Sentencia 11981 de octubre 18 de 2000

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Rad: 11981

Actor: María Celeny Zapata Zapata y otros

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 8 de marzo de 1996, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del presente proceso, y revisa, en grado de consulta, la misma providencia, por la cual se decidió lo siguiente:

“1. Se declara administrativamente responsable al Instituto Departamental de Transportes y Tránsito de los perjuicios ocasionados en el accidente de tránsito ocurrido el 9 de abril de 1993, en la intersección de la Avenida del Ferrocarril con carrera 7 de Pereira.

2. En consecuencia se condena en concreto al Instituto Departamental de Transportes y Tránsito a pagar por concepto de perjuicios morales una suma total equivalente a 1600 gramos de oro, a las personas y en las cantidades siguientes: a María Celeny Zapata Zapata el equivalente a 300 gramos de oro; a Jaime Campuzano Aguirre, el equivalente a 200 gramos de oro; a Diana Marcela Campuzano Zapata..., el equivalente a 300 gramos de oro; a Rosalba Zapata de Zapata, y María Lida Zapata Zapata, Luz Mery Zapata Zapata, María Lady Zapata Zapata, Luz Nora Zapata Zapata, Marlene Zapata Zapata, María Edy Zapata Zapata y José Elí Zapata Zapata, a cada uno el equivalente a 100 gramos de oro.

(...).

3. En consecuencia se condena en concreto al Instituto de Transportes y Tránsito, a pagar por las lesiones sufridas a Celeny Zapata Zapata el lucro cesante según liquidación que se hará siguiendo las pautas señaladas en la parte motiva.

(...)

4. Se deniegan las demás pretensiones de la demanda.

5. Se deniegan las pretensiones frente al Departamento de Risaralda.

(...)”.

I. Antecedentes:

1. Mediante demanda presentada el 23 de noviembre de 1994 y adicionada el 17 de enero de 1995, por medio de apoderado, los señores María Celeny Zapata Zapata y Jaime Campuzano Aguirre, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor Diana Marcela Campuzano Zapata; Rosalba Zapata de Zapata, María Lida, Luz Mery, María Lady, María Luz, Marlene, María Edy y José Elí Zapata Zapata, solicitaron que se declarara que el Departamento de Risaralda y el Instituto Departamental de Transportes y Tránsito de Risaralda son solidariamente responsables de las lesiones sufridas por María Celeny Zapata Zapata, en hechos ocurridos el 9 de abril de 1993.

Como consecuencia de esta declaración, pidieron que se condenara a las entidades demandadas a pagar a María Celeny Zapata Zapata, por concepto de perjuicios materiales, el lucro cesante sufrido por causa de la pérdida de su capacidad laboral, y por concepto de perjuicios fisiológicos o a la vida de relación, la suma equivalente a mil (1.000) gramos de oro.

Por concepto de perjuicios morales, se solicitó condenar a las entidades demandadas a pagar a cada uno de los demandantes, la suma de dinero equivalente a mil gramos de oro.

En apoyo de sus pretensiones, los demandantes narraron los siguientes hechos:

a) Conforme a la Ley 105 de 1993, la infraestructura de Transporte de las entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden conforman el Sistema Nacional de Transporte. Dispone en su artículo 2º, literal b, que corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas, y en el literal e, que la seguridad de las personas constituye una prioridad del sistema y del sector de transporte.

b) El Instituto Departamental de Transportes y Tránsito de Risaralda es un ente descentralizado del orden departamental. Funciona como una dependencia del Departamento de Risaralda, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Entre sus funciones están las de planear, dirigir y controlar todas las actividades relacionadas con el transporte y tránsito dentro del departamento, y reglamentar lo relativo al uso de las vías, señalización, semaforización y sentido de las mismas, dentro del perímetro urbano, correspondiéndole, igualmente, la instalación de semáforos, así como su mantenimiento preventivo y correctivo, por medio de su división operativa.

Como establecimiento público del orden departamental, el instituto está sujeto a un control por parte de la entidad territorial que le dio vida jurídica, que impone a ésta una vigilancia de sus actividades, tendiente a garantizar el cumplimiento de los fines para los que fue creado.

c) El 9 de abril de 1993, en horas de la tarde, no operaba la coordinación técnica computarizada de los semáforos instalados en la intersección de la Avenida del Ferrocarril con carrera 7ª de la ciudad de Pereira. En efecto, ambos cambiaban de rojo a verde al mismo tiempo, y en otras ocasiones, el de la avenida se apagaba.

d) Como consecuencia de este funcionamiento anormal del servicio a cargo del Instituto de Transportes y Tránsito y del incumplimiento, por parte del Departamento, de sus funciones de control y vigilancia respecto de aquél, se produjo ese día y en ese lugar una colisión entre una camioneta Toyota, de placas NV-8911 y una motocicleta Suzuki 80, de placas SGC-68, “cuando el conductor del automotor cruzaba desde la carrera 7ª la Avenida del Ferrocarril, por encontrar el semáforo en luz verde, mientras que el piloto de la moto no detuvo su marcha al transitar sobre la Avenida del Ferrocarril al llegar a la carrera 7ª, por visualizar el semáforo sobre aquélla apagado”.

e) A raíz del accidente, la señora María Celeny Zapata Zapata, quien se desplazaba en la motocicleta, resultó seriamente lesionada, en su pierna derecha; sufrió fractura de la tibia y el peroné. Perdió cinco centímetros de hueso, lo que hizo necesario realizar un injerto y practicarle cinco intervenciones quirúrgicas. Le quedaron como secuelas una perturbación funcional en el órgano de la marcha y deformidad física permanentes.

f) En la época de los hechos, María Celeny Zapata se desempañaba como secretaria de la empresa Linagro, donde devengaba el salario mínimo vigente.

g) Rosalba Zapata de Zapata contrajo matrimonio con Isauro Zapata, y de su unión nacieron María Celeny, María Lida, Luz Mery, María Lady, María Luz, Marlene, María Edy y José Elí Zapata Zapata.

María Celeny Zapata contrajo matrimonio con Jaime Campuzano Aguirre, y de su unión nació Diana Marcela Campuzano Zapata.

María Celeny y sus hermanos han tenido excelentes relaciones, ambientadas por el amor, la ayuda mutua, el trato continuo y permanente.

2. Las entidades demandadas dieron contestación a la demanda, por medio de apoderado (fls. 83 a 89, 94 a 97).

El apoderado del Instituto Departamental de Transportes y Tránsito de Risaralda manifestó que es técnicamente imposible que los semáforos ubicados en el lugar del accidente estuvieran funcionando, en el momento de los hechos, en la forma indicada en la demanda, dado que “la apertura de la señal de verde en cada una de las intersecciones se hace en forma coordinada, en un tiempo previamente asignado, de acuerdo con una programación”; además, “la construcción misma del controlador de tráfico que maneja los semáforos y la programación elaborada hacen que éstos estén diseñados de tal forma que sigue (sic) el criterio de “paso a paso”...”. Agregó que no es cierto que, por causa del funcionamiento de dichos semáforos, se hubiera producido el accidente, ya que, aunque había un bombillo apagado, en toda intersección se colocan dos semáforos, uno a cada costado de la vía, que dan la misma señal.

Propuso la excepción de falta de configuración de la falla en el servicio. Explicó que el instituto ha prestado el servicio de mantenimiento permanentemente, aun en días festivos, como lo era aquél en que se presentó el accidente (viernes santo), e insistió en que, si bien estaba fundido un bombillo, lo que puede presentarse en cualquier momento, existía otro controlador que funcionaba normalmente. Tampoco está probado el daño, ni la relación de causalidad, puesto que el accidente se debió a la imprudencia del conductor de la motocicleta y a la violación, por parte de éste, de las normas de tránsito (arts. 2º, 112, 118, 119 del Código Nacional de Tránsito). En efecto, a pesar de encontrarse el semáforo en rojo, continuó la marcha.

El Departamento de Risaralda, por su parte, manifestó que no existe causa legítima para formular demanda en su contra. En efecto, el Instituto Departamental de Transportes y Tránsito es una entidad descentralizada, con facultades para ser sujeto de derecho y obligaciones, esto es, personería jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera, lo que la habilita para demandar y ser demandada, sin necesidad de involucrar a otras entidades, cuando se trata del incumplimiento de obligaciones a su cargo.

