Sentencia 11864 de marzo 9 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TECERA

Ref.: Exp. 11.864

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Actor: Lyda Ceballos de Suárez y otros

Demandada: Nación-Mindefensa y Minjusticia.

Santafé de Bogotá, D.C., marzo nueve de mil novecientos noventa y ocho.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 16 de febrero de 1996, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

(...).

Para la Sala resulta evidente la falla de la administración en la investigación penal adelantada en contra del señor Hernando Suárez Burgos por el delito de narcotráfico, investigación iniciada sin fundamento serio a petición del Ministerio de Defensa y continuada, también sin fundamento por el Ministerio de Justicia, entidad que además por medio del Consejo Nacional de Estupefacientes, sin que existiera mérito para el efecto, dispuso la destinación provisional, a entidades estatales, de los bienes incautados.

Esa actividad irregular de la administración causó perjuicios de orden moral a los demandantes, lo cual se deduce de las noticias de la prensa escrita, como se observa en los ejemplares de periódicos allegados al proceso que destacaban el hecho de que un parlamentario como lo era Suárez Burgos estuviera siendo investigado por posible vinculación con el narcotráfico, mala publicidad que sin lugar a duda causa un daño antijurídico que debe ser resarcido, en los término del artículo 90 de la Carta Política, dado que es imputable al Estado, como quiera que si no se realizan los allanamientos, sin fundamento alguno, no se hubiera propiciado la mala prensa de la cual resultaron víctimas los demandantes.

En este evento cabe echar mano de los artículos 414 del Código de Procedimiento Penal y 65 de la Ley 270 de 1996 que establecen la responsabilidad patrimonial del Estado por detención provisional ilegal, la cual se presenta cuando la investigación culmina con cesación de procedimiento porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o el hecho no constituía delito. La interpretación armónica de esta norma con el artículo 90 de la Constitución Nacional permite declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos, diferentes a la detención, causados durante la etapa de la investigación penal, cuando ésta culmina con decisión absolutoria como producto de presentarse cualquiera de los eventos a que se refieren las normas citadas.

La indemnización por las actuaciones de los jueces no está limitada sólo al daño antijurídico consistente en detención provisional; el artículo 90 de la Carta Política señala la responsabilidad patrimonial del Estado frente a cualquier daño antijurídico causado por sus autoridades, siempre que le sea imputable; el hecho de que las normas penal y estatutaria sólo mencionen aquel daño consistente en la detención preventiva, no limita a ese evento la responsabilidad del Estado por el error judicial. La aplicación de la norma constitucional permite la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado por el daño causado con la función judicial, sin que haya lugar a discriminar un daño de otro, basta con que tenga la connotación de antijurídico y que sea imputable al Estado por haber sido causado con la acción o la omisión de sus autoridades, para que entonces deba responder patrimonialmente por el mismo.

(...).

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