Sentencia 11815 de octubre 21 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

DAÑOS PROVENIENTES DE REDES ELÉCTRICAS

TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL

Consejero Ponente:

Dr. Germán Rodríguez Villamizar

Ref.: Expediente Nº 11.815 – Indemnizatorio. Actor: Luis Adolfo Pérez Ravelo y otros. Demandada: Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá.

Santafé de Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 1995 por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

I. Antecedentes procesales

1. La demanda.

Mediante escrito presentado el 14 de junio de 1991 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los señores Luis Adolfo Pérez Ravelo y Sildana del Carmen Díaz de Pérez, en nombre propio y en representación de sus hijos menores Juan Carlos, Ányela y Sandra Dorisa Pérez Díaz y la señora Dora Inés Pérez Díaz, presentaron demanda de reparación directa para que se declarara la responsabilidad de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá por la muerte del menor Julio Alisandre Pérez Díaz, ocurrida el 16 de abril de 1990 y se condenara al pago de los perjuicios morales causados.

Sostienen los actores que la muerte de Julio Alisandre, se produjo por falla del servicio público a cargo de la Empresa Energía Eléctrica de Bogotá, derivada del descuidado manejo y mantenimiento de las redes de conducción de energía eléctrica, que incumben a la demandada.

De otro lado, afirman que la actividad de conducción de energía eléctrica implica un riesgo excepcional y que “Sin las instalaciones del ente público demandado, hechas para dar luz a Bogotá, no se hubiera producido la muerte del niño Julio Alexander (sic) Pérez Díaz” (fl. 5 c.p.)

2. Los hechos.

En síntesis, se narran los siguientes:

2.1. El inmueble situado en la transversal 18 D bis número 67 B 41 sur, de la nomenclatura urbana de Santafé de Bogotá, se hallaba conectado a la red de suministro de energía eléctrica de la ciudad, a través de una instalación fraudulenta, vale decir, sin conocimiento ni autorización de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá.

2.2. El cable que subrepticiamente se colocó en dicho inmueble, rozaba el techo de zinc de la casa y debido a su deterioro, “energizó” el citado techo y consecuencialmente lo alambres que tenían contacto con él.

2.3. El 16 de abril de 1990 el niño Julio Alisandre Pérez Díaz, murió electrocutado al hacer contacto con un alambre de púas adherido al techo de la mencionada vivienda.

3 . Actuación de la entidad demandada.

La Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, se opuso a las pretensiones de la demanda alegando la inexistencia de la falla del servicio, el hecho de un tercero y la falta de vigilancia y cuidado de los responsables del menor.

Adujo que la empresa “no ha instalado ni mucho menos homologado la acometida que suministra energía” al inmueble donde ocurrieron los hechos y que por tanto, éstos fueron ocasionados por una acometida fraudulenta y no por la actividad de la entidad demandada.

Argumentó, de otra parte, que la responsabilidad por muerte de Julio Alisandre Pérez Díaz, recae exclusivamente en la persona que instaló la acometida fraudulenta sin la observancia de las disposiciones expedidas por la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, de donde infiere que sí operó la causal eximente de responsabilidad estatal consistente en el hecho exclusivo de un tercero.

Por último, señaló que de los hechos de la demanda “se evidencia a simple vista la falta de cuidado en la crianza del menor...” y que “la negligencia en el cuidado del menor, manifestada en el abandono de la madre cuando ésta salía a trabajar, dio lugar a la presente tragedia...” (fls. 70 y 71 c.p.).

4. La sentencia apelada.

El a quo desestimó las súplicas de la demanda, por cuanto consideró que el hecho dañoso no le era imputable a entidad demandada, en razón a que para la fecha de los hechos (16 de julio de 1990), la entidad demandada no suministraba energía eléctrica al inmueble en donde ocurrió la muerte del niño Pérez Díaz, aparte de no haber recibido reporte alguno sobre accidente, ni adelantado investigación alguna al respecto.

Razonó el fallador en primera instancia, en el sentido de que los habitantes del sector donde está ubicado el mencionado inmueble habían levantado los postes sin sujeción a las normas vigentes en la materia y que fueron personas ajenas a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá las que crearon la situación riesgo en la que pereció Julio Alisandre Pérez Díaz.

5. La apelación.

La parte actora disiente del pronunciamiento del a quo, por considerar que la sentencia censurada radicó la responsabilidad en los demandantes y en la víctima, quienes “nada tienen que ver con la transmisión de energía ni con la vigilancia de las redes en esta ciudad...” (fl . 259 c.p.).

