CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Actor: Proyectos y construcciones urbanizadora nacional.

Demandado: Instituto de Crédito Territorial.

EXTRACTOS: «Del acervo probatorio relacionado y muy a pesar de que las partes contratantes dijeron liquidar con carácter definitivo el contrato de cofinanciación mediante acta suscrita el 12 de julio de 1985, es lo cierto que de aquella liquidación surgían obligaciones para las partes, que según el claro texto del acta, debían desarrollarse y ejecutarse con posterioridad a aquella fecha, toda vez que la entrega de los pagarés, forma pactada en el contrato e igualmente asumida en el acta de liquidación para cumplir con el reembolso de los aportes, debía realizarse con posterioridad y según el contenido del pacto contractual arriba relacionado, la entrega de los títulos estaba sujeta al cumplimiento de una condición, consistente en la suscripción del acta definitiva y el otorgamiento de las garantías, para el caso la de estabilidad total por la terminación de las obras.

En ese orden de ideas, la Sala no camparte el criterio esbozado por el tribunal de instancia en lo relacionado con el inicio del cómputo del término de caducidad de la acción contractual instaurada, el cual ha tenido como punto de partida la fecha de la liquidación, por la consideración de que generando este acto obligaciones para las partes, no puede predicarse derechamente que por regla general y sin distingo de ninguna naturaleza, el cómputo del término corra independientemente del contenido obligacional que la liquidación pueda generar, pues de ser así, llegaríase eventualmente al absurdo de considerar caducada la acción, cuando apenas pueden estar ejecutándose las obligaciones que hayan quedado pendientes entre las partes contratantes y que se determinan precisamente, en el negocio de liquidación.

Dicho en otros términos, en aquellos eventos en que el negocio de liquidación dé origen a un contenido prestacional de futura realización, el momento oportuno a partir del cual puede predicarse que ha empezado a correr el término de caducidad de la acción contractual, será en estos precisos eventos, aquél en que las partes puedan conocer que se materializa un incumplimiento de las prestaciones originadas en el acta de liquidación. Esta por lo demás es la orientación consagrada en el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

En el caso concreto, tal cual queda visto del análisis probatorio realizado, con posterioridad a la liquidación definitiva, tanto la entidad contratante como el contratista tenían a su cargo obligaciones pendientes y por lo mismo no puede sostenerse que el cómputo de la acción de caducidad empezó a correr inexorablemente desde el 12 de julio de 1985, tal cual lo sostuvo el tribunal de instancia.

En lo que hace al análisis del punto de fondo objeto del presente proceso, esto es, el atinente a la existencia o no del estado de mora en que habría incurrido el ente demandado respecto de su obligación de entregar los seis pagarés con vencimientos trimestrales para reembolsar los aportes que le correspondían al consorcio contratista, resulta indispensable tener en cuenta que, de conformidad con el contenido negocial disciplinado en el contrato de cofinanciación, la entidad contratante se obligó a reembolsar las sumas de dinero invertidas en el programa por el cofinanciador, para lo cual dispusieron las partes que dicho reembolso se efectuaría en un plazo de 18 meses, al decir del texto de la cláusula en comento “de acuerdo a las liquidaciones parciales”.

Mas sin embargo, si en principio los contratantes señalaron un término o plazo de 18 meses para efectuar el reembolso sin especificar a partir de cuando empezaba a correr, como que en este aspecto se inobservó la carga de claridad y precisión en la estipulación, también disciplinaron lo relacionado con otra obligación, la consistente en la entrega física de los títulos valores, que al decir del texto contractual estaría sujeta al cumplimiento de dos conductas bien determinadas: firma del acta correspondiente, total o parcial según sea el caso y otorgamiento de las garantías de estabilidad.

Igualmente y por tener relevancia con el punto objeto de discusión, es necesario precisar, que en una sana interpretación del contenido negocial en materia de reintegro de aportes, los contratantes pactaron que la cancelación de los pagarés se efectuaría “dentro de los treinta días siguientes” a la fecha de la presentación del pagaré y de la correspondiente cuenta de cobro, bajo el entendido de que el pagaré fuera exigible.

El presente asunto plantea cuanto lo primero el averiguamiento de la existencia o no del estado de mora en que habría incurrido la entidad demandada, respecto de la obligación que se dice incumplió cuyo objeto consistía en la entrega de los títulos valores —pagarés—, al consorcio demandante, causa de pedir de las pretensiones indemnizatorias de la demanda con que se ha iniciado el presente proceso.»

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