Sentencia C-1196 de febrero 18 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FALTA DE COMPETENCIA POR EL FACTOR TERRITORIAL

SÓLO SE PUEDE ALEGAR HASTA LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

EXTRACTOS: «Procede la Sala a resolver el conflicto negativo de competencias suscitado entre los Tribunales Administrativos de Risaralda y Caldas, con ocasión de la acción de reparación directa presentada por la señora Fanny García Montes y otros contra la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal - seccionaI Risaralda.

Antecedentes

1. La señora Fanny García Montes y otros, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, concurrieron ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, con el propósito de que se declare responsable a la Caja Nacional de Previsión Social, de los perjuicios materiales y morales que sufrieron como consecuencia de la práctica inadecuada de un reemplazo total de cadera a que se sometió la actora, y que le ocasionó la lesión del nervio ciático del pie izquierdo.

2. El 29 de enero de 2002, por medio de apoderado, la entidad demandada contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones.

3. Por medio de auto del 31 de julio de 2002, el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró su falta de competencia territorial, para conocer el proceso y resolvió remitir las diligencias al Tribunal Administrativo de Caldas. Sostuvo que la cirugía causante del daño se realizó en el Hospital Santa Sofía de Manizales, por lo cual, a su juicio, el competente para conocer el proceso es el Tribunal de Caldas de conformidad con los artículos 131.10 y 132.10 del Código Contencioso Administrativo.

5. Remitido el expediente al Tribunal Administrativo de Caldas, este, mediante auto del 13 de septiembre de 2002, sostuvo que quien debe conocer del presente asunto es el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Adujo que, de acuerdo con el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, la nulidad causada por la falta de competencia distinta de la funcional se considera saneada cuando no se haya alegado como excepción previa, caso en el cual el juez seguirá conociendo el proceso. Agregó que si bien es cierto la falta de competencia territorial genera nulidad, en este caso, la misma se encuentra saneada, por haber actuado la entidad demandada en el proceso sin alegarla; por ello, “la conducción y decisión final debe quedar en cabeza del órgano colegiado que inició su instrucción”.

6. En auto del 3 de octubre de 2002, el Tribunal Administrativo de Risaralda manifestó su desacuerdo con lo sostenido por el Tribunal de Caldas y, en consecuencia, decidió enviar el expediente a la Sala Plena del Consejo de Estado, para que resolviera el conflicto negativo planteado. Afirmó que carece de competencia para conocer el proceso, por cuanto los hechos que originaron la demanda tuvieron lugar en el Hospital Santa Sofía de Manizales; en relación con el saneamiento de la causal de nulidad sostuvo lo siguiente:

“No comparte la corporación las apreciaciones hechas por el homólogo de Caldas, toda vez que hay antecedentes jurisprudenciales que hacen referencia a que en esta jurisdicción no son aplicables las excepciones previas, pues todas son de fondo y se deciden en la sentencia. Ello conlleva a decir que no es posible el saneamiento de la nulidad por falta de competencia con base en el factor territorial”.

7. Corrido el traslado a las partes por el término de tres (3) días para presentar alegaciones, éstas guardaron silencio.

Consideraciones de la Sala

De conformidad con el artículo 215 del Código Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para dirimir el conflicto negativo de competencias surgido entre los Tribunales Administrativos de Risaralda y Caldas.

Es preciso advertir que, en este caso, el conflicto de competencias entre los mencionados tribunales surge de la discusión planteada respecto de la existencia o inexistencia de una causal de nulidad de la actuación, cuyos argumentos han sido presentados en los numerales 5º y 6º del acápite anterior, y no de la falta de competencia territorial pues, para las dos corporaciones, es claro que la misma se encuentra en cabeza del Tribunal Administrativo de Caldas.

En casos similares al que hoy ocupa la atención de la Sala, el magistrado ponente de esta providencia ha manifestado, al salvar su voto, que no se debe realizar pronunciamiento alguno sobre el saneamiento de la nulidad, por considerar que la Sala Plena de esta corporación carece de competencia para decidir sobre la nulidad procesal y su saneabilidad (1) . No obstante lo anterior, hecha una nueva reflexión, considera que existen ciertas consideraciones de las que, necesariamente, resulta la conclusión contraria, como se expondrá a continuación.

