Sentencia 11879 de mayo 16 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 11.879

Aprobado Acta 053

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo del año dos mil dos.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado Vilbrido Camacho Manquillo contra la sentencia dictada por el Tribunal Nacional mediante la cual lo condenó por el delito de secuestro extorsivo agravado.

Hechos y actuación procesal.

1. Aquéllos, ocurridos en Bogotá, fueron declarados por el juzgador de segunda instancia de la manera siguiente:

“Historian los autos que el día 20 de agosto de 1992, aproximadamente a las 6:45 de la mañana, en momentos en que el menor de once años de edad Abel Yesid Thalji Ravelo caminaba a la altura de la calle 25 sur con carrera 1ª este de esta ciudad, rumbo al colegio donde estudiaba, fue obligado a abordar el vehículo Renault 4 de placas EV 8759, siendo trasladado a una vivienda ubicada en la calle 46A 15-35 sur de esta metrópoli, exigiéndose por su liberación la suma de cincuenta millones de pesos.

“El hecho fue denunciado a las autoridades, las cuales mediante rastreo de las comunicaciones telefónicas establecidas entre los plagiarios y la familia del secuestrado, lograron determinar el día 26 del citado mes y año que una de ellas se originaba del teléfono público ubicado en la diagonal 40 sur con carrera 68 de esta ciudad. Fue así como varios miembros de la fuerza pública arribaron al lugar, observando que quienes resultaron ser Vilbrido Camacho Manquillo, Roger Manquillo y Oliver Tirado Bermúdez, eran las personas que estaban realizando las llamadas. Dado lo anterior los siguieron aproximadamente quince minutos, dándose cuenta cómo buscaban distintos teléfonos en los cuales una y otra vez reiteraban las llamadas, hecho que motivó su captura en el preciso instante en que el primero de los nombrados se comunicaba con la familia de la víctima.

“Como los tres aprehendidos les señalaron a las autoridades el sitio donde tenían en cautiverio al menor Thalji Ravelo, allanaron el lugar, rescatando ileso al secuestrado, al paso que capturaron a Simón Bolívar Guevara y Bertulfo Ruiz Castillo, quienes se encargaban de custodiar al plagiado”.

2. Iniciada la investigación por una fiscalía regional delegada ante la Sijin con sede en Bogotá (fl. 15), vinculó mediante indagatoria a Vilbrido Camacho Manquillo (fl. 32), Simón Bolívar Guevara (fl. 38), Bertulfo Ruiz Castillo (fl. 48). Oliver Tirado Bermúdez (fl. 54) y Roger Manquillo (fl. 77), a quienes una fiscalía regional de la unidad especial de terrorismo definió su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva (fls. 126 y ss.).

A solicitud de los procesados Simón Bolívar Guevara y Bertulfo Ruiz Castillo, se llevó a cabo la diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada (fl. 396-2), lo que determinó la ruptura de la unidad procesal y la continuación del trámite respecto de los demás procesados.

Posteriormente, previa clausura del ciclo instructivo (fl. 402-2), el quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro calificó el mérito probatorio del sumario profiriendo resolución de acusación en contra de Vilbrido Camacho Manquillo, Oliver Tirado Bermúdez y Roger Manquillo por el delito de secuestro extorsivo agravado, de que tratan los artículos 268 y 270 del Decreto 100 de 1980, en concordancia con el artículo 6º del Decreto 2790 de 1991, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991 (fls. 451 y ss.-2), mediante determinación que el trece de septiembre siguiente la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional confirmó íntegramente al conocer en segunda instancia de la apelación promovida por el defensor de Vilbrido Camacho y Roger Manquillo (fls. 25 y ss., cdno. fiscalía de sda. inst.).

