Sentencia 11835 de marzo 12 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 11835

Consejero Ponente:

Dr. Silvio Escudero Castro

Autoridades nacionales

Actor: Nectalina Guillot Rodríguez.

Santafé de Bogotá, D.C., doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

CONSIDERACIONES:

Para la Sala, la sentencia apelada, por medio de la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda presentada mediante mandatario judicial por Nectalina Guillot Rodríguez, amerita ser confirmada, toda vez que se ajusta a la preceptiva jurídica que gobierna la materia, a los elementos de juicio que obran dentro del proceso y a los derroteros jurisprudenciales trazados por esta corporación en asuntos de contornos similares al sub lite.

En efecto, el Decreto 929 de 1976 en su artículo 7º, dispuso:

Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y 50 si son mujeres y cumplir 20 años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre”.

Por su parte, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, señaló:

“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquéllos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones”.

De suerte que, de conformidad con las nítidas voces de las normas pretranscritas, resulta indiscutible que estando amparados los servidores públicos de la Contraloría General de la República por un régimen pensional propio, no estaban supeditados a las previsiones contenidas en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, en torno a que su pensión debía ser liquidada con base en el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, sino, como se vio, el ordenamiento jurídico estableció para los aludidos efectos debería tomarse en cuenta el promedio de los salarios devengados durante el último semestre, sin atención a que sobre los mismos se hubieran efectuado o no los aportes de ley.

Tal y como lo señala el agente del Ministerio Público, no asiste la razón al apoderado de la Caja Nacional de Previsión cuando en el escrito contentivo de la contestación de la demanda aduce que los empleados de la Contraloría General de la República tienen un régimen especial en cuanto hace referencia a la edad, tiempo y forma de liquidar la pensión, mas no en cuanto a los factores que se deben tener en cuenta, habida cuenta que el artículo 7º del Decreto 929 de 1976 es diáfano al señalar que deben computarse los “salarios devengados durante el último semestre”.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en pronunciamiento del 26 de marzo de 1992, recaído dentro del expediente 433, en el que actuó como ponente el doctor Humberto Mora Osejo, señaló:

“... las pensiones de jubilación de los empleados con régimen legal excepcional o especial se liquidan exclusivamente con fundamento en las disposiciones del correspondiente estatuto, a menos que el mismo remita a las de carácter general. En este orden de ideas, los factores de la remuneración que deben tenerse en cuenta para liquidar la pensión de jubilación exclusivamente son los que prescribe o determine el pertinente estatuto excepcional o especial: el artículo 1º, inciso 2, de la Ley 33 de 1985 remite a cada uno de ellos que, en consecuencia, constituye la única fuente legal para el reconocimiento de las correspondientes pensiones de jubilación.

(...).

Las prestaciones sociales de los empleados de la Contraloría General de la República están reguladas por las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, los decretos leyes 2567 de 1946 y 929 de 1976 y por el Decreto Reglamentario 1160 de 1947.

(...).

De manera que los estatutos legales especiales, relativos a las pensiones de jubilación, toman como base para liquidar la pensión de jubilación la última remuneración en el último año, en el último mes o en el último semestre, según las disposiciones específicas de cada uno de ellos.

7. La remuneración, según la ley, equivale a todo lo devengado por el empleado o trabajador como consecuencia, directa o indirecta, de su relación laboral. Comprende, en consecuencia, los sueldos, primas, bonificaciones y demás reconocimientos que se hagan directa o indirectamente, por causa o razón del trabajo o empleo, sin ninguna excepción. Es equivalente al salario, pero esta denominación de ordinario se reserva a la retribución que perciben las personas vinculadas por contrato de trabajo. En efecto:

El artículo 6º, parágrafo 1º del Decreto 1160 de 1947 incluye en el salario y por ende en la remuneración “todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro titulo y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones...”.

El artículo 2º de la Ley 5ª de 1969, en armonía con la disposición antes transcrita, prescribe que “la asignación actual'' o la última remuneración “es el promedio de todo lo devengado por un trabajador en servicio activo a título de salario o retribución de servicios, tales como horas extras, primas kilométricas, dominicales, feriados, bonificaciones, etc...”.

El artículo 42 del Decreto-Ley 1042 de 1978 reitera el mismo concepto en cuanto prescribe que “...constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios ...”.

El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, en el mismo orden de ideas, define el salario como “todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, sea cualquiera la forma de denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor de trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio...” (la Sala subraya).

En fin, la Organización Internacional del Trabajo, en convenio del 1º de julio de 1948, prohíja el criterio expuesto, en cuanto define el salario como lo que percibe el trabajador por causa del contrato de trabajo.

De manera que, en conclusión, las pensiones de jubilación regidas por leyes especiales deben liquidarse con fundamento en el correspondiente estatuto. La remuneración, para estos efectos, es todo lo percibido por el empleado o trabajador oficial por causa, directa o indirecta, de su vinculación laboral".

(...).

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