Sentencia 1189 de marzo 31 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 01189 (8575)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 12 de septiembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actor: Movimiento de Reconstrucción Democrática Nacional.

Bogotá, D.C., treinta y uno de marzo de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

En este caso, el artículo 3º de la Resolución 0161 de 30 de marzo de 2001, acusado, distribuyó entre los distintos partidos o movimientos políticos la suma de $ 3.203''807,572 correspondientes al 50% de los recursos asignados, de conformidad con el literal b) del artículo 12 de la Ley 130 de 1994, y no incluyó partida alguna para la parte actora.

La razón expuesta por la entidad demandada para adaptar dicha decisión básicamente descansa en el hecho de que el artículo 12, literal b) de la Ley 130 de 1994 no tiene en cuenta al número de curules obtenidas por coaliciones por constituir estas alianzas temporales que no implican permanencia en el tiempo de la organización política; y en este caso la curul obtenida en la Asamblea Departamental de Risaralda por el doctor Carlos Alfredo Crosthwaite fue el resultado de la coalición de los partidos Reconstrucción Democrática Nacional y Vía Alterna (fl. 27).

El artículo 12, literal b) de la Ley 130 de 1994, es del siguiente tenor:

“El 50% entre los partidos y movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección para el Congreso de la República o para asambleas departamentales, según el caso”;

Del análisis que hace la Sala a la norma legal transcrita no deduce, como lo hace la entidad demandada, que la voluntad del legislador sea la de excluir de la distribución de dineros del fondo creado para la financiación de los partidos y movimientos políticos, en el porcentaje del 50% allí indicado, a aquellos que hayan obtenido curules en virtud de alianzas o coaliciones.

Asistió razón al a quo al considerar que las coaliciones son alianzas propias del proceso democrático en que se desenvuelven los movimientos y partidos, no prohibidas por las leyes electorales. Tanto es así que el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, inciso final, no solamente las avala sino que autoriza expresamente que los partidos o movimientos políticos que formen coaliciones puedan determinar previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña, so pena de que pierdan el derecho a la reposición de gastos estatales. Así se dice claramente en su tenor literal:

“... Los partidos y movimientos que concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña. De lo contrario, perderán el derecho a la reposición estatal de gastos” (negrillas fuera de texto).

De tal manera que en este caso es irrelevante que la curul obtenida en la Asamblea Departamental de Risaralda por el doctor Carlos Alfredo Crosthwaite hubiera sido el resultado de la coalición de los partidos Reconstrucción Democrática Nacional y Vía Alterna.

Sin embargo, para la Sala también es claro que si el candidato que resultó elegido lo fue en virtud de coalición, el porcentaje de participación a que alude el artículo 12, literal b) de la Ley 130 de 1994 no puede ser reclamado por un solo movimiento, como ocurrió en el evento sub lite, de ahí que resulte indispensable para estos efectos que se allegue el acuerdo previo por parte de los distintos partidos que conforman la coalición referente a la forma de distribución de los aportes estatales, lo que no aparece acreditado en el proceso, según se infiere del análisis de los antecedentes allegados al expediente. La demostración de este último supuesto era requisito sine qua non para sacar avante las pretensiones de la demanda, de acuerdo con la normativa últimamente reseñada. De manera que su falta de acreditación impide la prosperidad de las mismas.

Cabe resaltar que a folio 108 del expediente obra un escrito dirigido por el candidato Carlos Alfredo Crosthwaite F. al Consejo Nacional Electoral, en el cual alude al porcentaje de distribución de los recursos, no solo para los movimientos de Reconstrucción Nacional y Vía Alterna sino también para el MOIR; empero tal documento no puede tenerse como el acuerdo previo de los partidos sobre la forma de distribución de los aportes, a que se refiere el artículo 13 de la Ley 130 de 1994 pues, de una parte, no proviene de movimiento o partido político alguno, sino del candidato y, de otra, en los documentos que conforman los antecedentes administrativos no obra el aval del MOIR ni prueba que demuestre coalición con este movimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de marzo de 2005».

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