3. El conocimiento del juicio fue asumido por un juzgado regional de Bogotá (fl. 514-2) durante el cual a petición del procesado Oliver Tirado Bermúdez (fl. 519 y ss. 2) se llevó a cabo diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada (fl. 548-2) lo que determinó la ruptura de la unidad procesal (fl. 627-2) y la continuación del trámite ordinario respecto de los demás acusados. Previa citación para dictar sentencia (fl. 539-2), el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco puso fin a la instancia condenando a los procesados Vilbrido Camacho Manquillo y Roger Manquillo a las penas principales de trescientos veinte (320) meses de prisión y multa en cuantía de un mil trescientos treinta y tres coma treinta y tres (1.333,33) salarios mínimos legales mensuales y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de diez (10) años, a consecuencia de declararlos penalmente responsables del delito imputado en la acusación (fls. 602 y ss. 2) mediante sentencia que el seis de octubre siguiente el Tribunal Nacional confirmó íntegramente (fls. 3 ss., cdno. trib.), al conocer en segunda instancia de la apelación promovida por los procesados (fl. 622-2).

4. Contra el fallo de segundo grado, en oportunidad, estos mismos sujetos procesales interpusieron recurso extraordinario de casación (fl. 22, cdno. trib.), el cual fue concedido por el ad quem (fl. 35) y dentro del término legal el defensor público de Vilbrido Camacho Manquillo presentó el correspondiente escrito sustentatorio (fl. 44 y ss., cdno. trib.) que se declaró ajustado a las prescripciones legales por la Sala (fl. 3, cdno. Corte), no aconteciendo igual respecto de Roger Manquillo, cuyo recurso fue declarado desierto por el tribunal (fl. 55-2).

La demanda.

Con apoyo en la causal primera de casación, un cargo postula el demandante contra el fallo del tribunal, en el que denuncia que la sentencia es directamente violatoria de normas de derecho sustancial por aplicación indebida del artículo 6º del Decreto Ley 2790 de 1990 y falta de aplicación de los artículos 268 y 270 del Decreto 100 de 1980.

Causal primera.

Único cargo (Violación directa de la ley).

Sostiene el censor que el tribunal violó directamente la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 6º del Decreto Ley 2790 de 1990, toda vez que esta norma corresponde a un régimen de excepción, cuando el secuestro se realiza con fines terroristas o contra determinados sujetos pasivos calificados, indicados en el decreto especial que afectan la estabilidad social y el orden público, lo que conllevó así mismo a la falta de aplicación del artículo 268 del Decreto 100 de 1980 que define y sanciona el delito de secuestro en la legislación ordinaria, y la “mala” aplicación del artículo 61 ejusdem, pues rebasó los límites punitivos establecidos para el secuestro extorsivo cuando concurre el gravamen de que trata el artículo 270 del mismo estatuto.

Luego de reproducir un aparte del fallo donde se hace referencia al propósito de provecho económico que tuvo la realización del secuestro, considera que si el juzgador reconoce que el móvil del delito fue estrictamente económico, no podía terminar aplicando el régimen de excepción previsto en el Decreto 2790 de 1990, pues al caso no concurren ingredientes de ninguna naturaleza que den lugar a su aplicación.

En este caso, agrega, si el móvil es distinto de terrorista, el sujeto pasivo no es calificado pues no se encuentra dentro de los señalados en la legislación especial, ni resultaron afectados bienes jurídicos distintos de la libertad y autonomía personal, es claro que se está en presencia de un secuestro extorsivo regulado por las disposiciones ordinarias del Código Penal, fundamentalmente por el artículo 268 del Decreto 100 de 1980, con las circunstancias de agravación previstas por el artículo 270 ejusdem.

Agrega que con anterioridad a la vigencia de la Ley 40 de 1993, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, por razón de la existencia de diversos regímenes de punición del secuestro, reconoció la existencia de un estado de paralelismo normativo que regulaba un mismo ilícito de manera diferente, concluyendo que las normas de estado de sitio sólo podían aplicarse cuando las conductas efectivamente afecten el orden público que se pretende proteger de manera extraordinaria pues de lo contrario se debe acudir a la legislación ordinaria.

Solicita, por tanto, casar parcialmente la sentencia impugnada y dictar la condenatoria de reemplazo en que se ajuste la pena impuesta a Vilbrido Camacho Manquillo a los parámetros de la legislación ordinaria.

Concepto del agente del Ministerio Público.

El procurador segundo delegado en lo penal frente al único contenido en la demanda conceptúa de la manera siguiente:

Único cargo.

Comienza por indicar que el cargo se halla correctamente formulado, pues con apoyo en la causal primera y dentro de los parámetros de la violación directa de la ley sustancial, el actor no controvierte los hechos ni las pruebas en la forma como fueron apreciadas por el juzgador y plantea una controversia de orden estrictamente jurídico.