(1) Consejo de Estado, Sala Plena, salvamento de voto, Providencia del 21 de agosto de 2001, Exp. C-744.

Lo primero que se debe advertir es que, en los casos de conflicto de competencia por el factor territorial, el tema de la nulidad procesal y su saneabilidad son temas inseparables. En efecto, conforme a la legislación civil, la competencia por el factor territorial es un asunto que debe determinarse al inicio del proceso y si, por alguna circunstancia, dicha competencia se definió de manera equivocada y la parte afectada no alegó el error como excepción previa, el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez que empezó a conocer del proceso, debe continuar haciéndolo. Así las cosas, es claro que en procedimiento civil, el conflicto por falta de competencia territorial sólo se puede presentar hasta antes de que se dé traslado a la demandada —oportunidad para proponer excepciones previas— pues, una vez transcurrida esta oportunidad, la ley se encarga de definir el conflicto, radicando la competencia en cabeza del juez que inició el conocimiento.

Ahora bien, teniendo en cuenta la remisión consagrada en el artículo 165 del Código Contencioso Administrativo, es necesario establecer si la normatividad que regula las nulidades, especialmente aquella que se refiere al saneamiento de las mismas, es aplicable en el proceso contencioso administrativo.

Sobre este tema la Sala Plena de esta corporación ha dicho que, si bien es cierto en el proceso contencioso no existen excepciones previas, la norma no puede ser interpretada de manera restrictiva, so pena de desconocer el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal y el principio de celeridad. Éstas son sus palabras:

“Desde este enfoque, es claro que las nulidades y demás irregularidades subsanables por la actuación procesal de las partes dentro del litigio, no pueden quedar supeditadas al requisito formal de su alegación inicial dentro de la oportunidad legalmente señalada para que quede trabada la litis, pues es obvio que si en el proceso contencioso administrativo desapareció la posibilidad de proponer excepciones previas, no ocurrió lo mismo respecto de otros aspectos determinantes de la competencia, como las nulidades y la forma de sanearlas, cuya vigencia y aplicación, por mandato expreso del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo quedaron regidas por las disposiciones que, en lo pertinente, se encuentran previstas en el Código de Procedimiento Civil.

El saneamiento de algunas de las irregularidades consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por el silencio de las partes, está expresamente señalado en la ley procesal por lo que su consagración obedece más que al rígido criterio de su presentación bajo una denominación exceptiva que desapareció dentro de la regulación contencioso administrativa, a los principios orientadores de la actuación administrativa sobre economía, eficacia y celeridad; y sobre la prevalencia de lo sustantivo sobre lo formal establecido en la Constitución Nacional” (2) .

(2) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo providencia del 11 de mayo de 1993, expediente Nº C-227.

En decisiones posteriores, esta corporación sostuvo que la nulidad por falta de competencia territorial no es saneable en la jurisdicción de lo contencioso administrativo (3) , y que, en estos casos, no es posible pronunciarse sobre el saneamiento de la nulidad por falta de competencia territorial (4) , razón por la cual la Sala considera necesario precisar las reglas que gobiernan el caso.

(3) En esas oportunidades se dijo que la nulidad por falta de competencia territorial no es saneable puesto que en el proceso contencioso administrativo no existen excepciones previas. Así mismo, se dijo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es una sola y que, conforme al Código Contencioso Administrativo, la ley establece sólo requisitos y formalidades corregibles para hacer admisible la demanda y dos causales de inadmisibilidad - falta de jurisdicción o caducidad - que no son susceptibles de enmienda. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala Plena, providencia del 24 de febrero de 1995, Exp. C-279, providencia del 23 de noviembre de 1995, Exp. C-296 y providencia del 23 de septiembre de 1997, Exp. C-369.

