Sentencia 1198-01385 de febrero 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Nº de Referencia: 08001-23-31-000-1198-01385-01

Nº Interno: 0860-2012

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Luis Enrique González Banquett

Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Autoridades distritales

Bogotá, D. C., trece de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Decreto 153 de 1998 mediante el cual el alcalde de Barranquilla suprimió el cargo de auxiliar administrativo II que desempeñaba el actor, está viciado de nulidad, por cuanto la entidad no contaba con la disponibilidad presupuestal para el pago de indemnizaciones porque los decretos 24 y 25 de 1998, por los cuales se adoptó el presupuesto del municipio fueron declarados nulos por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

I. Hechos probados

De la vinculación del demandante

De acuerdo con la certificación de 28 de abril de 1998, expedida por la jefe de la división administrativa de la oficina de relaciones humanas y laborales de la Alcaldía Mayor de Barranquilla, el señor Luis Enrique González Banquett se vinculó a la administración de dicho ente territorial desde el 20 de abril de 1992 como notificador en la secretaría de gobierno municipal (fl. 19).

Del proceso de supresión

El 31 de marzo de 1998 se expidió el Decreto 153 que en el artículo 1º suprimió de la planta de personal de la administración central distrital el cargo de auxiliar administrativo II desempeñado por Luis Enrique González Banquett (fls. 20 a 23).

El 31 de marzo de 1998 el actor recibió un oficio del gerente de la oficina de relaciones humanas de la Alcaldía de Barranquilla por el que se le comunica la supresión del cargo (fl. 24).

II. Del caso concreto

Para resolver la censura planteada por el actor en primera medida la Sala abarcará la competencia del alcalde de Barranquilla para suprimir empleos de la administración municipal y en segundo lugar, se reitera un precedente de esta Sala en el que se definió que la nulidad de los decretos 24 y 25 de 1998 no afecta la validez de los actos de supresión de los cargos proferidos con fundamento en ellos.

De la competencia de los alcaldes para crear, modificar y suprimir empleos de sus dependencias(1). 

Respecto de la competencia del alcalde distrital de Barranquilla para expedir el acto por medio del cual se suprimió el empleo de auxiliar administrativo II que venía ejerciendo el demandante, estima la Sala, que el artículo 315 de la Constitución Política estableció como una de las funciones de los alcaldes, en el numeral 7º, la de crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias y señalarles funciones especiales. Así se lee en la citada norma:

“ART. 315.—Son atribuciones del alcalde:

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado (...)”.

Observa la Sala que, la norma en cita otorga a los alcaldes la función específica de suprimir los empleos que pertenezcan a sus dependencias, para lo cual no requiere autorización previa de otra autoridad, caso distinto a cuando lo que se pretende es modificar la estructura de la administración municipal o distrital y las funciones de sus dependencias toda vez que, dicha facultad está atribuida a los concejos municipales o distritales, tal como lo dispone el numeral 6º del artículo 313 de la Constitución Política. Así se lee en la citada preceptiva:

“ART. 313.—Corresponde a los concejos:

(…).

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. (…)”.

Al respecto, sobre la competencia de los alcaldes en esta materia, esta Sección ha tenido oportunidad de pronunciarse(1) señalando:

“(…) El artículo 313-6 de la Constitución, establece como competencia de los concejos la de determinar la estructura de la administración municipal y la funciones de sus dependencias.

Por su parte, el artículo 315 de la Constitución Política estableció como una de las funciones del alcalde, en el numeral 7º, la de crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias y señalarles funciones especiales.

Las normas anteriores, radican competencias diferentes en cabeza de los concejos municipales y de los alcaldes.

En efecto, a los primeros, les corresponde determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, mientras que el segundo está facultado para crear, suprimir y fusionar empleos y señalar sus funciones especiales.

Al otorgar la Constitución Política a los alcaldes, tan específicas funciones, para el ejercicio de las mismas no requiere autorización. Caso contrario, y si así lo decide dicha corporación, puede otorgar a los alcaldes facultades pro tempore para el ejercicio de las funciones que le corresponden constitucionalmente.

En el presente caso, la creación, supresión o modificación de los empleos de las dependencias, es una función que constitucionalmente le corresponde al alcalde y por tal razón no requería de ser revestido de facultades para ejercerla, como sí las hubiera requerido para determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias. (...)”.

Descendiendo al caso concreto, estima la Sala que el alcalde distrital de Barranquilla, estaba facultado para suprimir el empleo de auxiliar administrativo II, sin que para ello requiriera la autorización del concejo municipal de Barranquilla toda vez, que en tratándose de un empleo adscrito a la estructura central de la administración distritaI(2), tal supresión no implicó una modificación a la estructura de la administración y mucho menos de las funciones de sus dependencias.

La anulación de los decretos 24 y 25 de 1998 no afecta la validez del acto de supresión demandado (reiteración de jurisprudencia).