Recuerda que antes de las modificaciones introducidas a la legislación ordinaria por el Decreto 2790 de 1990, el artículo 268 del Código Penal contenido en el Decreto 100 de 1980 consagraba el delito de secuestro extorsivo sancionando con prisión de entre seis (6) y quince (15) años las conductas de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo con fines publicitarios de carácter político.

El artículo sexto del Decreto 2790 de 1990 dispuso que siempre que el delito de secuestro se dirija contra personas que ocupen los cargos públicos allí indicados, o se ejecute con fines terroristas, u obedezca a los propósitos indicados en el artículo 1º del Decreto 1631 de 1987, o persiga los objetivos enunciados en el artículo 268 del Código Penal, se sancionará con pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años y multa de un mil a dos mil salarios mínimos legales mensuales.

De conformidad con el artículo 102 del Decreto 2790 de 1990, su vigencia empezó a partir del 16 de enero de 1991, y suspendió las normas de legislación ordinaria que se opongan a sus previsiones, siendo claro que entre ellas se cuenta el artículo 268 del Decreto 100 de 1980 relacionado con el delito de secuestro extorsivo.

Siendo ello así, debe concluirse que el secuestro del menor Abel Yesid Thalji Ravelo, que tuvo lugar el 20 de agosto de 1992, se produjo en vigencia del Decreto 2790 de 1990, y, por tanto, en aplicación del principio general tempus regit actum, según el cual todo acto o conducta se debe regir por la ley vigente en su tiempo, ha de sancionarse de conformidad con esta reglamentación y no con fundamento en el artículo 268 del Código Penal de 1980, el cual, por haber sido suspendido, no se encontraba vigente.

En ese orden, debe aplicarse a Vilbrido Camacho Manquillo la norma que regulaba su actuar injusto en el momento de la comisión de los hechos, es decir, el Decreto 2790 de noviembre 20 de 1990, adoptado como legislación permanente en virtud del artículo 11 del Decreto 2266 de 1991, como así lo advirtió el fallador, tampoco resulta aplicable la Ley 40 de 1993 por principio de favorabilidad toda vez que esta disposición incrementó la pena de prisión de veinticinco a cuarenta años de prisión y multa en cuantía de cien a quinientos salarios mínimos legales mensuales.

Entonces, ante la consideración de que el cargo no debe prosperar, sugiere a la Corte no casar el fallo impugnado (fl. 5 y ss. cdno. Corte)

Se considera:

Causal primera.

Único cargo (Violación directa de la ley).

Como acertadamente es destacado por la delegada en su concepto, al denunciar el casacionista que el fallo del tribunal es directamente violatorio de normas de derecho sustancial por aplicación indebida de unas disposiciones y falta de aplicación de otras, y presentar su disentimiento en el plano del estricto raciocinio jurídico sin controversia de los hechos declarados por el juzgador o la apreciación de los medios realizada en la sentencia, es claro que el cargo se ofrece correctamente formulado, lo que amerita aprehender su estudio de fondo.

Cosa distinta es que no asista razón al demandante y por ello carezca de vocación de prosperidad en términos que pasa a precisarse:

Como se indicó en el resumen que se hizo de la demanda, el actor considera que en tratándose del delito de secuestro extorsivo agravado por el que se condenó a su asistido, los tipos penales aplicables al caso eran los contenidos en los artículos 268 y 270 del Decreto 100 de 1980 y no el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990, en razón a que no actuó con finalidad terrorista, ni la víctima de la infracción tenía alguna de las cualificantes exigidas por el citado estatuto.

Al respecto debe decirse que tal como lo declaró la Corte en el pronunciamiento que se menciona en la demanda (Cas. ago. 22/90, reproducido en sent. de cas. de nov. 19/92, ambas con ponencia del magistrado Saavedra Rojas), es cierto que con anterioridad a la vigencia del Decreto 2790 de 1990 coexistían las siguientes formas de secuestro: la ordinaria contenida en los artículos 268 y 269 del Código Penal, que definía los delitos de secuestro extorsivo y secuestro simple, y la del secuestro terrorista consagrado en los artículos 22 y 23 del Decreto 180 de 1988, en el que el comportamiento del agente está guiado por el propósito terrorista de crear zozobra e inseguridad social, pudiendo ser que se trate de una actividad con finalidades políticas o de cualquier otra índole.

