Sentencia 11842 de julio 19 de 2000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación 11.842

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Actor: José Manuel Gutiérrez Sepúlveda y otros

Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de enero de 1996, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se decidió lo siguiente:

“1º. Declarar administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de las lesiones sufridas por el señor José Manuel Gutiérrez Sepúlveda...

2º. Condenar a la anterior entidad estatal a pagarle en concreto al demandante José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, por concepto de perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante, las sumas que resulten una vez hechas las operaciones en la forma que quedó especificada en la parte considerativa.

3º. Condenar a la entidad estatal demandada a pagar el equivalente a 500 gramos de oro por concepto de perjuicios fisiológicos al señor José Manuel Gutiérrez Sepúlveda.

4º. Igualmente, a pagarles al lesionado José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, lo mismo que a su esposa Yolanda Giraldo Betancur y a su hijo Álvaro Diego Gutiérrez Giraldo de a (sic) 500 gramos de oro, por concepto de perjuicios morales; y a cada uno de los suegros: Daniel Giraldo León y Edith Betancur de Giraldo, lo mismo que a los hermanos del lesionado: Silvio de Jesús y Luis Alfredo Gutiérrez Sepúlveda, hermanos (sic), el equivalente a 100 gramos de oro.

5º. Se niegan las demás súplicas de la demanda...”.

(...)

8º. En firme esta providencia, por la secretaría expídase copia auténtica de la misma, con la certificación a que se refieren los numerales 1(adicionado por el Artículo 5º del Decreto 818 de 1994), 2 y 3 del Artículo Primero del Decreto 768 de abril 23 de 1993. Tal copia se entregará a la entidad nacional condenada, para que se atienda a la exigencia encerrada en el citado Artículo Primero”.

I. Antecedentes:

1. Mediante demanda presentada el 7 de diciembre de 1993, por medio de apoderado, los señores José Manuel Gutiérrez Sepúlveda y Yolanda Giraldo Betancur, actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor Álvaro Diego Gutiérrez Giraldo; Daniel Giraldo León, María Edith Betancur de Giraldo y Silvio de Jesús Gutiérrez Sepúlveda, solicitaron que se declarara que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es responsable de las lesiones causadas a José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 1992 (folios 12 a 35).

Como consecuencia de esta declaración, pidieron que se condenara a la demandada a pagar a José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, por concepto de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), aquellos que pudieran determinarse, “de acuerdo con las bases y en las cuantías que se señalan en los hechos de la demanda y que resulten del acervo probatorio...”, y por concepto de perjuicios fisiológicos o a la vida de relación, la suma equivalente a diez mil (10.000) gramos de oro, o $ 150.000.000.oo.

Por concepto de perjuicios morales, se solicitó condenar a la entidad demandada a pagar a cada uno de los demandantes, la suma de dinero equivalente a mil gramos de oro.

En apoyo de sus pretensiones, los demandantes narraron los siguientes hechos:

“1. El día 20 de septiembre de 1992, cerca de las 8 y 30 p.m., en el sitio denominado Arenales, situado en la vía rural que de Pereira conduce al corregimiento de Altagracia, se presentó una colisión entre dos vehículos particulares, un jeep y un bus escalera de servicio público.

2. El señor José Jario Velencia (sic) León era, para (sic) la citada fecha, el propietario de uno de los vehículos accidentados, marca Willys modelo J5 de placas HL 53-98.

3. Minutos antes del accidente, y estando el señor José Jairo Valencia León en la cabecera del corregimiento, en compañía de varios amigos, fue requerido por el Cabo de la Policía Nacional Jhon Jairo Tirado Villán, comandante del puesto de policía allí acantonado, para que le colaborara con su vehículo en un procedimiento de emergencia de persecución a unos antisociales sospechosos de atraco a las fincas de las familias Santa y Giraldo, por aviso que se había hecho a la fuerza pública por parte de los Sres Dolly Santa y José Manuel Gutiérrez Sepúlveda. Procedimiento del cual quedó anotación en la minuta de guardia o libro de novedades del puesto de policía del lugar.

4. El Sr. Valencia León puso a disposición de la autoridad su vehículo y en él se montaron el Cabo Tirado, dos agentes de policía, Carlos Elí Valencia y Jairo Hernán Satoba Chaparro, y los ciudadanos Dolly Santa, José Manuel Gutiérrez Sepúlveda (quienes habían dado el aviso) y Diego Zuleta, además del citado conductor y propietario. El carro arrancó en dirección hacia (sic) las fincas en peligro, vía Pereira.

5. José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, quien residía y aún reside en una de las fincas amenazadas por los antisociales había ido hasta la cabecera del corregimiento junto con Dolly Santa, residente en la otra finca vecina, a dar aviso a la policía del potencial peligro de asalto. Se vino con esta en el carro de Valencia León para colaborarle guiándola hasta el lugar donde habían observado a los sospechosos.

6. En el sitio Arenales el jeep conducido por Valencia León y en el cual viajaba José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, colisionó con la parte trasera de un bus escalera de servicio público afiliado a Transportes Arabia que se encontraba estacionado sin luces traseras en dicha carretera y que no atendió las señales de sonido y gritos de advertencia. La vía se encontraba húmeda por lluvias anteriores, y destapada en el lugar del accidente, el cual no tenía iluminación de ninguna clase.

La citada carretera es estrecha, el accidente fue en horas de la noche y el vehículo de Valencia León iba velozmente, dada la urgencia del procedimiento y los propios requerimientos de la fuerza pública.

Dicho vehículo estaba en el momento de salir a cumplir con la solicitud de la policía en buenas condiciones mecánicas – siempre estuvo bien tenido – que permitieron su normal utilización anterior por su dueño y conductor. Inclusive, en el caso de que no lo hubiera estado, la urgencia del requerimiento hubiera hecho imposible una revisión previa.

7. Como resultado del accidente resultaron (sic) lesionados los Sres. José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, José Jairo Valencia León, Daniel Rodas, Jhon Jairo Tirado, Carlos Elí Valencia, Jairo Hernán Satoba Chaparro y Martha Dolly Santa Rivera.

8. José Manuel Gutiérrez Sepúlveda en el momento del accidente que le causó las serias lesiones prestaba una benévola colaboración a la autoridad pública de policía ante la urgencia de evitar un atraco a las fincas ya mencionadas.

(...)

13. Las lesiones recibidas por José Manel Gutiérrez Sepúlveda, en el accidente de marras, están descritas... en la historia clínica... elaborada en el Hospital Universitario San Jorge, donde fue atendido – por remisión del Hospital Zonal de Cuba – desde el mismo día del accidente...

A nivel radiológico y clínico se observó paraplejia derivada del aplastamiento o fractura o sección medular completa de columna vertebral nivel T5, con abolición del nivel sensitivo, Fx vertebral T5 T7.

Lesión gravísima e irreversible con las obvias consecuencias de una pérdida o disminución total de la capacidad laboral.... Lesiones que... produjeron, desde un principio, grandísima aflicción en el lesionado. Aflicción extendida a sus cercanos familiares.

14. ...El daño emergente... debe liquidarse... con base en un daño emergente mensual constituido... por... los costos que... se causaron por el término de la vida probable de la víctima, para su atención médica, paramédica, farmacéutica, de rehabilitación o conservación de mínimas condiciones de existencia digna, manejo intracasero de su humanidad, etc., y en general para conservar su ya menguada salud física y sicológica. Tales costos son... los correspondietes a:

2. tres... turnos de enfermería, o sea tres enfermeras de 8 horas de jornada cada una, las cuales devengarán el salario convencional acostumbrado para este tipo de profesional (en el cual deberá incluirse el 40% de prestaciones sociales).

3. tres... sesiones diarias de fisioterapia, al precio o tarifa acostumbrado o adoptado para las mismas, por profesional o en consultorio especializado.

4. dos... controles mensuales de médico fisiatra, a la tarifa que en la plaza se acostumbre o se haya adoptado para este tipo de especialista.

5. dos... controles mensuales de neurólogo, a la tarifa que en la plaza se acostumbre o se haya adoptado para este tipo de especialista.

6. dos... sesiones o controles semanales de siquiatra o sicólogo clínico, a la tarifa que en la plaza se acostumbre o se haya adoptado para tal tipo de especialista.

7. dos... paquetes diarios de pañales desechables, para adulto, (los de mayor contenido), al precio comercial.

8. dos... escanografías anuales, al precio acostumbrado o adoptado para tal tipo de examen.

9. el mantenimiento anual de la silla de ruedas, de acuerdo a estimación pericial

(...)

En el caso de autos, los daños fisiológicos son fácilmente perceptibles... Nos encontramos frente a un parapléjico, con deformidad física de carácter permanente, con perturbación funcional total de órganos tales como la (sic) excreción, el de la micción, el de la reproducción, el de la sensibilidad. Con pérdida funcional total del órgano de locomoción, de sus miembros y (sic) inferiores y de su miembro viril, condenado a depender de otras personas para satisfacer elementales necesidades biológicas, condenado a un lecho o a una silla de ruedas, sin los goces de la vida... Y con serias pérdidas o consecuencias de tipo sicológico que lo hacen asumir su estado como de muerte y deprimirse gravemente.

(...)

18. Los perjuicios morales reclamados son en el caso del actor José Manuel Gutiérrez Sepúlveda distintos de los fisiológicos,... En cuanto a la esposa, al hijo y a los hermanos, ellos se presumen... en razón de ese parentesco cercano, porque no puede haber duda del impacto o dolor que una lesión con las consecuencias como las que tuvo este caso... les causó... Respecto de los suegros... su pretensión se basa en el hecho... de que el lesionado, desde que se casó, siempre vivió con su esposa... en el mismo hogar, bajo el mismo techo, en permanente comunión física y espiritual, con los padres de aquella, Don Daniel y Doña Edith, en la casa de la finca de propiedad del Sr. Giraldo León... convivencia que aunada al cariño, hace que José Manuel Gutiérrez Sepúlveda siempre haya considerado y tratado... a sus suegros, como verdaderos padres... sentimiento... que origina que estos, a su vez, lo consideren como un hijo... y hayan sufrido aflicción por sus lesiones y su estado actual...

19. José Manuel Gutiérrez Sepúlveda nació... del matrimonio de Manuel José Gutiérrez... y María de los Dolores Sepúlveda... De ese mismo matrimonio también son hijos legítimos Luis Alfredo y Silvio de Jesús Gutiérrez Sepúlveda.