Sostiene que los particulares no tienen la capacidad legal, económica, ni física, que les permitiera haber llevado el fluido eléctrico hasta la vivienda en donde ocurrió el accidente, en tanto que la entidad demandada sí realizaba efectivamente actividad referida, y que, además, si existían instalaciones clandestinas, era obligación de la empresa demandada ubicarlas y desconectarlas inmediatamente.

Por último, precisa que no se dio ninguna causal de exoneración, por cuanto la empresa demandada sí prestaba el servicio de conducción de energía en todo el sector donde sucedieron los hechos que originaron este proceso; que la entidad pública no demostró causal alguna de fuerza mayor y que mal puede interpretarse el hecho de que un niño juegue en un patio, como una conducta imprudente o negligente.

Solicita, por tanto, la revocatoria del fallo apelado para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

6. Alegatos de conclusión.

Ni las partes ni el Ministerio Público actuaron en esta etapa procesal.

II. Consideraciones de la Sala

Por las razones que pasan a exponerse la Sala confirmará el fallo proferido por el a quo.

1. Régimen de responsabilidad aplicable a los daños producidos por redes eléctricas.

Dentro del proceso en comento, el menor Julio Alexander Pérez Díaz murió electrocutado, dentro de las circunstancias ya señaladas, por lo tanto resulta necesario precisar el régimen de responsabilidad que orientará el presente asunto.

A nivel doctrinario y jurisprudencial ha sido admitida la aplicación de la teoría del riesgo excepcional como fundamento de responsabilidad en el caso de daños producidos por redes de energía eléctrica, a menos que dadas las circunstancias fácticas de cada caso en concreto se esté en presencia de una falla probada del servicio.

Conviene recordar cómo el Consejo de Estado aplicó la teoría del riesgo excepcional encuadrándola dentro del régimen de responsabilidad sin falta. Al dejar de lado —que no absolutamente abandonadas— las normas del Código Civil, fundamentó la responsabilidad extracontractual del Estado en la Constitución Política, de manera especial en el título tercero que consagraba los derechos civiles y garantías sociales del Estado de derecho. En efecto, en providencia del 2 de febrero de 1984, expediente 2744, consejero ponente doctor Eduardo Suescún, se expresó:

“Pero el que no haya existido falta no puede llevar al extremo de dejar sin reparación el perjuicio causado, como lo hizo la sentencia apelada. Si ocurrió el perjuicio y si está establecido además, que su causa directa fue la caída de un cable de energía de la administración, ésta debe responder: así lo indican el artículo 16 de la Constitución que establece como uno de los fundamentos del Estado la protección de la vida, honra y bienes de los asociados, así como el cumplimiento de los deberes sociales del Estado; y el artículo 30 de la Constitución, que estatuye a la propiedad como función social que implica obligaciones; obligaciones que incluyen no sólo el deber de abstenerse de causar daño sino también el deber de repararlo, cuando éste llegue a producirse. Todo, sobre el principio de la igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas, pilar insustituible de la responsabilidad administrativa.

El caso en estudio corresponde precisamente a uno de los varios eventos que comprende la responsabilidad sin falta, el denominado por algunos expositores riesgo excepcional. Tiene ocurrencia cuando el Estado, en desarrollo de una obra de servicio público utiliza recursos... Si el riesgo llega a realizarse y ocasiona un daño, sin culpa de la víctima, hay lugar a responsabilidad de la administración, así no haya habido falta o falla del servicio (...).

El riesgo especial que obviamente implica la conducción de energía, se produjo, con las consecuencias anotadas, sufridas por un tercero. Debe concluirse por consiguiente que se configuran aquí los supuestos de la responsabilidad sin falta del Estado, condicionada en este caso por el riesgo excepcional y que por lo tanto, el actor tiene derecho a indemnización”.

Siguiendo la misma línea jurisprudencial, esta corporación ha hecho énfasis especial en por qué el Estado debe responder cuando, a pesar de haber prestado el servicio de energía con diligencia y cuidado, se creó un riesgo excepcional. Así, en providencia 2846 del 8 de marzo de 1984 con ponencia del doctor Eduardo Suescún se consignó:

“... debe agregarse que, por otra parte, la verdadera causa del hecho perjudicial quedó desconocida dentro del proceso. Por esto último es preciso estudiar el presente caso no en el campo de la responsabilidad por falla o falta del servicio, como equivocadamente lo hizo el Tribunal, sino en el campo de la responsabilidad sin falta por el riesgo excepcional...