(4) En providencia del 19 de febrero de 2002, al resolver un caso similar, la Sala sostuvo que las normas que regulan los conflictos de competencia no consagran límite temporal para que se suscite y dirima el conflicto de competencia y, por ello, no consideró procedente pronunciarse sobre la nulidad por falta de competencia territorial. Consejo de Estado, Sala Plena, Exp. C-001.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 142 a 145 del Código de Procedimiento Civil, en materia de nulidades procesales, el principio general es el de saneamiento, el cual tiene íntima relación con los principios de economía procesal, eficacia de la justicia y prevalencia de las normas sustanciales sobre las procesales. En este sentido, la doctrina ha afirmado:

“Pero además la orientación del sistema procesal civil, a todas luces atinada, se enfoca a que no obstante que en determinados casos pueda estructurarse la causal de nulidad o, empezar a darse la simiente de la misma, permitir que el juez y las partes puedan precaver que se llegue a consolidar la nulidad o incluso, estructurada ésta, se la pueda sanear, todo lo cual lleva a la conclusión que la declaratoria de nulidad dentro de un proceso únicamente en casos excepcionales puede darse. (...).

En otros términos, el afán del legislador colombiano en busca de evitar en lo posible anulación de actuaciones fue extremado y si la irregularidad-nulidad no cercenó el ejercicio del derecho de defensa de las partes y se cumplió el objetivo perseguido con el proceso, auspicia el saneamiento de esos vicios, tendencia que recogió con buen criterio la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989, de ahí que no sea exagerado sostener que sólo en casos raros será viable anular un proceso, tal como se desprende del análisis que adelante se hace del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, pues es lo cierto que se busca a toda costa facilitar el saneamiento de la mayoría de las causales de nulidad” (5) .

(5) LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, “Procedimiento Civil, Parte General Tomo I”, Editorial Dupré (Bogotá - Colombia) 2002, Págs. 897, 898 y 900.

La posibilidad de sanear la nulidad por falta de competencia territorial, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es más clara aún, si se tiene en cuenta que el numeral 1º del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil establece que la nulidad se considera saneada cuando la parte que podía alegarla no lo hizo y, el último inciso del numeral 6º, establece que las únicas nulidades que no son saneables son las consagradas en los numerales 3º y 4º del artículo 140 y la proveniente de falta de jurisdicción o competencia funcional.

En relación con el argumento según el cual la nulidad por falta de competencia territorial no es saneable, por cuanto en la jurisdicción de lo contencioso administrativo no existen excepciones previas, es necesario tener en cuenta que los hechos que constituyen tales excepciones en el proceso civil, previstas en el artículo 97 Código de Procedimiento Civil, pueden ser planteadas, en el trámite del proceso contencioso administrativo, como fundamentos para recurrir, como causales de nulidad procesal y/o como argumentos de defensa en la contestación de la demanda. Sobre lo primero, el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo señala lo siguiente:

“ART. 143.—Inadmisión y rechazo de la demanda. Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores y su presentación no interrumpe los términos para la caducidad de la acción. (...).

En caso de falta de jurisdicción o de competencia mediante decisión motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, a la mayor brevedad posible. (...).

Contra el auto admisorio sólo procederá recurso de reposición, pero si resuelve la suspensión provisional procederá el de apelación, cuando el auto sea dictado por el juez o sala, sección o subsección del tribunal en primera instancia o, el de reposición, cuando sea dictado por la sala, sección o subsección del tribunal o del Consejo de Estado en única instancia.

Los recursos podrán fundarse también en las causales de que trata el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil” (subraya la Sala).

Lo último, esto es, la posibilidad de alegar los hechos constitutivos de excepciones previas al contestar la demanda, resulta de la simple asimilación de la oportunidad legal prevista en el Código de Procedimiento Civil para la advertencia del vicio.

Lo anterior implica que si el demandado no interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, y tampoco alegó los hechos que configuran la nulidad al darle contestación a la misma, perdió la oportunidad para cuestionar la validez de lo actuado en el proceso (6) . Es éste el entendimiento que, en opinión de la Sala, debe darse a las normas citadas del Código de Procedimiento Civil, aplicables en el procedimiento contencioso administrativo, y cuyo propósito es asegurar que este tipo de nulidades sean declaradas en la etapa inicial del proceso, a fin de evitar dilaciones posteriores e injustificadas.