Adicionalmente, consideró que con fundamento en el informe del accidente, se concluye que los conductores de los dos vehículos presentaron versiones diferentes, y no se evidencia que hubiera existido falla en el servicio.

3. El a quo decretó pruebas mediante auto del 28 de abril de 1995 (fls. 101 a 104).

4. Vencido el período probatorio, se citó a audiencia de conciliación, en la que no se llegó a acuerdo alguno (fls. 106, 107). Posteriormente, dentro del término de traslado respectivo, las partes presentaron alegatos de conclusión (fls. 110 a 129, 132 a 146). El representante del Ministerio Público guardó silencio.

El apoderado de la parte demandante hizo alusión a las pruebas que obran en el expediente, entre ellas el informe de los agentes de la Policía Nacional, sección tránsito, que levantaron el croquis del accidente y rindieron, luego, testimonio en este proceso y en el proceso penal adelantado por los mismos hechos; el testimonio del señor Luis Fernando Martínez, la diligencia instructiva que obra a folios 44 y 45 del expediente penal y el informe suministrado por el instituto demandado. Concluyó que, con fundamento en ellas, se demuestran los hechos de la demanda.

Se refirió, además, a las declaraciones rendidas por los funcionarios del Instituto Departamental de Transportes y Tránsito y manifestó que son contradictorias con lo expresado en “la propia versión de la demandada que obra a folios 71 y 72 del cuaderno 3”, esto es, en un informe rendido por dicha entidad al Juez Octavo Penal Municipal, dentro del proceso penal respectivo, en relación con los tiempos de señalización de los lentes rojo y verde de los pedestales derecho e izquierdo de la Avenida del Ferrocarril. Así, no es cierto que los dos semáforos cumplan la misma función, pues el tiempo de ejecución de la señal es diferente en uno y en otro.

Precisó que si se observa el croquis que obra a folio 40 del cuaderno principal, se concluye que los pedestales izquierdo y derecho se encuentran a distancias diferentes, ya que el derecho está ubicado mucho más adelante que el izquierdo, y hay más de tres metros entre los dos.

De otra parte, manifestó que los citados funcionarios no mencionaron otros factores que pueden ocasionar fallas en los semáforos, a las cuales se hace referencia en el informe del Instituto, que obra a folio 15 del cuaderno 2.

Concluyó que existió una falla en el servicio de señalización del tránsito, que puso en peligro la seguridad de los usuarios. De no haber ocurrido el accidente, no se hubiera corregido la anomalía. Llamó la atención, además, sobre la escasez de funcionarios —solo dos personas—, para revisar dicha señalización, lo que impide al instituto demandado cumplir su deber de proteger la vida e integridad de las personas. Se refirió también a la imposibilidad de determinar la duración de las bombillas, lo que hace más exigente el cuidado y la revisión frecuentes.

Indicó que no hubo imprudencia del conductor de la motocicleta. Recordó que éste se desplazaba por la Avenida del Ferrocarril, que tiene prelación, y que el semáforo se encontraba en malas condiciones y no existía señal de pare sobre la vía. Agregó que el hecho de que llevara a su hija menor en la motocicleta no incidió en la producción del daño.

Respecto del Departamento de Risaralda, indicó que éste debe responder, dado que el instituto demandado constituye una dependencia suya. Sólo se ha descentralizado el ejercicio de la actividad especializada, que se encuentra bajo el control y la tutela de la entidad territorial, ya que “la entidad dependiente es autónoma administrativa y financieramente, pero supervisada”.

Finalmente, aludió a las diferentes pruebas que permiten demostrar el daño sufrido por los demandantes y solicitó que se condenara a las demandadas a pagar los perjuicios causados, en la forma pedida en la demanda.

El apoderado del Instituto Departamental de Transportes y Tránsito de Risaralda se refirió a las declaraciones rendidas por Jaime Campuzano y María Celeny Zapata, dentro del proceso penal, en las que se expresa que el semáforo estaba apagado, así como a las constancias que, sobre lo expresado por los testigos del accidente, se consignaron en el informe del accidente, y concluyó que, en este caso, se está ante una “confesión judicial trasladada”. Expresó, igualmente, que el señor Campuzano obró con imprudencia, al desplazarse en la moto con dos pasajeros. Así, consideró que el accidente se debió a culpa de la víctima.

Aseguró que el Instituto de Transportes y Tránsito ha dado cumplimiento a sus funciones, al fijar el procedimiento para la revisión y reparación de daños, estableciendo los mecanismos de control y las funciones de los técnicos encargados de la supervisión y el mantenimiento de los equipos.

Anexó unas fotografías y manifestó que en ellas se observa que “en vías arterias siempre se instala doble postería, con el respectivo semáforo”, y explicó que uno de ellos sirve de repetidor, para garantizar una correcta señalización. Llamó la atención, al respecto, sobre lo expresado por el señor Campuzano al rendir declaración en el proceso penal, en el sentido de que no se fijó en el semáforo de la izquierda.

Agregó que, en este caso, está demostrada la existencia de un caso fortuito, que exonera de responsabilidad a la parte demandada. En efecto, manifestó que nadie está obligado a lo imposible, y la parte actora pretende que para solucionar inmediatamente una posible falla en un semáforo, como lo es el hecho de que se funda un bombillo —situación que puede presentarse en cualquier momento, ya que es imposible determinar su duración—, la administración disponga de un funcionario en cada intersección señalizada con ese mecanismo, durante las 24 horas del día.

De otra parte, en relación con el perjuicio reclamado, indicó que no existe claridad en las declaraciones de los testigos, y que de ellas se deduce que la víctima ha logrado trabajar con el mismo empleador, durante el tiempo de su enfermedad.

Se opuso a la tacha de falsedad formulada por el apoderado del instituto, respecto de los testimonios rendidos por los funcionarios vinculados a éste último, expresando que obran en el proceso documentos que permiten corroborar su dicho.

Por último, el apoderado del Departamento de Risaralda insistió en los argumentos planteados al contestar la demanda, especialmente en relación con la falta de legitimación en la causa por pasiva, en cuanto se refiere a dicha entidad territorial.

Adicionalmente, consideró que, en cualquier caso, no se puede imputar responsabilidad a las entidades demandadas, dado que, con fundamento en las declaraciones de los señores José Mauro Uribe y Hugo Restrepo, funcionarios encargados del manejo de los semáforos, se pudo establecer que éstos últimos se mantienen en buen estado y que la falta de uno de los bombillos no desajusta su funcionamiento en forma tal que pueda decirse que ella hubiera sido la causa del accidente. Solicitó que no se aceptara la tacha que, respecto de tales declaraciones, formuló el apoderado de los actores.

II. Sentencia de primera instancia:

Mediante sentencia del 8 de marzo de 1996, el Tribunal Administrativo de Risaralda resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la parte demandante, en la forma indicada en la parte inicial de esta providencia. Luego de hacer referencia a cada una de las pruebas obrantes en el proceso y a algunas practicadas dentro del proceso penal adelantado por los mismos hechos, concluyó lo siguiente (fls. 148 a 160):

El día de los hechos, los semáforos colocados sobre la carrera 7ª y el costado derecho de la calzada oriental de la Avenida del Ferrocarril de la ciudad de Pereira se encontraban funcionando irregularmente. En efecto, a veces se encendía en ambos la luz verde, simultáneamente, y a veces el semáforo de la avenida aparecía apagado, pues los bombillos del lente rojo y del lente verde con flecha estaban dañados. En el momento del accidente, éste último estaba apagado.

El semáforo del lado izquierdo (occidental) de la calzada oriental de la citada avenida, situado sobre el separador de las calzadas, no tenía como función exclusiva habilitar el giro a la izquierda, sino que una de sus lentes tenía esa función, con luz verde en forma de flecha horizontal y dirección izquierda, pero también cumplía dicho semáforo la función de detener el tráfico, con lente roja plena, para permitir el cruce de los vehículos que se desplazaban por la carrera 7ª (sentido oriente occidente). Esa señal se daba no sólo para el carril izquierdo, sino para los tres carriles de la calzada, incluyendo el derecho, por donde circulaba la motocicleta, por lo cual no es válida la explicación de su conductor, implícita en su versión, en el sentido de que no había razón alguna para mirar el semáforo de la izquierda, porque sólo regulaba el giro a la izquierda.

