Sentencia 11895 de noviembre 30 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA DE ENTIDAD ESTATAL

ACCIÓN QUE DEBE INSTAURAR EL PERJUDICADO

EXTRACTOS: «Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de febrero de 1996, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, dentro del proceso de la referencia, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. Mediante demanda presentada el 6 de diciembre de 1993 (fls. 138 a 153), por medio de apoderado, el señor Eulises Barón Gómez solicitó, en ejercicio de la acción de reparación directa, que se declarara que el municipio de Arauca recibió a satisfacción, entre los meses de septiembre y diciembre de 1991, previa solicitud de la jefe de compras y suministros, Liliana Ledesma, “los víveres, rancho, licores, mercados en general, útiles de aseo y todo lo relacionado con el ramo”, de la bodega “La Avenida”, de propiedad del demandante, ubicada en la Cra. 20 Nº 26-207 de Arauca, según los vales, cuentas de cobro y facturas adjuntas. Igualmente, solicitó que se declarara el incumplimiento del municipio de Arauca, al no pagar lo adeudado al demandante, por concepto de dichas mercancías.

Como consecuencia de esta declaración, pidió que se condenara a la entidad demandada a pagarle, por concepto de daño emergente, la suma de $ 33.107.900, “o la que llegare a resultar probada”; por concepto de lucro cesante, “lo que dejó de producir la suma anterior, teniendo en cuenta que el señor Barón Gómez se dedica a la actividad comercial como propietario de la bodega “La Avenida”, y por concepto de perjuicios morales, que se produjeron por el incumplimiento del municipio, que llevó al demandante a incurrir en mora en el pago de sus obligaciones comerciales, por tener que pagar altísimos intereses y sanción comercial, la suma de dinero equivalente a cuatro mil gramos de oro.

(...).

II. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 15 de febrero de 1996, el Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones de la demanda. Fundamentó su decisión en la siguiente forma (fls. 204 a 214):

Consideró que debía aplicarse el principio iura novit curia, teniendo en cuenta que la acción procedente, en este caso, no era la de reparación directa, sino la acción contractual, ya que el actor da a entender que con el municipio de Arauca se celebraron varios contratos.

Expresó, sin embargo, que sólo está probada la existencia del contrato 175, celebrado el 16 de octubre de 1991. El actor trata de demostrar la existencia contratos, por medio de recibos que no tienen “valor, ni fecha, son unos simples papeles y otros... formatos expedidos por la alcaldía... con la firma de Liliana Ledesma... luego... aparecen unas cuentas de cobro sin firma del ordenador del gasto, ni del secretario de hacienda municipal, los cuales están sustentados (sic) con facturas expedidos (sic) por el actor las cuales no tienen reconocimiento de autoridad alguna, aunque aparecen unas firmas, no se demostró que pertenecieran a funcionarios de la alcaldía con la facultad para suscribirlos y comparando la firma que aparece del actor en el poder se puede concluir que la... que aparece en las facturas es de él y no de un funcionario de la alcaldía”.

En cuanto a los testigos, manifiestan que el actor suministraba mercancías al municipio, pero no conocen las fechas ni los montos de la transacción. “Lo único cierto... es que aparece el contrato 175 de septiembre 16 de 1991 suscrito por el actor y el alcalde de ese entonces...”.

(...).

V. Consideraciones

1. Procedencia y requisitos de la acción in rem verso.

Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse, en varias oportunidades, en relación con la aplicación del enriquecimiento sin causa, como regla general de derecho, que permite fundar el ejercicio de la acción prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, para reparar el daño sufrido por quien ha resultado empobrecido, a expensas del enriquecimiento de otro. En sentencia del 8 de mayo de 1995, se precisó, al respecto, lo siguiente:

“...el no enriquecimiento sin causa que sirve de fundamento a la acción, es un principio general del derecho cuya aplicación en nuestro ordenamiento se realizó, por vía jurisprudencial, a través del artículo 8º de la Ley 153 de 1887 (...).

Quienes han visto en estas reglas generales una exclusiva creación jurisprudencial y, por lo tanto, un desbordamiento de la Constitución Política cuando se trata de aplicarlos judicialmente, por cuanto “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”, y que “la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”, han recibido respuesta de la H. Corte Constitucional en fallo D-665 del 1º de marzo de 1995, en el cual... declaró exequible el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 (...).

