Sentencia 11949 de mayo 11 de 1999

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Rad.: 11949

Actor: F… V… y otra

Demandado: La Nación - Ministerio de Salud-Instituto Nacional de Salud.

Santafé de Bogotá D.C., mayo once de mil novecientos noventa y nueve.

Decide la Sala el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el quince (15) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), mediante la cual se dispuso:

“1. Deniéganse las súplicas de la demanda”.

“2. Sin condena en costas pues no se causaron”.

I. Antecedentes procesales

1. Lo que se demanda.

En escrito presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, el cuatro (4) de febrero de 1994, por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del CCA, los señores F… V… y M…, formularon demanda en contra de la Nación - Ministerio de Salud - Instituto Nacional de Salud, para que se hicieran las siguientes declaraciones:

“1.1. Declárese a la Nación Colombiana - Ministerio de Salud Pública - Instituto Nacional de Salud, administrativamente responsables por la muerte del infante C... A... y por consiguiente de la totalidad de los daños morales causados a sus progenitores F… V… y M... Los hechos tuvieron ocurrencia en el Hospital San Rafael de Fusagasugá - Cundinamarca, el día siete (7) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992).

1.2. Como consecuencia de la anterior declaración, háganse las siguientes condenas:

1.2.1. Por perjuicios morales.

Condénese a la Nación Colombiana - Ministerio de Salud Pública - Instituto Nacional de Salud, a pagar en favor de mis representados o a quien los represente en el momento del fallo definitivo, lo siguientes valores:

1.2.1.1. El valor en pesos colombianos, según certifique el Banco de la República, en la fecha de la sentencia de un mil (1.000) gramos de oro puro, para F… V…, en su calidad de padre de la víctima.

1.2.1.2. El valor en pesos colombianos, según certifique el Banco de la República, en la fecha de la sentencia, de un mil (1.000) gramos de oro puro, para M… T… R…, en calidad de madre de la víctima.

Lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 de CCA, artículo 106 del C.P. y la reiterada jurisprudencia en materia contencioso administrativa.

1.2.2. Por intereses.

1.2.2.1. Condénese a la Nación Colombiana - Ministerio de Salud Pública - Instituto Nacional de Salud, a pagar a mis representados, padres de la víctima, los intereses aumentados, con la variación promedio mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta que se produzca su efectivo cumplimiento.

Lo anterior teniendo en cuenta, lo establecido en el artículo 1653 del C.C. “Todo pago se imputará primero a intereses”.

La Nación colombiana, dará cumplimiento a la sentencia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ejecutoría, conforme lo establecen los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

2. Los hechos.

Invocaron como fundamento de sus pretensiones la circunstancia de que M… T… R… dio a luz un hijo el día cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992), parto que fue atendido en el Hospital Regional San Rafael de Fusagasugá, centro hospitalario este al que habría acudido con su compañero en solicitud de atención el día 7 de octubre de 1992, como consecuencia de una enfermedad que padecía el recién nacido, sin que allí, según las afirmaciones contenidas en la demanda, se hubiese prestado una atención adecuada al menor, toda vez que, una vez fue examinado por el médico de turno, este habría ordenado que el menor fuera llevado a su casa porque su estado no justificaba dejarlo en observación.

Dicen los demandantes, que el menor murió horas después y que, de haber sido atendido adecuadamente, otra hubiera sido su suerte, como que en el hospital se le habrían podido dispensar los cuidados médicos para la insuficiencia respiratoria – bronco-aspiración, por la cual falleció.

Afirman los actores por último que la muerte del menor les ha ocasionado perjuicios morales por los cuales se demanda.

3. La actuación procesal.

El Instituto Nacional de Salud, como parte demandada presentó contestación de la demanda de manera extemporánea, escrito en el cual sostuvo que no le cabe responsabilidad alguna, pues sus funciones se limitan a las de ser una entidad asesora en materia de investigación médico-científica, sin que haya tenido nada que ver en la prestación del servicio de salud por el cual se demanda.

El Ministerio de Salud demandado guardó silencio.

