ello aparece el director del departamento administrativo y no el de establecimiento público.

Ya desde este punto de vista es claro que del texto mismo de la norma del cual no puede apartarse el intérprete, no se deduce la inhabilidad alegada.

La Sala observa que la Constitución no señala el cargo en cuestión, director del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, entre los que inhabilitan para desempeñar el cargo de Presidente de la República y, según las consideraciones iniciales el de gobernador.

El fondo que concretamente se denomina, según el Decreto 2132 de 1992, Fondo de Cofi-nanciación para la Inversión Rural, fue creado por la Ley 47 de 1985 con el nombre de Fondo de Desarrollo Rural Integrado, y clasificado conforme a los primeros estatutos, aprobados por Decreto 77 de 1987 como establecimiento público del orden nacional, naturaleza con la cual ha venido funcionando hasta el día de hoy como se desprende de las disposiciones que lo han regulado y lo regulan en forma sucesiva, inclusive cuando fue cambiada su denominación, normas que invoca la parte actora.

En tales condiciones es claro que el Fondo es un establecimiento público, es decir, una entidad del sector descentralizado, razón por la cual no aparece en el artículo 197 de la C.N. y, por lo mismo, no está incluido entre los cargos que inhabilitan al aspirante a la Presidencia de la República.

Como consecuencia de lo anterior está claro que el cargo no es de los que inhabilitan para desempeñar la Presidencia de la República y, conforme a las consideraciones anteriores, tampoco la gobernación de un departamento».

(Sentencia de mayo 22 de 1995. Expediente 1181. Consejera Ponente: Dra. Miren de la Lom-bana de Magyaroff).

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