De lo anterior se desprende que la falla del semáforo no fue la única causa del accidente. “Es incuestionable que hubo un proceder negligente... por parte del motociclista, conducta que contribuyó como una concausa al accidente. Además, los ocupantes de la motocicleta hacían un uso indebido del vehículo, ya que viajaban en él tres personas”, siendo que su capacidad es de un pasajero. Así, frente al demandante Jaime Campuzano, damnificado con las lesiones sufridas por su esposa, se evidencia una culpa de la víctima, que da lugar a una reducción de la indemnización.

Respecto de María Celeny Zapata, se tiene que viajaba en la motocicleta como pasajera, “asumiendo el riesgo propio de una actividad peligrosa, riesgo aumentado por el sobrecupo del vehículo...”, por lo cual debe reducirse el monto de las indemnizaciones.

Consideró el Tribunal, en consecuencia, que debía pagarse a los demandantes, por concepto de perjuicios morales, los valores citados en la primera parte de esta providencia. De otra parte, estableció las condiciones en que debía liquidarse el lucro cesante debido a la señora María Celeny Zapata, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual y las fórmulas utilizadas por esta corporación.

En cuanto a los perjuicios “fisiológicos”, expresó:

“...la naturaleza de las consecuencia (sic) de las lesiones (marcha con apoyo de bastón y cicatrices) no son de la naturaleza y magnitud que den lugar a aplicación del concepto de perjuicio fisiológico. A lo anterior no se opone que el forense haya determinado que la señora Zapata sufrió afección sicológica. En efecto, el perjuicio moral en gran parte radica en esos padecimientos emocional, sentimental, etc. Sólo cuando se dan circunstancias muy especiales se predica (sic) teniendo en cuenta que el forense dictamina que la paciente “...debe recibir asistencia sicológica...” (fl. 67 cdno. 2)”.

Por último, en relación con la responsabilidad del Departamento de Risaralda, expresó que no se encuentra razón para declararla. En efecto, “El hecho de que el Instituto de Transportes y Tránsito sea un establecimiento público departamental (no mera “dependencia” como dice la demanda) no implica solidaridad obligacionales (sic) entre tales entidad (sic)...”.

III. Recurso de apelación:

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 164 a 168). Criticó las afirmaciones contenidas en dicha providencia, relacionadas con la intervención de la víctima en la producción del daño. Manifestó, al respecto, que el semáforo ubicado sobre el pedestal de la parte izquierda de la calzada oriental de la Avenida del Ferrocarril debe ser observado, preferentemente, por quienes pretendan cruzar a la izquierda. Quienes deseen continuar hacia el municipio de Dosquebradas deben observar el semáforo ubicado sobre el pedestal de la parte derecha de la misma vía, el cual funcionaba anormalmente. Adicionalmente, indicó que no está demostrado que, en el momento del accidente, el semáforo de la izquierda se encontrara en rojo o en verde, o en intermitencia, ni que funcionara correctamente o no.

Por otra parte, manifestó que el sobrecupo de la motocicleta no tiene relación alguna con el funcionamiento anormal de los semáforos, y tampoco se demostró que la motocicleta perdiera dirección, movilidad o “reacción”, debido a que en ella se movilizaran tres personas.

Sobre la negativa a reconocer el perjuicio fisiológico, manifestó que el mismo se refiere a la disminución del goce de vivir, a la imposibilidad de ejercer algunas actividades que hacen placentera la existencia, y llamó la atención sobre el hecho de que María Celeny Zapata es una mujer joven, activa, que presenta una perturbación funcional en el órgano de la marcha, con deformidad física ostensible, daños que tienen carácter permanente. Como consecuencia de esta situación, el campo de sus actividades se reduce ostensiblemente, y el ámbito social en que se desenvuelve se torna hostil y limitado. Con el objeto de fortalecer sus argumentos, anexó algunas fotografías, donde se aprecia la apariencia de las piernas de dicha señora.

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad del Departamento de Risaralda, remitió a los argumentos planteados al adicionar la demanda.

Solicitó, con fundamento en lo anterior, que se adicione la sentencia de primera instancia, reconociendo los perjuicios sufridos por los demandantes, en la forma solicitada en la demanda.

La apelación fue concedida mediante auto del 29 de marzo de 1996 y admitida el 16 de julio del mismo año (fls. 170, 174).

IV. Actuación en segunda instancia: 

Corrido el traslado para alegar, intervinieron la parte actora y el Departamento de Risaralda (fls. 177 a 200).

El apoderado de los actores reiteró los argumentos planteados en el recurso de apelación. Se refirió, nuevamente, a las pruebas que obran en el proceso y consideró demostrado que los semáforos ubicados “a izquierda (Avenida Ferrocarril giro a la carrera séptima o Avenida sur-oeste) y derecha (vía Pereira-Dosquebradas o avenida sur-norte) no funcionan simultáneamente”. Citó, al respecto, la declaración de Jorge Mauro Uribe.

Aludió, además, a las fotografías allegadas por el instituto demandado, al presentar alegatos en el curso de la primera instancia, y manifestó que de ellas se desprende que existe una notoria distancia entre los pedestales de la izquierda y la derecha, así como que el trazado del pavimento es diagonal, de modo que quien se halle en el centro o a la derecha de la vía deja atrás completamente el semáforo de la izquierda, perdiéndolo de vista, “lo que corrobora aún más que los servicios de señalización en ambos semáforos eran excluyentes”.

De otro lado, manifestó que si bien la jurisprudencia ha señalado que el transporte es una actividad peligrosa, ello, por sí solo, no puede generar responsabilidad, cuando tal actividad no aparece vinculada al factor que constituye la causa del daño. En este caso, sólo existe una falla demostrada y ella es atribuible a las entidades demandadas. Por una lado, “la falta de mantenimiento y descuido por parte de la oficina de tránsito y la no aparición en la coordinación, tutela y vigilancia que legalmente debía ejercer el Departamento de Risaralda, respecto de su dependencia...”.

Manifestó que deben tenerse en cuenta los artículos 365 y 366 de la Constitución Política, según los cuales los departamentos, como entidades territoriales, tienen la obligación de asegurar la prestación de servicios, para lo cual pueden asignar competencias, lo que, en este caso, se hizo encargando de la función respectiva al Instituto Departamental de Transportes y Tránsito. Se refirió también al artículo 265 del Decreto 1222 de 1986, conforme al cual los gerentes y directores de los establecimientos públicos son agentes del gobernador, quien preside sus juntas o consejos directivos y debe dar su voto favorable para decidir algunos asuntos importantes. Además, los representantes del gobierno departamental en tales juntas o consejos directivos deben rendir los informes que se les solicite sobre las actividades y la situación de la entidad respectiva.

Por otra parte, es claro que los ingresos del instituto demandado forman parte del presupuesto del departamento, y que su único papel es el cumplimiento de la delegación de una gestión que compete a éste último. Mencionó el artículo 288 de la Constitución Política, según el cual las competencias de los entes territoriales deben ejercerse conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y manifestó que la Corte Constitucional, en sentencia C-547 de 1992, precisó que la coordinación implica participación eficaz en la toma de decisiones, y la concurrencia evoca un proceso de participación.

Sobre el mismo punto, citó las opiniones de los doctrinantes Libardo Rodríguez, Álvaro Bustamante Ledesma y Eduardo García de Enterría, y concluyó que el incumplimiento de los deberes por parte del Departamento de Risaralda lo hace responsable en este caso, de los perjuicios sufridos por los demandantes.

Criticó, por último, los fundamentos del fallo recurrido respecto del perjuicio fisiológico.

Por su parte, el apoderado del Departamento manifestó que, como lo expresó el Tribunal, no existen razones para proferir condena en su contra, en el presente proceso. Aludió a la función del Instituto de Transportes Tránsito de Risaralda, prevista en el numeral 9º del Decreto 945 de 1977, cuyo incumplimiento se alega en la demanda, y concluyó que la misma no corresponde al Departamento, sino a dicha entidad, que tiene personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Mediante escrito presentado el 8 de mayo de 1998, el apoderado de la parte actora manifestó que Instituto Departamental de Transportes y Tránsito de Risaralda fue liquidado, y acompañó algunos documentos para demostrarlo (fls. 209, 210). Solicitó que esta circunstancia fuera tenida en cuenta, al momento de proferir el fallo de segunda instancia.