En el caso particular, el llamado “principio” del no enriquecimiento sin causa, es una regla general de derecho que, incluso, está consagrada positivamente en el artículo 831 del Código de Comercio, de la siguiente manera: “Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”.

Siendo, como es, un principio general, su inserción en un código de aplicación restringida (C. Co., arts. 1º y 22) no puede generar el efecto de disminuir su generalidad o de restringir su campo de aplicación; no tendría ninguna lógica sostener que en las relaciones comerciales está prohibido el enriquecimiento injusto pero que dicha prohibición no rige en otros campos relacionales de naturaleza civil o administrativa.

Por otra parte, cuando el artículo 95 de la Constitución Política señala que el respeto de los derechos ajenos es deber de toda persona, ha elaborado un marco jurídico de tan amplio contenido que en su interior cabe la responsabilidad de los particulares y notables títulos jurídicos de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado cuya consagración específica se encuentra... en el artículo 90 de la Carta Política. En la riqueza de esta preceptiva constitucional se destaca... la prohibición del enriquecimiento injusto, cuya transgresión por una persona jurídica de derecho público hace que se le impute el daño antijurídico que la disminución patrimonial sufrida por la víctima supone.

No se podría entender de otra manera que la razón finalista de nuestro ordenamiento jurídico-político sea asegurar a los integrantes de la Nación, la convivencia, la justicia, la libertad y la paz, como lo prescribe... el preámbulo de la Constitución de 1991; ni que entre los fines esenciales del Estado se encuentre garantizar los derechos que el catálogo constitucional consagra; o que la razón de la existencia de las autoridades y de las instituciones estatales sea, entre otras, la de proteger los bienes, derechos y libertades de las personas residentes en Colombia (art. 2º), entre los cuales hay que subrayar aquí la propiedad privada y los derechos adquiridos con justo título (art. 58).

Existe, pues, todo un complejo normativo integrado por principios y por preceptos constitucionales de los cuales emerge —como uno de sus fundamentos— una regla jurídica de justicia natural: la prohibición para enriquecerse injustamente a expensas de otro” (1) .

(1) Expediente 8118, actora: Sociedad Constructora Cárdenas y Maya Ltda.

Dado que, en algunos eventos —especialmente cuando el daño causado proviene de la prestación de un servicio o el suministro de unos bienes, entre otros casos, sin que exista un contrato perfeccionado y legalizado de conformidad con las normas legales vigentes—, puede solicitarse la declaración de existencia del respectivo negocio jurídico, en ejercicio de la acción contractual, ha expresado la Sala, adicionalmente, que para efectos de establecer si procede dicha acción o la de reparación directa, debe establecerse si las partes, en la práctica, han recorrido o no la definición del tipo negocial, esto es, si la conducta realizada por ellas da lugar al surgimiento del contrato que aspiraron a celebrar. Si la respuesta es afirmativa, deberá concluirse que se cumplieron los requisitos previstos en la norma para declarar la existencia y eficacia del negocio, por lo cual la acción procedente será la acción contractual; si es negativa, dicha acción no podrá prosperar. En efecto, la ausencia de la totalidad de los trámites necesarios para la formalización escrita del contrato y su posterior perfeccionamiento permite concluir que el negocio jurídico es inexistente (2) .

(2) Sentencia del 29 de enero de 1998, expediente 11.099, actor: Sociedad Otis de Colombia Ltda. Sobre el mismo tema, sentencias del 4 de marzo de 1991, expediente 5825, actora: Sociedad Alberto Corredor y Cia. Ltda.; 10 de marzo de 1997, expediente 10.038, actor Oscar Gómez España.