Decretadas las pruebas y fracasada la audiencia de conciliación se corrió traslado para alegar, derecho del que hicieron uso las partes así:

El Ministerio demandado sostiene que de conformidad con la organización del Sistema Nacional de Salud, no le cabe responsabilidad alguna en la ocurrencia de los hechos, toda vez que la causa de los perjuicios por los cuales se demanda, habría tenido ocurrencia en el Hospital Regional San Rafael de Fusagasugá, ente de carácter público que depende del Departamento de Cundinamarca, por lo cual considera, que la demanda estuvo mal formulada al no haberse demandando a dicha entidad. Igualmente resalta que el Ministerio de Salud no es una entidad que preste directamente los servicios de salud, limitándose sus funciones tan solo al establecimiento de políticas y directrices generales.

La parte actora, por su parte, considera debidamente acreditada la legitimación por activa y los presupuestos de la responsabilidad demandada, al encontrar debidamente probados los hechos constitutivos de la omisión en que incurrió el Hospital Regional de Fusagasugá, por lo cual solicita se acceda a las pretensiones.

El Instituto Nacional de Salud demandado, reiteró su planteamiento en el sentido de considerar que en el presente proceso no le cabe responsabilidad alguna a dicho establecimiento público, y que, por otra el demandante ha debido dirigir sus pretensiones en contra del establecimiento a quien le imputa la omisión en la atención médica.

En lo relacionado con la existencia de litisconsorcio necesario entre los entes que fueron demandados y el departamento de Cundinamarca, sostiene que no se dan los presupuestos que lo configuran, por lo cual solicita se denieguen las pretensiones.

El Tribunal de Instancia denegó la solicitud de integración del contradictorio invocada por el demandante, por considerar que en el presente asunto no se dan los presupuestos de dicha figura.

4. La sentencia apelada.

El Tribunal de Instancia denegó las pretensiones, sobre la base de que no se acreditó la legitimación en la causa por activa y por pasiva.

Lo primero por ausencia de prueba del parentesco invocado por los demandantes, padres del menor.

Lo segundo, por considerar que el Hospital Regional de Fusagasugá depende del servicio seccional de Cundinamarca y en esa medida ha debido ser demandado.

5. El recurso de apelación.

Inconforme la parte demandante, apeló de la sentencia por considerar que durante la primera instancia se acompañó el registro civil de defunción del menor C... A... V… R…, documento este que, en su sentir, acredita el parentesco de los actores; más sin embargo, acompañó al recurso, pretendiendo subsanar la falencia probatoria, un registro civil de nacimiento, todo lo cual le permite sostener que el presupuesto de legitimación por activa está debidamente acreditado.

En lo relacionado con la falta de legitimación por pasiva, sostuvo que al haberse vinculado a la Nación como parte demandada, dicha anomalía no se presenta, no obstante que, reconoce que existe una falla procedimental cuyo origen atribuye al Tribunal de Primera Instancia quien no accedió a su petición de integrar el litis consorcio necesario, que en su sentir se configura entre las entidades demandadas y el departamento de Cundinamarca, razones éstas que, le permiten solicitar por conducto de la impugnación presentada, la declaratoria de nulidad de la actuación a partir de la providencia que negó dicha solicitud en la primera instancia.

6. La actuación en esta instancia.

La solicitud de nulidad, contenida en el recurso de apelación, fue rechazada de plano por no haber señalado el solicitante la causal que la configura, mediante providencia de agosto 16 de 1996 (cfr. fls. 133 y 134 cdno. ppal.).

El Ministerio Público interpuso recurso de reposición contra el auto que corrió traslado para alegar en la segunda instancia, para solicitar se incorporara el registro civil de nacimiento, al encontrar que la prueba estaba oportunamente pedida con la demanda, petición a la que se accedió en providencia de noviembre 1º de 1997 .(cfr. fls 155 a 157 cdno. ppal.).

II. Consideraciones de la Sala

La sentencia objeto de impugnación será confirmada en atención a los siguientes hechos y razones que a continuación se exponen:

La Sala no considera que la razón fundamental por la cual se denegaron las pretensiones en la primera instancia lo sea la ausencia de legitimación en la causa por activa, toda vez que, tanto de la prueba documental allegada a la instancia (cfr. fl. 3 cdno. ppal.), como de los testimonios ratificados, se infiere dicho presupuesto sustancial.

