Sentencia 1204 de febrero 12 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. Nº 20011204-01. feb. 12/2002

M.S. Leonor Perdomo Perdomo

Aprobado según Acta Nº diez (10)

I. Asunto por resolver

La impugnación interpuesta por la accionante Consuelo Valencia de Rendón, contra el fallo del 7 de diciembre de 2001, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, que negó la tutela de los derechos al debido proceso, vivienda digna, prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administración de justicia, presuntamente conculcados por el Juzgado Once Civil del Circuito de Santiago de Cali Valle, dentro del proceso hipotecario iniciado por la corporación “Granahorrar”.

II. Hechos

Los ciudadanos Consuelo Valencia de Rendón y Tomás Rendón Nuñez, promovieron la presente acción, con el propósito de que se les ampare los derechos atrás relacionados.

Sostienen que mediante escritura pública de compraventa Nº 3678 del 6 de noviembre de 1994, adquirieron a través del sistema UPAC, el apartamento 302 A del conjunto residencial “Santa Verónica”, ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, negocio jurídico en el que se constituyó una hipoteca abierta sin límite de cuantía, con la corporación “Granahorrar”, para efectos de garantizar un crédito individual por la suma de $ 24.500.000.oo.

Relatan que durante los 3 primeros años, cancelaron las cuotas para amortizar dicha deuda, hasta que, como consecuencia de las condiciones exorbitantes de financiación, les fue imposible seguir cumpliendo con el pago de las mismas.

Ponen de presente que desde 1997, “Granahorrar”, les inició un proceso hipotecario que se tramita en el juzgado accionado, dentro del cual les fue designado un curador ad litem y posteriormente ellos mismos nombraron un abogado de confianza, “... pero por la imposibilidad de cancelarle sus honorarios nos quedamos sin la forma de ejercer nuestro legítimo derecho de defensa y en estos momentos el proceso está para finalizar pues se corrió traslado del peritazgo de avalúo para la diligencia de remate del proceso”.

Agregan que como actualmente no cuentan con los recursos para pagar los honorarios de un profesional del derecho, por cuanto están “... haciendo un gran esfuerzo para cancelar las cuotas que resulten de la refinanciación que se nos haga, de conformidad con nuestra capacidad de pago, tal como lo ordenó la Corte Constitucional en las citadas sentencias, hemos interpuesto la presente acción de tutela para que se nos evite un perjuicio irremediable”.

Los demandantes, en el escrito de tutela, citaron y transcribieron apartes de las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999, así como la C-955 y SU-846 de 2000. Igualmente otras decisiones de diferentes juzgados y tribunales del país, con el fin de reforzar sus argumentos, acerca de la viabilidad de que a través de este mecanismo excepcional, se “... suspenda el proceso hipotecario iniciado en contra nuestra por el Banco Granahorrar, se ordene su archivo, y se le ordene también al Banco Granahorrar realice una reliquidación del crédito hipotecario ...” (fl. 10).

III. Actuación procesal

1. Por auto del 26 de noviembre de 2001, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, avocó el conocimiento de la acción promovida y dispuso notificarle a las partes esta decisión, incluido el representante legal de Granahorrar.

2. El 30 de noviembre se practicó inspección judicial al proceso hipotecario adelantado contra los accionantes (fls. 21 y 22); diligencia en la que se allegó fotocopia de un pagaré; de la demanda que originó dicho asunto; del auto del 13 de febrero de 1998, mediante el cual el Juzgado Once Civil del Circuito libró mandamiento de pago; de la contestación de la demanda por curador ad litem; del auto que reconoce a un profesional del derecho como apoderado de la parte demandada; de la providencia del 18 de agosto de 2000, mediante la cual se decreta la venta en pública subasta del apartamento atrás singularizado y se ordena la liquidación del crédito. De igual manera fotocopia del proveído del 18 de enero de 2001, que dispone dar traslado de un dictamen pericial y fotocopia de la decisión del 28 de noviembre de 2001, en la que en lo atinente con la liquidación allegada por la parte actora, consideró que la misma “... no se ajusta al mandamiento de pago, toda vez que incluye valor por honorarios de abogado, y además no llena las exigencias de la Ley 546 de 1998 ya que no presenta la tabla que contiene el alivio de la ley en mención que enuncia y no anexa, la que deberá aportarse para tener mayor claridad sobre el saldo real que se adeuda, así mismo en la liquidación se observa el cobro del capital vigente y capital vencido e intereses sobre los mismos, lo que no permite tener claridad sobre el verdadero valor que adeudan los demandados. Adicionalmente se deberá allegar el movimiento histórico” (fl. 42).