En sentencia del 25 de octubre de 1991, se precisó sobre este punto:

“La pretensión por enriquecimiento sin causa tiene su fundamento básico... en la prestación de un servicio, el suministro de bienes o la confección de alguna obra en beneficio del ente público, sin que el prestador de tales servicios, suministrador de bienes o constructor de la obra hubiere obtenido la contraprestación equitativa que gobierna el intercambio de bienes y servicios, a más de no poder hacer valer la acción consagrada por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo titulada “de las controversias contractuales”, por la elemental razón de no existir negocio jurídico como fuente de obligaciones que gobierne la situación planteada. Así las cosas, el administrado ve disminuido su patrimonio, en tanto que la administración verá aumentado el suyo, y ésta se favorecerá por contera al no pagar las sumas correspondientes, sin que exista para ello fundamento ni causa legales. Allí, precisamente, se justifica que intervenga la jurisdicción para que, a petición de quien se sienta lesionado en sus intereses, ordene la restitución o restablecimiento del indebido acrecimiento del patrimonio estatal a la parte empobrecida...

Huelga precisar, a través de cuál de las diversas acciones procesales establecidas por el Código Contencioso Administrativo debe manejarse la precitada pretensión por enriquecimiento sin causa. Ya quedó consignado que no puede ser con base en las “controversias contractuales” del artículo 87 ibídem; tampoco podrá serlo con fundamento en la “acción de nulidad y restablecimiento del derecho” (CCA, art. 85), ni mucho menos con apoyo en la simple “acción de nulidad” (CCA, art. 84), dado que éstas últimas requieren de la existencia de acto administrativo cuya ilegalidad constituye la pretensión básica del demandante. Entonces, por exclusión, la llamada pretensión in rem verso por enriquecimiento ilícito, deberá hacerse valer a través de la “acción de reparación directa” prevista por el artículo 16 del Decreto 2304 de 1989, modificatorio del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (...) En... estos casos, la Sala ha entendido que se encuentra frente a una situación de hecho, que fluye directamente de la conducta o hechos llevados a cabo por las partes, que es lo que precisamente constituye el apoyo para pedir el restablecimiento del derecho demandado” (3) .

(3) Expediente 6103, actora: Sociedad Colombiana de Constructores Sococo S.A.

Y en pronunciamiento del 6 de abril del presente año, luego de citarse algunos fallos de la Sala sobre este tema, se expusieron las siguientes conclusiones:

“...el criterio que ha orientado la calificación de la acción es la existencia de un contrato, así se haya frustrado su perfeccionamiento para ejecutarlo válidamente. De tal manera que aquellas actividades que realizan los particulares para la administración pública y que debieron enmarcarse en una relación contractual pero que no se hicieron (sic), pueden orientarse por la vía de la reparación directa siempre y cuando se den los presupuestos del enriquecimiento sin causa... En tanto que cuando el contrato existió, así no se haya perfeccionado, este acuerdo de voluntades como convenio jurídico celebrado, puede derivar la responsabilidad de la administración por la vía de la acción de controversias contractuales, la cual... puede dirigirse a que se declare la existencia, nulidad o incumplimiento de un contrato, las declaraciones condenas o restituciones consecuenciales, su revisión y al pago de perjuicios y condenas de todo orden derivadas de la ejecución de un contrato estatal (CCA, art. 87)” (4) .

(4) Expediente 12.775, actor: Jaime Bateman Durán.

En el caso debatido en el presente proceso, se advierte que no se dio cumplimiento al procedimiento previsto en el código fiscal respectivo y, en general, en las normas aplicables en la época de los hechos, para acordar las condiciones propias de un contrato de suministro entre el municipio de Arauca y el señor Eulises Barón Gómez, y mucho menos se adelantaron las etapas necesarias para lograr su perfeccionamiento y legalización. Así, no puede considerarse que la acción procedente fuera la contractual, prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. Teniendo en cuenta lo expresado en la demanda, en la que se acepta la ausencia total de los aludidos trámites, y las pruebas que obran en el proceso, resulta claro que el actor estaba imposibilitado para ejercer dicha acción.

No comparte la Sala, entonces, lo expresado por el tribunal, en el sentido de que el actor debió hacer uso de la acción contractual, y no de la de reparación directa. Debe anotarse, en cualquier caso, como lo advirtió el a quo, que con el fin de garantizar la prevalencia del derecho sustancial, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, el juzgador debe interpretar la demanda, haciendo uso del principio iura novit curia, cuando intentándose una de las acciones mencionadas, resulte procedente la otra, teniendo en cuenta los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones. Tal razonamiento, sin embargo, resultaba innecesario en este proceso, conforme a lo expresado anteriormente sobre la procedencia de la acción de reparación directa, que permite encauzar la pretensión por enriquecimiento injusto.