Cree, por el contrario, que en un caso como el presente, tratándose de una responsabilidad patrimonial que encontraría su causa en una omisión en la atención médica solicitada para el paciente, se hacía necesario el acreditamiento mediante prueba conducente e idónea de la relación de causalidad que permita imputar a las entidades demandadas, los daños experimentados por los cuales se demanda.

En efecto, sabido se tiene que uno de los presupuestos ontológicos de la responsabilidad es, precisamente, la relación de causalidad, elemento estructural indispensable para poder atribuir el daño antijurídico a la entidad o entidades demandadas. En el caso presente, la parte demandante persigue la declaratoria de responsabilidad patrimonial por lo que consideró una omisión en la prestación del servicio médico que se solicitó el día 7 de octubre de 1992 al Hospital Regional San Rafael de Fusagasugá. Así las cosas, indispensable resultaba determinar no solamente, el hecho objetivo de la solicitud de atención, si no adicionalmente probar, que dicha omisión fue la causa jurídicamente relevante, a efectos indemnizatorios.

En otras palabras, no basta con acreditar una omisión en abstracto, en tratándose de la actividad médica, si no que por el contrario, se reclama una prueba que permita inferir, con visos de realidad, que la conducta asumida por el médico o ente hospitalario, deviene causa regular y adecuada de la consecuencia o evento dañino que se materializa, en el caso concreto, en la muerte del menor.

Ha resultado acreditado durante la instancia que, los padres del menor C... A... V…, al notar que el bebé evidenciaba alguna enfermedad, acudieron al Hospital Regional San Rafael de Fusagasugá en procura de que en dicho centro hospitalario se examinara al niño y se adoptaran las conductas médicas a que hubiera lugar.

En efecto, O... T… R…, rindió declaración sobre el particular y sostuvo:

A la pregunta número tres: Qué conocimiento tiene usted sobre la muerte del hijo de ellos y cuales las circunstancias. CONTESTO: Eso fue como en los primeros días de octubre del año pasado, la señora estaba esperando un niño y yo llegué a la casa de ella y pues tocó llevarla al médico, estaba para dar a luz y el niño murió en el hospital, ella salió del hospital cuando el niño nació, salió del hospital para la casa y después el niño se enfermó y se lo llevaron al médico de urgencias, allá en el hospital, lo examinaron, un médico ahí y entonces él le dijo que el niño estaba bien. Yo llegué a la casa de M… T…, F… estaba trabajando y mandamos a llamar, entonces F… llegó con M…, el patrón y lo llevaron al hospital, eso fue como a las cuatro de la tarde y entonces el médico lo atendió hasta las siete de la noche, más o menos y medio lo examinó y dijo que el niño estaba bien, que lo llevaran para la casa y al otro día el niño murió, F… cogió el niño pero cuando llegó al hospital ya estaba muerto”. (cfr. fl. 38 y 39 del cdno. 2).

Por su parte, M… A…, quien también declaró durante la instancia, se refirió en los siguientes términos:

“... yo fui con F… y lo acompañe, fuimos a la casa y luego fuimos al hospital, como a las cuatro o cuatro y media de la tarde, llegamos al hospital, eso fue un martes, en octubre del 92, no me acuerdo si bien la fecha, el niño tenía como unos dos o tres días de nacido, el nació el domingo como a las tres de la tarde, el martes se enfermó, lo llevamos y estuvimos allí hasta las siete de la noche que fue cuando nos atendieron. Un médico nos atendió de apellido M… y pues él lo examinó y dijo que el peladito no tenía nada, que eso era algo nasal, de la nariz, que no tenía nada, que nos lo lleváramos para la casa, también le dijimos que le formulara algo, que le diera algún medicamento, pero él no quiso, dijo que era natural, que por lo pequeño, que era un moco, que tenía que estarle limpiando la naricita, él nos entregó el niño otra vez y nos dijo que nos fuéramos que no había ningún problema, llevamos el niño a la casa, ellos se quedaron ahí, y yo me fui para la casa, la cosa fue que al otro día cuando yo llegué a la obra ya F… me dijo que había llevado al niño al hospital, pero que ya estaba todo amoratado, estaba muerto, un médico lo miró y dijo que el niño ya estaba muerto, no lo atendió el mismo médico que lo vio el día anterior, sino que fue otro médico”. (cfr. fl. 40 y 41).