Esta corporación en sentencias del 31 de marzo de 2005 con ponencia de la magistrada Ana Margarita Olaya Forero y del 19 de octubre de 2006 proferida por el magistrado Alejandro Ordóñez Maldonado(3), resolvió dos procesos en los que igualmente se planteó que la nulidad de los decretos 24 y 25 de 1998 mediante los cuales se adoptó el presupuesto del Distrito de Barranquilla vicio de nulidad los actos de supresión de los cargos, ya que aquellos decretos establecían la disponibilidad presupuestal para el pago de las indemnizaciones. Se consideró en aquella oportunidad:

“En relación con la primera causal de inconformidad, la Sala acoge los planteamientos efectuados en providencia de 31 de marzo de 2005, magistrado ponente Dra. Ana Margarita Olaya Forero, que al tratar sobre el mismo tema, expresó:

Al respecto la Sala considera que la anulación de los decretos 024 y 025 de 1998 no afecta la validez del acto de supresión demandado; y que no se requería del acuerdo del concejo municipal, por las siguientes razones:

1. Si bien es cierto que en vigencia de la Ley 27 de 1992, el artículo 16 del Decreto 1223 de 1993 requirió para la supresión de empleos de carrera, la existencia previa de la disponibilidad presupuestal suficiente para sufragar los gastos que pudieran demandar las indemnizaciones correspondientes; en el caso presente se observa que existía dicha disponibilidad presupuestal, por encontrarse en el momento de la supresión, vigentes los decretos 024 y 025 de 1998.

Dichos decretos fueron excluidos del ordenamiento jurídico por anulación decretada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 26 de junio de 2002, cuatro años después de ejecutada la supresión demandada y de pagados los valores correspondientes a las indemnizaciones que por tal supresión se pudieron causar.

El requisito normativo de orden presupuestal tiene por finalidad garantizar el pago de las indemnizaciones que se hubieran causado por la supresión de empleos y en este sentido es un requisito adjetivo al acto de supresión. Si la finalidad perseguida por tal requisito se cumplió a cabalidad, sería absurdo anular el acto principal por el incumplimiento del requisito accesorio de garantía.

Sobre la competencia de los alcaldes en estas materias, es del caso señalar que el artículo 315 de la Constitución Política, estableció como una de las funciones del alcalde, en el numeral 7º, la de crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias y señalarles funciones especiales.

Las normas anteriores, radican competencias diferentes en cabeza de los concejos municipales y de los alcaldes.

En efecto, a los primeros, les corresponde determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, mientras que el segundo está facultado para crear, suprimir y fusionar empleos y señalar sus funciones especiales.

Al otorgar la Constitución Política a los alcaldes, tan específicas funciones, para el ejercicio de las mismas no requiere autorización. Caso contrario, y si así lo decide dicha corporación, puede otorgar a los alcaldes facultades pro tempore para el ejercicio de las funciones que le corresponden constitucionalmente.

En el presente caso, la creación, supresión o modificación de los empleos de las dependencias, es una función que constitucionalmente le corresponde al alcalde y por tal razón no requería de ser revestido de facultades para ejercerla, como sí las hubiera requerido para determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, verbi gratia, suprimir una secretaría y otorgarle unas funciones diferentes a las que le corresponden.

En otras palabras, el alcalde, actuó en ejercicio de su competencia constitucional y legal y por este aspecto no aparece el vicio que se le quiere atribuir al proceso de reestructuración.

En las anteriores condiciones, no asiste razón al apelante cuando afirma que el alcalde sólo podía suprimir los empleos, previo acuerdo expedido por el concejo, pues esta es una función autónoma del alcalde, como ya se precisó y los acuerdos a los que se refieren las normas no son otros que aquellos que los previos que haya expedido para la determinación de la estructura de la administración municipal y no a los que se refiere la parte actora (de facultades para suprimir empleos), por cuanto como se vio es una facultad autónoma del alcalde.

Lo dicho anteriormente es armónico con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994”(4).

En este orden de ideas, se reitera que la exigencia vigente cuando se suprimió el cargo del actor, prevista en el artículo 16 del Decreto 1223 de 1993, según la cual no podían suprimirse empleos de carrera sin que previamente existiera la disponibilidad presupuestal suficiente para sufragar los gastos de las indemnizaciones, se suple por cuanto los decretos 24 y 25 de 1998 que adoptaron el presupuesto para el pago de las indemnizaciones por supresión de los cargos estaban vigentes al momento de la supresión, esto es, el 31 de marzo de 1998, y el actor no discute en el presente proceso que haya dejado de recibir el valor que le correspondía legalmente por concepto de indemnización.

Así, se insiste en que la declaración de nulidad de los decretos 24 y 25 de 1998, por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico, en el año 2002, no afecta la validez del acto demandado, pues la disponibilidad presupuestal exigida para suprimir cargos es un requisito “adjetivo al acto de supresión”.

Por lo expuesto, y comoquiera que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, la Sala confirmará la decisión del tribunal por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

Decisión

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 30 de noviembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda promovida por Luis Enrique González Banquett contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) En este mismo sentido se pronunció esta Sala en la sentencia del 7 de abril de 2012, M. P. Gerardo Arenas Monsalve, proceso con radicado Nº 08011-23-31-000-1998-01454-01, número interno 1778-2010.

(1) Sentencia de 15 de febrero de 2007, Radicado 2655-2005, actor: Secundino Osorio Villamizar. M. P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

(2) Así lo señala el artículo 1º del Decreto 153 de 1998 “Suprímanse a partir de la fecha, de la planta de personal de la administración central, los siguientes cargos: (...) Unidad de espacio público (...) Auxiliar administrativo II (...) Luis González Banquett” (fls. 21 y 22).

(3) Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con Radicado 08001-23-31-000-1998-01352-01 y número interno 5742-2005.

(4) Ídem.