IV. Sentencia impugnada

La Sala de primera instancia, hizo un relato de la actuación surtida dentro del proceso hipotecario adelantado en el Juzgado Once Civil del Circuito contra los accionantes y luego de recordar en concreto las causas por las cuales se interpuso esta acción, esto es, que el citado despacho judicial “... no ha ordenado la suspensión del proceso tal como lo establece el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y haber carecido de defensa durante el trámite del proceso a pesar de haber designado a un profesional del derecho para que los representara, y no disponer de los medios económicos para sufragar sus honorarios”, puntualizó que la suspensión de los procesos civiles sólo es procedente en los casos señalados por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y en el parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999.

Transcribió apartes de la Sentencia C-955 del 26 de julio de 2000, en la que se acotó que la suspensión de los procesos en curso, tiene por objeto que se realice la “... reliquidación del crédito y producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento de un orden justo”.

Seguidamente refirió que el hipotecario en comento se inició con antelación a la promulgación de la Ley 546 de 1999, asunto dentro del cual se profirió sentencia en la que se “... ordenó ajustar la obligación que se había expresado en UPAC para que se hiciera en UVR teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 38 de la Ley 546 de 1999, ordenando la reliquidación del crédito de conformidad a ello, liquidación que fue presentada y al no atemperarse a los lineamientos de ley, no fue aprobada por el juzgado ordenándose nuevamente su presentación en los términos establecidos por el auto del 28 de noviembre de 2001” (fl. 50).

Sostuvo que ninguna de las partes solicitó la suspensión del proceso, no siendo obligatorio para el funcionario judicial decretarla de oficio. Sin embargo, advirtió que por auto del 18 de enero de 2001, la juez solicitó la reliquidación del crédito “... la misma fue presentada pero al no atemperarse a lo solicitado, no se aprobó como así se lee en el auto del 18 de noviembre último donde se afirma que todo ello debe conducir a la claridad sobre el verdadero valor que adeudan los demandados, para luego si se colige, entrar a estudiar si puede darse por terminado el proceso o se continúa el mismo” (fl. 50).

Al analizar la posible transgresión del derecho al debido proceso por falta de defensa de la parte demandada, acotó que, contrario a lo que se afirma en el escrito de tutela, la misma estuvo asistida legalmente dentro del proceso, “... ora por un curador ad litem o por un apoderado de confianza, quienes tuvieron conocimiento de su trámite y decisiones adoptadas y si no se interpusieron los recursos contra éstos —sic— ni se atacó la reliquidación presentada, fue porque en su sentir las mismas se ajustaban a derecho” (fl. 51).

Concluyó que en estas condiciones, al estar la parte demandada legalmente representada, es claro que tuvo acceso a la administración de justicia, descartando así “... violación alguna al debido proceso, y ha podido hacer uso del amparo de pobreza consagrado en el artículo 160 y s.s., del Código de Procedimiento Civil, beneficio que aún puede impetrar como así lo dispone el primer inciso del artículo 161 porque el proceso aún no ha terminado, porque si bien ya se profirió sentencia el proceso ejecutivo no termina con ella sino con el pago de la obligación” (fl. 51).

V. De la impugnación

Afirma la recurrente, que la Sala de primera instancia no tuvo en cuenta las diferentes decisiones que se han proferido por despachos judiciales de la misma categoría del juzgado accionado, así como por varios tribunales del país, a través de las cuales se ha concluido acerca del establecimiento de una nueva modalidad de terminación del proceso, como efecto de la verificación de la conversión de UPAC en UVR y la consecuencial reliquidación del crédito.

Con fundamento en el desconocimiento de estas determinaciones judiciales, estima que están siendo objeto de un trato desigual, porque “... en un proceso de idénticas características, a un deudor se le aplica la ley de una forma y a nosotros de otra” (fl. 65).

