Sentencia 11.974 de marzo 17 de 1998 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 35 marzo 11 de 1998

Magistrado ponente:

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

Expediente: 11.974

Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «Esta posición, a pesar de ser recursiva no puede encontrar por la Corte aceptación: el desenvolvimiento de las relaciones sociales implica, necesariamente, un mínimo de confianza entre los asociados y de éstos con la autoridad pública; de ello depende la coexistencia pacífica y la legitimidad y obligatoriedad de los actos que la administración expida, siendo precisamente a esos propósitos que la constitución política establece que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe”.

De este principio de confianza, surge la fe pública como valor autónomo y bien jurídico objeto de tutela penal, del cual es titular la colectividad misma, y haya concreción en la credibilidad de que gozan aquellos, signos, objetos o formas exteriores que constituyen medios de prueba de la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicamente relevantes.

La necesidad social de preservar la fe pública impone a la administración el deber de corresponder a estas expectativas de autenticidad, integridad y genuinidad en el cumplimiento de la función documentadora, en cuanto ha sido esta la forma convenida y legalmente consagrad para demostrar las situaciones concretas de derecho que surjan en las relaciones de ella con el conglomerado.

Cuando estas presunciones de que gozan los documentos públicos se ven modificados mediante la representación falsa de la verdad, se traiciona la confianza depositada en la seguridad que el documento debe brindar, se afecta la capacidad demostrativa que el medio auténtico debería tener, resultan menoscabados los derechos que el mismo estaría llamado a garantizar y se altera el desenvolvimiento de las relaciones sociales.

Los expedientes, en cuanto constituyen la materialización documental del proceso judicial, en donde cada una de cuyas etapas surte efectos jurídicos concretos y genera oportunidades específicas para el ejercicio de derechos por quienes en el intervienen, no escapan a esta protección, pues son elocuente medio de prueba de las relaciones jurídicas que se presentan en su desarrollo, gozando por ello de presunción de genuinidad y veracidad las decisiones adoptadas, pruebas allegadas, diligencias practicadas y demás documentos que al ser incorporados en su trámite se convierten en inmodificables.

Ahora, no solamente los intervinientes en el proceso, sino también el conglomerado en general tiene interés en que se conserven íntegras e intactas las actuaciones incorporadas en su desarrollo, pues siendo la administración de justicia función pública, y estando en consecuencia, sometida al permanente escrutinio de quienes acuden ante la judicatura en demanda de servicios o de definición de sus derechos, le obliga igualmente otorgar la seguridad que de ella se espera.

Es así como, cualquier adulteración, supresión o destrucción de los documentos incorporados al expediente judicial afecta su capacidad domostrativa, y lesiona la fe pública al poner en tela de juicio la intangibilidad y credibilidad que debe ofrecer el proceso judicial, independientemente de si con la conducta falsaria se alcanza a irrogar daño concreto a alguna de las partes, pues lo relevante social y penalmente, y por ende, reprochable, es la potencialidad que tengan para lograrlo, la cual viene determinada en cada caso concreto, por la aptitud declarativa del documento falsificado y su real incidencia en el tráfico jurídico.

Esta capacidad del acto falsario para afectar la confianza pública, se ve reflejada en la inseguridad que conductas de esta naturaleza ocasionan a las partes intervinientes en el trámite judicial para el cumplimiento de las actuaciones que a ellas compete —si se da en entender el proceso como regido por el principio de relación causativa—, en cuanto les presenta una realidad distinta de la que en verdad se debía ofrecer, siendo precisamente esto lo que el ordenamiento penal con la conminación de sanción busca evitar.

En sentido, resulta claro que la lesividad de las conductas tipificadas y descritas en el libro primero título VI, capítulo III del Código Penal, no debe ser establecida a partir del conculcamiento real o potencial de bienes jurídicos de naturaleza diversa a la que tales tipos protegen, sino en la afectación real o potencial de la capacidad demostrativa de relaciones jurídicas que ostenten los documentos públicos o privados».

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