(6) En este sentido se ha pronunciado en diferentes oportunidades la Sección Tercera del Consejo de Estado. Al respecto ver: Sentencia del 25 de julio de 2002. Expediente Nº 18.092.

Conforme a lo expuesto, forzoso es concluir que también en el proceso contencioso administrativo la falta de competencia por el factor territorial sólo se puede alegar hasta la contestación de la demanda, pues de no hacerse en las oportunidades mencionadas, la propia ley se encargó de resolver el conflicto, radicando la competencia en cabeza del juez que primero conoció del proceso.

Por último, se debe tener en cuenta que aceptar que la falta de competencia territorial subsiste, aun después de transcurridas las oportunidades que, conforme a la ley, tiene el interesado para alegarla, implica dejar sin aplicación el artículo 144.5 del Código de Procedimiento Civil o, lo que es peor, sostener que el mismo sólo tiene aplicación en determinadas oportunidades procesales con lo que contraría, como se dijo, los principios de celeridad y de primacía de lo sustancial sobre lo meramente formal.

Caso concreto

De acuerdo con los artículos 131.10 y 132.10 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos de reparación directa, la competencia, en razón del territorio, “se determinará por el lugar donde se produjo o debió producirse el acto o se realizó el hecho (...)”. Teniendo en cuenta que, en este caso, el hecho que produjo el daño a la señora García fue la cirugía realizada en el hospital Santa Sofía de Manizales, es claro que el tribunal competente es el de Caldas.

No obstante lo anterior, la parte demandada no alegó, mediante el recurso de reposición, la supuesta falta de competencia territorial dentro del término de ejecutoria del auto admisorio de la demanda, ni lo hizo al contestar la demanda. Tampoco en esa oportunidad se suscitó el conflicto de competencias. Por esa razón, la parte actora perdió la oportunidad de alegar la nulidad y precluyó la posibilidad de suscitar el conflicto: en consecuencia, ya no existe falta de competencia territorial del Tribunal de Risaralda razón por la cual dicha corporación debe continuar conociendo el proceso, como lo establece el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

DECLÁRASE que el competente para conocer la Acción de reparación directa promovida por la señora Fanny García y otros contra la Caja Nacional de Previsión Social - seccional Risaralda, es el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Remítase el proceso a la citada corporación y envíese copia de esta providencia al Tribunal Administrativo de Caldas para que efectúe las anotaciones de rigor».

(Auto de 18 de febrero de 2003. Expediente C-1196. Consejero Ponente: Dr. AlierEduardo Hernández Enríquez).

SALVAMENTO DE VOTO

I. En la providencia dictada por la Sala se definió el conflicto de competencias judiciales suscitado entre los tribunales contenciosos administrativos de Risaralda y de Caldas.

II. Frente a tal providencia disentí, respetuosamente porque, como lo he sostenido (1) , el conflicto de competencias judiciales entre dos tribunales administrativos debe definirse ante la ley. Y lo afirmo así por lo siguiente:

(1) Salvamento de voto. Auto del 21 de agosto de 2001, actor: Eurípides Benavides y otros, radicación C-744.

Es jurídicamente cierto, como lo afirmó el Tribunal Administrativo de Caldas, que cuando un tribunal que no tiene competencia territorial admite la demanda, si el demandado no recurre dicho auto, él mismo no puede después alegar la falta de competencia territorial de dicha juez. Pero también es jurídicamente cierto, que la incompetencia territorial ante la ley puede ser advertida o 1) por el propio juez que equivocadamente admitió la demanda, para que el proceso siga su curso ante el tribunal competente ante la ley, o 2) por cualquiera de las partes.

La competencia no es asunto de escogencia ni de las partes ni del juez; simplemente es cosa distinta es que el legislador haya dicho que la competencia de lo actuado sin competencia territorial sea saneable. Esto dice pero de la validez de lo surtido, pero no dice que debe proseguirse ante la autoridad judicial que carece de competencia territorial.

En mi concepto si en verdad la Sala consideró que la incompetencia territorial del Tribunal Administrativo de Risaralda quedó saneada, este motivo debió ser la razón para inhibirse sobre la definición del conflicto de competencias judiciales, para que la decisión fuera acorde con la propia motivación, la cual indica que el saneamiento de la incompetencia territorial es la causa de que el Tribunal de Caldas fuera el competente. Tal situación conduciría a concluir que cuando se da la incompetencia territorial y se sigue el adelantamiento del juicio, la competencia territorial queda definida de esta manera.