Reitera que dentro del proceso hipotecario en mención, se les violó el debido proceso, por cuanto no fueron notificados personalmente del mandamiento de pago; además, porque el curador ad litem, no solicitó la suspensión del mismo y “... por no estar debidamente representados, y en virtud de no poder actuar directamente en el proceso, resulta obvio que nunca solicitamos la susodicha suspensión” (fl. 66).

Manifiesta que el parágrafo tercero de la Ley 546 de 1999 y de conformidad con la interpretación de la Corte Constitucional, una vez ordenada la reliquidación “... se procederá a dar por terminado el proceso, máxime por la condonación legal de los intereses moratorios hasta diciembre de 1999, hizo ilegal la sentencia de agosto del 2000 proveniente del accionado, pues según el artículo 1608 del Código Civil sobre el fenómeno jurídico de la mora del deudor, norma que se aplica en materia comercial por mandato de los preceptos 2 y 822 del Decreto 410 de 1971 —sic— como lo precisó el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali. En cambio el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali, ordenó la reliquidación del crédito y una vez hecho el mismo en forma unilateral por el Banco Granahorrar, dispuso su traslado para que fuera objetado, lo cual no hizo el curador ad litem” (fl. 67).

Solicita se le tutelen los derechos al debido proceso, a la vivienda digna, a la prevalencia del derecho sustancial y de acceso a la administración de justicia, disponiéndole al juzgado accionado, “... suspenda el proceso hipotecario ... se ordene su archivo y se le ordene también al Banco Granahorrar realice una reliquidación del crédito hipotecario de conformidad con las sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema”.

VI. Para resolver se considera

1. Competencia de la Sala.

Acorde con el inciso primero del artículo 116 de la Constitución Política, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las respectivas salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, como órganos integrantes de la rama judicial, les asiste la facultad de administrar justicia, razón por la cual tienen competencia para conocer de las acciones de tutela instauradas por cualesquier persona que reclama el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente conculcados.

Además, por ser su superior jerárquico, esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de los fallos proferidos por los consejos seccionales, tal como lo prevé el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Conforme con el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela constituye un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala la ley.

Debidamente probado se encuentra dentro del presente asunto, que el 9 de diciembre de 1994, los accionantes Tomás Rendón Nuñez y Consuelo Valencia de Rendón, recibieron de la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda “Granahorrar”, en calidad de mutuo comercial con intereses “la cantidad de Veinticuatro millones seicientos –sic— Veintitres mil punto cero (24.623.000.oo) moneda legal colombiana, suma equivalente en la fecha a tres mil novecientas un unidades de poder adquisitivo constante (UPAC) con un mil novecientas veinticuatro fracciones de UPAC...” (fl. 23)

Que según se estipuló en el pagaré Nº 100012-4, dicha obligación se pagaría en 180 cuotas mensuales, “... siendo la primera el día 9 de febrero de 1995 y así sucesivamente cada mes sin interrupción hasta la cancelación total de la deuda”.

Y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones para con la referida corporación financiera, mediante escritura pública Nº 3678 del 6 de noviembre de 1994, gravaron con hipoteca de primer grado a favor de la misma el apartamento 302 A, así como el parqueadero Nº 14 del conjunto residencial Santa Verónica, ubicado en la ciudad de Santiago de Cali Valle.

De acuerdo con la demanda que dio lugar al proceso ejecutivo hipotecario, desde el 11 de marzo de 1997, los actores incumplieron con la obligación, por lo cual se constituyeron en mora. Por esta razón el 16 del mismo mes y año, Granahorrar a través de apoderado, inició el referido asunto, correspondiéndole por reparto al Juzgado Once Civil del Circuito de Santiago de Cali (fls. 26 a 29).

El 13 de febrero de 1998 se profirió mandamiento de pago en contra de “... los señores Tomás Rendón Nuñez y Consuelo Valencia Lotero ...”, decisión que fue notificada el 19 de junio de 1999, a través de curadora ad litem. El 3 de diciembre de 1999, fue reconocido el abogado de confianza designado por los demandados.

