Sentencia 11840 de agosto 2 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

DOCENTES PENSIONADOS

POSIBILIDAD DE RECIBIR SALARIO Y PENSIÓN

EXTRACTOS: «1. En el proceso se encuentra establecido lo siguiente:

El actor estuvo vinculado laboralmente a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia como docente universitario con dedicación de tiempo completo, adscrito a la escuela de matemáticas de la facultad de ciencias, entre febrero 1º de 1963 a marzo 25 de 1993 (fl. 34, c. ppal.).

La Caja Nacional de Previsión Social incluyó al censor en la nómina de pensionados por jubilación en febrero de 1990 (fl. 14, c. 4).

Mediante Resolución 2078 de diciembre 1º de 1992 el rector de la universidad demandada retiró al accionante del servicio y lo excluyó del escalafón docente de la universidad. Consideró que el docente se encontraba en una situación de incompatibilidad, por cuanto según el artículo 100 del Decreto 80 de 1980 la pensión de jubilación sólo puede concurrir con docencia de medio tiempo o cátedra; como el demandante era profesor de tiempo completo debía ser desvinculado por así disponerlo el estatuto docente de la entidad (fls. 3 y 4, c. ppal.). Mediante Resolución 0345 de marzo 19 de 1993 el citado rector revocó la medida de exclusión del escalafón ordenada, pero confirmó el retiro del servicio del demandante (fl. 27 a 31, c. ppal.).

El objeto de la controversia es, si a la luz del literal g, del artículo 19, de la Ley 4ª de 1992 y de los artículos 77 y 144 de la Ley 30 de 1992, el actor puede devengar simultáneamente pensión de jubilación y salario como docente de tiempo completo, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Al efecto, la Sala considera:

1. El artículo 128 de la Constitución Política establece que:

“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”.

Este mandato constitucional que consagra la prohibición de desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos y de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, autorizó a la ley para fijar los casos en que no opera dicha incompatibilidad.

El Congreso de la República, en desarrollo de los literales e y f, numeral 19, del artículo 150 de la Constitución, expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual “se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones”.

En el artículo 19, establece:

“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la rama legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la fuerza pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra;

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados.

PAR.—No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades” (se destaca).

La Ley 4ª fue expedida el 18 de mayo de 1992. El artículo 19, en su primera parte, reproduce la prohibición constitucional establecida en el artículo 128 y en desarrollo del mismo, señala las excepciones, entre las cuales se encuentra el literal g; reiteramos, en los siguientes términos:

“Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados”.

La primera precisión, es que la excepción sólo rige para los servidores oficiales docentes que a 18 de mayo de 1992, hubieren adquirido el derecho a la pensión. Quiere esto decir, que los docentes que a esa fecha, no reunían los requisitos legales indispensables para obtener el reconocimiento de pensión, no pueden recibir dos asignaciones del tesoro público, aunque una de éstas tenga el carácter de pensión; aún más, que a partir de esa fecha, no hay posibilidad legal de percibir doble asignación, una como docente y otra como pensionado.

Ahora bien, ¿cuáles eran las asignaciones, que a 18 de mayo de 1992, fecha a partir de la cual tiene vigencia la Ley 4ª, beneficiaban a los docentes oficiales universitarios?

El Decreto-Ley 80 de 1980, por el cual se organizó el sistema de educación postsecundaria, en el artículo 100, inciso segundo, dispuso que:

“El goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de la docencia de tiempo parcial o de cátedra. Su vinculación se hará, sin embargo, por períodos académicos”.

Quiere ello decir, que la única asignación compatible con la pensión de jubilación, vigente a la fecha de expedición de la Ley 4ª de 1992, era la que devengaban los docentes universitarios de tiempo parcial o de cátedra.

A contrario sensu, los docentes de tiempo completo no estaban incluidos en la excepción legal y, por tanto, no les era dable percibir, simultáneamente, salario y pensión de jubilación. En esas condiciones, no puede predicarse que el literal g del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, les esté reconociendo ese derecho, pues lo que hizo esta disposición fue prorrogar en el tiempo los beneficios legales vigentes a su expedición para quienes venían disfrutándolos.

No tendría, por demás, ningún sentido que se eliminara el beneficio que consagraba el Decreto 80 de 1980 a partir de la fecha de vigencia de la ley y que paralelamente, se le perpetuara a quienes venían beneficiándose ilegalmente de él.

De suerte que, quienes como en el caso del actor, se encontraban en una situación abiertamente violatoria del Decreto-Ley 80 de 1980, no pueden pretender que la Ley 4ª de 1992 les reconozca un derecho, dándole un alcance a la norma distinto del que ésta tiene, pues como ya se dijo, la ley, en ninguna de sus disposiciones crea o reconoce ese supuesto derecho.

Adicionalmente, el Decreto 0340 de 1986, por el cual se aprueba el Acuerdo 06 de 1985, expedido por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia sobre adopción del estatuto para su personal docente, vigente para la fecha en que se profirieron los actos demandados, dispuso en el artículo 98, como una de las causales de cesación definitiva del ejercicio de las funciones del docente, el retiro, al haber obtenido pensión de jubilación, cuando se trate de docentes de tiempo completo.

Dice así el artículo:

“La cesación definitiva del ejercicio de las funciones del docente se produce en uno de los siguientes casos...

f) Por retiro, al haber obtenido pensión de jubilación, cuando se trate de docentes de tiempo completo...”.

De otra parte, la Ley 30 de 1992, “por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”, promulgada el 29 de diciembre de ese año, en el artículo 77, preceptúa que:

“El régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4ª de 1992, los decretos reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan”.

Y conforme a lo anotado, se reitera, que la Ley 4ª, sólo reconoció a los docentes la posibilidad de disfrutar salario y pensión cuando se tratara de situaciones consolidadas conforme a derecho; lo cual encuentra respaldo adicional-mente, en el artículo 78 de la misma Ley 30 de 1992 que preceptúa:

“Lo dispuesto en este capítulo se aplicará sin perjuicio de las situaciones jurídicas individuales consolidadas conforme a derecho” (se destaca).

En este orden de ideas, los actos demandados conservan la presunción de legalidad que los ampara, por lo que se confirmará el fallo de primera instancia».

(Sentencia de agosto 2 de 1996. Expediente 11840. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

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