V. Consideraciones:

1. Valor de la prueba trasladada:

Teniendo en cuenta que el fallador de primera instancia valoró, al proferir la sentencia, algunas pruebas practicadas dentro del proceso penal adelantado por las lesiones sufridas por María Celeny Zapata, su esposo y su hija, como consecuencia del accidente que dio lugar a este proceso, cuyas copias auténticas fueron allegadas al expediente en cumplimiento del auto del 28 de abril de 1995, y dado que el apelante hace referencia a varias de dichas pruebas, en sus alegatos de conclusión y al sustentar el recurso interpuesto, la Sala considera necesario reiterar los argumentos planteados en reciente pronunciamiento(1), en relación con el traslado de las pruebas:

“El artículo 168 del Código Contencioso Administrativo dispone que “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

En relación con el traslado de pruebas, debe aplicarse, entonces, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:

“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”. (se subraya).

De otra parte, el artículo 229 del mismo código dispone:

Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

a) Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

b) Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”. (se subraya).

Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del CPC. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En relación con la indagatoria... practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración..., dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso...”.

De acuerdo con lo anterior, es claro que las pruebas practicadas en un proceso distinto al contencioso administrativo no pueden ser valoradas para adoptar la decisión que corresponda dentro del mismo, salvo que, siendo procedente su traslado, éste se efectúe dando cumplimiento a los requisitos antes referidos. Si éstos no se cumplen, no podrán ser tenidas en cuenta por el juzgador.

En el presente caso, resulta claro que ninguna de las pruebas practicadas dentro del proceso penal adelantado por las lesiones sufridas por María Celeny Zapata Zapata, su esposo y su hija puede ser valorada en el proceso contencioso administrativo, dado que tales pruebas no fueron trasladadas de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

2. Hechos probados y responsabilidad de las entidades demandadas:

Con fundamento en las pruebas practicadas y debidamente allegadas al proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

1. El Instituto Departamental de Transportes y Tránsito de Risaralda fue creado mediante ordenanza Nº 007 del 1º de septiembre de 1977, como establecimiento público del orden departamental, con personería jurídica, autonomía financiera y administrativa, patrimonio propio e independiente. Se constituyó como dependencia de la Gobernación del Departamento, sometido al control técnico y a la revisión administrativa del Instituto Nacional de Transporte INTRA. Sus funciones están previstas en la ordenanza citada y en el Decreto Reglamentario 945 de 1977; una de ellas es la instalación de semáforos y señales de tránsito, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos, en la ciudad de Pereira.

Para atender las fallas que se presentan en la red de semáforos, la División Operativa del instituto cuenta con dos técnicos, a quienes corresponde la supervisión física de la red y la reparación de las fallas.

Los semáforos de la Avenida del Ferrocarril hacen parte del grupo de semáforos interconectados a un computador central, mediante el cual se logra la coordinación general de los mismos, la programación de tiempos y la conexión y desconexión automática, de acuerdo con las necesidades.

Lo anterior consta en el informe rendido por el director general del citado instituto, en respuesta a la petición formulada por el apoderado de la parte demandante (fls. 43 a 45). Allí mismo se explica cuál es el procedimiento utilizado para la realización de las actividades de supervisión de la red de semáforos.

Conforme a lo anterior, concluye la Sala que le asiste razón al Tribunal, en cuanto consideró que el Departamento de Risaralda no tenía legitimación en la causa para obrar como demandado en el presente proceso. Sin lugar a dudas, el servicio a cuya falla se imputa en la demanda el daño causado estaba a cargo del Instituto Departamental de Transportes y Tránsito de Risaralda, entidad que fue constituida como establecimiento público, con personería jurídica y autonomía administrativa. Así, si bien el departamento debía ejercer un control de tutela en relación con el citado instituto, como entidad descentralizada del orden territorial, que se materializa en la designación de su director por parte del gobernador y en la participación de un agente de éste en la junta directiva del establecimiento público, es claro que dicho control no supone el surgimiento de una obligación solidaria entre las dos entidades, cuando se causa un daño imputable al incumplimiento de funciones asignadas directamente a aquél.

2. El 9 de abril de 1993, a las 3:15 p.m., se presentó un accidente automovilístico en la intersección de la Avenida El Ferrocarril y la Carrera 7ª de la ciudad de Pereira. Colisionaron dos vehículos de servicio particular, una camioneta Toyota de placas NV-8911, conducida por el señor Hernando Zapata Quintana, y una motocicleta Suzuki de placas SGC-68, conducida por Jaime Campuzano Aguirre.

Lo anterior consta en el informe del accidente levantado por los agentes de la policía de tránsito Ramírez Cuervo y Muñoz Castro (fl. 40), donde se hizo, igualmente, el croquis respectivo y se indicó que la señora María Celeny Zapata Zapata y la niña de tres años Diana Marcela Campuzano Zapata, pasajeras de la motocicleta, habían resultado lesionadas. Se hizo constar, además, que los señores Víctor Alexander Arango, Luis F. Ríos Gallego y Fernando Martínez eran testigos de lo ocurrido. Sobre las causas probables, se consignó: “Código # 144. El semáforo en mal estado de funcionamiento”, y se citaron las versiones de los conductores, así:

“Versión conductor # 1 (camioneta): yo venía por la Kra. 7ª el semáforo estaba en verde yo miré carros estacionados la moto siguió y colisionamos”.

Versión conductor # 2 (motocicleta): el semáforo estaba apagado, yo cruse (sic) y el señor también se atravesó y colisionamos”. (se subraya).

En relación con lo anterior, obra también en el proceso el informe rendido, el 9 de abril de 1993, por el agente Norberto Ramírez Cuervo al secretario de gobierno municipal. Allí se expresó lo siguiente (fl. 41):

“...el día de hoy... en accidente de tránsito ocurrido en la avenida Ferrocarril con carrera 7ª, siendo las 15:14 horas resultaron heridos: Jaime campuzano aguirre..., María Celeny Zapata Zapata, 26 años... casada... secretaria... atendida en los Seguros Sociales, presenta fractura y herida pierna derecha y herida en tabique, además escoriaciones diferentes partes del cuerpo. Menor Diana marcela campuzano zapata, 3 años, hija anteriores (sic) y residentes misma dirección (sic), atendida Hospital San Jorge, presente herida y contusión labio superior.

Anteriores (sic) se movilizaban en moto Suzuki 80, color roja de placas SGC-68, modelo 1993, de propiedad de la segunda... la cual era conducida por el primero... la cual colisionó con un vehículo camioneta marca Toyota, color amarilla de placas NV 8911, de propiedad del señor Humberto Zapata Quintana..., el cual era conducido por Hernando Zapata Quintana...

Móviles: Según los testigos el accidente se produjo por el mal funcionamiento de los semáforos de ese lugar, lo cual corroboramos, ya que ambos cambiaban de rojo a verde al mismo tiempo dando vía a la avenida Ferrocarril y carrera 7ª, y en otras ocasiones el semáforo de la avenida Ferrocarril se apagaba...

Conocieron caso agente Muñoz Castro Humberto... y el suscrito”. (se subraya).

3. Los citados agentes Norberto Ramírez Cuervo y Humberto Muñoz Castro rindieron testimonio dentro del proceso (fls. 45 a 51). El primero de ellos expresó lo siguiente, en relación con el accidente:

“Para ese día me encontraba de patrulla con el agente Muñoz Castro Humberto. De la central de Policía se nos comunicó que en la carrera séptima con Avenida del Ferrocarril se había presentado una colisión, cuando llegamos al lugar encontramos un vehículo camioneta, me parece, que había colisionado con un vehículo moto, y cuyos ocupantes había (sic) resultado lesionados... muchos de los curiosos nos manifestaron que los semáforos estaban dañados..., procedimos a observar el funcionamiento de los semáforos para lo cual me ubiqué debajo del semáforo de la carrera séptima o sea la que desemboca en la Avenida del Ferrocarril, el compañero se ubicó en el semáforo que da vía por la Avenida del Ferrocarril con destino a Dosquebradas. La falla que se presentaba consistía en que ambos semáforos estaban dando los cambios al mismo tiempo y en el mismo color y el de la Avenida del Ferrocarril, según el compañero, al momento se apagaba dando vía a los carros de la Avenida que transitaban para Dosquebradas con el consiguiente peligro que el semáforo de la carrera séptima también estaba habilitando los vehículos para cruzar la Avenida del Ferrocarril...”. (se subraya).