Sin embargo, la doctrina que invoca el casacionista no resulta de interés para el caso presente, pues el paralelismo normativo a que allí se hizo referencia fue superado con la expedición del citado Decreto 2790 de 1990, que entró a regir el 16 de enero de 1991, el cual, en su artículo 6º, estableció:

“ART. 6º—Siempre que el delito de secuestro se dirija contra persona que ocupe alguno de los cargos mencionados en el numeral 1º del artículo 2º del Decreto 474 de 1988 o en funcionario de la rama jurisdiccional, Registrador Nacional del Estado Civil, miembro del Consejo Electoral, delegado del Consejo Nacional Electoral o el registrador, registrador departamental, o municipal del estado civil, agente del Ministerio Público, agente diplomático o consular al servicio de la Nación o acreditado ante ella, comandante general o miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de los cuerpos de seguridad, subdirector nacional de orden público, director seccional de orden público, miembro de la Asamblea Nacional Constitucional, miembro principal o suplente de las asambleas departamentales, funcionario elegido por corporación de elección popular, cardenal, primado, arzobispo, nuncio y obispo; o se ejecute con fines terroristas, u obedezca a los propósitos descritos en el artículo 1º del Decreto 1631 de 1987 o persiga los objetivos enunciados en el artículo 268 del Código Penal, se sancionará con prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años y multa de un mil a dos mil salarios mínimos legales mensuales...” (se destaca).

La jurisprudencia ha reiterado que cuando el secuestro ha sido cometido en vigencia del Decreto 2790 de 1990, y los hechos que lo configuran tienen finalidad terrorista, o recaen sobre sujeto pasivo cualificado, o se ejecuta con el propósito de perseguir los objetivos señalados en el artículo 268 del Código Penal de 1980 entre los cuales se incluye el de exigir por la libertad un provecho o cualquier utilidad, la norma aplicable es la del artículo 6º del citado Decreto 2790 de 1990, acogido como legislación permanente por el artículo 11 del Decreto 2266 de 1991 (Cfr. sents. de cas. de nov. 12 y dic. 3/99, proferidas dentro de los procesos de rad. 13566 y 12683, M.P. Dr. Córdoba Poveda y Rad. 13555, M.P. Dr. Pérez Pinzón); recientemente reiterada en pronunciamientos de septiembre 20 de 2000 (M.P. Dr. Córdoba Poveda) y de 15 de febrero de 2001 (M.P. Dr. Mejía Escobar), en procesos de radicados 131314 y 13874, respectivamente.

Si se toma en cuenta, entonces, que el Decreto 2790 de 1990 entró a regir el 16 de enero de 1991, que el secuestro del menor Abel Yesid Thalji se produjo el 20 de agosto de 1992 y proyectó sus efectos hasta el 26 de ese mismo mes cuando fue liberado por las autoridades, y, además, que el fin perseguido por los plagiarios era el de obtener provecho económico, tanto que para su liberación se hicieron exigencias de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), no cabe más que concluir que la preceptiva aplicable era el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990 y no los artículos 268 y 270 del Decreto 100 de 1980 antes de ser modificados, sino estos preceptos, pero con la modificación introducida por el señalado artículo sexto y en el que de manera clara se estableció: “Siempre que el delito de secuestro... persiga los objetivos enunciados en el artículo 268 del Código Penal, se sancionará con prisión de 20 a 25 años y multa de un mil a dos mil salarios mínimos legales mensuales”, de donde surge indiscutiblemente que acertó el fallador al aplicar la sanción prevista en el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990, en concordancia con la agravante establecida por el artículo 270-1 del Decreto 100 de 1980.

El cargo no prospera.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, de ser el caso, realizará la redosificación punitiva a que hubiere lugar, a propósito de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, y la aplicación del principio de favorabilidad (CPP, art. 79.7).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, oído el concepto del procurador segundo delegado en lo penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no proceden recursos. Devuélvase a la oficina correspondiente. Cúmplase.

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