Sentencia 12046 de diciembre 9 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD ESTATAL

POR ACTUACIONES DE LOS JUECES QUE SON VÍAS DE HECHO

EXTRACTOS: «Sea lo primero manifestar que la Sala no comparte las razones invocadas por el Tribunal de instancia para considerar que en el presente caso se ha debido demandar la nulidad y consecuente restablecimiento del derecho de la Resolución 0005 de 25 de noviembre de 1994 proferida por la Juez Promiscuo Municipal de Chimichagua, toda vez que, para la Sala dicha providencia no es un acto administrativo, sujeto a los controles por parte de la jurisdicción contencioso administrativa por la vía de la acción consagrada en el artículo 85 del CCA.

En efecto, ante todo ha de precisarse que el acto administrativo ha de contener una voluntad administrativa, esto es, el querer expresado inequívocamente de una autoridad pública en función administrativa o por razones del servicio público a ella encomendada, manifestación de la voluntad estatal que por comportar efectos jurídicos, ha de proferirse de acuerdo con la competencia que a la autoridad corresponda, en ejercicio de sus funciones legales o constitucionales.

En este orden de ideas y partiendo de la base de que el juicio o voluntad emanado de la entidad administrativa se produce cuando ella actúa en su faceta de derecho público, ha de diferenciarse de otras manifestaciones de voluntad, que no pueden necesariamente asimilarse a los actos administrativos, así provengan de una autoridad pública.

En el caso concreto, se tiene acreditado que la providencia emanada de la Juez Promiscuo Municipal de Chimichagua, es un acto de declaración de voluntad sí, pero no proferido por ella en ejercicio de una función administrativa, sino por el contrario, es el resultado del ejercicio por aquella, del poder disciplinario o correccional, que a todo juez de la República le confiere el ordenamiento procesal, para el caso el artículo 39 del CPC en su numeral 2º. Así las cosas, desde el punto de vista de la materia o contenido de dicho acto, lejos está de tratarse de una voluntad administrativa, y por lo mismo su tratamiento en punto de control jurisdiccional, no puede asimilarse, al dispensado para todas aquellas manifestaciones de voluntad que se encuadran dentro de la categoría general del acto administrativo. Tampoco podría arribarse a esta conclusión si se tiene presente la autoridad pública que profirió el acto, un juez de la República, que si bien en ocasiones, como ha sido tradicional, puede ejercer excepcionalmente funciones de carácter administrativo, en el caso presente, no se trata de dicha posibilidad, sino como lo expresa inequívocamente la mentada providencia, se trató del ejercicio de los poderes de corrección o disciplinarios que la norma procesal precitada le otorga a los jueces de la República.

En este orden de ideas, también debe precisarse que la dicha resolución no encuadra dentro de la clasificación tradicional de las providencias judiciales contenida en el artículo 302 del CPC, que las considera como autos o sentencias, pues sabido se tiene que la sentencia, por regla general y desde el punto de vista de su contenido intrínseco, es aquella providencia proferida por funcionario investido de funciones jurisdiccionales y en ejercicio de ellas, mediante la cual se decide sobre las pretensiones de una demanda o sobre las excepciones de mérito o fondo, independientemente de la instancia en que se produzca, así como aquellas que resuelven los recursos de casación y revisión; teniendo presente, que dicha providencia, que es el acto procesal mediante el cual se culmina la instancia, es el resultado del juicio de valoración que frente a los hechos y al derecho emite un juez en orden a solucionar la controversia ante él planteada. Suele decirse que las demás providencias se denominan autos, bien interlocutorios o de trámite, según la clasificación adoptada por nuestra legislación procesal.

De lo que viene dicho, importa, entonces, a los efectos del caso presente, determinar la naturaleza jurídica de la resolución proferida por un juez en ejercicio de los poderes disciplinarios contenidos en el artículo 39, modificado por el Decreto 2282 de 1989, para convenir, que se trata de un acto que ni es típicamente jurisdiccional con arreglo a la clasificación anterior, pues no se trata de una verdadera sentencia en el sentido técnico acogido por nuestra legislación procesal, toda vez que mediante ella no se está decidiendo sobre una pretensión o excepción dentro de un proceso, ni tampoco se trata de un auto, pues esta última providencia como se sabe, es la que se produce durante toda la tramitación de la instancia, bien para decidir asuntos o controversias planteadas dentro de la misma de manera accesoria o accidental, sea para impulsar el trámite que el curso del proceso requiere, en otros términos auto interlocutorio o de mero trámite.