Luego, explicó:

En esa intersección funcionan cuatro semáforos los cuales controlan el tráfico así: el primero controla el tráfico de la Avenida del ferrocarril hacia Dosquebradas o Bavaria; el segundo semáforo controla el tráfico de la Avenida del Ferrocarril hacia la carrera séptima; el tercer semáforo controla el tránsito que baja por la carrera séptima rumbo al centro y el último controla el tráfico que sube del sector Bavaria por toda la Ferrocarril hacia la carrera séptima o que continúe por la misma. El primer semáforo de los nombrados era el que estaba presentando fallas, ese era el que se apagaba o daba los cambios al mismo tiempo que el otro. Yo me ubique... en el semáforo de la carrera séptima a la Avenida del Ferrocarril para indicarle al compañero qué cambio daba, esperé a que el semáforo estuviera en color rojo, el otro compañero se ubicó en el semáforo que presentaba las fallas, cuando el mío cambiaba a verde yo le indicaba que cambió a verde y según el compañero el otro semáforo daba ese mismo cambio, es decir que daba el verde y al instante prácticamente se apagaba. En mi concepto al parecer era una falla de corriente...”. (se subraya).

Sobre las versiones recogidas en el lugar, dijo:

El conductor del vehículo camioneta que transitaba por la carrera séptima manifestó que él pasó porque el semáforo estaba en verde y el conductor del vehículo moto que iba por la Avenida del Ferrocarril hacia Dosquebradas... manifestó que el semáforo estaba apagado y siguió y que a un lado había una fila de carros... la fila... a que el conductor se refiere era a (sic) los vehículos que transitaban por la Avenida del Ferrocarril y que estaban esperando el cambio de semáforo para voltear a la carrera séptima provenientes del sector de la gobernación y que iban en dirección hacia Dosquebradas...”. (se subraya).

Interrogado sobre si quien va por la avenida hacia Dosquebradas tiene prelación respecto de quien va por la carrera séptima, cuando encuentra el semáforo apagado, manifestó: “En este caso como lo dice el conductor que encontró el semáforo apagado, independientemente del funcionamiento del semáforo de la carrera séptima hacia la avenida tiene prelación ya que sobre la vía no se encuentra señal de “pare” alguna”.

Finalmente, precisó que en la motocicleta se desplazaban tres personas, dos adultos y una menor.

El segundo agente mencionado, por su parte, expresó lo siguiente:

“A... Ramírez Cuervo Norberto y a mí, nos reportan por parte de la central un accidente de tránsito en la Avenida del Ferrocarril con carrera séptima. Llegamos al lugar donde encontramos un vehículo camioneta Toyota y una moto los cuales habían colisionado, procedimos a hacer el procedimiento de tránsito y a levantar el respectivo croquis, se averiguaron (sic) por personas lesionadas, las cuales ya se habían despachado para las clínicas que eran los de la moto, que eran una señora, una niña y el conductor de la moto. En el lugar del accidente varias personas manifestaban que los semáforos estaban dañados y según versiones de conductores daban versiones que corroboraban con los daños de los semáforos encontrándose que daban cambios simultáneos del mismo color, de rojo a verde y en ocasiones el de la Avenida del Ferrocarril se quedaba apagado... Se apagaba en ocasiones el del lado derecho de la Avenida del Ferrocarril, bajando vía Dosquebradas. Daba el mismo color simultáneamente con el de la carrera séptima”. (se subraya).

Interrogado sobre si verificó el funcionamiento anormal de los semáforos, contestó afirmativamente y explicó que él y su compañero revisaron los semáforos, mirando al mismo tiempo él el de la Avenida del Ferrocarril y el agente Ramírez el de la carrera 7ª. Agregó, finalmente, que la motocicleta transitaba por la avenida citada y la camioneta por la carrera.

4. Obra en el proceso la declaración del señor Luis Fernando Martínez Flórez, mencionado como testigo del accidente en el informe de los agentes de tránsito, quien expresó:

“Yo me encontraba en el portón de mi casa situada en la carrera 7 Nº 9-12, es decir a unas dos cuadras de la Avenida. Yo antes había cruzado por la Avenida y había visto los dos semáforos en verde, entonces yo me senté en el portón a ver que algo iba a pasar ahí y cuando ocurrió el accidente yo ahí mismo bajé y ya había dos agentes de Policía allí. Entonces yo les dije que miraran que los dos semáforos estaban funcionando en verde. Uno de los agentes se hizo en la Avenida del Ferrocarril y el otro en la carrera séptima para verificar los semáforos y encontraron de (sic) que los dos semáforos estaban en verde...”. (se subraya).

Interrogado sobre la razón por la cual supo que funcionaban irregularmente los semáforos, dijo:

“Yo venía del centro cuando yo miré los dos semáforos porque los carros estaban pitando a la misma vez y entonces miré que era que los dos semáforos estaban en verde, pero yo seguí para la casa y me paré en el portón cuando oí el frenón en seco y el golpe y ahí fue cuando me fui a mirar. Transcurrieron por ahí unos 5 minutos mientras pasé el semáforo y llegué a mi casa...”.

Se le solicitó explicar cuál era el sitio exacto donde se encontraba y donde pudo observar los semáforos, dijo: “Eso es Avenida del Ferrocarril con 11. Ese me imagino que es el sitio del accidente, porque yo vivo en la séptima con 9”.

Se advierte que, de acuerdo con el informe y los testimonios de los agentes de tránsito, el accidente ocurrió en la intersección de la Avenida del Ferrocarril con la Carrera 7ª, y no con la carrera 11, como lo afirma el testigo.

5. Rindieron declaración, igualmente, los señores Jorge Mauro Uribe Rendón y Hugo Restrepo Ocampo, funcionarios del Instituto Departamental de Transportes y Tránsito de Risaralda (fls. 53 a 63 del cdno. 2). No tuvieron conocimiento del accidente, en el momento en que ocurrió. Fueron informados posteriormente sobre lo sucedido. Al respecto, Uribe Rendón explicó:

“...fui informado por radioteléfono, entonces me presenté en el sitio y verifiqué el funcionamiento del controlador del semáforo, estando éste en perfectas condiciones, posteriormente verifiqué el estado de la bombillería de la intersección, observando que el poste tipo pedestal, ubicado en la avenida del Ferrocarril sur norte, derecho con carrera 7ª, presentaba fundido el bombillo rojo y una flecha verde, que indica el sentido hacia el norte, luego procedí a dejar fuera de servicio el equipo, mientras se hacían los respectivos cambios, la intersección entró a trabajar el día siguiente a las seis de la mañana por mal estado del tiempo el día anterior... La anomalía que yo menciono no incide en el correcto funcionamiento del controlador, por tal la carrera 7ª, se encontraba en verde, mientras que la avenida sur-norte estaba haciendo el rojo, pero el pedestal derecho tenía el bombillo rojo fundido, pero dicho sentido tenía la ayuda visual del semáforo ubicado a la izquierda. Por controlador se entiende el sistema electrónico encargado de manejar los diferentes estados, que se presentan en una intersección semaforizada”. (se subraya).

Interrogado sobre las etapas o secuencias de las señales de los semáforos que controlan el tráfico sobre la avenida en el sentido sur-norte y su relación con el semáforo que regula el tráfico que viene de la carrera 7ª, contestó:

“La primera fase presenta tanto la avenida sur-norte, como norte-sur en verde, carrera 7ª en rojo, y avenida sur-oeste en rojo, la segunda fase presenta la avenida sur-norte y sur-oeste en verde, avenida norte-sur en rojo, y carrera 7ª en rojo, y la tercera etapa presenta carrera 7ª en verde, avenida sur-norte, sur-oeste, y norte-sur en rojo”. (se subraya).

Preguntado sobre la finalidad de fijar dos semáforos en la intersección de la avenida del Ferrocarril sur-norte, dijo: “El motivo por el cual se colocan dos postes es para dar ayuda visual, tanto para conductores como para peatones, para prevenir una anomalía como la antes mencionada”. Luego, agregó, refiriéndose al pedestal de la izquierda: “La función que tiene dicho pedestal es habilitar el giro (en verde) de los vehículos que se dirigen hacia el occidente, y reforzar el estado en rojo del semáforo ubicado en el pedestal derecho de la avenida del ferrocarril sur-norte”.