20. José Manuel Gutiérrez Sepúlveda contrajo matrimonio... con Yolanda Giraldo Betancur, hija de Daniel Giraldo y Edith Betancur. De ese matrimonio nació... Álvaro Diego Gutierrez....

21. José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, en la fecha de la lesión, tenía cerca de 36 años y estaba en plena actividad laboral, como agricultor en la finca de su familia. Devengaba, al menos el salario mínimo legal (aunque se probarán sus ingresos, mayores a aquel), con el cual proveía a su subsistencia y a la de su esposa e hijo”.

2. La Nación – Ministerio de Defensa dio contestación a la demanda, por medio de apoderado (folios 44 a 48).

Manifestó que el vehículo en el que se transportaba el lesionado era de propiedad de un particular, quien, además, lo conducía en el momento del accidente, y expresó que los agentes de la Policía Nacional simplemente cumplieron sus funciones, al movilizarse en dicho vehículo, como pasajeros, esto es, en la misma condición del lesionado.

Adicionalmente, indicó que la conducción de vehículos automotores es una actividad peligrosa, y que la colisión se produjo como consecuencia de la acción culposa del conductor del vehículo Willys Hl-5398, quien no observó normas de prudencia mínimas, previstas en el Código Nacional de Transporte; de haberlo hecho, agregó, habría podido evitar el accidente. Concluyó, por esta razón, que no existe relación de causalidad entre la falla del servicio y el daño.

3. El a quo decretó pruebas mediante auto del 4 de marzo de 1994 (folios 49 a 54).

4. Mediante escrito presentado el 27 de abril de 1994, a través de apoderado judicial, Luis Alfredo Gutiérrez Sepúlveda formuló demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, solicitando, igualmente, que se declarara a esta responsable de las lesiones sufridas por José Manuel Gutiérrez Sepúlveda y, en consecuencia, se la condenara a pagar al actor, en su condición de hermano de la víctima, la suma equivalente a mil gramos de oro, por concepto del daño moral sufrido. Fundó su pretensión en hechos similares a los relatados en el numeral primero de estos antecedentes (folios 5 a 20 del cuaderno 1).

Dentro del término de traslado respectivo, la Nación dio contestación a la demanda, exponiendo, como razones de defensa, los mismos argumentos presentados en el numeral segundo anterior (folios 28 a 32 del cuaderno 1).

Por auto del 30 de junio de 1994, se decidió sobre la práctica de pruebas (folios 34 a 36).

5. El 2 de junio de 1994, el apoderado de los actores en los dos negocios antes mencionados solicitó su acumulación (folios 55 y 56). Esta petición fue resuelta mediante auto del 8 de junio de 1994, por el cual se decidió seguir tramitando ambos procesos conjuntamente (folios 57 a 59).

6. Vencido el período probatorio, se citó a audiencia de conciliación, en la que no se llegó a acuerdo alguno, por no existir ánimo conciliatorio en la parte demandada (folios 74 a 76).

7. Dentro del término de traslado respectivo, la parte demandada (folios 82 a 85) presentó alegatos de conclusión. Igualmente, rindió concepto el agente del Ministerio Público (folios 86 a 90).

El apoderado de la parte demandada insistió en los argumentos presentados al contestar la demanda. Expresó, además, que la colisión se produjo entre dos vehículos de propiedad privada, uno de los cuales se encontraba estacionado sobre la vía, sin señales de ninguna clase. Agregó que dicha colisión sucedió porque el vehículo en que viajaba el lesionado perdió los frenos, al tomar una pendiente, lo que produjo el aumento de la velocidad y determinó que el conductor perdiera el control sobre el carro y no lograra esquivar al vehículo estacionado.

Por otra parte, indicó que Gutiérrez Sepúlveda optó libre y espontáneamente por subirse al vehículo, una vez enterado sobre el posible atraco a la finca de propiedad de su suegro, y no pidió autorización al conductor ni a los agentes de Policía.

Llamó la atención sobre el hecho de que el Juzgado 7º Penal Municipal de Pereira, que adelantó investigación por las lesiones personales causadas a Gutiérrez, profirió medida de aseguramiento contra el conductor y propietario del vehículo accidentado, José Jairo Valencia León. Manifestó, además, que, según constancia expedida por el Centro de Diagnóstico Automotriz de Risaralda, dicho vehículo no reunía, en la fecha del accidente, los requisitos necesarios para transitar por las carreteras del país, y agregó que los agentes de policía que viajaban en él desconocían sus condiciones mecánicas.

Concluyó, con fundamento en lo anterior, que el daño se produjo por causa del hecho culpable de un tercero, por lo cual debe exonerarse de responsabilidad a la entidad demandada.

El representante del Ministerio Público consideró que está demostrada la falla del servicio, ya que los agentes de la Policía permitieron la presencia de Gutiérrez Sepúlveda en el operativo, sin prever los riesgos que podía correr, por la necesidad de desplazarse rápidamente y por la posible resistencia que ofrecerían los atracadores. En efecto, dijo: “Nada tenían que hacer en el operativo... ni el acompañante del conductor, ni la señora informante, ni el señor Gutiérrez Sepúlveda. Se permitió imprudentemente su presencia y se les expuso a un riesgo que... se concretó en el accidente con las consecuencias que ahora se reclaman”.

Concluyó, por lo anterior, que debían prosperar las súplicas de la demanda, “pero teniendo en cuenta... la concurrencia de la culpa de la víctima, quien sin necesidad o por motivos ajenos a la administración, se expuso al peligro por su propia voluntad”.

II. Sentencia de primera instancia:

Mediante sentencia del 31 de enero de 1996, el Tribunal Administrativo de Risaralda resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la parte demandante, en la forma indicada en la parte inicial de esta providencia. Luego de hacer referencia a cada una de las pruebas obrantes en el proceso, concluyó lo siguiente: (folios 105 a 128):

No está demostrado que José Manuel Gutiérrez Sepúlveda hubiera dado aviso a las autoridades sobre la posible comisión de un delito en la finca de propiedad de su suegro; tampoco está probado que hubiera sido obligado por los policías a abordar el vehículo, que luego se accidentó, para prestarles colaboración, indicándoles dónde estaba ubicada dicha finca. Por el contrario, está demostrado que abordó el carro por su propia voluntad, imprudentemente, lo que permite acreditar la existencia de una culpa de la víctima, “pues actuó... a sabiendas que (si) se salía a un operativo policial, el que de por sí (sic) ya encerraba un riesgo”, no solo por la peligrosidad de la actividad de conducción de vehículos automotores, sino por la necesidad de utilizar armas, para evitar el atraco. Su presencia, además, no se requería, dado que los policías sabían hacia donde iban, pues conocían la finca del señor Giraldo León. Por estas razones, no se le puede considerar un “benévolo colaborador”.

Así las cosas, es claro que el actor contribuyó, con su proceder culposo, “a las consecuencias que lo llevaron a presentar la demanda”, por lo cual debe reducirse la condena en contra de la demandada en un 50%. En efecto, también está demostrada la falla del servicio, dado que los policías obraron en contra de la prohibición de llevar civiles a los operativos.

De otra parte, está demostrada la existencia de la conducta de un tercero, “igualmente culposa y peligrosa”, esto es, la del conductor del vehículo accidentado.

Para efectos de establecer la existencia de los perjuicios materiales reclamados, tuvo en cuenta el concepto pericial rendido dentro del proceso. Así, respecto de la necesidad de contar con una enfermera permanente y con sesiones de fisioterapia y terapia ocupacional, recordó que los peritos recomendaron que dicha atención solo se prestara por tres meses, dado que “...si el resto de su existencia se le mantiene dependiente de una enfermera y las terapias se estaría condenando a una persona a no poderse valer (sic) por sí misma...”, y concluyó, en consecuencia, que “como no se acreditaron gastos hechos por ese concepto”, durante los tres meses siguientes al accidente, no debían reconocerse.

En relación con la atención psiquiátrica, concluyó que no podía condenarse al pago de las consultas respectivas, dado que dicha atención fue recomendada por un período de tres años, que debe contarse desde la fecha de ocurrencia de los hechos, y no se probó, dentro del proceso, que se hubiera efectuado pago alguno por tal concepto durante ese período.

Respecto de los demás perjuicios materiales solicitados, consideró que, en principio, debían reconocerse aquellos correspondientes a los rubros mencionados por los peritos. Sin embargo, encontró que no se habían acreditado los gastos correspondientes; lo mismo dijo respecto de las drogas, dado que unas de ellas ya debían haberse ingerido, y en relación con las otras, quien debía decidir sobre su consumo era el siquiatra y ello “no fue definido”.

Concluyó, por lo anterior, que no procedía reconocer suma alguna por concepto de daño emergente consolidado.

En cuanto al daño futuro, manifestó que debía reconocerse, teniendo en cuenta la fórmula aceptada tradicionalmente por la jurisprudencia. Dentro de este concepto incluyó las consultas de fisiatría, neurocirugía y urología, las escanografías, exámenes de orina y urocultivos, y el valor del mantenimiento de la silla de ruedas. Adicionalmente, indicó que el demandante presentaría la cotización sobre el valor de los pañales desechables, al momento del cobro, y que se reconocería el valor correspondiente a 60 unidades mensuales.

Se refirió, luego, a la indemnización por lucro cesante, que debía calcularse con base en el valor del salario mínimo vigente en la época de los hechos, debidamente actualizada.

Recordó que a los valores definitivos debía descontarse el 50%, correspondiente a la reducción impuesta por estar probada la culpa de la víctima.

De otra parte, consideró que, una vez hecho el descuento aludido, debía condenarse a la demandada a pagar a la víctima el valor equivalente a 500 gramos de oro, por concepto de perjuicios fisiológicos, los que consideró acreditados con fundamento en los dictámenes médicos que obran en el proceso. Y por concepto de daño moral – cuya existencia encontró demostrada respecto de todos los demandantes, incluidos los suegros de José Manuel Gutiérrez, dado que convivían, desde hace varios años, en la misma casa –, consideró que debía condenarse al pago de la suma equivalente a 500 gramos de oro, tanto para la víctima como para su esposa y su hijo, y a 100 gramos de oro para cada uno de los demás demandantes.