Hay, en cambio, responsabilidad sin falta toda vez que el servicio eléctrico oficial, al establecer la conducción de la energía en las vías urbanas creó un riesgo excepcional para los asociados, riesgo que a pesar de todas las previsiones llegó a ocurrir con las consecuencias anotadas”.

Igualmente en fallo del 22 de agosto de 1989, Consejero Ponente: Dr. Antonio José de Irisarri Restrepo se dijo:

“Y el tratamiento que la jurisprudencia ha dado a este tipo de perjuicios, no es en materia alguna caprichoso, no obedece a purismos académicos, sino que se ilustra en el principio de equidad que busca dar solución a la reparación de perjuicios ocasionados con la prestación del servicio público de energía, que en las más de las veces, no encuentran en su origen falla del servicio alguno.

Ello significa que, en múltiples ocasiones, el régimen de responsabilidad administrativa fundado en la falla del servicio es insuficiente para explicar la procedencia de la reparación de perjuicios que, en términos de equidad, deben ser resarcidos no con base en tal régimen como hizo el a quo, sino con apoyo en la teoría del riesgo excepcional como lo ha considerado la jurisprudencia de la corporación...”

Posteriormente, en sentencia del 22 de febrero de 1990, con ponencia del mismo consejero manifestó:

“Pero el hecho de no encontrarse claramente establecido el porqué del accidente, no puede conllevar a dejar sin reparación a la víctima, como lo sugiere la señora Fiscal cuando afirma que, “no se pudo establecer en el presente caso, que los cables conductores de la energía estuvieran en mal estado” (fl. 162). Todo lo contrario, dicha situación no es óbice para que, teniendo en cuenta la teoría del riesgo, la responsabilidad de la entidad demandada sea declarada en el presente proceso ya que, precisamente, la teoría del riesgo es ajena a la noción de falla del servicio, y se aplica en el ámbito de los perjuicios eléctricos, en los cuales las más de las veces el azar y lo desconocido en el porqué se producen los accidentes, están presentes.

Por lo anterior pues, considera la Sala que el estudio de la falla del servicio es indiferente en el presente evento, y que la responsabilidad de la entidad demandada debe ser con base en la teoría del riesgo, como efectivamente se hará”.

Los antecedentes relacionados condujeron a la Sala a estudiar bajo la óptica de la teoría del riesgo excepcional los daños provenientes de redes eléctricas, considerando la conducción de energía eléctrica como una actividad peligrosa en la cual se crea un riesgo excepcional, supuesto de responsabilidad objetiva, que sólo libera a la administración, si ésta logra demostrar la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima (causa extraña), como elementos destructores de la relación de causalidad entre el hecho o la omisión y el daño ocasionado. 

A nivel doctrinario y jurisprudencial se ha entendido este régimen como fundamento de responsabilidad en cabeza del Estado cuando quiera que éste compromete su responsabilidad en la construcción de una obra o la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, con la utilización, de medios o recursos técnicos que colocan a las personas o a sus patrimonios en situación de quedar expuestos a sufrir un “riesgo de naturaleza excepcional que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio”.

Cabe recordar, así mismo, que cuando es ostensible la inadecuada prestación del servicio de energía por parte de la entidad encargada, el régimen de responsabilidad aplicable viene a ser el de la falla probada del servicio, en cuyo caso la administración se exonera de toda responsabilidad, si acredita la inexistencia de la pretendida falla, esto es, que su actuación fue oportuna, correcta y eficiente.

2. La culpa de la víctima como causal excluyente de la responsabilidad estatal.

Para efectos de decidir el caso examinado, conviene previamente establecer si el comportamiento de la víctima fue causa única o concausa en la producción del daño, o si, por el contrario, no fue relevante en el acaecimiento de éste.

Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima ha sido concebida dentro del ámbito de la responsabilidad administrativa, como la violación de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, de tal forma que dicha violación por parte de la víctima, puede conducir hacia una exoneración total o parcial de la responsabilidad administrativa, de acuerdo con la trascendencia y grado de participación del afectado o afectados en la producción del daño.