Se trata a no dudarlo, en condiciones normales, de una providencia de carácter administrativo, correccional o disciplinario, mediante la cual los jueces ejercen los poderes a ellos otorgados, que tienen por objeto mantener incólume la investidura jurisdiccional, de eventuales actos que pudieran perturbar, el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, por agresiones, escritas o verbales, que atenten contra la dignidad que implica la investidura jurisdiccional. De allí por qué el presupuesto para la aplicación de la sanción sea la constatación o el acreditamiento de un acto o conducta que pueda considerarse como contrario al “debido respeto”, que todas las personas miembros de una comunidad determinada le deben a toda autoridad pública y particularmente a la que desarrolla la función jurisdiccional.

De lo contrario veríanse avocados los jueces de la República a eventuales maltratamientos que atentasen contra su condición de tales, posibilidad esta que se desvanece por completo con la consagración normativa de dicho poder en cabeza del juez.

Desde luego que el ejercicio del mismo no puede, como ningún otro poder de autoridad pública, concebirse con una ilimitada extensión, pues la norma que habilita la imposición de las penas de arresto a quienes falten al debido respeto, prevé que el acto o conducta generador de aquella se haya producido en ejercicio de las funciones jurisdiccionales o por razón de ellas, esto es, que dicha posibilidad está íntimamente vinculada a evitar o precaver las faltas de respeto contra los funcionarios jurisdiccionales en razón o con ocasión de las funciones por ellos ejercidas, pues se reitera, se trata de una garantía de la investidura jurisdiccional.

Por fuera de dicho marco, las eventuales faltas de respeto o actos de descortesía dentro de un plano eminentemente social y no relacionado con el ejercicio de la función jurisdiccional, sino provocadas en contra de un juez de la República, no en su condición de tal, sino en tanto miembro de una comunidad determinada, quedarán libradas a los cánones de comportamiento y buena educación, cuando no a los eventuales mecanismos de orden penal, si es que la agresión verbal o de palabra pudiese comportar la vulneración de un interés digno de protección jurisdiccional por esta vía.

Todo lo anterior para poner de presente que, en el caso concreto, el ejercicio del poder correccional por parte de la Juez Promiscuo Municipal de Chimichagua, en sentir de la Sala, lejos está de adecuarse a los presupuestos normativos y a los hechos que habilitan su ejercicio, por lo que bien puede desconocérsele el carácter de acto administrativo para ser juzgado como vía de hecho administrativa.

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Aquí es necesario precisar que, ante todo, el poder disciplinario de que está investido todo juez tiene una razón de ser limitada a las faltas de respeto a la investidura jurisdiccional, no de otra forma, se reitera, se entiende el que su ejercicio esté condicionado a que el irrespeto para con el funcionario se haya producido en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

Tal cual queda visto, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se registró el incidente callejero, no pueden considerarse, ni por asomo, como el escenario propio y habitual del ejercicio de funciones jurisdiccionales, y tampoco podía la señora juez, ejercer los poderes de que está investida, porque a su juicio le habrían faltado al respeto.

Téngase presente que si existió cruce de palabras y se calentaron los ánimos en la calle pública, lo fue precisamente por un acto indebido del alcalde municipal, y que si aquella funcionaria jurisdiccional se involucró voluntaria y espontáneamente en la discusión, lo hizo, en un contexto por completo alejado del ejercicio de su función jurisdiccional, y en esas condiciones, no puede pretenderse otorgar a aquél incidente y particularmente al vocabulario utilizado por el demandante, si bien reprochable desde el punto de vista social, la categoría de un acto o conducta irrespetuoso para con la juez promiscuo municipal. Ni estaba en función jurisdiccional ni terminó discutiendo con el transeúnte por razón de dicha función. Así las cosas, abusó de su condición, al proferir tamaña resolución, con el consabido efecto de privar de la libertad a un ciudadano.

Aquí es pertinente tener en cuenta los presupuestos necesarios para la procedencia de la pretensión indemnizatoria cuando el daño antijurídico es imputable a una autoridad pública de naturaleza jurisdiccional.

En el caso concreto, lo cierto es que la providencia mediante la cual se impuso la sanción de arresto, fue proferida por una autoridad prevalida de la condición de juez, y se trata a no dudarlo, de una providencia abiertamente contraria a la Constitución y a la ley.