III. Recurso de apelación:

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, la parte actora interpuso recurso de apelación (folios 130 a 139). Criticó las afirmaciones contenidas en dicha providencia, relacionadas con la intervención de la víctima en la producción del daño. Manifestó, al respecto, que Gutiérrez Sepúlveda intervino para colaborar con la Policía y que esta lo consintió. Expresó, por lo tanto, que este sí podía ser considerado un “colaborador benévolo”. Adicionalmente, manifestó que no existió falta grave ni imprudencia por parte de la víctima. Afirmó que esta, simplemente, pretendía acudir al lugar donde se encontraban sus seres más queridos, que estaban en inminente peligro.

Por otra parte, consideró incorrectos los planteamientos del Tribunal dirigidos a negar la condena por concepto de daño emergente consolidado. Explicó que tales perjuicios no estaban completamente determinados al momento de presentarse la demanda, ya que, en esa fecha, “no podían (sic) conocerse concretamente qué tratamientos médicos, o de fisioterapia, o de asistencia de enfermería, o de drogas, necesitaba José Manuel Gutiérrez Sepúlveda”, por lo cual se requería practicar pruebas periciales que permitieran su determinación. Así se hizo, y dado que solo al dictar sentencia podía el a quo aceptar la experticia, “resulta ilógico que... termine por decir, injusta e injurídicamente, que por haber transcurrido ya, en el tiempo, más de 3 meses, más de 3 años, no se puede acceder a la condena por el gasto de enfermera, y por el gasto de la consulta siquiátrica. Y que los tratamientos “vitalicios” solo podrían entrar a computarse desde el día siguiente de la ejecutoria de la sentencia”. Y agregó: “Es inaudito que, como ha pasado en el caso presente, las resultas de una demanda dependan para su cuantificación de lo que haya durado el trámite del proceso”.

En cuanto a la condena por concepto de daño emergente futuro y lucro cesante, manifestó su inconformidad por el hecho de que esta no se hubiera realizado en concreto, y expresó que “El sistema que adopta la sentencia que no es propiamente el de la liquidación en abstracto, mediante incidente, sino el de una liquidación por los actores cuando el negocio termine, es... exótico e innecesario”.

Consideró muy baja la condena impuesta por concepto de perjuicio fisiológico, dado que se trata de una lesión muy “cercana a la muerte, que anula totalmente la posibilidad de que el lesionado disfrute de la vida”.

Respecto de los perjuicios morales reconocidos a Gutiérrez, a su esposa y a su hijo, se limitó a objetar la reducción hecha por haberse encontrado demostrada una culpa de la víctima. Frente a la suma reconocida, por el mismo concepto, a los otros demandantes, manifestó su inconformidad, por considerarla muy baja, teniendo en cuenta que está demostrado en el proceso que la víctima, junto con sus hermanos y sus suegros, “constituyen una unidad familiar, compacta e inocultable”.

Indicó, también, que las condenas impuestas por concepto de daños extrapatrimoniales no encuentran, en el fallo, una justificación que permita entender cómo operó, en el caso concreto, el arbitrio judicial. Y finalmente, solicitó modificar el numeral 8º de la parte resolutiva de la sentencia apelada, a fin de ordenar la entrega, a los actores o a su apoderado, de la primera copia de la misma, que presta mérito ejecutivo, para efectuar los trámites a que haya lugar, para realizar el cobro respectivo.

La apelación fue concedida mediante auto del 16 de febrero de 1996 y admitida el 16 de julio del mismo año (folios 142, 1458, 149). Corrido el traslado para alegar, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (folios 151, 152).

IV. Consideraciones:

2. Régimen de responsabilidad aplicable:

Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

“... Responsabilidad por el riesgo excegpcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...”.(1) 

Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración solo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad. 

A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado.

Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen del responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.(2) La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquellas. En efecto, la conducción de vehículos automotores ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa.(3) 

No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima. 

2. El caso concreto:

Con fundamento en las pruebas practicadas en el proceso, se tiene lo siguiente:

3. El 20 de septiembre de 1992, resultó lesionado el señor José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, al accidentarse un vehículo automotor, en el que se transportaba. En el dictamen pericial practicado por un médico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se concluyó que, como consecuencia de dichas lesiones, el paciente presenta (folios 51, 52 del cuaderno 2):

“1. Paraplejia y movilización en silla de ruedas. 2. Nivel sensitivo T5 con pérdida de la sensibilidad superficial y profunda desde las regiones inframamarias hacia abajo, incluyendo miembros inferiores, región perineal y órganos genitales externos. 3. Sonda vesical a permanencia, con cistofló. 4. Hiperreflexia de miembros inferiores. 5. Fuerza muscular en miembros inferiores 0/5”.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los datos de la historia clínica, en el mismo dictamen se consignaron las siguientes conclusiones:

“A. Las lesiones fueron causadas por mecanismo contundente. B. Incapacidad médico legal definitiva de treinta y cinco (35) días. C. Se establecen las siguientes secuelas médico legales: 1. Deformidad física de carácter permanente por la condición de paraplejia. 2. Perturbación funcional permanente de los órganos del sistema nervioso, de la digestión, de la micción y de la reproducción, de la excreción urinaria. 3. Pérdida funcional de ambos miembros inferiores. 4. Pérdida funcional del órgano de la locomoción. 5. Pérdida funcional del miembro viril”.

Por otra parte, obra en el proceso otro dictamen pericial, rendido el 6 de mayo de 1994, por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que, previa la lectura de la historia clínica, así como la realización de una entrevista y una evaluación a Manuel Gutiérrez Sepúlveda, se concluyó (folios 57 a 59 del cuaderno 2):

“... El examinado había logrado desarrollar su propio estilo de vida, era productivo laboralmente, sostenía relaciones interpersonales permanentes, velaba por su propio sustento y el de su familia, era autónomo en sus decisiones, se proyectaba en el futuro de acuerdo a su situación presente, la lesión sufrida ocasiona que perdiera estas características personales originando un estado de aflicción, de desesperanza y depresión, añadido que también perdió su propia imagen corporal es (sic) estar en un “cuerpo extraño” perdió su autoestima, perdió la intimidad de la vida sexual y gran parte de su propia libertad: el señor Gutiérrez Sepúlveda no ha logrado elaborar el duelo de esta pérdidas, ocasionando un gran malestar en su salud mental, para tratar de recuperar su normalidad psíquica debe recibir psicoterapia y la familia orientación psicológica, esto puede ser brindado por un psicólogo clínico o un Médico Psiquiatra... las sesiones deben ser inicialmente como mínimo una vez en la semana, esta puede extenderse en un tiempo de tres o más años de acuerdo a la capacidad de respuesta del paciente y a factores exógenos. El no recibir tratamiento implica en la mayoría de estas personas un encerramiento en sí mismos, un incremento de su depresión y el no desear luchar por tener una vida más digna, algunos internamente viven su lesión como una muerte o un castigo de Dios deseando solo que la muerte les llegue...”.

Por último, conforme a la evaluación realizada por el médico de la División de Seguridad y Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Regional Risaralda, y teniendo en cuenta su situación de paraplejia por sección completa de la médula a nivel de T4-T5, se concluye que José Manuel Gutiérrez Sepúlveda sufrió “Incapacidad permanente de un (75%) setenta y cinco por ciento (incapacidad permanente total)” (folio 61 del cuaderno 2). Se resalta.

Con fundamento en estos documentos, está demostrado, entonces, el daño sufrido por la víctima.

b. En relación con las circunstancias en que ocurrieron los hechos, obran en el proceso las declaraciones de las personas que se desplazaban en el automotor, junto con Gutiérrez Sepúlveda, en el momento del accidente:

Marta Dolli Santa Rivera, quien vivía, en la fecha del accidente, en la finca de Daniel Giraldo, donde se desempeñaba como empleada doméstica, manifestó que, el 20 de septiembre de 1992, aproximadamente a las 7:00 ó 7:30 p.m., iban a asaltar la finca mencionada y ella fue personalmente a avisarle a la Policía. En el centro de Altagracia, un cabo le dijo al señor Jairo Valencia que necesitaban su vehículo, con urgencia; este accedió a acompañarlos y se subieron varias personas: Valencia, un señor de nombre Diego – cuñado de aquel –, José Manuel Gutiérrez, el cabo, dos policías más y ella. Dice que ella y José Manuel Gutiérrez los acompañaron, porque eran quienes sabían dónde quedaba la finca. Explica que, poco antes, se había encontrado a Gutiérrez, quien estaba comprando el mercado, y lo informó sobre el posible asalto. Cuando iban en camino, el conductor Jairo Valencia manifestó que los frenos no respondían, y luego chocaron contra una “chiva”, que se encontraba estacionada, sin luces, en la mitad de la vía (folios 24 a 28 del cuaderno 2).

Un relato muy similar es efectuado por Diego Luis Zuleta Céspedes, cuñado de José Jairo Valencia León (folios 29 a 31 del cuaderno 2), el cabo Jhon Jairo Tirado Villán (folios 37 a 45 del mismo cuaderno) y los agentes Jairo Hernán Satova Chaparro y Carlos Helí Valencia (folios 46 a 49 del cuaderno 2).

Tirado explica, adicionalmente, que, en esa época, se desempeñaba como comandante de la subestación de policía de Altagracia y que acudió a Jairo Valencia porque en dicha subestación no se contaba con un medio de trasporte apropiado; solo tenían una motocicleta muy deteriorada. Agrega que, cuando el vehículo se quedó sin frenos, se desplazaban por una carretera muy inclinada, en bajada, lo que produjo el aumento de la velocidad. Más adelante se encontraba un bus escalera, estacionado, seguramente recogiendo o dejando pasajeros, y con él colisionaron.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el accidente tuvo por causa una falla mecánica del vehículo en el que se movilizaban los miembros de la Policía Nacional y los particulares antes mencionados, consistente en la descomposición de los frenos, en el momento en que bajaban por una vía muy pendiente. Esta circunstancia trajo como consecuencia que el conductor del vehículo perdiera el control sobre el mismo y se estrellara contra un bus que se encontraba sobre la misma vía, más adelante, aparentemente estacionado, recogiendo o dejando pasajeros. Si bien la señora Santa Rivera indica que el bus no tenía luces, este es un hecho sobre el que no hay claridad en el proceso, de manera que no está probado que hubiera tenido injerencia en la producción del accidente. 

Así las cosas, debe establecerse, en primer lugar, si la causa del accidente, en la forma en que ha quedado establecida, constituye un hecho imputable al responsable de la actividad peligrosa desarrollada, o si, por el contrario, es un hecho extraño que permita romper, en el presente caso, el nexo de causalidad. 

