Sentencia 12043 de febrero 5 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD ESTATAL

ATAQUES DE LA SUBVERSIÓN A COLABORADORES DEL EJÉRCITO

EXTRACTOS: «De conformidad con el acervo probatorio recaudado en la instancia, ha resultado acreditado que la Empresa Colombiana de Petróleos tenía suscrito para la época de ocurrencia de los hechos un contrato con el señor Carmen Rozo Sepúlveda Durán cuyo objeto consistía en el suministro de vehículos para las fuerzas militares, en número determinado, para la movilización de personal, equipos y materiales en el Campo de Provincia, municipio de Sabana de Torres, incluido el almacenaje, bodega, recibo y despachador. Específicamente la obligación asumida por el contratista, de conformidad con el negocio jurídico documentado y obrante a folio 54 a 60 del expediente, lo era para con Ecopetrol y dentro del contenido prestacional se destaca “el servicio de transporte de materiales, equipos y personal en las instalaciones de Ecopetrol...”.

(...).

Para la Sala no cabe duda sobre las reales circunstancias de ejecución del servicio de transporte, que si bien contratado formalmente por terceras personas e independientemente de si era por colaboración espontánea de Ecopetrol o por “préstamo de vehículos” en “compensación” a los servicios prestados, lo cierto es que, la realidad de las pruebas analizadas muestra con claridad meridiana que los vehículos eran puestos a disposición del Ejército Nacional y bajo sus órdenes, por lo cual no resulta de recibo en manera alguna el argumento esbozado por la entidad demandada de pretender exonerarse de responsabilidad invocando ausencia de vínculos legales o contractuales para con las víctimas, pues como queda visto, en la práctica, era el ejército quien impartía las órdenes para el transporte de los víveres, quien las impartió en el caso concreto y además, aparece probado que esa entidad era la beneficiaria de los servicios de transporte contratados por Ecopetrol.

Así las cosas, habiéndose presentado el ataque de las fuerzas subversivas en la persona de un particular, que desempeñaba una misión oficial por órdenes del ejército, al margen de la vinculación legal o contractual que pudiera tener para con el ejército o para con terceras personas, la responsabilidad patrimonial por los daños ocurridos a los demandantes encuentra pleno fundamento en dicha circunstancia.

En efecto, no debe olvidarse que en el caso concreto el mismo ente demandado reconoce expresa e inequívocamente que el transporte de víveres con destino al destacamento militar se realizaba a instancias de particulares precisamente como una estrategia militar tendiente a evitar que el enemigo detectara el aprovisionamiento de víveres y la presencia de la institución militar en la zona. Dicho en otros términos, para poder realizar el cumplimiento de la misión encomendada se acudía al servicio de particulares porque el Ejército Nacional consideraba que dicho mecanismo aminoraba los riesgos de ver frustrado el empeño de aprovisionar de víveres a sus tropas.

Y fue precisamente en ejecución de esa estrategia, en la cual perdió la vida el joven conductor Humberto Rueda Suárez, que como lo dicen las pruebas, fue sometido a torturas y actos vejatorios de gravedad inusitada, precisamente por prestar los servicios de transporte al Ejército Nacional.

En este orden de ideas, resulta comprometida la responsabilidad del ente demandado, pues en sentir de la Sala, la institución militar, desde luego que con ese proceder y muy a sabiendas de la existencia de un orden público beligerante en la zona, sometió, con la ejecución de dicha prestación de transporte, a la víctima a un riesgo excepcional, que nadie en un Estado social de derecho está obligado a soportar, aunque medie una relación contractual entre beneficiario del servicio y prestatario del mismo, relación jurídica ésta que en manera alguna puede comportar el sometimiento de una persona, llámese particular, contratista o conductor e incluso soldado, al evidente riesgo de muerte, máxime si se considera que es al ejército de la República a quien compete velar por la seguridad de todos los ciudadanos y de quien se espera la protección adecuada que la Constitución ordena.

No es admisible ni tiene justificación desde ningún punto de vista el que las fuerzas regulares de la República se nieguen a prestar la protección adecuada a sus servidores o pretendan superar las circunstancias adversas que la guerra reconocida en la zona planteaban al ejército, con el ingenuo argumento de que los transportadores, en el caso concreto los conductores, conocían de antemano el riesgo a que se sometían por la colaboración a la institución militar.

En el caso concreto, a juicio de la Sala, existe suficiente fundamento para declarar la responsabilidad deprecada en la demanda desde el punto de vista de la falla del servicio si se quiere, en el entendido de que la omisión en adoptar las protecciones adecuadas y necesarias frente al riesgo de dicho transporte, configuran y ponen de presente la conducta deficiente e injustificada del ejército que trajo de consecuencia como causa eficiente la muerte del señor Humberto Rueda Suárez.

Ahora, vistas las cosas desde la óptica de la teoría del daño especial, también existen argumentos suficientes para declarar la responsabilidad del ejército en el presente asunto, pues como se ha señalado, no se justifica desde ningún punto de vista, el que el ejército regular de la República, ante la evidente imposibilidad de superar las fuerzas de la subversión, haya tenido que acudir al servicio de particulares para satisfacer una necesidad esencial de las tropas, que paradójicamente el propio ejército no puede cumplir por su propia cuenta y precisamente por esa circunstancia pretenda exonerarse de responsabilidad.

Se podrá sostener incluso que razones de conveniencia y de seguridad militar hacían aconsejable la utilización de servicios particulares para el transporte de los víveres, y que dicho proceder en manera alguna puede calificarse de irregular dadas las condiciones de guerra de la zona, más sin embargo, lo que no puede aceptarse, es que el costo de dicha maniobra militar, lo tengan que asumir los particulares, que a la sazón oficiaban de colaboradores del Ejército Nacional, así lo hubieren hecho por virtud del cumplimiento de un contrato de transporte, y mucho menos, cuando el precio que se debe pagar por la ejecución de dichos servicios, se contrae a la pérdida de la vida de quienes ejecutaban el transporte el día de los acontecimientos, pues ese daño, sí resulta desde todo punto de vista antijurídico, según el claro entendimiento que la jurisprudencia nacional le ha venido otorgando al artículo 90 de la Constitución Política, pues el riesgo de muerte, casi que vaticinada con anterioridad a la ocurrencia de los hechos, tal cual se infiere del testimonio del transportador contratista, es un resultado perjudicial que ninguna persona está obligada a soportar.

De lo que viene dicho la Sala revocará la sentencia de primer grado para declarar la responsabilidad patrimonial del ente demandado».

(Sentencia de febrero 5 de 1998. Expediente 12.043. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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