No se puede pasar por alto, sin embargo, la incongruencia del planteamiento del tribunal, que no obstante aplicar el principio citado, consideró que no podía declararse la existencia del contrato de suministro, dado que el actor no lo solicitó en la demanda. Sin duda, tal razonamiento hace inocuo el primer argumento expuesto y le resta todo valor a la prevalencia derecho sustancial. Al respecto, resultan acertados los reparos efectuados por el magistrado Garzón Martínez al fallo de instancia.

De otra parte, en relación con los elementos del enriquecimiento sin causa, la Corte Suprema de Justicia se refirió a ellos en numerosas sentencias proferidas en los primeros lustros de este siglo, que han sido reiteradas por la misma corporación (5) . Así, en fallo del 19 de noviembre de 1936, se expresó lo siguiente:

(5) Ver, entre otras, sentencias de 6 de septiembre de 1935; 6 de septiembre de 1940, M.P. Hernán Salamanca; 10 de diciembre de 1999, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; 11 de enero de 2000, M.P. Manuel Ardila Velásquez.

“Cinco son los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa, sin cuya reunión no puede existir aquel, a saber:

1. Que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa. Esto es, no solo en el sentido de adición de algo, sino también en el de evitar el menoscabo de un patrimonio.

2. Que haya un empobrecimiento correlativo, lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de éste se haya efectuado el enriquecimiento.

Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido puede derivar de la desventaja del empobrecido, o a la inversa, la desventaja de éste derivar de la ventaja de aquél.

Lo común es que el cambio de la situación patrimonial se opere mediante una prestación dicha por el empobrecido al enriquecido, pero el enriquecimiento es susceptible de verificarse también por intermedio de otro patrimonio.

El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensión de enriquecimiento, lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la ganancia y la pérdida sea una y sea la misma.

3. Para que el empobrecimiento sufrido por el demandante, como consecuencia del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se requiere que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica.

En el enriquecimiento torticero, causa y título son sinónimos, por cuyo motivo la ausencia de causa o falta de justificación en el enriquecimiento, se toma en el sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito, como tampoco por una disposición expresa de la ley.

4. Para que sea legitimada en la causa la acción de in rem verso, se requiere que el demandante, a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que brotan de los derechos absolutos.

Por lo tanto, carece igualmente de la acción... el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho. Él debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia.

5. La acción... no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley.

El objeto del enriquecimiento sin causa es el de reparar un daño, pero no el de indemnizarlo. Sobre la base del empobrecimiento sufrido por el demandante, no se puede condenar sino hasta la porción en que efectivamente se enriqueció el demandado...” (6) .

(6) Gaceta Judicial XLIV, 474.

De igual manera, a estos requisitos o elementos se ha referido el Consejo de Estado, en varios pronunciamientos, entre los que se pueden mencionar los siguientes, proferidos por esta Sala: sentencias de 6 de septiembre de 1991, expediente 6306; 8 de mayo de 1995, expediente 8118; 4 de julio de 1997, expediente 10.030; 29 de enero de 1998, expediente 11.099; 6 de abril de 2000, expediente 12.775, varios de los cuales han sido citados anteriormente.

Especial atención merece, además, un elemento ínsito en la figura del enriquecimiento injusto, cual es la obligación que tienen las partes de obrar de buena fe, que adquiere gran importancia en el desarrollo de los contratos y aun en las etapas anteriores a su celebración, en las que se realizan acuerdos preliminares y se convienen las bases esenciales del negocio. A este tema ha hecho referencia la Sala en anteriores oportunidades, aludiendo a la confianza suscitada por el comportamiento del otro, como elemento digno de la protección del ordenamiento jurídico (7) . Y en fallo del 29 de enero de 1998, en un caso similar al que nos ocupa, expresó lo siguiente:

(7) Ver, entre otras, sentencia del 10 de septiembre de 1992, expediente 6822, actora: sociedad Suramericana de Construcciones S.A.

“...Recuérdese... que la jurisprudencia y la doctrina reconocen la obligación que surge para la administración de pagar las obras ejecutadas con asentimiento de su parte, precisamente con el fin de evitar un enriquecimiento injustificado y que de conformidad con el precepto constitucional contenido en el artículo 83 de nuestra Carta Política la buena fe se presume y los particulares y autoridades públicas deben ceñirse a dichos postulados.