Para ello, debe tenerse en cuenta la distinción que doctrina y jurisprudencia han hecho entre la fuerza mayor y el caso fortuito, que, como se expresó en la sentencia del 20 de febrero de 1989, citada anteriormente, adquiere su mayor interés dentro del marco de la responsabilidad por riesgo excepcional. Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquel, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño. 

Visto lo anterior, concluye la Sala que la causa que dio lugar al accidente, en el presente caso, esto es, la falla mecánica del vehículo, se produjo dentro de la estructura misma de este último, de manera que, aunque no se conocen sus causas, es, sin duda, un hecho interno a la actividad que con él se desarrollaba. No constituye, en estas condiciones, un hecho imprevisible y, por lo tanto, no da lugar al rompimiento del nexo de causalidad existente entre dicha actividad y el daño producido. 

c. De otra parte, debe establecerse si, dadas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, conforme a las declaraciones de los testigos antes citados, el accidente, como hecho generador del daño cuya indemnización se reclama, es imputable a la entidad pública demandada.

En primer lugar, se advierte que, según consta en las certificaciones que obran a folios 69 a 74 del cuaderno No. 4, el cabo segundo Jhon Jairo Tirado Villán y los agentes Carlos Helí Valencia y Jairo Hernán Satova Chaparro laboraban, el 20 de septiembre de 1992, en la Estación Cuba, Subestación de Policía de Altagracia. Este hecho, por lo demás, es reconocido por ellos mismos, al rendir testimonio dentro de este proceso, en la forma indicada anteriormente.

Adicionalmente, se considera necesario tener en cuenta la noción de guarda, en relación con la actividad peligrosa desarrollada. Es bien sabido que, en principio, el propietario de la actividad peligrosa o de la cosa con que ella se desarrolla se presume guardián de la misma. No obstante, en algunos eventos, puede demostrarse que la guarda había sido transferida, caso en el cual la responsabilidad del propietario puede desaparecer. Puede suceder, también, que exista una guarda compartida entre varias personas. En ese sentido, el profesor Tamayo Jaramillo explica que “el responsable de la actividad peligrosa... es quien tiene el poder intelectual de dirección y control, poder que puede estar en cabeza de varias personas naturales o jurídicas, las cuales pueden tener diferentes relaciones de hecho frente a la actividad”.(4)

En el caso que ocupa a la Sala, el vehículo que dio lugar a la producción del accidente era conducido por un particular, quien, además, conforme a lo expresado por varios testigos, era su propietario. Sin embargo, en el momento en que ocurrieron los hechos, dicho vehículo estaba a disposición de miembros de la Policía Nacional, quienes solicitaron la colaboración de aquel, para efectos de cumplir una función pública, esto es, prestar colaboración a algunos ciudadanos, cuyas propiedades se encontraban en peligro, conforme al aviso dado por estos mismos. 

La policía obró conforme a la autorización contenida en el artículo 33 del Código Nacional de Policía, según el cual “En caso de urgencia, la policía puede exigir la cooperación de los particulares no impedidos para hacerlo”, evento en el cual podrá recurrir incluso a la fuerza, transitoriamente, para usar bienes que le resulten indispensables, como vehículos, drogas, etc., lo que, dada la colaboración voluntaria de José Jairo Valencia, no fue necesario en este caso. 

Así las cosas, considera la Sala que los agentes del Estado antes mencionados tenían a su cargo la guarda de la actividad peligrosa, en ejercicio de la cual se produjo el accidente. En efecto, de ellos dependían la dirección y el control de la actividad, en el momento preciso en que sucedieron los hechos. Por esta razón, se concluye que el daño causado a José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, al accidentarse el vehículo citado, es imputable a la entidad demandada.

Lo anterior debe ser entendido sin perjuicio de que pudiera llegar a considerarse que José Jairo Valencia León, en su condición de propietario y conductor del vehículo, tenía también a su cargo la guarda de la actividad desarrollada, lo que daría lugar a concluir que, en el presente caso, se ejercía una guarda conjunta sobre la misma. Este hecho, sin embargo, no impide que se condene a la entidad demandada a pagar el total de los perjuicios causados a los actores, teniendo en cuenta que daría lugar al surgimiento de una obligación solidaria, según lo dispuesto en el artículo 2.344 del Código Civil.

Por último, no comparte la Sala lo expresado por el Tribunal en el sentido de que está demostrado que la víctima contribuyó, con su actuación culposa, a la producción del daño, lo que determinó la reducción de la condena impuesta, en un 50%. En efecto, es claro que dicha circunstancia no podría considerarse, de ninguna manera, causa eficiente del accidente, ni de las lesiones sufridas por el citado profesor, a menos que se diera aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para efectos de establecer el nexo de causalidad. Por esta razón, no podría dar lugar a la configuración de la culpa de la víctima como causal de exoneración o de reducción de responsabilidad que operara en favor de la entidad demandada. Al respecto, son interesantes las precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo, presentadas en los siguientes términos:

“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño...

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño...”.(5)

Por lo demás, está demostrado que José Manuel Gutiérrez Sepúlveda se encontraba en el vehículo, en el momento del accidente, porque habitaba en la finca amenazada, de propiedad de su suegro, el señor Daniel Giraldo León, y quiso, por lo tanto, acompañar a la policía hasta dicho lugar. Los policías, además, no se opusieron a su presencia; inclusive, el cabo Jhon Jario (sic) Tirado, quien corrobora lo anterior, expresó lo siguiente en su declaración: “No lo obligué a que se bajara, pues es de lógica que con nosotros se encontraba más seguro...” (folio 40).

d. En lo que se refiere al perjuicio causado a los actores, se referirá la Sala, en primer lugar, a las pruebas dirigidas a demostrar la existencia del daño emergente y el lucro cesante solicitados.

En cuanto al daño emergente, se tiene lo siguiente:

Obra en el proceso el informe rendido el 9 de diciembre de 1994, con fundamento en la evaluación realizada a José Manuel Gutiérrez, por los médicos María Elena Montoya y Luis Edgardo Sanz Suárez, fisiatra y cirujano, respectivamente, funcionarios del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde se describen, de la siguiente manera, las lesiones sufridas (folios 120 a 122 del cuaderno 2):

“a) Incapacidad para deambular por lo cual se ve obligado a usar una silla de rueda (sic)...

b) Deformidad permanente de columna dorsal con cifosis.

4. Lesión permanente del funcionamiento de sus (sic) sistema digestivo por lo cual deberá usar enemas o supositorios evacuantes y del sistema urinario consistente en vejiga neurogénica con dificultad para la micción, lo cual obliga el uso de sonda vesical permanente conectada a cistofló, resultado lo anterior en serio deterioro de su vida de relación o interpersonal por el manejo dificultoso de la bolsa llenándose esta de orina con las consecuencias de olor, humedad, por lo que el paciente tiene que permanecer recluido en su casa, además la persona sufrirá infecciones urinarias a repetición con fiebre y malestar general que lo obligan a guardar reposo en cama”.

Se expresa que el paciente necesitará, como consecuencia de dichas lesiones, lo siguiente:

“... Enfermera permanente 24 horas por tres (3) meses.

Fisioterapia una (1) sesión diaria por tres (3) meses.

Terapia ocupacional 1 (una) sesión diaria por tres (3) meses.

1 (una) consulta de médico fisiatra cada 15 días.

Una (1) consulta de neurocirujano cada 15 días.

Dos (2) consultas de siquiatra o sicólogo.

Dos (2) escanografías al año.

Una (1) consulta de urología cada 15 días.

Laboratorio: parcial de orina una (1) cada 15 días.

Urocultivo uno (1) mensual.

Pañales cambio permanente.

Una silla de ruedas con descansabrazos removible.

Drogas: Infección urinaria

Amplicilina

Gentamicina

Netromicina

Amikacina

Analgésicos: Dipirona

Meperidina

Antidepresivos: Amitriptilina

Fluoxetina

Evadyne

Cuait D

Vitamina C un 1) gr/día permanente”.

Se indica, en el mismo dictamen, el valor de algunas de las consultas requeridas, así:

“Consulta de Neurocirugía $ 25.000.oo

Consulta de Fisiatría $ 15.000.oo

Una (1) sesión de Fisioterapia a domicilio $ 15.000.oo

Una sesión de terapia ocupacional en consultorio $ 8.000.oo”.

Solicitada la adición respectiva, el director del citado hospital certificó, el 13 de febrero de 1995, el valor de los servicios restantes, así (folio 130 del cuaderno 2):

“Servicio tarifas

SOAT Particular

a) Enfermera permanente 24 H. 40.000.oo

b) Consulta siquiatría 6.800.oo 25.000.oo

c) Escanografía 70.151.oo 150.000.oo

d) Consulta urólogo 7.300.oo 20.000.oo

e) Examen parcial de orina 2.800.oo 3.500.oo

f) Urocultivo 5.900.oo 22.000.oo

g) Drogas recomendadas igual precios de venta al público según catálogos y autorización del Ministerio.

Nota: No se relaciona el valor de la Enfermera 24 horas ya que nuestra Institución no presta esa clase de servicios”.

Está probado, entonces, el perjuicio causado a la víctima, en forma de daño emergente, el cual comprende los rubros indicados en el dictamen y su adición. También existen elementos suficientes para efectuar su liquidación, salvo respecto de algunos gastos que más adelante se indicarán. Por esta razón, es claro que le asiste razón al recurrente, en cuanto critica el mecanismo utilizado por el a quo para condenar por este concepto y – dicho sea de paso – por el lucro cesante debido. En efecto, aunque dijo condenar en concreto, sin duda no lo hizo; ni siquiera estableció las bases suficientes para efectuar los cálculos correspondientes. Debe anotarse, además, que el recurso a la presentación de cotizaciones por parte del demandante, al momento del cobro, constituye un mecanismo inaceptable, dado que los jueces solo pueden adoptar sus decisiones con fundamento en las pruebas practicadas dentro del proceso. Así, procederá la Sala a efectuar las liquidaciones respectivas.

Al respecto, se advierte que, para efecto de liquidar el valor del daño emergente, se tendrán en cuenta las tarifas particulares indicadas anteriormente, dado que las tarifas del SOAT solo son aplicables en aquellos casos en que la atención correspondiente es realizada por cuenta del seguro obligatorio de accidentes de tránsito.