III. Por otra parte, advierto que el Código Contencioso Administrativo hace visible que el conflicto de competencias entre tribunales será decidido de oficio o a petición de parte por el Consejo de Estado (art. 216). Ello significa que el juez puede advertir su incompetencia territorial a pesar de que haya admitido el auto admisorio de la demanda y que el demandante o el demandado pueden proponer el conflicto.

Deben diferenciarse;

• La alusión hecha antes respecto a que el demandado que no alegó la falta de competencia territorial del juez en su momento (en la jurisdicción contencioso administrativa mediante el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda) no puede proponer la causal de nulidad, con

• La referencia, también anotada al principio, con el derecho legal de las partes y del juez de proponer el conflicto de competencias el cual tiene otro objetivo.

Si no fuera así, la norma de conflicto de competencias no se habría expedido porque, el demandante fue el que interpuso la demanda en el lugar que no era; el juez la admitió a pesar de su falta de competencia territorial y el demandado no propuso reposición del auto admisorio. El contenido del citado artículo 216 del Código Contencioso Administrativo tiene un marcado sentido de la legalidad, pues deja a manos del juzgador o de cualquiera de las partes de la proposición del conflicto, independientemente de que el demandante, fue quien propuso la demanda, el juez, fue quien admitió, y el demandado, fue quien dejó ejecutoriar este auto sin recurrirlo en reposición.

La finalidad de la definición del conflicto de competencias judiciales tiene como blanco el que los procesos se tramiten territorialmente en el lugar que deben adelantarse.

Por ello creo que aunque un juicio se haya adelantado en sitio territorial distinto al que corresponde, y que lo surtido se entienda saneado, no desdice de la falta de competencia territorial ante la ley.

Por otra parte, la competencia de la Sala Plena de lo contencioso administrativo para dirimir esos conflictos, se decide de acuerdo con las normas legales, y no con las actuaciones de los sujetos procesales (partes y juez) no adecuadas con el ordenamiento jurídico.

El conflicto de competencias en su solución busca adicionar las competencias de los tribunales a las previsiones legales. A esto se debe el contenido del último inciso del artículo 215 del Código Contencioso Administrativo, el cual deja ver que el conflicto de competencias puede definirse después de que el tribunal incompetente ha adelantado actuaciones: “la falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del conflicto”.

En los anteriores términos salvo el voto a la providencia que precede.

María Elena Giraldo Gómez 

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto me aparté de la decisión mayoritaria, por cuanto considero que no ha debido la Sala variar el lineamiento jurisprudencial que adoptó en el auto del 19 de febrero de 2002, expediente número C-01 y que ha venido aplicando al resolver cuál es el momento procesal que le permite al juez contencioso que está conociendo del proceso, declarar su incompetencia por el factor territorial, pues no encuentro razones distintas de las que se esgrimieron otrora, en el cual, por mayoría, se aceptó que no existe límite temporal dentro del cual deba el juez contencioso declarar su incompetencia.

Y no existe límite temporal para ello, pues el artículo 215 del Código Contencioso Administrativo, que se encuentra dentro del título XXVI - capítulo I el cual se refiere a los procesos especiales ante la jurisdicción contencioso administrativa y a los conflictos de competencia y jurisdicción, nada señala al respecto, como se puede observar palmariamente de su texto que dice:

“Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos serán decididos de oficio o a petición de parte por el Consejo de Estado, conforme al siguiente procedimiento.

Cuando una sala o sección de un tribunal declare su incompetencia para conocer de un proceso por considerar que corresponde a otro tribunal ordenará remitirlo a éste, mediante auto contra el cual sólo procede el recurso de reposición. Si el tribunal que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso a la Sala Plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado para que decida el conflicto. (...)”.

Pero además, la citada norma establece en su último inciso, lo siguiente: “La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del conflicto”, indicando con ello la existencia de actuaciones judiciales anteriores, no circunscritas, como se dijo en este caso, a la admisión de la demanda.