Ahora bien, esta Sala en reiteradas oportunidades ha señalado que no toda conducta de la víctima se puede invocar como factor que destruya el vínculo de causalidad existente entre el hecho y el daño. En efecto, para que la culpa de la víctima exonere de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir estos requisitos:

a) Una relación de causalidad entre el hecho de víctima y el daño. Si la culpa del afectado fue la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total; si esa culpa no tuvo incidencia alguna en la producción del evento perjudicial, se impondrá entonces la declaratoria de responsabilidad total de la administración, a condición de que se configuren los restantes elementos estructurales de esa responsabilidad, según el régimen aplicable a la actividad administrativa, dentro de cuya órbita se produjo el hecho dañoso. Ahora bien, si la actuación de la víctima fue una causa concurrente, se producirá una liberación parcial, por la aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, previsto por el artículo 2357 del Código Civil.

b) El hecho de la víctima debe ser extraño y no imputable al ofensor. Si el obrar de la víctima fue provocado, propiciado o impulsado por el ofensor de tal manera que no le sea ajeno, no podrá exonerarse de responsabilidad la administración.

c) Que el hecho de la víctima sea ilícito y culpable, características indispensables y necesarias para que tal conducta configure un delito.

Con base entonces en lo anteriormente expuesto, la Sala procede a analizar en concreto lo sucedido para determinar si obró o no la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad.

3. El caso en concreto.

Dentro del proceso de la referencia se probó que no existía un contrato de suministro de energía entre la Empresa Energía de Bogotá E.E.B. y la parte demandante (comunicación 4412793 de agosto de 1993, Departamento de Facturación fl. 34 cdno. 2). Por su parte, el reglamento de la E.E.B. señala la necesidad de satisfacer determinados requisitos en las construcciones, para efectos de proceder a la instalación del servicio de energía eléctrica. Sin embargo, el inmueble donde ocurrieron los hechos, es decir, el ubicado en la transversal 18D Bis Nº 67B - 41 Sur de Bogotá, se encuentra en una zona de asentamiento subnormal, de donde resulta fácil concluir que éste no contaba con lo exigido por la E.E.B. para la instalación de tales redes, conclusión que cobra mayor respaldo al estar probada dentro del proceso la inexistencia del contrato de suministro de energía entre las partes.

Lo expuesto conduce fácilmente a la Sala, a sostener que los aquí demandantes, directamente o a través de otros, permitieron hacer o hicieron esas conexiones fraudulentas de energía, para incurrir de esa manera en un hecho ilícito, como efecto lo es el aprovechamiento ilegal del servicio público de energía eléctrica, creando, además, ellos mismos, un riesgo que finalmente se concretó en la muerte del menor. 

Es un principio conocido dentro de nuestro ordenamiento jurídico que aquel que comete un acto ilícito no puede obtener provecho de éste; en el sub lite la parte actora no solamente realizó directamente o a través de otros una conducta ilícita como lo es el hurto de redes de energía eléctrica a través instalaciones fraudulentas, sino que luego cuando se produce el deceso del menor Julio Alisandre Pérez Díaz pretende la indemnización del daño, el cual, se repite, se concretó en razón del riesgo patrocinado o creado para el menor y para ellos mismos, por los propios demandantes. 

Es sabido que nadie puede alegar su propia culpa en su beneficio, ni mucho menos para trasladársela a la administración, cuando es lo cierto, que por parte del menor y de sus progenitores se incurrió en un protuberante error de conducta, que bordea, además, las normas del Código Penal, al utilizar clandestina e ilícitamente la energía eléctrica cuyos derechos no habían cancelado conforme a la ley.

Para la Sala resulta inaceptable y éticamente cuestionable prohijar que el hecho ilícito, irregular o ilegítimo, como es la utilización de la energía eléctrica sin autorización y asesoría de la empresa prestadora del servicio, se convierta en una fuente de enriquecimiento; o que los daños resultantes de comportamientos ilegales de los reclamantes, inviertan su carácter reparador o resarcitorio para tornarse en el origen de un indebido y censurable enriquecimiento. Mal podría patrocinar la Sala este tipo de comportamiento ilegal, so pena de resultar, en últimas, indemnizando los daños generados en conductas contrarias a la ley, como la referida en este proceso, por cuanto lo ilícito, lo ilegítimo, lo irregular, no constituye, ni puede ser fuente de enriquecimiento indebido.