Interrogado sobre la duración de las bombillas, expresó que es difícil precisarla, pues en ella inciden muchos factores externos, como las filtraciones de agua, razón por la cual todos los días se hacen recorridos, por los diferentes cruces semaforizados, en las horas de la mañana, y durante el día se hacen otros recorridos y se esperan reportes sobre los bombillos fundidos, efectuándose los cambios inmediatamente.

Finalmente, preguntado sobre lo sucedido, en el presente caso, y concretamente sobre la conducta del conductor de la motocicleta, quien encontró apagado el semáforo del pedestal derecho, dijo:

“De acuerdo a mis conocimientos sobre la programación que tiene dicha intersección y en el cual (sic) los dos semáforos ubicados en la avenida del ferro sur-norte, están en rojo pero presentando la anomalía en el rojo del pedestal derecho sur-norte, me fijaría en el estado que presenta el semáforo ubicado en la avenida del ferro, sur-oeste y de acuerdo a la señalización que presente en este caso si es roja, haría el respectivo pare”. (se subraya).

Este testimonio fue tachado por el apoderado de la parte demandante, teniendo en cuenta que el declarante manifestó ser empleado de una de las entidades demandadas.

El señor Restrepo Ocampo, por su parte, manifestó que no tuvo conocimiento del accidente ocurrido el 9 de abril de 1993, ya que no laboró ese día; sin embargo, interrogado sobre si era factible que los semáforos de la Avenida del Ferrocarril y la Carrera Séptima dieran idénticos cambios simultáneamente, dijo que ello era imposible, porque se trata de circuitos independientes. Explicó, además, que en el instituto hay dos funcionarios encargados del mantenimiento y la revisión de la red de semáforos, y que el servicio se presta de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Precisó que los equipos instalados son controladores AU, de funcionamiento electromecánico, formados por relés: tubo al vacío y programación paso a paso. Reiteró lo expresado por su compañero, respecto de la periodicidad con que se funden las bombillas y los recorridos efectuados diariamente.

Este testimonio también fue tachado por el apoderado de la parte actora, con fundamento en los mismos argumentos que sirvieron para tachar el del señor Uribe Rendón.

6. Por solicitud del Tribunal de Risaralda, el jefe de la División Operativa del Instituto Departamental de Transporte y Tránsito rindió informe el 17 de mayo de 1995, en los siguientes términos (fls. 13 a 15 del cdno. 2):

“1. La División Operativa... lleva un registro de los reportes de fallas de la red de semáforos. Según dicho reporte el día 09 de abril de 1993, a las 4:30 p.m., se reportan fundidos dos (2) bombillos (bombillo del lente rojo y bombillo del lente verde con flecha), en el semáforo de pedestal de cuatro (4) luces, ubicado en el costado derecho de la avenida del ferrocarril sentido sur-norte (Pereira-Dosquebradas).

2. Este hecho debe haber originado el accidente. Sin embargo, el conductor que transitaba por la avenida rumbo a Dosquebradas, no observó el semáforo de cuatro luces ubicado en el costado izquierdo, que señaliza igualmente rojo en esa dirección.

(...)

3. Las causas que determinan el mal funcionamiento de los semáforos son de dos tipos:

a) Externas al controlador de tráfico. No dependen de elementos componentes del equipo, tales como:

— Interrupción del servicio de energía. El controlador no funciona, no hay señalización en los semáforos.

— Aumento y caídas de voltaje en la red de distribución. No permite el funcionamiento ideal de los componentes. Existe señalización en los semáforos.

— Bombillos fundidos. El controlador opera normalmente, pero la señalización en los semáforos depende del bombillo que está apagado.

b) Internas del controlador de tráfico. Estas fallas se presentan en alguna de las siguientes unidades que conforman el equipo.

— Fuente de alimentación...

— Conmutador de tiempo...

— Unidad de mando...

— Regleta de programación...

(...)”. (se subraya y se resalta).

7. Obra también en el expediente el informe rendido por el gerente de proyectos y el gerente comercial de Siemens, por el cual se da respuesta a algunos interrogantes formulados por el Tribunal, en relación con el funcionamiento de los controladores de tráfico tipo AU. Es importante resaltar que en dicho informe se expresa que “existen en la unidad de programación unas cadenas lógicas de relés que definen un funcionamiento “lógico” paso a paso, que prácticamente no se da ocurrencia de verdes simultáneos. En caso de falla en cadena de relés, simplemente se retiene en (sic) funcionamiento en un estado de señalización lógico” (fls. 19, 20 del cdno. 2).

8. Según consta en la historia clínica respectiva, el mismo día del accidente, a las 3:50 p.m., fue atendida la señora María Celeny Zapata Zapata en el Instituto de los Seguros Sociales. A las 8:55 de la noche fue intervenida quirúrgicamente. El 9 de junio siguiente, aparece la siguiente anotación: “Se retira tutor y varillas, yeso tipo Delbeth, incap. 60 días”. El 22 de junio aparece: “Salida”.

El 16 de septiembre, fue operada nuevamente de la tibia derecha (osteosíntesis con injerto de cresta iliaca). El 16 de diciembre del mismo año, fue intervenida otra vez, para retirarle el material de osteosíntesis. El 19 de mayo de 1994, se le practicó otra intervención, de carácter ambulatorio, para “retiro del tutor” o “retiro de clavos”; se le colocó yeso tipo Delbeth (ver historia clínica, en el cdno. 3).

Obran en el proceso otras pruebas que permiten demostrar la existencia de los perjuicios cuya indemnización se solicita en la demanda. No obstante, la Sala considera innecesario hacer referencia a ellas, teniendo en cuenta que, conforme a lo expuesto, se concluye que el daño causado es imputable, exclusivamente, a la imprudencia del señor Jaime Campuzano Aguirre, conductor de la motocicleta en la que se desplazaba la señora María Celeny Zapata Zapata, esposa de este último.

Se advierte, por una parte, que existen versiones contradictorias, en relación con la naturaleza del daño que presentaba el semáforo localizado en el pedestal derecho de la calzada oriental de la Avenida del Ferrocarril, a la altura de la intersección de ésta con la carrera 7ª, en la ciudad de Pereira. Mientras uno de los testigos y los agentes de tránsito que rindieron el informe sobre el accidente expresan que dicho semáforo hacía los cambios de colores al mismo tiempo y en el mismo sentido que el semáforo localizado sobre la carrera 7ª, y que luego de estar en verde, el primero se apagaba, los funcionarios del instituto demandado, encargados de revisar la falla, afirmaron que no existía un daño en el controlador, del que depende el cambio de colores, y que simplemente se encontraban fundidos dos bombillos, de los cuatro que tiene el citado semáforo de la avenida del Ferrocarril, concretamente el rojo y el verde con flecha que indica el sentido hacia el norte. Al reporte y la reparación de un daño de esta naturaleza se hace referencia también en el informe rendido al Tribunal por el jefe de la División Operativa del instituto mencionado.

Encuentra la Sala, sin embargo, que este hecho carece de relevancia en el presente caso, dado que está demostrado que, en el momento en que ocurrió el accidente, el semáforo que controlaba el tráfico de oriente a occidente, por la carrera séptima, estaba en verde, y el que controlaba el tráfico de sur a norte, por la Avenida del Ferrocarril, estaba apagado. Así se expresa en la demanda y al respecto son coincidentes las diferentes pruebas que obran en el proceso: a este hecho se refieren los agentes de tránsito que se presentaron en el lugar de la colisión, inmediatamente después de ocurrida, cuando explican cuáles fueron las versiones ofrecidas, allí mismo, por los conductores de los respectivos vehículos. En efecto, manifiestan que el conductor de la camioneta, que se desplazaba por la carrera séptima, en sentido oriente-occidente, afirmó que el semáforo estaba en verde, y que el conductor de la motocicleta, que se desplazaba por la Avenida del Ferrocarril, en sentido sur-norte, afirmó que el semáforo estaba apagado, por lo cual no detuvo su marcha. Estas versiones quedaron consignadas, igualmente, en el informe rendido por los citados agentes, que también obra en el proceso.