Así mismo, la prescripción anterior tiene como propósito evitar que se pierda el esfuerzo judicial que se ha llevado a cabo, por lo que mal puede darse la dilación del proceso que tanto preocupa a la Sala.

La razón pues de mi disentimiento consiste básicamente en que no existen razones diferentes, como dije al iniciar este salvamento, de las que se expusieron cuando se adoptó la tesis jurisprudencial, que hoy igualmente se revisa. Soy consciente de que el juez no puede quedar invariablemente atado a sus propias interpretaciones, pues tales reglas de interpretación no tienen fuerza de ley. Sin embargo, como juez también me asalta la gran preocupación de variar la jurisprudencia sin esgrimir razones contundentes que justifiquen y expliquen de manera razonada la nueva orientación interpretativa, pues ello menoscaba el alto objetivo de la seguridad jurídica que debe imperar en nuestro ordenamiento legal.

Bogotá, D.C., once (11 ) de marzo de dos mil tres (2003)

Ana Margarita Olaya Forero 

SALVAMENTO DE VOTO

En relación con los argumentos expuestos por la Sala Plena de esta corporación en el proceso de la referencia, discrepo de los mismos por las siguientes razones.

El título XXVI del Código Contencioso Administrativo, referido a los procesos especiales ante la jurisdicción contencioso administrativa, en el capítulo I, trata de los conflictos de competencia y jurisdicción.

En relación con el conflicto de competencia, el artículo 215 dispone:

“Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos serán decididos de oficio o a petición de parte por el Consejo de Estado, conforme al siguiente procedimiento.

Cuando una sala o sección de un tribunal declare su incompetencia para conocer de un proceso por considerar que corresponde a otro tribunal ordenará remitirlo a éste, mediante auto contra el cual sólo procede el recurso de reposición. Si el tribunal que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso a la Sala Plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado para que decida el conflicto”

La norma que se acaba de transcribir, no establece un límite temporal dentro del cual el juez contencioso deba declarar su incompetencia. Por el contrario, de la lectura atenta de dicha disposición se deduce que el juez está facultado para que en el momento en que la observe, así lo declare y envíe el proceso al competente.

No otra interpretación puede darse a dicha norma, cuando en su último inciso dispone: “La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del conflicto”.

Esta afirmación presupone la existencia de actuaciones judiciales anteriores y tiene como fin evitar que el esfuerzo judicial hasta entonces llevado a cabo, se pierda.

Atendiendo las reglas de competencia territorial conforme a las cuales en las acciones de reparación directa el conocimiento del asunto se atribuye al tribunal donde ocurrieron los hechos, a mi juicio al Tribunal Administrativo de Caldas debió remitirse la actuación, sin que el momento procesal en que se encontraba la controversia fuera óbice para impedirlo, pues el legislador no ha establecido términos perentorios e improrrogables para proceder a ello.

Alejandro Ordóñez Maldonado 

SALVAMENTO DE VOTO

A continuación y con el debido respeto consigno el salvamento de voto a la providencia aprobada mayoritariamente por la Sala Plena.

No comparto la decisión por cuanto la providencia fue más allá de determinar la competencia del tribunal que debe conocer del asunto y se refirió expresamente a la nulidad y su saneamiento, sin considerar que el pronunciamiento exclusivamente sobre aquélla en nada afecta al proceso por lo que el competente puede seguir su trámite (CPC, art. 148 inc. final). De otro lado estimo oportuno señalar que en el Código Contencioso Administrativo no existe la competencia a prevención ni se aplica por remisión al Código de Procedimiento Civil, por no tratarse de ningún vacío que deba llenarse con este último estatuto.

Se precisa también que existe norma especial referida tanto al saneamiento de la nulidad corno a que el conflicto solo puede definirlo el Consejo de Estado según las voces del artículo 215 del Código Contencioso Administrativo cuando dice “Los conflictos de competencia entra los tribunales administrativos serán decididos de oficio a petición de parte por el Consejo de Estado...” y además en el último inciso claramente se establece: “La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del conflicto”.

Con todo respecto,

María Inés Ortiz Barbosa 

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