Sentencia 12029 de abril 27 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

INEXISTENCIA DE FISCAL EN EL MUNICIPIO

FUNCIONES INVESTIGATIVAS ADELANTADAS POR EL JUEZ PENAL

EXTRACTOS: «Incompetencia del Juzgado Primero Promiscuo Territorial del municipio de Saravena para abril investigación. Este cargo se funda en la consideración de que en el referido municipio operaban unidades de fiscalía, y que en dichas condiciones no procedía la aplicación del artículo 73, numeral 3º, inciso último del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 11 de la Ley 81 de 1993, que autoriza al juez penal municipal del lugar del hecho punible a aprehender provisionalmente el conocimiento del asunto, cuando no exista fiscal que pueda hacerlo inmediatamente.

La concepción del demandante sobre la norma a la cual se ha hecho referencia, para llegar a la conclusión que el juez promiscuo territorial del municipio de Saravena no estaba facultado para iniciar la investigación por la muerte de la menor Yelitze Dayani López Villamizar, es equivocada. La condición según la cual “cuando en el lugar donde se cometa el hecho punible no existiere fiscal que avoque inmediatamente la investigación”, a que el legislador acude, debe ser entendida no sólo en el sentido de falta de establecimiento del órgano o ente acusador en el lugar de los hechos, como parece asumirlo el casacionista, sino también de ausencia temporal del funcionario titular, cualquiera sea el motivo de ella (permiso, incapacidad, comisión, abandono del cargo, etc.), pues la norma no hace distinciones, y su comprensión ante la obviedad de sus expresiones no permite excluir razonablemente ninguna de las referidas hipótesis.

Obsérvese que el legislador al conjugar la expresión “avocar” con el adverbio “inmediatamente”, en evidente alusión a la presencia actual del funcionario instructor, denota la situación fáctica que sobreviene cuando en el lugar no existe ente acusador, o cuando existiendo, se halla acéfalo por ausencia de su titular. Frente a cualquiera de las mencionadas hipótesis, el juez está investido de competencia para aprehender provisionalmente el conocimiento del asunto, mientras la Fiscalía lo asume, quedando facultado para abrir investigación, escuchar al imputado en indagatoria, practicar pruebas, y definir su situación jurídica.

Este entendimiento corresponde plenamente a la teleología del precepto, inspirado en el propósito por asegurar a través de una fórmula residual el carácter general y permanente de la función del Estado de perseguir los delitos, evitar que la demora en iniciar la investigación por falta de funcionario instructor se traduzca en factor de impunidad y zozobra social, y garantizar al imputado el derecho a ser escuchado oportunamente, sobre todo cuando el hecho reviste especial gravedad, y existe sindicado detenido, finalidades que vendrían a cumplirse si el juez asume transitoriamente el conocimiento del asunto, como ocurrió en el presente caso, donde su intervención se explica plenamente.

Del contenido del oficio Nº 172 de 7 de junio de 1994, remitido por el Juzgado Primero Promiscuo Territorial de Saravena al Director Seccional de Fiscalías de la ciudad de Villavicencio informando sobre la apertura de la investigación, se deduce que en el referido municipio se encontraba radicada la Fiscalía 40, pero que su titular, por razones que se desconocen, no estaba en la ciudad (fls. 24/1), y no había, por tanto, funcionario disponible de la fiscalía que avocara el conocimiento inmediato de la investigación por la muerte de la menor Yelitze Dayani López Villamizar, existiendo imputado detenido.

Siendo ello así, ninguna duda puede caber sobre el cumplimiento del supuesto fáctico requerido por el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el 11 de la Ley 81 de 1993, para que el Juzgado Promiscuo territorial de Saravena entrara a conocer transitoriamente del asunto, y la validez de la actuación cumplida por éste en obedecimiento de lo dispuesto en el precepto. De allí que las alegaciones del casacionista en torno a este primer aspecto del reproche carezcan de fundamento».

(Sentencia de casación, abril 27 de 2000. Radicación 12.029. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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