Otro declarante, M… R…, depuso en los siguientes términos:

“... Eso fue en octubre de 1992, en los primeros días, se les enfermó un día el niño a M… y lo llevaron al hospital, fueron a buscar a F…, el esposo de ella, para que lo llevaran al hospital, lo llevaron pero allá no lo atendieron, le dijeron que estaba bien, entonces se lo volvieron a llevar para la casa y al otro día amaneció más enfermito y lo volvieron a llevar, pero ya tarde, el bebecito se murió...” (cfr. fl. 46 cdno. 2).

Los demás testigos, según su declaración, son de oídas y, refirieron lo que habrían conocido con relación a la muerte del menor, limitándose a sostener que escucharon que en el hospital no lo habían atendido. (cfr. fls. 40 a 45).

El médico que certificó sobre la defunción, manifestó no recordar los hechos y afirmó que los motivos del deceso son los consignados en el registro civil. (cfr. fl. 48 cdno. 2)

El único documento que se refiere a la causa médica de la muerte lo es un formato sin firma proveniente de la división de medicina legal del Hospital Regional de San Rafael de Fusagasugá, en el cual se lee lo siguiente:

“Conclusión: R.N. que muere de una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a bronco-aspiración”. (cfr. fl. 128 vto. cdno. 2).

Dicha causa de la muerte es la misma que se anotó en el Registro de Defunción obrante a folio 3 del cdno. 2.

De la prueba relacionada, la Sala observa que no se puede inferir desde ningún punto de vista, cuál fue la causa que trajo de consecuencia el deceso del menor C… A…, pues si bien es cierto que, los testigos relataron su propia apreciación personal de lo acontecido el día 7 de octubre de 1992, esto es, dieron cuenta de la asistencia de los padres con el menor a dicho centro hospitalario, dichas declaraciones no pueden extenderse más allá de lo que objetivamente muestran y, por lo mismo, imposible resulta encontrar acreditada la actividad médica que pudo haberse dispensado al menor en aquella oportunidad.

El particularismo de la relación de causalidad en la actividad médica. 

La Sala encuentra, de la valoración objetiva de la prueba testimonial, que de dichas declaraciones tan solo se infiere que el menor de edad fue llevado a dicho centro hospitalario. No se sabe, por no existir prueba en la instancia, en qué consistió la atención o el examen que le practicó el médico de turno a dicho menor; tampoco se acreditó cuál era el cuadro clínico que presentaba en aquella ocasión, mucho menos se puede inferir, con el escaso material probatorio obrante en los autos, sí, atendida la naturaleza de la enfermedad o el estado de evolución que pudiera presentar para entonces el menor C... A..., se hacía necesario, según lo sostienen los demandantes, el internamiento del menor en el centro hospitalario, dado su estado de salud, que se reitera, se ignora por completo en el presente proceso. 

Considera la Sala que, de la prueba de la muerte del menor no puede inferirse la causa de la misma desde la óptica del derecho de daños, como que de la sola mención de la insuficiencia respiratoria certificada por el médico legista, como causa médica de la muerte, no puede seguirse un juicio de atribución desde la perspectiva de la relación causal, a la conducta del centro hospitalario o, eventualmente, a la del médico que atendió la consulta.

Sobre el punto, ha de recordarse que esta corporación ha sostenido frente a casos que encuadran dentro de la responsabilidad médica, que la relación de causalidad en dicha actividad, se caracteriza por un particularismo específico, en relación con el régimen general, circunstancia esta que se sostiene, por las especiales características que tipifican la actividad médica y que exigen una consideración especial de parte del juzgador, en el momento de la valoración de la conducta que se considera causalmente ligada a los resultados nocivos. 

Dicho en otras palabras: En tratándose del acreditamiento del elemento causal, hácese(sic) indispensable la demostración de que la conducta del médico tratante o, en su caso, del centro hospitalario a quien se imputan las consecuencias dañinas, resultan ser la causa adecuada del desenlace producido en el paciente, pues sabido se tiene que el mero contacto del médico con el paciente, no resulta ser un elemento probatorio suficientemente descriptivo que permita tener por acreditada la causalidad exigida por el régimen de responsabilidad.