Resultaría un contrasentido llevar a extremos inadmisibles la fuerza normativa de las disposiciones a la sazón reguladoras de los requisitos a que estaba sujeta la entidad demandada y el contrato... que aspiraba a realizar, como justificación del no pago de una prestación realizada por el demandante, dentro del contexto de la más (sic) buena fe exigible para un particular, ajeno al conocimiento de los trámites y diligenciamientos administrativos, que rodean de ordinario la celebración y perfeccionamiento del contrato de derecho público o del que siendo de derecho privado está sujeto sin embargo a la observancia de formalidades, de ordinario desconocidas por el cocontratante (...).

En últimas, se trata simplemente de dar aplicación a la cláusula general de buena fe, mediante la valoración del comportamiento de las partes, que estando concorde con los postulados de la confianza, se encuentra protegida en el precepto constitucional citado...” (8) .

(8) Expediente 11.099, actora: sociedad Otis de Colombia Ltda.

Con apoyo en estos planteamientos, advierte la Sala desde ahora que no son atendibles algunos de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte demandada, en cuanto pretende defenderse alegando el no cumplimiento de los trámites administrativos previstos en las normas para el perfeccionamiento y la ejecución de los contratos, y culpar de tal situación al demandante, quien, por ello, según su opinión, puso en peligro su propio patrimonio. No resultaría éste, en ningún caso, argumento suficiente para dar al traste con la pretensión de reparación fundada en el enriquecimiento sin causa, cuya formulación supone, precisamente, la inexistencia de otra acción judicial, requisito que no se cumpliría en el evento de haberse realizado dichos trámites conforme a la ley, dado que el interesado contaría con la acción contractual.

De manera que si llegare a concluirse que la entidad estatal propició, con su conducta, la entrega de bienes o la prestación de servicios por parte del contratista, y que éste efectivamente ejecutó las respectivas prestaciones, sin obtener la compensación correspondiente, surgirá a su favor el derecho al restablecimiento de su patrimonio, en la medida del desequilibrio, a pesar de no haberse cumplido las etapas y los procedimientos requeridos para el desarrollo del iter negocial. Es éste, precisamente, el fundamento de la prohibición del enriquecimiento sin causa, que, como se vio, puede hacerse valer por medio del ejercicio de la acción de reparación directa.

Con fundamento en lo anterior, procederá la Sala a analizar las pruebas que obran dentro del proceso, a fin de establecer si se encuentran presentes, en este caso, los elementos de la regla citada y resulta demostrada, en consecuencia, la responsabilidad de la entidad demandada.

2. Hechos probados y responsabilidad de la entidad demandada.

(...).

Con fundamento en lo anterior, y especialmente en los testimonios rendidos por los señores Liliana Ledesma y Atalívar Castellanos, encuentra la Sala establecido que Eulises Barón Gómez era contratista del municipio de Arauca y que, durante el año 1991, suministró mercados y otros elementos a dicha entidad territorial. No obstante, contrario a lo expresado por el demandante, no existe certeza suficiente sobre el despacho de las mercancías cuyo cobro se pretende en este proceso ni sobre su recepción por parte del municipio.

En efecto, es dicha recepción la que permitiría establecer el traslado de los bienes citados del patrimonio del actor al patrimonio de la entidad demandada, lo que, junto con la prueba de que no se produjo el pago respectivo, permitiría demostrar, a su vez, el desequilibrio que sirve de sustento a la acción formulada.

Si bien obran en el expediente 15 formatos de órdenes de compra, ya se ha dicho que los mismos carecen de firmas, por lo cual nada demuestran. Y aunque existen 81 solicitudes suscritas por la señora Liliana Ledesma, quien —según su propio dicho, corroborado por el señor Atalívar Castellanos— se desempeñaba, en la época de los hechos, como jefe de compras y suministros del municipio de Arauca, éstas carecen de fechas, razón por la cual no se sabe, exactamente, en qué período del año 1991 fueron hechas. Debe anotarse, por lo demás, que aun si tales documentos tuvieran constancia de su fecha, sólo permitirían acreditar la formulación de una solicitud por parte del municipio al demandante, mas no la entrega efectiva de las mercancías que constituyen su objeto.

