Sentencia 11895 de agosto 27 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

HÁBEAS CORPUS

CASOS EN QUE NO PROCEDE

EXTRACTOS: «Procede reiterar primeramente que la doctora Adiela Galvez Serna realizó la conducta que se le reprocha en la condición de Juez 24 Penal Municipal de Cali, y que, por tanto, la cualificación del sujeto activo del delito de prevaricato, se encuentra acreditada.

Así mismo, constituye presupuesto no discutido de la sentencia impugnada, que la decisión tachada de prevaricadora es aquella que resolvió favorablemente una acción constitucional de hábeas corpus incoada en representación de procesados detenidos mediante providencia emanada de una fiscalía regional como presuntos infractores de la Ley 30 de 1986, quienes habían sido capturados en situación de flagrancia dentro del expediente radicado 3529, y que a esa libertad se dio como fundamento el vencimiento del término para calificar la instrucción, consagrado como causal de excarcelación en el ordinal 4º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, sin que al momento del pronunciamiento reprochable los allí procesados hubieran sido puestos en libertad por el competente, dado que la providencia que les reconocía ese derecho, condicionaba su efectividad a la prestación de una cuantiosa caución.

(...).

Ahora bien, por su trascendencia frente al recurso que debe definir la Sala, se debe puntualizar que la manifiesta contrariedad entre la decisión que otorgó el hábeas corpus y la ley, salta a la vista desde dos aspectos diferentes. El primero, porque la detención de los reclamantes provenía de una decisión judicial oportuna, vigente y susceptible de control de legalidad ante el juez del conocimiento (CPP, art. 414A), lo mismo que de recursos ordinarios en sede de instancia (arts. 199, 216 y concordantes), y aun de revocatoria directa (art. 412 ibíd.), mas no del trámite del hábeas corpus, el cual procede no ante una detención injusta, sino ante una “aprehensión” ilegal, según lo indica el epígrafe del capítulo VII, título III del libro segundo del Código de Procedimiento Penal.

La diferencia, pues, de estas situaciones es clara y remitida a capítulos y competencias diferentes dentro del Código de Procedimiento Penal, de las cuales emerge que si durante la vigencia de la medida de aseguramiento de detención preventiva surge una causal de libertad provisional, ella no torna la detención inválida, porque el implicado prosigue bajo el rigor de la medida cautelar judicial, y ésta conserva la vigencia y la obligatoriedad de condiciones que la originaron, en tanto no se la abrogue o modifique bajo las condiciones y por los funcionarios que señala la ley de procedimiento, lo cual margina los supuestos, objeto y solución perseguidos con la acción del hábeas corpus.

Por lo demás, es el texto preciso de la ley el que señala con nitidez los eventos que configuran causales para el otorgamiento de la libertad provisional, los cuales involucran el análisis y la valoración de aspectos procesales que sólo al juez o fiscal competente le conciernen, y en cuya definición no puede ser sustituido por otro funcionario, incluido el que tramite un hábeas corpus. Ello se explica, además, porque las causales de excarcelación no consultan por lo general simples situaciones de hecho que conduzcan a su operatividad automática, sino que dependen del estudio y definición de factores procesales tanto objetivos como subjetivos, como ocurre, por vía de ejemplo en el caso de la estimación anticipada de los subrogados, la definición de una situación de exceso en las causales de justificación, etc.

Así se entiende cómo ni siquiera en el caso de sobrepasar los términos sin calificación o sin audiencia se trata de una simple contabilización de días, sino que es preciso analizar si esa prolongación deriva de actitudes dilatorias atribuibles al defensor o al procesado, sin descontar que en caso de accederse a la excarcelación, todavía se debe definir si la caución será prendaria o juratoria, y cuál su monto con referencia al valor del salario mínimo, la gravedad del hecho, y las condiciones económicas del procesado, lo que implica el estudio y definición de temas propios de las instancias, y con arraigo interno en el proceso.

Este entendimiento contextual que asoma de las disposiciones que rigen la excarcelación, ya de por sí bastante para indicar la improcedencia de una injerencia de otros funcionarios (incluido el juez del hábeas corpus), viene además a dejar por fuera la aducida interpretación equivocada, cuando en el texto del artículo 430 del Código de Procedimiento Penal, modificado para la fecha de los hechos por la Ley 15 de 1992, ponía todavía más en evidencia las limitantes del juez municipal para el manejo de este instituto, al preceptuar en su inciso segundo que “las peticiones sobre libertad de quien se encuentra legalmente privado de ella deberán formularse dentro del respectivo proceso”, pues siendo el precepto claro y excluyente de una intromisión como la que aquí se le atribuye a la doctora Galvez, no le era dable al intérprete apartarse de su contenido textual, para desconocer otras competencias.