Así las cosas, independientemente de que existiera o no un daño en el controlador de los semáforos en la mencionada intersección vial, es evidente que, en el momento del accidente, el semáforo del pedestal derecho de la Avenida del Ferrocarril no estaba en verde; mientras el de la carrera 7ª daba tal señal, el de la avenida se encontraba apagado. Debe establecerse, entonces, si esta circunstancia era suficiente para que el conductor de la motocicleta, que advirtió dicha falla en el semáforo, considerara que no debía detenerse, sino que tenía derecho a cruzar la intersección.

Está probado que, en el cruce mencionado, existían cuatro semáforos, así: dos en la calzada oriental de la Avenida del Ferrocarril, cuyo sentido es sur-norte, uno en la calzada occidental de la misma avenida, cuyo sentido es norte-sur, y otro sobre la carrera 7ª, que cruza la avenida, en sentido oriente-occidente. También está demostrado que uno de los dos primeros semáforos citados presentaba una falla, concretamente el colocado sobre un pedestal, en el extremo derecho de la vía. Era éste el semáforo que estaba apagado, en el momento en que el conductor de la motocicleta, que transitaba exactamente por ese lugar, decidió cruzar la intersección.

El otro semáforo de dicha calzada estaba ubicado igualmente sobre un pedestal, en el extremo izquierdo de la vía. No hay en el expediente prueba alguna de que este último semáforo presentara fallas y ninguna referencia a ello se hace en la demanda. Por el contrario, obran en el proceso varias pruebas que indican que la falla se presentaba, exclusivamente, en el semáforo del extremo derecho de la calzada; así se desprende de la declaración del agente de tránsito Norberto Ramírez, quien menciona los cuatro semáforos y explica que la falla se presentaba en uno solo de ellos, indicando cuál era; de la declaración del agente Humberto Muñoz, quien concretamente dice que “Se apagaba en ocasiones el del lado derecho de la Avenida del Ferrocarril, bajando vía Dosquebradas”, y del testimonio del señor Jorge Mauro Uribe Rendón, quien dice que, al acudir al lugar, a fin de reparar la falla, observó que “el poste tipo pedestal, ubicado en la avenida del Ferrocarril sur norte, derecho con carrera 7ª, presentaba fundido el bombillo rojo y una flecha verde, que indica el sentido hacia el norte”. Finalmente, en el informe rendido al Tribunal por la División Operativa del Instituto de Transportes y Tránsito de Risaralda se expresa que, el día de los hechos, se registró el reporte de una falla en uno de los semáforos de la intersección citada, concretamente “en el... de pedestal de cuatro (4) luces, ubicado en el costado derecho de la avenida del ferrocarril sentido sur-norte (Pereira - Dosquebradas)”.

Conforme a lo anterior, es claro que, sobre la calzada oriental de la Avenida del Ferrocarril, por donde transitaba, en sentido sur-norte, el conductor de la motocicleta, existían dos semáforos, ubicados en pedestales, en los extremos de la vía. El del extremo derecho presentaba fallas y, en el momento del accidente, estaba apagado. El del extremo izquierdo se encontraba en perfectas condiciones.

Manifiestan los señores Uribe Rendón y Restrepo Ocampo, funcionarios del instituto demandado, que la colocación de estos dos semáforos, en una misma calzada, se justifica por la necesidad de facilitar la visibilidad de los conductores y los peatones, y prevenir situaciones como la que se presentó en este caso, de manera que un semáforo sirva de soporte al otro, en caso de falla de uno cualquiera de ellos. Así, Jorge Mauro Uribe explica que el semáforo de la izquierda tiene la función de habilitar el giro (en verde) de los vehículos que van hacia el occidente, “y reforzar el estado en rojo del semáforo ubicado en el pedestal derecho de la avenida del ferrocarril sur-norte”. Y agrega, refiriéndose al caso concreto, que, estando en el lugar del motociclista, que encontró apagado éste último, “se fijaría en el estado que presenta el semáforo ubicado en la avenida del ferro (sic), sur-oeste y de acuerdo a la señalización que presente en este caso si es roja, haría el respectivo pare”.

Por otra parte, en el informe antes citado, rendido al Tribunal, el jefe de la División Operativa del Instituto Departamental de Transportes y Tránsito manifestó que “el conductor que transitaba por la avenida rumbo a Dosquebradas no observó el semáforo de cuatro luces ubicado en el costado izquierdo, que señaliza igualmente rojo en esa dirección”.

Se concluye, por lo anterior, que ambos semáforos tenían cuatro luces. Este hecho reviste importancia para la Sala, ya que permite corroborar las afirmaciones de los funcionarios del instituto demandado, en el sentido de que, si bien el de la izquierda tenía por función controlar el tráfico hacia el occidente, esto es, desde la Avenida del Ferrocarril hacia la carrera 7ª, mediante un bombillo verde, con flecha que indicaba el giro hacia la izquierda, el mismo semáforo contaba con tres bombillos adicionales, que no podían ser sino rojo, amarillo y verde, el primero para impedir el tráfico en cualquier sentido y el último para habilitar el paso hacia el norte, siguiendo por la avenida. Es evidente, entonces, que el citado semáforo, ubicado en el costado izquierdo de la calzada oriental de la Avenida del Ferrocarril cumplía, además de la función de habilitar el cruce a la izquierda, las mismas funciones del semáforo ubicado en el pedestal del costado derecho de la calzada.

La Sala considera necesario recordar, adicionalmente, lo expresado por el agente Norberto Ramírez Cuervo, al rendir testimonio dentro del proceso, refiriéndose a las versiones de los conductores, en el momento de los hechos:

“...el conductor del vehículo moto que iba por la Avenida del Ferrocarril hacia Dosquebradas... manifestó que el semáforo estaba apagado y siguió y que a un lado había una fila de carros... la fila... a que el conductor se refiere era a (sic) los vehículos que transitaban por la Avenida del Ferrocarril y que estaban esperando el cambio de semáforo para voltear a la carrera séptima provenientes del sector de la Gobernación y que iban en dirección hacia Dosquebradas...”. (la fila de carros).

En el mismo sentido, se anotó en el informe del accidente la siguiente versión del conductor de la camioneta: “yo venía por la Kra. 7ª el semáforo estaba en verde, yo miré carros estacionados la moto siguió y colisionamos”. (se subraya).

Con base en estas afirmaciones y teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se infiere que, en el momento en que el señor Jaime Campuzano Aguirre, conductor de la motocicleta, llegó a la intersección de la Avenida del Ferrocarril con la carrera séptima, transitando por la primera, el semáforo ubicado en el extremo izquierdo de la vía se encontraba en rojo. En efecto, sólo así se explica que a ese lado de la vía, existiera una fila de carros estacionados, que esperaban el cambio de señal para cruzar a la izquierda, tomando la carrera séptima. Por lo demás, esa era la señal que debía dar dicho semáforo, estando en verde —como lo estaba, según se vio anteriormente— el ubicado en sobre la carrera 7ª, para habilitar el cruce de oriente a occidente.

Esto resulta coherente, además, con lo expresado por el señor Uribe Rendón, al explicar las secuencias de las señales de los semáforos que controlaban el tráfico en la intersección mencionada, en el testimonio ya citado anteriormente, así:

La primera fase presenta tanto la avenida sur-norte, como norte-sur en verde, carrera 7ª en rojo, y avenida sur-oeste en rojo, la segunda fase presenta la avenida sur-norte y sur-oeste en verde, avenida norte-sur en rojo, y carrera 7ª en rojo, y la tercera etapa presenta carrera 7ª en verde, avenida sur-norte, sur-oeste, y norte-sur en rojo”. (se subraya).

De lo anterior se concluye que siempre que el semáforo del costado derecho de la calzada oriental de la Avenida del Ferrocarril tenía su fase en rojo, el semáforo ubicado en el costado izquierdo de la misma calzada estaba igualmente en rojo. En efecto, ello ocurría en la tercera fase, en la que tanto la avenida sur-norte como la avenida sur-oeste tenían señal de rojo. En las fases primera y segunda, la avenida sur-norte estaba siempre en verde, y la avenida sur-oeste en rojo y en verde, respectivamente. Así, es claro que si bien en una de las fases, en la primera, la señal del paso sur-norte (verde) no coincidía con la opción de paso sur-oeste (rojo), tal situación se presentaba cuando el semáforo del costado derecho estaba en verde, y nunca cuando el mismo estaba en rojo. Por lo demás, como se expresó antes, es claro que, contando ambos semáforos con cuatro bombillos, estando en la primera fase, el semáforo de la izquierda debía dar necesariamente señal de rojo para el cruce sur-oeste, pero señal de verde para el paso en dirección sur-norte, coincidiendo esta última con la del semáforo del costado derecho. Así, carece de validez, en el presente caso, el argumento planteado por el apelante, al presentar alegatos en segunda instancia, en el sentido de que los semáforos de la calzada oriental de la avenida no cumplían la misma función, porque no funcionaban simultáneamente.