Recuérdese que en este punto y a propósito de la configuración del error jurisdiccional, la Corte Constitucional al ocuparse de la constitucionalidad del artículo 66 de la ley estatutaria citada, consideró que el error disciplinario en dicha norma se asimila en un todo a la denominada “vía de hecho”, que ha sido definida de la siguiente forma:

“Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible de control constitucional de la acción de tutela, cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona.

Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (C.P., art. 121), es condición de existencia de los empleos públicos (C.P., art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (C.P., arts. 6º, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (C.P., art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho que les da su legitimidad”(1).

(1) Sentencia T-079 de 1993, Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

Más adelante sostuvo la Corte Constitucional en igual providencia:

“La decisión revestida de las formalidades de un acto jurídico encubre una actuación de hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o el capricho del agente estatal que a las competencias atribuidas por ley para proferirla. El criterio para evaluar qué conductas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y cuáles no es finalista y deontológico. Las autoridades públicas están al servicio de la comunidad (C.P., art. 123) y en el cumplimiento de sus funciones deben ser conscientes de que los fines esenciales del Estado son, entre otros, servir a dicha comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (C.P., art. 2º). Las autoridades públicas deben ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe (C.P., art. 83). La conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos debe ser excluida del ordenamiento jurídico y su demostración genera la responsabilidad patrimonial del Estado así como el deber de repetir contra el agente responsable del daño (C.P., art. 90)”.

Sobre el punto, la doctrina administrativa ha sostenido:

“1) EL CONCEPTO DE VÍAS DE HECHO. Este concepto, uno de los más sutiles del derecho administrativo francés, es accesible a partir las consideraciones siguientes:

Un acto administrativo o una operación administrativa, no pierden su carácter administrativo aunque sean irregulares; en consecuencia, si un particular quiere obtener la anulación de un acto irregular u obtener una indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de dicho acto, debe dirigirse al juez administrativo. Sin embargo, en ciertos casos, la irregularidad es tan grave o tan evidente que el acto no es atribuible, ni siquiera en virtud de un vínculo dudoso, a la acción constitucional de los órganos estatales. Se dice entonces que hay vías de hecho, expresión concebida para designar el acto objeto de análisis en un puro hecho que no puede ni siquiera de modo erróneo pretender juridicidad. A partir de ahí, ya no es posible aplicar el principio de separación de autoridades administrativa y judicial, ya que el acto ha perdido incluso su carácter de acto administrativo. Ya no hay actividad pública”(2).

(2) VEDEL, Georges, Derecho Administrativo, Traducción 6ª. Edición francesa por RINCÓN JURADO, Juan, Ed. Aguilar, pág. 82.

La providencia proferida por la juez municipal de Chimichagua, se asimila a la denominada vía de hecho, en tanto producto de un acto arbitrario, fruto del ejercicio inadecuado del poder disciplinario y correccional de que estaba investida la juez, no puede perderse de vista, que los efectos de dicha resolución se contrajeron en la privación de la libertad del demandante, circunstancia esta que lo habilita para obtener del Estado la reparación de los perjuicios a él ocasionados.

En efecto, el acto que trajo de consecuencia la privación de la libertad del demandante señor Luis Suárez Vides fue proferido sin fundamento objetivo y razonable, y a juzgar por las probanzas allegadas al presente proceso fue producto más del capricho personal del funcionario, quien lo profirió por motivos alejados del contexto de la norma que le otorga dicho poder. Consecuencia lógica de lo anterior es que la privación de la libertad fue ilegal y por lo tanto existe fundamento suficiente para reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho imputable a un agente suyo que profirió una providencia contraria a la ley, vulnerando de paso el derecho fundamental del demandante, que desde luego encuentra protección constitucional y legal por la vía del derecho de daños consagrada constitucionalmente en el artículo 90 de nuestra Carta Política.

Por todo lo anterior, la sentencia de instancia se revocará, pues ya se observó que la vía procesal utilizada por el demandante fue correcta, al haber encausado sus pretensiones con apoyo en la acción prevista en el artículo 86 del CCA y en lo que a la indemnización de perjuicios corresponde se reconocerá el daño moral demandado, para el señor Luis Alfonso Suárez Vides, en el equivalente a 500 gramos de oro fino, y para sus hijas Yelitza Beatriz y Kelis Beatriz Suárez Villareal, quienes acreditaron adecuadamente su parentesco (cfr. fl. 4 y 5 cdno. ppal.), la suma de 250 gramos de oro fino, para cada una».

(Sentencia de diciembre 9 de 1997. Expediente 12046. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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