Se hace la anterior afirmación, toda vez que el caso concreto pone de presente que existió un contacto de la entidad hospitalaria con el menor recién nacido, pero no se sabe, qué consecuencias se pueden atribuir al médico en relación con el resultado muerte y, desde luego, aquel resultado no puede atribuirse por la vía de las suposiciones, pues por este camino, se corre el riesgo de atribuir a la conducta del médico demandado, la totalidad de las consecuencias nocivas que haya podido experimentar el paciente, sin que se encuentren eventualmente ligadas al comportamiento de aquél, resultado este que desde la perspectiva del régimen de responsabilidad, no puede aceptarse.

Recuérdese que, en materia de responsabilidad, el demandado ha de cargar con las consecuencias que se encuentren ligadas a su comportamiento, pero de ninguna manera, habrá de asumir aquellas que no encuentren origen en su conducta y que, por el contrario, tengan su causa en un comportamiento ajeno o, en el caso de la responsabilidad médica, sean el resultado de la evolución natural de la enfermedad del paciente.

La Sala en asunto similar que no idéntico, con ponencia de quien ahora proyecta ésta y, en relación con el análisis y tratamiento que ha de merecer en materia de responsabilidad médica, el elemento causal, sostuvo lo siguiente:

“Con la mejor doctrina se ha de sostener que:

“En tal sentido, creemos que el mero contacto físico o material entre el actuar profesional y el resultado, no siempre ha de ser decisivo para tener configurada la relación causal, pues en la actividad médica el daño no es, de suyo, en todos los casos, revelador de culpa o de causalidad jurídica (adecuada). En rigor, a partir de la evidencia de que el enfermo acude al médico por lo común con su salud desmejorada, a veces resulta difícil afirmar que existe un daño y, en otras oportunidades, los tropiezos se localizan en el establecer si ciertamente el daño (existente), obedece al actuar médico o si deriva de la evolución natural propia del enfermo.

“Esta última afirmación nos conduce de la mano a reiterar que en tema de la responsabilidad galénica, el contacto físico entre un profesional y un paciente que experimenta daños, no permite indefectiblemente imputar estos daños al susodicho profesional, pues las pruebas aportadas al proceso, con suma frecuencia, suscitan dudas acerca de si el obrar médico fue en verdad el que ocasionó los perjuicios. Al hilo de la exposición, se nos ocurre que si un automovilista asciende a la acera con su rodado y enviste a un transeúnte, ese mero contacto físico basta para tener probada la autoría de los daños que se establezcan adecuados —salvo la contraprueba que destruya el nexo causal, no siempre factible de demostración—. En cambio, frente al daño médico es muy común que las constancias procesales pongan de manifiesto que el perjuicio pudo ocurrir por el hecho del profesional o por una o varias causas ajenas derivadas fortuitamente del propio estado de salud del enfermo —amén de los supuestos de hecho (o culpa) de éste último—. Hace algún tiempo decíamos que en la actividad médica hay una suerte de especialidad en torno de algunos principios —relacionados con el punto tratado—, en vista del particularismo que ese quehacer presenta, de la especial naturaleza del deber galénico, de la siempre viva presencia del hecho científico encarnado en un sector de la cultura donde los conceptos tienen un hábito de relativismo —o de relatividad—, etcétera”.

En el caso concreto, no solamente se echa de menos la ausencia de prueba que le permita al juzgador atribuir el resultado muerte a una eventual conducta omisiva, pues se reitera, tan solo se sabe que el menor fue llevado al centro hospitalario, si no que igualmente, de la prueba recaudada tampoco puede predicarse que se haya presentado lo que el demandado califica como omisión, pues la prueba testimonial relacionada no da cuenta de ella, como que algunos testigos sostuvieron que el médico de turno si examinó al paciente y otros, por el contrario, afirman que no se le atendió, sin que en últimas, se pueda conocer en realidad, si el paciente requería una atención diferente a la que eventualmente se le pudo dispensar, todo lo cual se sostiene en atención a la total ausencia de elementos probatorios que pudieran permitir atribuir dicho resultado a la conducta del centro hospitalario.