En escrito de los doctores Sanz y Montoya, presentado posteriormente, a fin de aclarar algunos puntos del dictamen y según solicitud del Tribunal, se determinó la posología sugerida de los medicamentos indicados en aquel. Respecto de los antidepresivos, se precisó que se sugieren 4 drogas, pero que el siquiatra debe escoger, entre ellas, aquella que considere adecuada para el paciente (folios 131, 132 del cuaderno 2). Aclararon, además, que la atención siquiátrica ayuda al paciente a superarse, durante los primeros meses, y que será el profesional que lo trate quien pueda definir cuánto tiempo debe recibir el paciente este tipo de atención. Y agregaron que: “Por razones de manejo se protocoliza enviar a la persona a Siquiatría 2 veces por semana y el especialista en esta área define según evolución del paciente cuánto tiempo permanecerá y cuántas sesiones a la semana en dicha consulta”.

Calculando, de acuerdo con lo anterior, el valor mensual de los gastos correspondientes a cada uno de los rubros antes indicados, y actualizando cada una de las sumas, con base en la fórmula usada por la Corporación para obtener el valor presente de la renta, esto es, aplicando los índices de precios al consumidor y teniendo en cuenta la fecha de las cotizaciones (diciembre de 1994: índice de 398.24; febrero de 1995: índice de 419.91) y la de esta sentencia, se concluye lo siguiente:

ServicioV/r unitarioV/r mensualV/r actualizado
Enfermera 24 horas$ 40.000.oo$ 1.200.000.oo$ 2.640.959.oo
Sesión fisioterapia$ 15.000.oo$ 450.000.oo$ 1.044.249.oo
Sesión terapia ocupacional$ 8.000.oo$ 240.000.oo$ 556.933.oo
Consulta fisiatría$ 15.000.oo$ 30.000.oo$ 69.617.oo
Consulta neurocirugía$ 25.000.oo$ 50.000.oo$ 116.028.oo
Consulta siquiatría$ 25.000.oo$ 200.000.oo$ 440.160.oo
Consulta urología$ 20.000.oo$ 40.000.oo$ 88.032.oo
Escanografía$ 150.000.oo$ 25.000.oo$ 55.020.oo
Parcial de orina$ 3.500.oo$ 7.000.oo$ 15.406.oo
Urocultivo$ 22.000.oo$ 22.000.oo$ 48.416.oo

Se observa que el servicio de enfermera, así como las sesiones de fisioterapia y terapia ocupacional fueron recomendadas por tres meses. Y carece de fundamento el argumento planteado por el a quo, en el sentido de que no hay lugar a condenar por tales rubros, con base en que la parte actora no demostró que hubiera efectuado gastos por dichos conceptos, durante los tres meses siguientes al accidente. Un razonamiento de tal naturaleza resulta, sin duda, contrario a la justicia; además de las críticas formuladas al respecto por el recurrente – que son válidas –, debe decirse que se trata de un perjuicio cuya existencia y cuantía están debidamente demostradas dentro del proceso, razón por la cual se impone su indemnización. Algo similar puede decirse en relación con el daño emergente consolidado, por los demás conceptos mencionados en los dictámenes periciales, cuya reparación fue negada por el Tribunal.

Así, la víctima tendrá derecho, por los tres conceptos citados (servicio de enfermera, sesiones de fisioterapia y terapia ocupacional), al reconocimiento de una indemnización consolidada, por el período indicado (tres meses), contado desde la fecha del accidente, que se calculará con base en la siguiente fórmula:

For gen 1
 

Sumados los valores mensuales requeridos para el pago de estos tres servicios, debidamente actualizados conforme a la tabla anterior, se obtiene una suma total de $ 4.242.141.oo. Entonces:

F1184210
 

En relación con las consultas siquiátricas, se advierte que además del último dictamen citado, en el que se indica que el especialista deberá determinar la duración del tratamiento, obra también en el proceso el dictamen realizado, el 6 de mayo de 1994, por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se concluyó que las consultas podían “extenderse en un tiempo de tres o más años, de acuerdo con la capacidad de respuesta del paciente y a (sic) factores exógenos (folios 57 a 59 del cuaderno 2).

Por lo anterior, la Sala considera que no existen bases suficientes para condenar en concreto por este concepto. Se proferirá, entonces, condena en abstracto. Para efectuar la liquidación respectiva, el Tribunal deberá ordenar la práctica de un nuevo dictamen pericial, por parte de médicos psiquiatras, que evalúen al paciente y establezcan el período durante el cual este requirió o requerirá de la mencionada atención especializada. Con fundamento en lo expresado por los peritos, podrá variar el número de consultas semanales sugeridas por los doctores Sanz y Montoya, y, por lo tanto, el valor mensual calculado anteriormente.

Los demás servicios y exámenes serán requeridos por el paciente de manera permanente, conforme a lo expresado por los peritos. Así las cosas, la indemnización a que tiene derecho la víctima por tales conceptos comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 93 meses, y el otro, futuro o anticipado, corre desde la presente fecha hasta el fin de la vida probable del occiso (38.81 años = 465.72 meses, teniendo en cuenta que al momento del accidente tenía 36 años), para un total de 372.72 meses. Si se tiene en cuenta que, sumados los valores mensuales requeridos para el pago de estos servicios (consultas de fisiatría, neurocirugía y urología; escanografía, parcial de orina y urocultivo), debidamente actualizados conforme a la tabla anterior, se obtiene una suma total de $ 392.519.oo, de lo anterior resulta que:

a. Indemnización debida o consolidada:

For gen 1
 

F1184211
 

2. Indemnización futura o anticipada:

For gen 2
 

F118423
 

Así las cosas, sumados los valores antes indicados, se obtiene un total de ciento veintiséis millones doscientos sesenta y un mil novecientos sesenta y nueve pesos ($ 126.261.969.oo). Se condenará, entonces, a la entidad demandada, a pagar dicha cantidad a José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, por concepto de daño emergente.

De otra parte, se solicita, en la demanda, el pago del valor correspondiente al mantenimiento de la silla de ruedas que, dada la condición de permanente del daño sufrido por la víctima, deberá ser utilizada por esta durante el resto de la vida. Obra en el proceso la cotización efectuada por la firma Su Equipo Ltda., el 14 de marzo de 1994, donde se expresa que dicho mantenimiento tiene un costo anual de $ 150.000.oo. Solicitada una cotización del mismo servicio a la firma Procientífica de Occidente Ltda., esta expresó que no lo prestaba (folios 15 y 17 del cuaderno 2).

Observa la Sala que este valor resulta excesivo, teniendo en cuenta que la citada firma Procientífica de Occidente Ltda. presentó cotización sobre el valor de una silla de ruedas standard y concretamente sobre su precio de fábrica, para distribuidores, indicando que correspondía, el 25 de marzo de 1994, a $ 139.100.oo, más IVA. Resultaría más costoso, en consecuencia, el mantenimiento de la silla que la silla misma. Por lo anterior, se condenará, en abstracto, al pago del valor del mantenimiento de la silla de ruedas, ya que se considera necesario obtener varias cotizaciones para efectos de establecer cuál es el precio promedio del mercado. Además, será necesario determinar cuál es el mantenimiento requerido y cuál la periodicidad del mismo, a fin de calcular el valor mensual debido por ese concepto. La liquidación respectiva – consolidada y futura – será hecha por el a quo, teniendo en cuenta las fórmulas antes citadas.

Debe advertirse que no hay petición en la demanda relacionada con el pago del valor de la silla de ruedas, razón por la cual no se hará condena por dicho concepto.

Finalmente, se proferirá condena en abstracto, en contra de la entidad demandada, en lo que se refiere al valor de las drogas y los pañales desechables requeridos por el paciente, según lo expresado en el dictamen contenido a folios 120 a 122 y 131 y 132. Para efectos de la liquidación, el a quo deberá tener en cuenta la posología sugerida por los peritos y obtener cotizaciones de por lo menos tres droguerías y tiendas, en cada caso, y aplicará las fórmulas aquí indicadas, para calcular el valor de las sumas debidas por tales conceptos, a título de indemnización consolidada y futura. Adicionalmente, se mantendrá la decisión del a quo, respecto del número de pañales requeridos mensualmente por la víctima (60), dado que sobre este punto no se hizo observación alguna en el recurso de apelación. En relación con el daño emergente correspondiente al valor de las drogas antidepresivas, dado que se recomienda la utilización de una sola de ellas, se averiguará el precio del mercado de las cuatro (4) sugeridas por los peritos, para obtener un solo valor promedio, que servirá de base para efectuar la liquidación.

Respecto del lucro cesante, se tiene lo siguiente:

José Manuel Gutiérrez Sepúlveda se desempeñaba, en la época del accidente, como trabajador de la finca de su suegro, el señor Daniel Giraldo León. Al respecto, Marta Dolli Santa Rivera expresó (folios 27, 28 del cuaderno 2):

“...siempre ha trabajado en la finca y el único empleo que ha tenido así, que no sea de cafetales, es el de ayudante de panadero, en Pereira, Cuba o en Altagracia, donde le ha resultado. En eso lo conocí trabajando unos diítas (sic). En ese tiempo, lo que le pagaban en la finca al día, eran $ 2.500. Digo eso porque ahora ya un jornal es de $ 3.000 para la gente de la finca. Cuando él se accidentó estaba trabajando ahí en la finca de don Daniel Giraldo, voliando (sic) machete y cogiendo café, no recuerdo qué hacía en ese tiempo, pero él sí trabajaba en la finca, por cuenta de don Daniel Giraldo, el suegro. El suegro le pagaba a él un jornal como se lo pagaba a cualquier trabajador”.

De igual manera, Yolanda Holguín Giraldo, concuñada de Gutiérrez, manifiesta que, antes del accidente, este trabajaba, y luego de quedar inválido sus suegros lo sostienen, al igual que a su esposa y su hijo (folios 70 a 71 del cuaderno 2).

Así, encuentra la Sala que está acreditada la existencia del perjuicio material, en forma de lucro cesante, sufrido por José Manuel Gutiérrez Sepúlveda. Sin embargo, la declaración de la señora Santa Rivera no se considera suficiente para acreditar su cuantía. Se dará, entonces, aplicación a la tesis ya sostenida por esta Corporación en otras oportunidades(6), presumiendo, con fundamento en el hecho probado de que la víctima se dedicaba a una labor productiva, de la cual derivaba el sustento para sí y para su familia, que obtenía de su trabajo una suma equivalente al valor del salario mínimo.