En las condiciones relacionadas, estima la Sala que en el sub lite obró un factor que rompió el nexo causal existente entre el pretendido comportamiento omisivo de la administración y sus consecuencias dañosas, esto es, la culpa exclusiva de la víctima. Debe aclararse, sin embargo, que a tal conclusión se llega pero no por las razones expuestas en la providencia impugnada en cuanto se sostuvo que dicha causal eximente de responsabilidad surgió porque los padres de la víctima no cuidaron debidamente a su hijo menor, al permitirle jugar en el patio de la casa, razonamiento que resulta del todo inadecuado, porque no se puede pretender que los padres prohíban a un hijo menor, quien para la época de los hechos contaba con tan solo doce años de edad, jugar en el patio de la casa, actividad ésta que hace parte de la naturaleza y desarrollo armónico de cualquier niño, sino por la creación del riesgo por parte de los padres al ejecutar una actividad ilícita como lo es el hurto de energía eléctrica, a través de la conexión fraudulenta de redes que por encontrarse cercanas al techo de zinc del inmueble donde sucedieron los hechos, no sólo energizaron dicho techo, sino también el alambre con el que se electrocutó el menor, el cual se encontraba situado en el patio donde jugaba Julio Alisandre con otros niños. 

Por otra parte, como los demandantes aducen que la Empresa de Energía de Bogotá debe responder, por cuanto tal entidad estaba obligada a la desconexión de las instalaciones fraudulentas de que tuviera conocimiento, encuentra la Sala que el reglamento de la E.E.B. en su artículo 7º, preceptúa:

“ART. 7º—Instalaciones no autorizadas por la empresa. Cuando las instalaciones de un inmueble hayan sido conectadas sin la autorización de la empresa, ésta procederá de inmediato a desconectarlas hasta que se cumplan los requisitos exigidos, sancionará a la persona natural o jurídica responsable, si está inscrita en la empresa, y en los casos en que lo considere pertinente presentará la correspondiente denuncia penal ante la autoridad competente” (fl. 38 cdno. 2).

Sobre el particular advierte la Sala que la empresa encargada del suministro de energía estaba obligada a la pronta desconexión de la instalación fraudulenta, no sólo porque así lo consagra el reglamento que regula el servicio, sino porque, además, debe realizar tal desconexión para evitar los riesgos que así se generan. Se ha de aplicar aquí el principio constitucional que impone al Estado el deber de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Pero, por otro lado, mal podría desconocerse que paralelos a los deberes del Estado para con los ciudadanos, éstos, a su vez, tienen obligaciones correlativas, que para el sub judice se traducen en la obligación de los habitantes del barrio de poner oportunamente en conocimiento de las autoridades competentes la conexión ilegal, el acto ilícito, dado el peligro inminente que conllevaba el mismo.

También ha de observarse cómo el inmueble de referencia se encuentra ubicado en un asentamiento subnormal, en el cual, dadas las circunstancias sociales y económicas suficientemente conocidas, de no mediar queja acerca de este tipo de ilegítimas conexiones, resulta no sólo difícil, sino casi imposible para la entidad demandada, enterarse del hecho irregular y en consecuencia proceder a la desconexión. Injusto e inequitativo resultaría imputarle totalmente la responsabilidad a la demandada por omisiones sobre aspectos que materialmente le resultaba casi imposible conocer.

Pero ha de advertirse que no sólo existe el deber de denunciar por parte de toda persona que sepa de la comisión de un delito; sino que también ningún particular puede hacer lo que en la ley está prohibido, y si lo hace deberá asumir las consecuencias dañosas de sus actos ilegales, sin pretender excusarlos en los deberes de los demás.

En efecto, es principio de derecho universalmente conocido, que no será oído en juicio aquél que alegue su propia culpa en su favor, por lo cual, los aquí demandantes no pueden pretender imputarle a la administración un daño que sólo ellos causaron, por acción u omisión, con su propia conducta delictuosa.

Vienen a propósito, para el caso examinado el juicioso concepto del profesor español Luis Martín Rebollo al referirse a los nuevos planteamientos en materia de responsabilidad de las administraciones públicas(1):

(1) Estudios sobre la Constitución Española. Tomo III. Editorial Civitas, pág. 2825.

“... la responsabilidad no soluciona todo, ni es ninguna panacea. El ciudadano tiene derecho a pedirle al Estado lo que el Estado tiene el deber de darle, y si éste no lo hace o no lo hace bien, le asiste el derecho a reclamar y, en su caso, a ser indemnizado. Pero sólo se puede pedir la Estado, es decir, a las administraciones públicas en general, lo que el Estado está obligado a dar. No más. Caeríamos si no en un paternalismo trasnochado que conduce, al final, a la ausencia de lo que es también las base del propio Estado: una sociedad civil fuerte, responsable, consolidada y exigente. Una sociedad vertebrada”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia impugnada, esto es, la proferida el 30 de noviembre de 1995 por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Germán Rodríguez Villamizar, P residente de la Sala—Ricardo Hoyos Duque—Jesús María Carrillo Ballesteros—Alier Eduardo Hernández Enríquez.

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