Desde luego que, la lógica de las cosas, indica que lo menos que reclamaba el acreditamiento de este elemento de la responsabilidad demandada, era determinar el cuadro clínico que evidenciaba el menor para el día de los hechos, prueba ésta que se reclamaba para poder tener un punto de referencia cierto que permitiese atribuir el resultado muerte a la conducta médica del centro hospitalario donde fue atendido. Es más, tan solo se afirma en la demanda, que de haber sido sometido el paciente a un análisis exhaustivo, el resultado hubiese sido otro, afirmación ésta, que no pasa de ser una suposición de los demandantes y que por lo mismo no puede fundar un juicio de responsabilidad.

La concurrencia o participación plural de autores en el daño no configura litisconsorcio necesario.

De otra parte, en lo relacionado con la existencia de un litisconsorcio necesario en el asunto objeto de conocimiento que se encontraría integrado por la Nación y el Departamento de Cundinamarca, entidad territorial ésta de la que dependería el Hospital Regional San Rafael de Fusagasugá, centro hospitalario a donde fue llevado el menor C… A… y, no obstante que, ya la corporación tuvo ocasión de pronunciarse sobre la pretendida nulidad procesal, que según el actor, se configuraría por la falta de integración del contradictorio, estima la Sala oportuno hacer la siguiente precisión:

En primer lugar, debe tenerse presente que la figura del litisconsorcio necesario que encuentra origen normativo en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, se caracteriza fundamentalmente por la existencia de una única relación jurídica o de un acto jurídico respecto de los cuales existe cotitularidad de sujetos o, dicho en otros términos, hay litisconsorcio necesario cuando el asunto objeto de conocimiento por parte de la jurisdicción reclama una decisión uniforme para todos los litisconsortes, sujetos titulares de la misma relación jurídica o del mismo acto jurídico que es objeto de controversia.

Así las cosas, la integración del contradictorio disciplinada en el artículo 83 del código de procedimiento civil es procedente, incluso antes de que se dicte sentencia de primer grado, cuando el asunto objeto de conocimiento reclama para su solución, mediante sentencia de mérito o fondo, la presencia en el proceso de todos los sujetos titulares de la relación jurídica objeto de conocimiento, como un presupuesto indispensable para el proferimiento de una sentencia de fondo.

Bien se ha dicho que, cuando se configura dicha modalidad litisconsorcial la sentencia con que se decida la controversia ha de ser, en cuanto a su contenido, idéntica y uniforme para todos los litisconsortes, razón por la cual, si alguno de los cotitulares de dicha relación jurídico material no se encuentra presente en el proceso, la conducta procesal que debe observar el juzgador que advierta oportunamente dicha anomalía, es la de proceder a integrar el contradictorio, previa citación del sujeto ausente, como condición para poder fallar de fondo el respectivo proceso en primera instancia. Si tal defecto omisivo se detectase después de este acto procesal, lo que se impone es la nulidad procesal.

Lo anterior supone, que el criterio para establecer si se está en presencia de un litisconsorcio necesario viene determinado por la naturaleza propia del asunto o por expreso mandato legal, en todos aquellos eventos en los cuales el legislador ordena perentoriamente la citación y comparecencia de determinado sujeto de derecho.

En el caso presente, no se configura el presupuesto del litisconsorcio necesario por la circunstancia de que existan, eventualmente, varias entidades públicas a quienes pueda atribuirse la responsabilidad por los daños demandados.

En efecto, la responsabilidad patrimonial demandada puede ser atribuida o imputada, según sea el caso, a todos aquellos sujetos de derecho que eventualmente hayan concurrido causalmente a la producción del daño, caso en el cual, la participación plural de varios sujetos de derecho trae de consecuencia la declaratoria de responsabilidad de manera solidaria, en aplicación del principio general que indica, que todo daño que pueda ser atribuido —entiéndase imputado concausalmente— a dos o más sujetos de derecho, origina una responsabilidad de naturaleza solidaria en la obligación indemnizatoria.

Más sin embargo, la concurrencia de eventuales responsables no implica , indefectiblemente, que la demanda deba dirigirse contra todos los causantes del perjuicio, como que es bien probable que la víctima del daño opte por perseguir a uno o a varios individualmente y no de manera simultánea, de acuerdo con sus propios intereses y sin que pueda predicarse, que la concausalidad exija la citación de todos los sujetos eventualmente responsables, como que se trata de una decisión del afectado, quien atendidos variados motivos y razones, elegirá libremente, en contra de quién endereza sus pretensiones en orden a la declaratoria de responsabilidad.