Teniendo en cuenta todo lo expresado anteriormente, la Sala considera infundada la tacha de los testimonios de los señores Uribe Rendón y Restrepo Ocampo, formulada por el apoderado de la parte actora. En efecto, sus afirmaciones en relación con la función de los semáforos ubicados en la intersección donde ocurrió el accidente, son coherentes y, como se acaba de explicar, resultan coincidentes con otras pruebas que obran en el proceso.

También manifiesta el apoderado de los demandantes que las declaraciones rendidas por los funcionarios del instituto demandado son contradictorias con lo expresado en el informe rendido ante el Juez Octavo Penal Municipal, por el director general de la misma entidad. Se recuerda, en primer término, que, conforme a lo expresado en la primera parte de estas consideraciones, dicho informe no puede ser valorado dentro de este proceso, por no haberse trasladado la prueba en debida forma; sin embargo, vale la pena anotar que en él sólo se reiteran las conclusiones obtenidas con fundamento en las pruebas practicadas válidamente en el proceso contencioso administrativo; en efecto, allí se explica que el semáforo del costado izquierdo de la calzada oriental de la Avenida del Ferrocarril tiene un cuatro luces, una roja, una amarilla y dos verdes. Respecto de la roja se dice que “Detiene el movimiento sur-norte y el giro sur-occidente. Actúa como repetidor en caso de falla del otro semáforo”, y respecto de las lentes verdes, se anota: “cada uno con una flecha indicando que se puede girar a la izquierda y seguir de frente...”. Y si bien se anota que en el semáforo del costado derecho de la misma calzada, que también tiene cuatro luces, la luz roja prende simultáneamente con la roja del costado izquierdo, pero su tiempo es menor, ello en nada contradice lo ya expresado, en el sentido de que siempre que el semáforo de la derecha está en rojo, el de la izquierda da la misma señal; en efecto, simplemente el primero cambia a verde un poco antes que el segundo, seguramente para evitar colisiones con los vehículos que cruzan de oriente a occidente y, tal vez, apenas han logrado superar la intersección.

En el caso planteado, el accidente ocurrió cuando el semáforo ubicado sobre la carrera séptima estaba en verde, de modo que los semáforos de ambos costados de la calzada oriental de la avenida debían estar en rojo. Habiendo una falla evidente en el ubicado en el costado derecho, por encontrarse apagado, es obvio que el conductor de la motocicleta debió mirar el semáforo ubicado en el costado izquierdo, que, con seguridad, lo hubiera obligado a detenerse. No podía concluir, de entrada, que por ser la avenida una vía principal, debía operar la regla de prelación de ésta sobre la carrera, ya que, obviamente, dicha regla sólo puede aplicarse cuando el servicio de señalización por semáforo está suspendido, lo que no sucedía en este caso, dada la existencia del semáforo en el otro costado de la calzada.

Finalmente, el instituto demandado aportó al proceso unas fotografías, al presentar alegatos de conclusión, en el curso de la primera instancia, las cuales corresponden, según las afirmaciones de su apoderado, a la intersección donde se presentó el accidente. Expresa el apoderado de los demandantes, al presentar alegatos en segunda instancia, que en tales fotografías se observa que existe una notoria distancia entre los pedestales de la izquierda y la derecha de la calzada oriental de la avenida, y que el trazado del pavimento es diagonal, de modo que quien se halla en el centro o a la derecha de la vía, deja atrás completamente el semáforo de la izquierda, perdiéndolo de vista, “lo que corrobora... que los servicios de señalización en ambos semáforos eran excluyentes”.

Advierte la Sala, por una parte, que las fotografías citadas no pueden ser valoradas válidamente en el proceso, por haberse allegado por fuera de las oportunidades procesales previstas para la aportación de pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 183 del Código de Procedimiento Civil. De otra parte, es claro que de ellas no se desprende ninguna de las conclusiones obtenidas por el apelante. Por el contrario, permiten corroborar las características y funciones de los semáforos mencionados, así como la posibilidad que tienen de observarlos los vehículos que transitan por la vía, en cualquiera de sus carriles.

Con fundamento en lo expuesto, concluye la Sala que el accidente ocurrido tuvo por causa la imprudencia del conductor de la motocicleta, quien, advirtiendo que el semáforo del costado derecho de la calzada estaba apagado, estaba obligado a observar el semáforo de la izquierda, y no podía, sin más, suponer que existía un daño en todos los semáforos de la intersección y que, en consecuencia, debían operar las reglas de prelación previstas en el Código Nacional de Tránsito, que le daban derecho a cruzar la intersección, sin precaución alguna.

Si bien se presentó una falla en el servicio de señalización del tráfico, consistente en un daño que, cualquiera que fuera su causa, dio lugar a que, en el momento del accidente, uno de los semáforos de la calzada citada se encontrara apagado, ello no autorizaba al conductor de la motocicleta a continuar en dirección sur-norte, sin detenerse, ya que existía otro semáforo, en el costado izquierdo, que, si bien permitía controlar el tránsito hacia en dirección sur-oeste, también actuaba como repetidor del ubicado en el costado derecho. 

La jurisprudencia se ha referido en múltiples ocasiones a la conducción de vehículos automotores, como actividad que, por sus características, es de naturaleza peligrosa, y, en esa medida, exige a quienes la desarrollan o conducen una diligencia y prudencia especiales. En el presente caso, resulta claro para la Sala que el señor Jaime Campuzano Aguirre, conductor de la motocicleta, no obró en la forma debida. Por el contrario, actuando con negligencia e imprudencia sumas, puso en peligro su propia vida y la de su esposa y su hija, que se desplazaban en el mismo vehículo, como pasajeras, al no detenerse en el cruce de la avenida con la carrera 7ª, a pesar de no contar con una señal de verde en el semáforo de la derecha, que se encontraba apagado, y sin mirar siquiera el semáforo de la izquierda, que se encontraba funcionando debidamente. 

Por otra parte, de acuerdo con lo expresado anteriormente, se concluye que no obstante la existencia de una falla en la prestación del servicio de señalización del tráfico, ella no constituyó la causa eficiente de las lesiones sufridas por la señora María Celeny Zapata y, por lo tanto, del perjuicio causado a los demandantes. La administración había establecido en el lugar un sistema de señalización doble, consistente en la instalación de dos semáforos que, en relación con el tránsito en dirección sur-norte, que precisamente era la que llevaba la motocicleta, actuaban como repetidores el uno del otro. Faltando el de la derecha, debían acatarse las señales del de la izquierda. Así las cosas, es claro que la administración había dispuesto un mecanismo específico para suplir la ausencia de uno de los dos semáforos colocados en la calzada oriental de la avenida. El daño tuvo por causa exclusiva, entonces, la conducta culposa del señor Jaime Campuzano Aguirre, conductor de la motocicleta, lo que, respecto de él mismo constituye un hecho exclusivo de la víctima, y respecto de los demás demandantes, un hecho exclusivo de un tercero, que, en ambos casos, rompe el nexo de causalidad y exime de responsabilidad al Instituto Departamental de Transportes y Tránsito de Risaralda. 

Es necesario aclarar, finalmente, que le asiste razón al apoderado de la parte actora cuando expresa que el hecho de que en la motocicleta se desplazaran tres personas, aunque puede constituir una infracción de tránsito, no tuvo injerencia alguna en la producción del daño. Debe anotarse, al respecto, que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado. De otra manera, se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo:

“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño...

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño...”.(2)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 8 de marzo de 1996, dentro del presente proceso, y se decide, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: María Elena Giraldo Gómez, presidenta de la Sala

Alier E. Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar—Jesús María Carrillo Ballesteros.

1 Sentencia del 13 de abril de 2000, expediente 11.898, actor: José Francisco Montero Ballén.

2 Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2., Santafé de Bogotá, 1996. págs. 245, 246.