Mediante sentencia del 18 de agosto de 2000, el juzgado accionado decretó la venta en pública subasta del inmueble atrás singularizado. Señaló en la parte motiva de esta decisión que “... con fundamento en los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 4º, 75 numerales 5º, 85 y 305 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de prevalecer el derecho sustancial, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 38 de la Ley 546 de 1999, para efectos de la liquidación del crédito, para lo cual se allegarán en su momento los documentos pertinentes para acreditar el UPAC y su conversión en UVR en los términos que define dicha norma” (fl. 39).

Y por auto del 18 de enero de 2001, al advertir que el mandamiento de pago fue librado en UPAC, dispuso que antes de realizarse la liquidación del crédito, la parte actora debía “... aclarar la reliquidación y conversión en UVR conforme lo consagran los artículos 38 al 42 de la Ley 546 de 1999, esto es, si la demandada tuvo acceso al abono y como —sic— se realizó su conversión indicando las imputaciones a crédito y capital” (fl. 40).

Según se dejó reseñado en el acta de inspección judicial, el 23 de marzo de 2001, el Banco Granahorrar presentó la liquidación del crédito y por auto del 28 de noviembre, el juzgado demandado oficiosamente consideró que la liquidación aportada no se ajustaba al mandamiento de pago; que no llenaba las exigencias de la mencionada Ley 546. Sostuvo además que no había “... claridad sobre el verdadero valor que adeudan los demandados” y dispuso que se allegara “... el movimiento histórico”.

Pues bien, en el escrito de tutela, refirieron los accionantes que durante tres años pagaron las cuotas para amortizar el “... préstamo para la adquisición de nuestra vivienda de interés social, hasta que nos fue imposible seguir cumpliendo con las exorbitantes condiciones de crédito hipotecario ...” (fl. 1).

Como se puede apreciar claramente, la situación que dan a conocer los referidos actores, es similar a aquella a la que se refirió la Corte Constitucional en la Sentencia C-955 del 26 de julio de 2000 y que condensó en los siguientes términos:

“Es un hecho públicamente conocido, que por tanto no necesita prueba especial dentro de este proceso ni requiere ser sustentado en cifras, el de que las deudas en UPAC se hicieron impagables en la generalidad de los casos, en términos tales que se extendió la mora y que la cartera hipotecaria de difícil o imposible cobro creció desmesuradamente, conduciendo a la instauración de incontables procesos ejecutivos, de remates y de daciones en pago, con las naturales consecuencias negativas para la economía y para la estabilidad del crédito. A todo lo cual se agregó la pérdida o disminución del valor de los inmuebles, como una expresión más de la recesión que ha venido afectando al país en los últimos años”.

Concretamente los ciudadanos Tomás Rendón Nuñez y Consuelo Valencia de Rendón, hacen parte de aquellas personas afectadas por la crisis del UPAC y sin que se raye en la exageración, víctimas de los abusos del sistema financiero, que por lo mismo los pone en circunstancias de debilidad manifiesta.

Porque en efecto, la experiencia nos ha indicado que los contratos que se celebraban con aquellas entidades, se convertían en contratos por adhesión, si se tiene en cuenta que la persona que requería el crédito, era privada de toda libertad para la discusión y acuerdo en torno a los términos del negocio jurídico que se llevaba a cabo.

Justamente, a raíz de estos abusos y ante “... los inocultables síntomas de perturbación social ocasionada por el incremento exagerado de las tasas de interés, por la vinculación de la DTF al cálculo de la unidad de poder adquisitivo constante y por la capitalización de intereses en las obligaciones contraidas con el sector financiero” (1) , fue que el Estado, expidió la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda digna. Éste, sin lugar a dudas fue su propósito central al erigir esta ley.

(1) Sentencia C-955 de 2000.

Dentro de los varios objetivos que el Estado se trazó, resulta pertinente traer a colación, dos a saber: Proteger el patrimonio de las familias representado en vivienda y a los usuarios de los créditos de la misma (art. 2.1.3.).

Por ello, se reemplazó el fracasado UPAC por la unidad de valor real (UVR) y de ahí que conforme con el artículo 38 ibídem, se dispuso que dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de vigencia de la misma, “... todas las obligaciones expresadas en UPAC se expresaran en UVR, ...”.