Aplicando la fórmula utilizada reiteradamente por la jurisprudencia, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (devengada por la víctima al momento del accidente, esto es, el salario mínimo vigente en el año 1992), multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes del hecho dañino, conforme a las certificaciones del DANE.

F118424
 

Dado que el salario mínimo vigente en la fecha en que se profiere esta sentencia equivale a la suma de $ 260.100.oo, superior a la que resulta de actualizar el salario mínimo vigente en la época en que ocurrieron los hechos, se tendrá en cuenta aquella para efectuar la liquidación respectiva.

Se tendrá en cuenta, además, que, en el momento del accidente, José Manuel Gutiérrez Sepúlveda tenía una vida probable de 38.81 años, según la tabla colombiana de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria, por Resolución 0996 del 29 de marzo de 1990.

Con fundamento en lo anterior, se efectúa la liquidación respectiva, cuyas bases son las siguientes:

Víctima: José Manuel Gutiérrez Sepúlveda

Fecha del accidente: 20 de septiembre de 1992

Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1956

Vida probable: 38.81 años = 465.72 meses

Liquidación:

La indemnización a que tiene derecho comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 93 meses, y el otro, futuro o anticipado, corre desde la presente fecha hasta el fin de la vida probable del occiso, para un total de 372.72 meses, de lo cual resulta:

Indemnización debida o consolidada:

For gen 1
 

F1184213
 

Indemnización futura o anticipada:

For gen 2
 

F118426
 

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 75.192.434.oo.

e. Se solicita en la demanda, por otra parte, el pago de la suma de dinero equivalente a 10.000 gramos de oro, o subsidiariamente, de $ 150.000.000.oo, por concepto del perjuicio fisiológico o a la vida de relación sufrido por la víctima.

Respecto del alcance y contenido de este tipo de perjuicio, la Sala considera necesario hacer las siguientes precisiones:

A partir de la sentencia proferida el 6 de mayo de 1993(7), el Consejo de Estado ha reconocido la existencia de una forma de perjuicio extrapatrimonial, distinto del moral, denominado – en este y en otros fallos posteriores – perjuicio fisiológico o a la vida de relación. Se dijo, en aquella ocasión, citando al profesor Javier Tamayo Jaramillo, que dicho perjuicio estaba referido a la “pérdida de la posibilidad de realizar... otras actividades vitales, que aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia”.

El 25 de septiembre de 1997, se precisó, con más claridad, el alcance del concepto mencionado, mediante reflexiones que vale la pena citar in extenso(8):

“1. El mal llamado perjuicio fisiológico se conoce en el derecho francés como perjuicio de placer (prejudice d´agrément), loss ofamenity of the life (pérdida del placer de la vida) en el derecho anglosajón o daño a la vida de relación en el derecho italiano(9).

La jurisprudencia francesa ha definido este particular tipo de daño tomando como marco de referencia la resolución No. 75-7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa relativo a la reparación de daños en caso de lesión corporal, adoptada el 14 de marzo de 1975, según la cual la víctima debe ser indemnizada de “diversos problemas y malestares tales como enfermedades, insomnios, sentimientos de inferioridad, una disminución de los placeres de la vida causada principalmente por la imposibilidad de dedicarse a ciertas actividades placenteras”.(10) (Se resalta).

2. La indebida utilización del concepto fisiológico parece derivarse de una mala traducción e interpretación de la jurisprudencia francesa, la cual en una sentencia de la Corte de Casación del 5 de marzo de 1985 distinguió entre el daño derivado de la “privación de los placeres de la vida normal, distinto del perjuicio objetivo resultante de la incapacidad constatada” y los “problemas psicológicos que afectan las condiciones de trabajo o de existencia de la vida”. El perjuicio psicológico, de acuerdo con esta distinción, constituye un perjuicio corporal de carácter objetivo que se distingue esencialmente del perjuicio moral reparado bajo la denominación de perjuicio de placer.(11)

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que el adjetivo fisiológico que hace referencia a disfunciones orgánicas, no resulta adecuado para calificar el desarrollo de actividades esenciales y placenteras de la vida diaria (recreativas, culturales, deportivas, etc.).

3. El perjuicio de placer es un perjuicio extrapatrimonial que tiene una entidad propia, lo cual no permite confundirlo con el daño moral (pretium doloris o Schmerzgeld) o precio del dolor, especie también del daño extrapatrimonial, ni con el daño material (daño emergente y lucro cesante, art. 1613 del C.C.).

(...)

4. De ahí que no sea exacto considerar como perjuicio de placer el deterioro o destrucción de instrumentos como gafas, prótesis, sillas de ruedas, bastones, muletas, etc., mediante las cuales algunas personas suplen sus deficiencias orgánicas(12), ya que no hay duda que aquí se trataría de un perjuicio material bajo la modalidad de daño emergente, en cuanto la víctima tendrá que efectuar una erogación para sustituir el elemento perdido.

5. Así mismo, tampoco constituye perjuicio de placer el caso en que la víctima, “a pesar de no presentar ninguna anomalía orgánica, a causa de la depresión en que se ve sumergido no puede realizar las actividades normales de la vida”(13), perjuicio que debe entenderse indemnizado bajo el rubro de lucro cesante (ganancia o provecho frustrado), a fin de evitar la resurrección del fantasma del daño moral objetivado, concepto en el que la jurisprudencia buscó englobar en el pasado las llamadas repercusiones objetivas del daño moral”.

Se critica, entonces, en esta providencia, la expresión “perjuicio fisiológico”, y parece considerarse más adecuado el concepto de perjuicio de placer. No obstante, es claro que no se renuncia finalmente a la utilización de aquella; así se desprende de la lectura de uno de los párrafos finales del texto jurisprudencial, donde se expresa, al descender a la situación concreta por decidir:

“... en el presente caso puede hablarse de la existencia del perjuicio fisiológico, ya que se encuentra plenamente acreditada la disminución del pleno goce de la existencia por el hecho de que la lesión sufrida afectó el desarrollo de actividades esenciales y placenteras de la vida diaria, la práctica de actividades recreativas, culturales, deportivas, el deseo sexual y la capacidad para la realización del mismo”. (Se resalta).

Por lo demás, la Sala ha seguido usando la expresión citada, asimilándola a la de daño a la vida de relación, en fallos posteriores. Tal vez por esta razón y por el hecho de que, hasta ahora, solo se ha reconocido la existencia de un perjuicio extrapatrimonial diferente del moral, en casos de lesiones corporales que producen alteraciones a nivel orgánico, el profesor Juan Carlos Henao Pérez expresa que “no es extraño que el campo de aplicación del daño fisiológico lo constituya el de daños físicos sobre la persona... En todos estos eventos la lesión física supone la pérdida de una oportunidad del goce de la vida y la privación de vivir en igualdad de condiciones que los congéneres”.(14) 

Debe insistirse ahora, entonces, con mayor énfasis, en que el daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de relación”, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquella, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial – distinto del moral – es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre. 

De otra parte, se precisa que una afectación de tal naturaleza puede surgir de diferentes hechos, y no exclusivamente como consecuencia de una lesión corporal. De otra manera, el concepto resultaría limitado y, por lo tanto, insuficiente, dado que, como lo advierte el profesor Felipe Navia Arroyo, únicamente permitiría considerar el perjuicio sufrido por la lesión a uno solo de los derechos de la personalidad, la integridad física.(15) Así, aquella afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de este por otra persona (situaciones a las que alude, expresamente, el artículo 4º del Decreto 1260 de 1970), o un sufrimiento muy intenso (daño moral), que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que – al margen del perjuicio material que en sí misma implica – produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas.

Debe decirse, además, que este perjuicio extrapatrimonial puede ser sufrido por la víctima directa del daño o por otras personas cercanas a ella, por razones de parentesco o amistad, entre otras. Así, en muchos casos, parecerá indudable la afectación que – además del perjuicio patrimonial y moral – puedan sufrir la esposa y los hijos de una persona, en su vida de relación, cuando esta muere. Así sucederá, por ejemplo, cuando aquellos pierden la oportunidad de continuar gozando de la protección, el apoyo o las enseñanzas ofrecidas por su padre y compañero, o cuando su cercanía a este les facilitaba, dadas sus especiales condiciones profesionales o de otra índole, el acceso a ciertos círculos sociales y el establecimiento de determinadas relaciones provechosas, que, en su ausencia, resultan imposibles.

Debe advertirse, adicionalmente, que el perjuicio al que se viene haciendo referencia no alude, exclusivamente, a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, como parece desprenderse de la expresión préjudice d´agrement (perjuicio de agrado), utilizada por la doctrina civilista francesa. No todas las actividades que, como consecuencia del daño causado, se hacen difíciles o imposibles, tendrían que ser calificadas de placenteras. Puede tratarse de simples actividades rutinarias, que ya no pueden realizarse, o requieren de un esfuerzo excesivo. Es por esto que, como se anota en el fallo del 25 de septiembre de 1997, algunos autores prefieren no hablar de un perjuicio de agrado, sino de desagrado. Lo anterior resulta claro si se piensa en la incomodidad que representa, para una persona parapléjica, la realización de cualquier desplazamiento, que, para una persona normal, resulta muy fácil de lograr, al punto que puede constituir, en muchos eventos, un acto reflejo o prácticamente inconsciente. 

En este sentido, son afortunadas las precisiones efectuadas por esta Sala en sentencia del 2 de octubre de 1997, donde se expresó, en relación con el concepto aludido, que no se trata de indemnizar la tristeza o el dolor experimentado por la víctima – daño moral -, y tampoco de resarcir las consecuencias patrimoniales que para la víctima siguen por causa de la lesión – daño material –, “sino más bien de compensar, en procura de otorgar al damnificado una indemnización integral... la mengua de las posibilidades de realizar actividades que la víctima bien podría haber realizado o realizar, de no mediar la conducta dañina que se manifestó en su integridad corporal”.(16) 

Para designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que estas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él. Tal vez por esta razón se explica la confusión que se ha presentado en el derecho francés, en algunos eventos, entre este tipo de perjuicio y el perjuicio material, tema al que se refiere ampliamente el profesor Henao Pérez, en el texto citado.(17)

De acuerdo con lo anterior, resulta, sin duda, más adecuada la expresión daño a la vida de relación, utilizada por la doctrina italiana, la cual acoge plenamente esta Corporación. Se advierte, sin embargo, que, en opinión de la Sala, no se trata simplemente de la afectación sufrida por la persona en su relación con los seres que la rodean. Este perjuicio extrapatrimonial puede afectar muchos otros actos de su vida, aun los de carácter individual, pero externos, y su relación, en general, con las cosas del mundo. En efecto, se trata, en realidad, de un daño extrapatrimonial a la vida exterior; aquel que afecta directamente la vida interior sería siempre un daño moral.