Lo anterior pone de presente que si el daño por el cual se demanda puede ser atribuido —imputado causalmente— a dos o más sujetos de derecho, la única consecuencia que de allí se sigue, es la posibilidad de que la declaratoria de responsabilidad, presupuesta la concausalidad, sea de manera solidaria, lo cual no es otra cosa que, atribuirle a la obligación indemnizatoria que encuentra claridad en la sentencia, la calidad de la solidaridad, atributo éste que, a su turno legítima al acreedor de la condena para perseguir su efectividad en contra de los varios deudores solidarios, de manera simultánea o sucesiva, tal cual lo expresa con meridiana claridad el artículo 1571 del Código Civil:

“El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este pueda oponérsele el beneficio de división”.

Es precisamente por lo anterior que, ni aún en presencia de una obligación solidaria, se configura el litisconsorcio necesario, pues es característica de la solidaridad el que el acreedor pueda dirigirse a su guisa contra cualquiera de los deudores solidarios, pese a que se trata de la misma relación obligatoria y que, el pago que cualquiera de los deudores solidarios realice, beneficia y libera a los demás, sin perjuicio de la subrogación estatuida legalmente.

Ahora bien, la circunstancia de que el actor no haya demandado al departamento de Cundinamarca o, al Hospital Regional San Rafael de Fusagasugá, no permite sostener a la luz del artículo 83 del código de procedimiento civil, que el contradictorio no se encuentra debidamente integrado, pues es claro para la Sala que, la responsabilidad demandada no exige perentoriamente la citación y comparecencia de todos los supuestos partícipes en los daños demandados, de una parte y, tampoco puede predicarse la existencia de cotitularidad de una misma e idéntica relación jurídica en el caso concreto, como que es perfectamente posible, que la responsabilidad perseguida pueda declararse respecto de uno de los demandados y por el contrario, negarse frente a los demás, lo cual está poniendo de presente, que la sentencia que dirima la controversia, en manera alguna habrá de ser idéntica para todos los copartícipes del daño demandado, con lo cual, se evidencia, la ausencia del presupuesto fundamental para la configuración de la figura litisconsorcial, en la modalidad de necesario.

Más bien por el contrario, habrá de sostenerse que el actor omitió demandar al departamento de Cundinamarca o al Hospital Regional San Rafael de Fusagasugá o a la entidad territorial de la cual dependa dicho centro hospitalario —circunstancia por lo demás no acreditada durante la instancia—, no obstante que fue allí donde se dice ocurrió la omisión en la prestación de los servicios médico asistenciales, circunstancia esta que, para los efectos perseguidos por el demandante, hacía necesaria la vinculación del respectivo ente, no por tratarse de un litisconsorte necesario, sino en atención a que habida consideración de la causa de pedir, la presencia de dicho ente o la demostración adecuada de su participación en los hechos, resultaba obligada en orden al acreditamiento de las pretensiones; falencia ésta que, no puede pretender solucionarse por la vía de un inexistente litisconsorcio necesario, que según el impugnante exigiría su integración para dirimir el conflicto planteado.

Por último, observa la Sala que debido al escaso material probatorio allegado a la instancia, no puede saberse ni siquiera si el médico que se dice atendió al paciente se encuentra vinculado a una de las entidades que integran el Sistema Nacional de Salud, pues sobre tal aspecto no existe prueba alguna, como no la hay de la historia médica levantada con ocasión de la atención o del examen practicado al menor el 7 de octubre de 1992, o, de la ausencia de dicho documento, circunstancias estas que impiden inferir el juicio de imputación en contra de las entidades demandadas.

Sobra decir que el Instituto Nacional de Salud, nada tiene que ver con el tema objeto de controversia y, su presencia en el proceso no puede obedecer si no a una equivocación manifiesta en el momento de la elaboración de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el quince (15) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996).

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de fecha.

Magistrados: Ricardo Hoyos Duque—Jesús María Carrillo Ballesteros, presidente de la Sala—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández—Germán Rodríguez Villamizar.

Carlos Alberto Corrales, secretario.