Esta ley también beneficiaba y conforme a lo decidido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-755 de 1999, aún beneficia a los deudores hipotecarios que como los accionantes, se encontraban en mora. Inclusive de acuerdo con el parágrafo tercero del artículo 42, aquellos usuarios contra quienes se estuviesen adelantado procesos judiciales “... tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo”.

Como puede verse, en el citado parágrafo, se reiteró sobre el derecho que tiene el deudor para solicitar la suspensión del proceso judicial y de la facultad que tiene el juez para ello. Es decir, que no necesariamente la suspensión procede a solicitud del interesado, sino que también el juez oficiosamente pude actuar en tal sentido.

Sobre este particular la Corte Constitucional en la sentencia que se ha venido citando a lo largo de esta decisión dijo lo siguiente:

“A juicio de la Corte, no hay quebranto de mandato constitucional alguno por el hecho de prever la suspensión de los procesos judiciales en cuanto a deudores cuyas obligaciones se encuentran vencidas, pues resulta apenas elemental que, si la situación general objeto de regulación no era otra que la de una extendida imposibilidad de pago, más por el colapso del sistema que por la consciente y deliberada voluntad de los deudores de permanecer en mora, las reliquidaciones de los créditos, así como los abonos y las compensaciones producidos a partir de aquéllas, deben repercutir en el trámite de los procesos, como lo dijo la Corte en la Sentencia SU-846 del 6 de julio de 2000 (M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma, que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento de un orden justo (C.P., Preámbulo y art. 2º) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial (C.P., art. 228) y de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229).

Empero, esos mismos propósitos del legislador, y por consiguiente las normas constitucionales que los contemplan, aparecen desvirtuados por el parágrafo que se estudia cuando supedita la suspensión del proceso a que el deudor decida acogerse a la reliquidación de su crédito dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la ley. Por una parte, ese término es inconstitucional por las razones atrás expuestas, y de otro lado, si las condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada suspensión no dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que todos los deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la igualdad y que injustificadamente condena a una persona, además de no recibir oportunamente el abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación entre el abono y lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en el proceso.

También contraviene el derecho a la igualdad, el debido proceso y el derecho a la administración de justicia la parte final del mismo parágrafo 3º, a cuyo tenor, si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía.

En efecto, es evidente que se trata de situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las consecuencias que tiene la terminación de todo juicio.

El acreedor goza, por supuesto, del derecho a iniciar un nuevo proceso ejecutivo en contra de su deudor, pero mal puede retomarse el proceso expirado, en la etapa en que se encontraba cuando se produjo la suspensión, puesto que ello significa atribuir efectos ultra activos a situaciones previas ya definidas, combinándolas con hechos nuevos, en contra de una de las partes, con notorio desequilibrio en la relación procesal”.

Con fundamento en lo consignado en precedencia, a juicio de esta superioridad y como quiera que el proceso hipotecario adelantado contra los accionantes aún no ha terminado, desde luego que es viable su suspensión, en los términos del parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, bien a petición de los demandados o por iniciativa de la juez que actualmente conoce del mismo.

Sin embargo, no es a través de la acción de tutela que se debe disponer su suspensión, por varias razones, a saber:

La primera porque aún no se ha señalado fecha para la diligencia de remate del inmueble atrás singularizado, evento en el cual sí procedería el amparo, como mecanismo transitorio para evitar la transgresión del derecho constitucional fundamental al debido proceso, como lo sostuvo la Corte Constitucional al resolver un caso similar al que hoy ocupa la atención de la Sala.

Dicha corporación, manifestó lo siguiente:

“Así las cosas, la Corte consideró que, en principio, la jurisdicción constitucional no es competente ni la acción de tutela es el medio judicial idóneo para solicitar la suspensión de los procesos ejecutivos que se adelantan contra deudores de créditos hipotecarios para financiación de vivienda. No obstante, la Corte distinguió dos situaciones: de un lado, cuando se solicita la suspensión del proceso en casos en los que se ha programado la diligencia de remate y, de otro lado, cuando ello aún no se ha presentado. En el primer caso, la acción de tutela puede prosperar como mecanismos transitorio para evitar la transgresión del debido proceso, en tanto y cuanto, el juez debía suspender el trámite para la reliquidación y no lo hizo, de acuerdo con lo señalado en la norma que se transcribió. En esos casos, la adjudicación de la propiedad a otra persona adquirente de buena fe, haría inminente el perjuicio irremediable del deudor ejecutado. Mientras que en aquellos casos en los cuales no hay fecha de la diligencia de remate, el juez puede ordenar la suspensión y facilitar la nueva liquidación, en cualquier momento. En consecuencia, la acción de tutela se dirige a suspender” (2) (Negrillas fuera de texto).