Desde esta perspectiva, la ilegalidad de la decisión adoptada por la Juez 24 Penal Municipal de Cali, resulta manifiesta —así lo reconoce incluso el fallo absolutorio—; pues si los detenidos en el proceso por infracción a la Ley 30 de 1986, lo habían sido legalmente, sólo al interior de ese proceso podían formular peticiones excarcelatorias —como efectivamente lo hicieron—, y sólo allí debatirse, en los plazos privilegiados que ese tema encuentra en el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, sus inconformidades ante las instancias. Ningún soporte normativo tenía, entonces, la juez municipal, para interferir el ejercicio de una competencia exclusiva y excluyente del funcionario de conocimiento respecto de la viabilidad de la libertad provisional, y mucho menos para otorgarla incondicionalmente como lo hizo, actuando en contra de expresa decisión judicial, con lo que se ubicó bajo la descripción legal del artículo 149 del Código Penal, sin que motivo alguno de justificación ampare su conducta, porque esa acción causó desorden y repercutió en inseguridad jurídica como en descrédito para la administración de justicia.

E ingresando al tema del dolo, en el que se ubica la apelante para controvertir las razones del fallo de primera instancia, resulta pertinente destacar primero las contradicciones que encierra la providencia censurada, respecto de las explicaciones dadas por la enjuiciada, en cuanto ellas confirman que otras debieron ser las verdaderas razones del proceder de la acusada, porque ni las inconsistentes que exhibe su providencia de octubre 25 de 1994, ni las que aduce la funcionaria en tema de descargos se corresponden con los supuestos del caso, ni dan a entender cosa distinta de una rebeldía consciente e injustificada para acatar la ley.

Así se tiene que si el artículo 430 del Código de Procedimiento Penal enuncia dos alternativas para la prosperidad del hábeas corpus (privación ilícita de la libertad, o prolongación ilícita de la privación de la libertad), siendo la una excluyente de la otra, era de esperar que en la decisión se sustentara alguna de ellas, antes que reconocer la existencia de una medida de detención y de añadido, también de un auto de excarcelación pendiente de la prestación de las cauciones exigidas.

Inocultable esta realidad, el argumento se centra en acusar una prolongación ilícita de la privación de libertad, frente a la cual debía la procesada admitir que la medida de detención preexistía, y que preexistiendo, se tornaba de hecho el encarcelamiento, para que sobre ese entendido se explicara por qué la liberación tenía que decretarla el juez municipal y no el fiscal de la instrucción, y aun entrar a señalar la causa como el momento a partir del cual esa aprehensión de hecho se había convertido en ilegítima.

A este punto, la explicación de la acusada no sale del contrasentido, porque invalidar el auto de detención o decretar la libertad provisional, son dos decisiones exclusivas de los funcionarios del conocimiento. Si lo primero, en tanto los artículos 411 y 412 del Código de Procedimiento Penal le dan esa competencia privativa al fiscal o juez que haya decretado la medida (“El funcionario judicial ... deberá sustituir la medida de aseguramiento que haya proferido, por la que corresponda ...” o “... revocará la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen ...”). Y si de la excarcelación se trata, del texto del artículo 415 del mismo código emerge que la libertad provisional se debe decretar o conceder en el momento y por el funcionario encargado de cada hito e instancia al cual se refiere en particular la respectiva causal que sea aplicable, con la única excepción del numeral 2º que extiende la competencia con mayor amplitud a “la autoridad que esté conociendo de la actuación procesal al momento de presentarse la causal aquí prevista”, amplitud que en ningún caso comprende al juez del hábeas corpus, porque a éste tan sólo se le adscribe la definición de ese incidente, no la de la “actuación procesal”, pues ello conduciría al extremo de ignorar jerarquías superiores, y hasta la competencia que se reserva por fuero constitucional.

(...).

Por otra parte, y al reposar en la excusa del error el fundamento capital que le sirve de base al tribunal para construir por atipicidad la absolución, ineludible resulta recordar que si bien es cierto la doctrina de esta Sala excluye por ausencia de dolo el delito de prevaricato, en aquellos casos en que el juez desvía el sentido de la ley a consecuencia de una interpretación equivocada sobre su alcance o contenido, tal salvedad carece de carácter absoluto, por cuanto su validez se condiciona a que el error de interpretación recaiga sobre aspectos ambiguos, oscuros, complejos, difícilmente inteligibles, o que den paso a más de una razonable alternativa, sin que constituya excusa la del error por el error, menos si se tiene el deber funcional de aplicar y de cumplir la ley, y como instrumento unos principios normativos de hermenéutica, cuya finalidad no es el entendimiento acomodaticio, sino sistemático, histórico, teleológico y a la postre armónico y justo de cada precepto.