Por último, debe precisarse que, como en todos los casos, la existencia e intensidad de este tipo de perjuicio deberá ser demostrada, dentro del proceso, por la parte demandante, y a diferencia de lo que sucede, en algunos eventos, con el perjuicio moral, la prueba puede resultar relativamente fácil, en la medida en que, sin duda, se trata de un perjuicio que, como se acaba de explicar, se realiza siempre en la vida exterior de los afectados y es, por lo tanto, fácilmente perceptible. Podrá recurrirse, entonces, a la práctica de testimonios o dictámenes periciales, entre otros medios posibles.

Lo anterior debe entenderse, claro está, sin perjuicio de que, en algunos eventos, dadas las circunstancias especiales del caso concreto, el juez pueda construir presunciones, con fundamento en indicios, esto es, en hechos debidamente acreditados dentro del proceso, que resulten suficientes para tener por demostrado el perjuicio sufrido. Un ejemplo claro de esta situación podría presentarse en el caso que nos ocupa, en el que si bien el perjuicio extrapatrimonial a la vida de relación de José Manuel Gutiérrez Sepúlveda se encuentra perfectamente acreditado, con base en los dictámenes periciales practicados, como se verá en seguida, su existencia e incluso su intensidad habrían podido establecerse a partir de la sola demostración de la naturaleza de la lesión física sufrida y las secuelas de la misma, a más de las condiciones en que se desarrollaba, según los testimonios recibidos, su vida familiar y laboral, antes del accidente. 

Respecto de la cuantía de la indemnización, su determinación corresponderá al juez, en cada caso, conforme a su prudente arbitrio, lo que implica que deberá tener en cuenta las diferentes pruebas practicadas en relación con la intensidad del perjuicio, de modo que la suma establecida para compensarlo resulte equitativa. Y es obvio que debe hablarse de compensación, en estos eventos, y no de reparación, dado que, por la naturaleza del perjuicio, será imposible, o al menos muy difícil, en la mayor parte de los casos, encontrar un mecanismo que permita su reparación in natura o con el subrogado pecuniario. 

En el caso que ocupa a la Sala, se sustenta la pretensión relacionada con el perjuicio “fisiológico o a la vida de relación”, en la siguiente forma:

“En el caso de autos, los daños fisiológicos son fácilmente perceptibles... Nos encontramos frente a un parapléjico, con deformidad física de carácter permanente, con perturbación funcional total de órganos tales como la (sic) excreción, el de la micción, el de la reproducción, el de la sensibilidad. Con pérdida funcional total del órgano de locomoción, de sus miembros y inferiores y de su miembro viril, condenado a depender de otras personas para satisfacer elementales necesidades biológicas, condenado a un lecho o a una silla de ruedas, sin los goces de la vida... Y con serias pérdidas o consecuencias de tipo sicológico que lo hacen asumir su estado como de muerte y deprimirse gravemente”.

Al respecto, obran en el proceso varios dictámenes periciales, mencionados en el literal a) de estas consideraciones, en los que se hace referencia a la naturaleza de las lesiones sufridas y sus secuelas. La Sala considera importante citar, nuevamente, algunos apartes de la experticia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y concretamente de las conclusiones obtenidas, a partir de la evaluación realizada al paciente y del estudio de su historia clínica. Allí se expresó (folios 51, 52 del cuaderno 2):

“...Se establecen las siguientes secuelas médico legales: 1. Deformidad física de carácter permanente por la condición de paraplejia. 2. Perturbación funcional permanente de los órganos del sistema nervioso, de la digestión, de la micción y de la reproducción, de la excreción urinaria. 3. Pérdida funcional de ambos miembros inferiores. 4. Pérdida funcional del órgano de la locomoción. 5. Pérdida funcional del miembro viril”.

Igualmente, el mismo instituto concluyó lo siguiente, en un dictamen posterior (folios 57 a 59 del cuaderno 2):

“... El examinado había logrado desarrollar su propio estilo de vida, era productivo laboralmente, sostenía relaciones interpersonales permanentes, velaba por su propio sustento y el de su familia, era autónomo en sus decisiones, se proyectaba en el futuro de acuerdo a su situación presente, la lesión sufrida ocasiona que perdiera estas características personales originando un estado de aflicción, de desesperanza y depresión, añadido que también perdió su propia imagen corporal es (sic) estar en un “cuerpo extraño” perdió su autoestima, perdió la intimidad de la vida sexual y gran parte de su propia libertad: el señor Gutiérrez Sepúlveda no ha logrado elaborar el duelo de esta pérdidas, ocasionando un gran malestar en su salud mental...”. (Se resalta).

Conforme a lo anterior, está plenamente demostrado el perjuicio extrapatrimonial sufrido por José Manuel Gutiérrez, en su vida de relación. En efecto, las consecuencias de la lesión, que perfectamente podrían presumirse, con base en la prueba de esta, son claramente descritas por los peritos. Se deja constancia, en los dictámenes citados, de las graves afectaciones que la víctima sufre, por su condición de paraplejia, tanto a nivel estético, como en su autonomía, su intimidad, sus relaciones interpersonales y, en general, en su posibilidad de desarrollar, en el futuro, actividades que antes resultaban fáciles o posibles.

Adicionalmente, la División de Seguridad y Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Regional Risaralda (folio 61 del cuaderno 2), concluyó que José Manuel Gutiérrez Sepúlveda sufrió “Incapacidad permanente de un (75%) setenta y cinco por ciento (incapacidad permanente total)” (se resalta), lo que quiere decir que no podrá desarrollar ninguna actividad laboral, situación que – al margen de los perjuicios materiales que genera, sobre cuya existencia ya se han hecho las consideraciones respectivas – modifica radicalmente, sin duda, la forma de vida de cualquier persona, dado que no podrá volver a ser económicamente productiva. Y en el caso particular de José Manuel Gutiérrez, de quien dependían su esposa y su hijo, esta circunstancia tiene consecuencias evidentes respecto del desarrollo de sus actividades y, especialmente, de sus roles vitales. En efecto, seguramente, la función de cabeza de familia, antes cumplida por él, conforme a los testimonios rendidos dentro del proceso, deberá ser asumida por su esposa, o por sus suegros, lo que altera gravemente su vida familiar.

Así las cosas, está demostrada la existencia del perjuicio extrapatrimonial en la vida exterior sufrido por la víctima, y está probado, además, que el mismo es de suma gravedad. Como en todos los casos de daño extrapatrimonial, conforme a lo dicho antes, el valor de la indemnización debe ser tasado por el juez, conforme a su prudente juicio. En este, con fundamento en lo expresado anteriormente, la Sala considera que debe condenarse a la entidad demandada a pagar a José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, por este concepto, la suma de dinero equivalente, a cuatro mil (4.000) gramos de oro.

f. En cuanto al perjuicio moral, se tiene lo siguiente:

José Manuel Gutiérrez Sepúlveda se encontraba casado, en el momento del accidente, con Yolanda Giraldo Betancur. En efecto, contrajeron matrimonio el 9 de diciembre de 1989, según consta en la copia del registro civil respectivo, aportado al proceso con la demanda (folio 11). Dentro de este matrimonio nació Álvaro Diego Gutiérrez Giraldo, el 27 de septiembre de 1990, quien en el momento del accidente de su padre tenía 2 años de edad (folio 10).

Yolanda Giraldo es hija de Daniel Giraldo León y María Edith Betancur de Giraldo. Así consta en los certificados de registro civil que obran a folios 7 y 8 del expediente.

Silvio de Jesús y Alfredo Gutiérrez Sepúlveda son hijos de Manuel José Gutiérrez y María de los Dolores Sepúlveda, y hermanos de José Manuel Gutiérrez Sepúlveda. Lo anterior se encuentra probado con fundamento en los certificados de registro civil que obran a folios 5, 6 y 8 del cuaderno principal, y 4 del cuaderno No 1.

Por otra parte, está demostrado que José Manuel Gutiérrez convivía con su esposa y sus suegros, desde que se casó, y sostenía con ellos una relación familiar muy estrecha, de afecto y ayuda mutua. Inclusive, está probado que, con posterioridad al accidente, son los señores Daniel Giraldo y María Edith Betancur de Giraldo quienes han aportado el dinero necesario para garantizar el sostenimiento económico de José Manuel y su familia, lo que constituye evidencia clara de la solidaridad de aquellos respecto de su situación. Estos hechos se acreditaron en el curso del proceso, con fundamento en los testimonios rendidos por Marta Dolli Santa Rivera – quien conocía de cerca la vida familiar de las citadas personas, dado que vivía con ellas en la misma casa, donde se desempeñaba como empleada doméstica (folios 24 a 28 del cuaderno 2) –, y los señores Daniel Antonio Santa, María Yolanda Holguín de Giraldo y Gildardo Valencia León, vecinos y amigos de la familia (folios 70 a 73, 120 a 122 del cuaderno 2).

De otra parte, el señor Santa se refiere a que los hermanos de José Manuel Gutiérrez lo visitaban y expresa que mantenía con ellos buenas relaciones familiares.

Conforme a lo anterior y dando aplicación a las reglas de la experiencia, puede presumirse que las personas más allegadas a José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, esto es, su esposa, su hijo, sus suegros y sus hermanos Silvio y Alfredo, quienes lo quieren y sostienen con él relaciones de afecto y solidaridad, sufrieron un perjuicio moral como consecuencia del accidente de aquel. En efecto, puede presumirse que sintieron y sienten aún una gran preocupación y angustia, al ver a José Manuel lesionado e impedido físicamente, al punto de verse incapacitado totalmente para desarrollar una vida normal. Sin duda, este sufrimiento será más fuerte para su esposa y su hijo, quienes, adicionalmente, deberán soportar una gran frustración y una profunda tristeza, por no poder contar con él para realizar las actividades propias de una familia corriente.

Considera la Sala, además, que el sufrimiento de los suegros de José Manuel será más intenso que el de sus hermanos, teniendo en cuenta que aquellos conviven con él, por lo cual son testigos cada día de su estado de incapacidad y de su sufrimiento. Por lo demás, como se dijo anteriormente, está demostrada su actitud permanente de solidaridad y apoyo para con él.