(2) Sentencia T-235 febrero 26 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

En segundo lugar, no procede la tutela, porque de acuerdo con los elementos de juicio que obran dentro de este asunto, la juez once civil del circuito, dentro del referido proceso ha velado porque la liquidación del crédito se haga conforme con los lineamientos de la Ley 546 de 1999, razón por la cual no ha fijado fecha para la diligencia de remate del inmueble.

En otras palabras, si bien la juez accionada, no ha decretado la suspensión del proceso conforme con la facultad que le otorgan los artículos 38 y parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, a través de las decisiones del 18 de agosto de 2000, 18 de enero y 28 de noviembre de 2001, claramente ha procurado garantizar y hacer prevalecer los derechos de los demandados Tomás Rendón Nuñez y Consuelo Valencia de Rendón, razón por la cual no se aprecia transgresión a los derechos por ellos relacionados.

Justamente la Corte Constitucional en la sentencia citada en precedencia, fue clara en señalar que lo relacionado con la correcta liquidación del crédito, es función que le corresponde a los jueces ordinarios.

Textualmente, dicha corporación puntualizó:

“En este orden de ideas, la discusión sobre la correcta liquidación del crédito hipotecario cuando cambia de UPAC a UVR, debe ser resuelta por los jueces ordinarios, quienes se obligan a hacer cumplir la jurisprudencia constitucional en el asunto concreto. De ahí que un juez ordinario que proceda al remate, por un valor que el deudor no estaba obligado a pagar, desconoce no sólo las sentencias de la Corte que son de obligatorio cumplimiento (C.P., art. 243 y D. 2067/91) sino que vulnera derechos constitucionales de los deudores ejecutados”.

Por último, estima la Sala que tampoco es viable el amparo solicitado, porque como lo anotó la Sala a quo, de ser cierto que los accionantes no cuentan con los medios económicos para sufragar los gastos de un abogado, pueden acudir ante el juzgado accionado, para que, si se reúnen los requisitos previstos en el artículo 161 del Código de Procedimiento Civil, les conceda el amparo de pobreza.

Además, estima la Sala que los actores, también se pueden dirigir a la entidad bancaria, solicitándole la suspensión del proceso y la consiguiente reliquidación del crédito, lo cual hasta ahora han omitido hacerlo.

No sobra acotar que contrario a lo afirmado por los demandantes, dentro del proceso ejecutivo hipotecario tantas veces citado, se les ha garantizado el derecho de defensa, tal como lo advirtió la corporación de primera instancia, toda vez que ante la imposibilidad de notificárseles el mandamiento de pago, el juzgado accionado les designó un curador ad litem, quien procedió a contestar la demanda. De igual manera nombraron un abogado de confianza y por sobre todo, se insiste, la juez, en cumplimiento del artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, ha procurado el cabal cumplimiento de las garantías constitucionales y legales del debido proceso, el respeto del derecho de defensa, así como que se mantenga la igualdad de las partes.

En estas condiciones y por las razones consignadas en precedencia, se confirmará el fallo impugnado, remitiéndosele copia de esta sentencia al juzgado accionando para que su titular, dentro del referido hipotecario, si lo considera pertinente, en lo sucesivo tome en cuenta las consideraciones que se han esbozado, en cuanto a que en cumplimiento de su función como administradora de justicia, no puede perder de vista que es deber garantizarle a los accionantes, el derecho fundamental al debido proceso, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en las transcripciones hechas.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR, por las razones expuestas, el fallo del 7 de diciembre de 2001, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.

2. REMITIR al Juzgado Once Civil del Circuito de Santiago de Cali, copia de este fallo, para los efectos indicados en el contexto del mismo.

3. Dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta decisión la secretaría judicial de esta Sala REMITIRÁ este asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, Notifíquese y cúmplase

Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Dario Henao Orozco—Temistocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

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