En cuanto a los formatos de altas y bajas, a los que se ha hecho referencia, ya se ha advertido que la mayor parte de ellos carecen de firmas, lo que les resta todo valor probatorio. En todo caso, en el evento de que se encontraran debidamente diligenciados, estos documentos sólo permitirían demostrar la entrada de determinadas mercancías al almacén del municipio, así como la salida de las mismas, pero dado que en ellos no se indica el origen de los diferentes elementos, no podría concluirse, de ninguna manera, que fueron suministrados por el señor Eulises Barón Gómez. Bien pudieron haber sido adquiridos por el municipio de una persona diferente.

Respecto de las facturas, es claro que faltando su aceptación, nada aportan al proceso. No desconoce la Sala que, contando con tal requisito, el demandante habría podido formular contra la entidad demandada un proceso ejecutivo, por lo cual se advierte que no se relieva su ausencia para restarle eficacia a la pretensión ordinaria, sino para observar que, para efectos de la demostración de los hechos que le sirven de fundamento a la actio in rem verso no resulta suficiente acreditar que se ha elaborado una factura por un concepto determinado, ya que tal hecho no permite acreditar que se han producido efectivamente un enriquecimiento y un empobrecimiento correlativo. Algo similar puede expresarse en relación con los formatos de cuenta de cobro que obran en el expediente, en los que no consta su aprobación por parte de los funcionarios competentes para darla.

Finalmente, los proyectos de resolución allegados al proceso, que carecen de fechas y de firmas, no tienen, evidentemente, ningún valor probatorio.

Faltando, entonces, la prueba de la recepción de las mercancías, debe concluirse, forzosamente, que no está demostrado que el municipio de Arauca se hubiera enriquecido a expensas del empobrecimiento del demandante, por razón del no pago de las facturas que obran en el expediente. No pueden prosperar, en consecuencia, las pretensiones del actor, dado que no se acreditó suficientemente la existencia de dos de los elementos del denominado enriquecimiento sin causa, esto es, la obtención de una ventaja patrimonial por parte del demandado y el empobrecimiento correlativo de aquél.

Y si bien algunos de los testigos se refieren a un perjuicio sufrido por Eulises Barón, debe anotarse, por una parte, que sus afirmaciones son abstractas y generales, fundadas algunas en simples suposiciones. Por lo demás, concretamente, en cuanto a la entrega de las mercancías cuyo pago se reclama, no ofrecen certeza alguna; así, el señor Atalívar Castellanos, jefe del almacén, encargado, precisamente, de la recepción de los bienes adquiridos por el municipio, se limita a expresar que Eulises Barón “suministró elementos en varias oportunidades”, pero que no recuerda “la fecha ni los montos, porque fueron muchos los suministros que hizo”. Por otra parte, faltando la prueba de un enriquecimiento por parte del municipio, correlativo al empobrecimiento del actor, no puede establecerse que dicho perjuicio sea imputable a la entidad demandada. Además, como se explicó anteriormente, requisito esencial de la actio in rem verso lo constituye la demostración de que la circunstancia que origina la ganancia y la pérdida sea una y sea la misma.

Allegó al proceso el demandante copia del contrato 175, celebrado el 16 de septiembre de 1991 entre él y el municipio de Arauca, así como copia de los documentos que acreditan su perfeccionamiento, legalización y ejecución. Está demostrado que el objeto de dicho contrato era la venta de 1.250 mercados, para la celebración del día del campesino. Alega el apoderado del actor que tal celebración se realiza el 4 de junio, y pretende demostrar, con ello, que la “costumbre” del alcalde González Cisneros era celebrar y legalizar los contratos con posterioridad a su ejecución, cuando se recibían los dineros necesarios para efectuar los respectivos pagos. Así, afirma que los citados mercados fueron entregados con anterioridad al 4 de junio de 1991 y, no obstante, el contrato sólo se celebró más de tres meses después.