En relación con la víctima, está claramente demostrado que, como consecuencia del accidente, sufrió un cambio de vida radical, situación que lo llevó a un estado de depresión y desesperanza muy grave. Así se expresa en los informes de las experticias practicadas dentro del proceso, en las que, inclusive, se recomienda el tratamiento psiquiátrico del paciente y la ingestión de medicamentos antidepresivos, a fin de facilitar, en alguna medida, su vida futura. En cualquier caso, no cabe duda que la presunción del perjuicio moral podría construirse, en este caso, con fundamento en la sola prueba del daño físico sufrido por él, sobre el cual existen en el proceso suficientes elementos de convicción. En efecto, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afectaciones de los sentimientos, cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida tiene carácter permanente y resulta tan grave que afecta, como en el caso de José Manuel Gutiérrez, todos los aspectos de su vida.

Ahora bien, es claro que la tasación del perjuicio extrapatrimonial, dada su especial naturaleza y el objetivo de la indemnización, que no puede ser sino compensatorio, corresponde al juzgador, quien, con fundamento en su prudente juicio, debe establecer, en cada situación concreta, el valor que corresponda. En este caso, considera la Sala que deben tenerse en cuenta la naturaleza y gravedad de las lesiones sufridas y sus secuelas, conforme a lo expresado por los peritos dentro del proceso, y especialmente el carácter permanente de aquellas, circunstancia que permite inferir que el sufrimiento de la víctima y sus allegados se extenderá por el resto de sus vidas.

Es necesario advertir, adicionalmente, que no es siempre la muerte el hecho que más dolor genera en las personas allegadas a la víctima. En algunas ocasiones, la condición permanente de una lesión muy grave puede causar un sufrimiento más fuerte y, sobre todo, extendido en el tiempo, que impide la recuperación de la tranquilidad y la alegría, y estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta por el juez, en cada caso, para efectos de evaluar con prudencia y equidad, el perjuicio moral.

Así las cosas, se condenará a la entidad demandada a pagar a los actores, por concepto del daño moral sufrido, la suma de dinero correspondiente al valor de las siguientes cantidades de gramos de oro: para cada uno de los demandantes José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, su esposa Yolanda Giraldo Betancur y su hijo Álvaro Diego Gutiérrez Giraldo, 1.000 gramos de oro; para cada uno de sus suegros Daniel Giraldo León y María Edith Betancur de Giraldo, 500 gramos de oro, y para cada uno de sus hermanos Silvio de Jesús y Luis Alfredo Gutiérrez Sepúlveda, 400 gramos de oro.

Finalmente, observa la Sala que le asiste razón al apelante, en cuanto solicita la adición del numeral octavo de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, se ordenará entregar a la parte actora o a su apoderado, la primera copia de esta providencia, así como de aquella que deberá proferir el a quo, para efectos de liquidar la condena que aquí se impone en abstracto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 31 de enero de 1996, dentro del presente proceso

MODIFÍCANSE los numerales segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva de la misma providencia, y se dispone, en su lugar, lo siguiente:

CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional a pagar a José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, la suma de ciento veintiséis millones doscientos sesenta y un mil novecientos sesenta y nueve pesos ($ 126.261.969.oo), por concepto de daño emergente, y la suma de setenta y cinco millones ciento noventa y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos ($ 75.192.434.oo), por concepto de lucro cesante.

CONDÉNASE en abstracto a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional a pagar a José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, por concepto de daño emergente, la indemnización correspondiente al valor de las consultas psiquiátricas y del mantenimiento de la silla de ruedas, así como de las drogas y los pañales desechables por él requeridos, indemnización que será liquidada por el a quo, conforme a las bases establecidas en la parte motiva de esta providencia.

CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional a pagar a José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, la suma de dinero equivalente a cuatro mil (4.000) gramos de oro, por concepto del perjuicio extrapatrimonial a la vida de relación.

CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional a pagar a los actores, por concepto de perjuicios morales, las sumas de dinero correspondientes a las siguientes cantidades de gramos de oro: para cada uno de los demandantes José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, su esposa Yolanda Giraldo Betancur y su hijo Álvaro Diego Gutiérrez Giraldo, mil (1.000) gramos de oro; para cada uno de sus suegros Daniel Giraldo León y María Edith Betancur de Giraldo, quinientos (500) gramos de oro, y para cada uno de sus hermanos Silvio de Jesús y Luis Alfredo Gutiérrez Sepúlveda, cuatrocientos (400) gramos de oro.

Estas cantidades se pagarán atendiendo el valor del gramo de oro en la fecha de ejecutoria de esta providencia, conforme a la certificación que, para el efecto, expida el Banco de la República.

ADICIÓNASE el numeral octavo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de ordenar, con base en lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, la entrega a la parte actora o a su apoderado, de la primera copia de esta providencia y de aquella por la cual el Tribunal liquide la condena en abstracto impuesta en esta misma.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Elena Giraldo Gómez, Presidenta de la Sala—Alier E. Hernández EnríquezRicardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar—Jesús María Carrillo Ballesteros, aclaración de voto.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989. Expediente 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

2 Ver, entre otras, sentencia de la Sección III, del 16 de junio de 1997. Expediente 10024. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

3 Ver, en el mismo sentido, sentencia del 16 de marzo de 2.000. Expediente 11.670. Actor Martiniano Rojas y otros.

4 Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol 2., Santafé de Bogotá, 1996, p. 78.

5 Tamayo Jaramillo, Javier. op. cit., pp. 245, 246.

6 Ver, entre otras, sentencias de la Sección Tercera, del 15 de septiembre de 1995, expediente 8488; 31 de enero de 1997, expediente 9849; 2 de octubre de 1997, expediente 10246.

7 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Expediente 7428. Actor John Jairo Meneses Mejía y otros. M.P. Julio César Uribe Acosta.

8 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, expediente 10.421. Actores: María Edelmira Cano y otro. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

9 Algunos autores han sugerido llamar a este perjuicio préjudice de désagrément, perjuicio por desagrago. Cfr. Yvez Chartier, citado por Javier Tamayo Jaramillo, De la responsabilidad civil, T. II, de los perjuicios y su indemnización. Bogotá, Edit. Temis, 1986. p. 147.

10 Max Le Roy. L´evaluation du préjudice corporel. Paris, Libraire de la Cour de Cassation, 1989. p. 66.

11 Ibidem, p. 67.

12 Carolina Arciniegas Parga y Andrés Molina Ochoa. El perjuicio extrapatrimonial: el daño moral y el daño fisiológico. Revista Temas Jurídicos, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Santafé de Bogotá, D.C., No. 9, p. 154..

13 Ibídem.

14 Henao Pérez, Juan Carlos. El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia, primera edición, Santafé de Bogotá, 1998, p.p. 270, 271.

15 Navia Arroyo, Felipe. Ensayo sobre la evolución del daño moral al daño fisiológico, próximo a publicarse. El doctor Navia Arroyo precisa, además, que el concepto de daño fisiológico – de acuerdo con el alcance que, hasta ahora, le ha dado esta Corporación – corresponde al de perjuicio de agrado, elaborado por la doctrina civilista francesa, y explica que la expresión daño fisiológico, en realidad, corresponde a una noción más amplia, también de creación francesa y aparentemente abandonada, que hace referencia a las repercusiones que puede tener una lesión permanente no solo en la capacidad de gozar la vida de una persona, sino, en general, en sus condiciones de existencia, al margen de cualquier consecuencia patrimonial, por lo cual resultaría más cercana al concepto de daño a la vida de relación, elaborado por la doctrina italiana.

16 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, expediente 11.652. Actor: Francisco Javier Naranjo Peláez y otros. M.P. Daniel Suárez Hernández.

17 Ibid. p.p. 252 a 263.

Aclaración de voto

Comparto la decisión y la motivación en cuanto se abandona el concepto de daño fisiológico para referirse a aquel tipo de daños que sin ser estrictamente morales, si afectan la esfera individual de la víctima y por consiguiente, hacer parte de los daños inmateriales.

Considero, sin embargo, que a esta categoría de daño bien puede llamársele daño a la vida de relación como lo propone la doctrina italiana(1) o alteración de las condiciones de existencia (troubles dans les conditions d´existence) como lo hace la jurisprudencia del Consejo de Estado Francés, para indemnizar “la modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos.” (Chapus).

Lo que importa destacar, sea que se le denomine de una u otra manera, es que la reparación integral del daño que hoy demanda como imperativo el artículo 16 de la ley 446 de 1998, norma declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-487 del presenta año, no se agota en la indemnización del daño material y moral.

Esa es la tendencia jurisprudencial en el derecho comparado que le ha abierto paso a nuevos tipos de daños, justificativos de indemnización independiente de la que tiene como finalidad reparar la incapacidad física como tal(2).

Con todo respeto,

Ricardo Hoyos Duque 

1 Así, Renato Scognamiglio se refiere al “intento realizado por la doctrina reciente, de configurar un caso típico de daño personal, el inferido a la integridad física, traspasando el límite hasta ahora respetado, de las consecuencias de carácter típoicamente patrimonial. La cuestión es que tales lesiones, aún en el caso más interesante que es cuando no se presentan esas consecuencias patrimoniales (como en el ejemplo del sujeto que no tiene ingresos), constituyen siempre un daño y más precisamente, implican un perjuicio a la vida asociada, o como se suele decir, a la vida de relación. En efecto, el lesionado viene a perder en todo o en parte, por un periodo más o menos largo, o inclusive por toda la vida, la posibilidad de dedicarse a esa vida de relación (vida social, deportiva, etc), con todo el cúmulo de satisfacciones y placeres que ella comporta y sufre así un daño que también merece ser tenido en cuanta. Nos hallamos muy próximos a tomar el daño –respecto al caso concreto- en su esencia autónoma y esto explica la perplejidad en que incurren doctrina y jurisprudencia.” El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Bogotá, D.E., Universidad Externado de Colombia, 1962, p. 22 y ss.

2 En tal sentido puede verse a Ricardo de Angel Yagüez en Algunas Previsiones sobre el futuro de la responsabilidad (con especial atención a la reparación del daño). Madrid, editorial Civitas S.A., 1995, pg. 143 y 144. También su Tratado de Responsabilidad Civil. Madrid, ed. Civitas, 1993, p. 693 y 708.
Chartier, por su parte, mencionó entre otras modalidades el perjuicio sexual, estético y juvenil. La reparation du prejudice dans la responsabilité civil. Paris, 1993. p.38.