Por ello se concluye que no es la de la doctora Galvez Serna una situación donde resulte admisible la excusa de una interpretación equivocada sobre el alcance de la ley, si antes de mostrarse ni de justificarse un serio esfuerzo interpretativo, lo que se ve es su deliberada voluntad de desconocer preceptos claros y precisos como el del artículo 430 del Código de Procedimiento Penal, y de ignorar gratuitamente y sin competencia ni facultad alguna decisiones del funcionario de conocimiento, arrogándose ad hoc actividades reservadas al funcionario de segunda instancia, en rebeldía con el sistema armónico de garantías que ofrece el Código de Procedimiento Penal mediante las disposiciones ya citadas.

Estas nociones diferenciadoras de la actividad que concierne al funcionario que obra en ejercicio de la acción penal, y de la competencia restrictiva e incidental que le concierne al juez que actúa en ejercicio de la acción constitucional de hábeas corpus, no pueden ser calificadas ni de confusas, ni de complejas, porque ni el texto constitucional del artículo 30 superior, ni mucho menos las varias disposiciones aquí evocadas sobre medidas de aseguramiento, su control de legalidad, sustitución y revocación, o excarcelación, y frente a ellas las de control de legalidad de la aprehensión (o hábeas corpus) mostraban ambigüedad ni contradicción que autorizara a abandonar su tenor literal para ir en búsqueda de otras alternativas distintas a las de su simple y llano contenido. Menos si, se repite, se estaba aquí ante una funcionaria experta, que por su desempeño de rutina en el manejo de procesos en primera instancia, debía saber que era inadmisible la injerencia de otra autoridad distinta de las de instancia para modificar o desconocer las medidas de aseguramiento que bajo su competencia hubiere decretado.

(...).

Tampoco con la procesada se puede estar de acuerdo cuando reclama que no se le probó que su decisión se encaminaba al favorecimiento de los procesados, porque si bien podía ser esa una motivación real, lejos estaba de ser la única condicionante de la reprochabilidad penal de su conducta, dado que lo que lleva a imputar jurídicamente la infracción no es un determinado móvil o propósito, sino el consciente y voluntario actuar contrario al deber legal que le imponía obrar de otra manera, el que precisamente queda en descubierto.

En los términos expuestos, es claro que para esta Sala de la Corte, no son de recibo las tesis de la providencia recurrida, como tampoco las objeciones que a la apelante hicieran la procesada y la procuradora de la primera instancia. Lo que en su lugar emerge, en grado de certeza, es la comisión del hecho, su tipicidad, la transgresión injustificada del bien jurídico amparado de la administración pública y la culpabilidad dolosa de la acusada, y ello conduce a trocar en condena el fallo de primera instancia.

Por haberse realizado el hecho antes de la modificación introducida al artículo 149 del Código Penal por la Ley 190 de 1995, la dosificación punitiva se ajustará a la primera normatividad conforme lo ordena el artículo 29 de la Carta Política, habida cuenta que el estado de conciencia predicable de la acusada —y que indujo al análisis de su culpabilidad—, conduce a la aplicación de penas, no de medidas de seguridad.

Ahora bien, examinadas las modalidades y gravedad de la conducta ilícita, pero ante todo la evidente rebeldía de la funcionaria a someter su conducta dentro de los parámetros de su función oficial, con serio desorden para la administración, partirá la Sala de una pena igual a los dos (2) años de prisión, incrementados en dos (2) meses más, en cuanto concurre la causal de agravación prevista en el artículo 66 del Código Penal, numeral 11, relacionada con la relevancia social del cargo desempeñado por la doctora Galvez, y las expectativas de rectitud que la comunidad espera de quien lo desempeña, lo que traduce en la imposición como definitiva, de las penas principales de veintiséis (26) meses de prisión, e interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual tiempo.

Sin embargo de lo anterior, halla la Sala contingente para este caso la imposición efectiva del tratamiento penitenciario, en cuanto la personalidad de la procesada, sumada al hecho de que la experiencia negativa que le representa esta condena, debe inhibirle para la comisión de nuevas conductas contrarias a los intereses de la comunidad, y ello traduce en el reconocimiento en favor de la doctora Galvez Serna del subrogado de la condena de ejecución condicional (C.P., art. 68), exclusivamente respecto de la pena privativa de la libertad. Para ello se fija un período de prueba de dos (2) años, bajo las condiciones previstas en el artículo 69 del Código Penal, cuyo cumplimiento garantizará mediante caución prendaria por suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, a favor del tribunal a quo, de la cual se deducirá la garantía que prestó cuando se le otorgó la libertad provisional. Queda en claro que dicha suspensión no afecta la pena de interdicción, la que se ejecutará una vez en firme este fallo.

La Sala se abstiene de imponer a la condenada cargas económicas destinadas al resarcimiento de perjuicios, por cuanto no se acreditó la causación de un daño material público ni privado digno de resarcimiento, que hubiese derivado de la comisión del hecho punible».

(Sentencia de segunda instancia, agosto 27 de 1997. Radicación 11.895. Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda).

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