Considera la Sala que aunque de los documentos que dan cuenta de la celebración y ejecución del contrato citado podría inferirse el hecho que pretende probar el demandante, ello en nada altera la situación expuesta anteriormente, relativa a la inexistencia de pruebas que demuestren la entrega efectiva al municipio de Arauca de las mercancías a que se refieren las órdenes, solicitudes y facturas que obran en el proceso, y debe insistirse en que sólo este hecho, sumado al no pago de los valores correspondientes, permitiría concluir que el demandante sufrió un empobrecimiento, que resulta correlativo al enriquecimiento del demandado. Es importante observar, adicionalmente, que, en relación con el contrato 175, obra en el expediente el acta de recibo de los mercados vendidos, debidamente suscrita por el contratista y por los funcionarios competentes de la entidad territorial (fl. 12 del cdno. 2), documento que no existe, en cambio, respecto de las mercancías cuyo pago se reclama en el presente proceso.

Por otra parte, en relación con el testimonio del señor Pedro Gustavo Moya, considera la Sala que sus afirmaciones no constituyen indicio suficiente para dar por establecida la existencia de una obligación a cargo del municipio de Arauca y a favor del demandante, y mucho menos para concluir que los dineros allí mencionados correspondan exactamente a los valores cuyo pago se reclama en este proceso.

Finalmente, la Sala debe anotar que se abstendrá de declarar probada la excepción de caducidad de la acción, teniendo en cuenta que, conforme a lo expresado anteriormente, es claro que no obra en el proceso prueba alguna de la entrega al municipio de las mercancías cuyo pago se solicita, por lo cual es obvio que no podría estar demostrado en qué fecha se efectuó dicha entrega ni en qué fecha debía efectuarse el pago correspondiente. Por lo demás, con fundamento en lo expresado en la demanda, en el sentido de que “Barón Gómez suministró la mercancía relacionada entre los meses de septiembre de 1991 y marzo de 1992”, y dado el carácter sucesivo de la prestación a que en ella se alude, podría tomarse esta última fecha, para comenzar a contar el término respectivo, lo que permitiría concluir que la acción, ejercitada mediante demanda presentada el 6 de diciembre de 1993, no estaba caducada.

Sin embargo, la Sala considera necesario reiterar que, en casos como el presente, el término de caducidad debe contarse a partir de la fecha en que se deba entender consolidado el daño reclamado, lo que aquí habría ocurrido en la fecha en que se le comunicó oficialmente al señor Eulises Barón, por parte de la entidad demandada, la imposibilidad de cancelarle las cuentas de cobro presentadas por los bienes que, según sus afirmaciones, le había suministrado. Reitera la Sala, en relación con este tema, lo expresado en la sentencia del 6 de septiembre de 1991, citada anteriormente, en el sentido de que “Exigirle a la... actora una actividad jurisdiccional previa a la negativa oficial de pago y sancionarla porque no demandó el reconocimiento de un derecho cuya negativa antes ignoraba, sería ir en contra del sentido común y de una equitativa valoración de lo sucedido” (9) .

(9) Expediente 6306, actora: Sociedad Olivetti Colombiana S.A.

Si bien, como se expresó en fallo reciente (10) , la formulación de una solicitud de pago, en estos casos, no es obligatoria, ya que en nuestro sistema, a diferencia del francés, no procede la denominada decisión préalable, es decir, la exigencia legal de obtener un pronunciamiento administrativo previo al ejercicio de la acción, encuentra la Sala que, en aquellos casos en que las partes realizan negocios con alguna frecuencia, los cuales se ejecutan de buena fe, efectuándose los pagos luego de transcurrido un término prudencial desde la entrega de los bienes, la prestación del servicio o la realización de la obra de que se trate, el contratista no tiene conocimiento de su perjuicio sino cuando es informado de que, efectivamente, el pago reclamado no se va a realizar, sea porque ello le sea comunicado verbalmente o por escrito, o porque dadas otras circunstancias, pueda llegar a tal convicción. Este hecho sucedió, en el caso del señor Barón Gómez, necesariamente, con posterioridad al mes de mayo de 1993, cuando el alcalde Ricardo Alvarado Bestene le informó que los valores reclamados no serían cancelados.

(10) Sentencia del 6 de abril de 2000, expediente 12.775, actor: Jaime Bateman Durán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, el 15 de febrero de 1996, dentro del presente proceso, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(Sentencia de noviembre 30 de 2000. Expediente 11.895. Magistrado Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez).

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