Sentencia 12008 de febrero 27 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

DOCENTES

COMPATIBILIDAD DE PENSIÓN Y SUELDO

EXTRACTOS: «El conflicto radica en la posibilidad del actor de disfrutar simultáneamente la pensión que reclama y el sueldo ordinario, dado que, en su criterio, no tiene obligación de retirarse del servicio, como lo exigen los actos acusados, los cuales esgrimen como argumento que la doble asignación autorizada en la legislación anterior a la nueva Carta desapareció para el efecto propuesto en virtud de lo previsto especialmente en el artículo 19, literal g, de la Ley 4ª de 18 de mayo de 1992, que dice:

“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones: ...

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados”.

La Ley 60 de 1993, “por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según artículos 356 y 357...” ibídem, promulgada el 12 de agosto de ese año, en su artículo 6º, inciso 3º, dispuso:

“El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al fondo nacional de prestaciones del magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial”. (Subraya la Sala).

Esta última disposición, que bien podía, como lo anotó el a quo, disponer sobre la materia, indubitablemente derogó aquella por ser contraria a su letra y a su espíritu; y fue expedida con el fin de solucionar la incompatibilidad creada en la pretranscrita norma de la Ley 4ª. Y como estaba vigente al momento de fallar, el tribunal bien hizo en no ignorarla y aplicarla, dando por configurado el fenómeno de la “supervención” (sobrevenir nuevo derecho), acorde con la tesis adoptada por la corporación en sentencias como la de 20 de agosto de 1993, dictada en el proceso 6172, actora Ma. Pastora Vargas Agudelo, demandado departamento de Antioquia, magistrado ponente Dr. Carlos A. Orjuela G., en cuanto a que en la época de decidir existe una nueva normatividad que favorece la pretensión del demandante, y teniendo en cuenta además que, como está acreditado en autos y lo destacó el a quo, aquél, al momento de Ia notificación de la resolución que puso fin a la vía gubernativa —2 de septiembre de 1993—, se encontraba vinculado al servicio docente, y, por ende, cumplidos los requisitos de edad y tiempo de servicio, según se consigna en los considerandos de los mismos actos acusados».

(Sentencia de febrero 27 de 1997. Expediente 12008. Consejero Ponente: Dr. Javier Díaz Bueno).

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