Sentencia 12058 agosto 18 de 1999 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

MUERTE DEL TRABAJADOR EN ACCIDENTE DE TRABAJO

LEGITIMADOS PARA RECLAMAR

EXTRACTOS: «El tribunal halló demostrado que la muerte del trabajador ocurrió en accidente de trabajo, por culpa de la empleadora, conclusión que en el recurso no se discute, como tampoco el vínculo matrimonial y de parentesco que lo ligaba a los demandantes, pues el cargo se endereza específicamente a acusar al fallo recurrido de ser violatorio de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, al aplicarlo a una situación que no regula por “haber deducido indemnizaciones en favor de personas que no están legitimadas para recibir los derechos derivados del accidente de trabajo que ocasionó la muerte al trabajador” (fl. 9) y dejar de aplicar “los artículos 34 inciso 1º y 49 del mismo Decreto 1295 de 1994, 47, 255 y 74 de la Ley 100 de 1993, 7º y 8º del Decreto 1889 de 1994, y el artículo 3º de la Ley 71 de 1988” (ibídem).

Y como realmente el artículo 216 si bien establece que cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional, queda éste obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, no prevé quiénes pueden ejercer legítimamente dicha acción si se produce la muerte del trabajador como consecuencia y efecto natural del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, resulta imperativo acudir a las normas de aplicación supletoria, conforme lo dispone el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo.

En este caso el tribunal para determinar que la esposa y la madre del trabajador fallecido eran acreedoras a la indemnización, tomó como fuente de legitimación la calidad de alimentarios, concepto de carácter civil, con lo que pretendió llenar la laguna que resulta de la circunstancia de no establecerse en el artículo 216 quiénes están llamados a reclamar que se les indemnice el daño que les ha causado la muerte del trabajador a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, con lo que violó directamente la ley, por no ser admisible que se acuda a los principios del derecho común derivados del Código Civil, ignorando las normas que regulan casos o materias semejantes en el propio Código Sustantivo del Trabajo o aquellas que regulan situaciones similares, como en este caso viene a serlo el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, por deber entenderse que no pueden ser otros diferentes a los llamados a recibir los beneficios que fija la ley para el caso de muerte cuando el accidente de trabajo acontece sin culpa del patrono, o para los eventos en los cuales fallece el pensionado y lo sobreviven personas que expresamente se encuentran como beneficiarias. Entendimiento que hace perfectamente válida la analogía o argumento a simili, dado que entre los dos existe una semejanza relevante, pues en ambos casos se trata de la reparación de un daño originado en la misma causa, con la única diferencia de ser objetiva la responsabilidad para los eventos en que los beneficiarios se conforman con la indemnización predeterminada en la ley, por lo que nada debe probarse al respecto, y de existir, en cambio, la carga de probar la culpa cuando lo que se persigue es la indemnización total y ordinaria por perjuicios.

Esta aplicación analógica es precisamente desarrollo del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, que determina las normas de aplicación supletoria cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, y que obliga a acudir a las disposiciones que regulan casos o materias semejantes, cuya búsqueda, como es lógico, debe iniciarse dentro del propio ordenamiento laboral, o en las leyes sobre seguridad social, dado que no puede olvidarse que la muerte del causante sobrevino por un accidente de trabajo, condición de la que no puede desligarse la indemnización que se pretende y por cuanto no podrá hallarse mayor similitud o semejanza en otra normatividad.

Por lo anterior debe decirse que le asiste razón a la recurrente cuando afirma que por haber ignorado el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 49 del Decreto-Ley 1295 de 1994, que establecen un orden de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes cuando la muerte se produce como consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional —disposiciones a las cuales debe acudirse analógicamente por no existir norma que expresamente señale quiénes están legitimados para reclamar la indemnización total y ordinaria de perjuicios cuando el trabajador fallece por causa del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional—, el tribunal aplicó indebidamente el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, al hacerle producir en el litigio efectos que dicho precepto no contempla, lo que lo llevó a imponerle a la recurrente, como empleadora culpable del accidente, la indemnización en favor de las personas a quienes se les deben alimentos por ley.

Efectivamente, el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo para determinar los beneficiarios del pago de la prestación por muerte en accidente de trabajo, se remite a lo que disponía el literal e del artículo 204 del mismo código —derogado por el artículo 89 del Decreto-Ley 1295 de 1994, mucho antes del accidente—, que señalaba las personas que debían recibir la indemnización que correspondía en caso de muerte del trabajador y su forma de distribución. Significa ello que por no existir ahora una norma exactamente aplicable en el Código Sustantivo del Trabajo, debe acudirse a las que regulen casos o materias semejantes, y hacerle producir efectos al artículo 49 de dicho decreto, el cual, en lo pertinente, estatuye que si a consecuencia del accidente de trabajo sobreviene la muerte, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas indicadas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

No está demás anotar que el criterio que aquí se reitera fue expresado por primera vez en la sentencia de 3 de febrero de 1997, a la que se refiere la recurrente, y en la que se asentó que resultaba equivocado acudir analógicamente a las normas del Código Civil, pues lo acertado era llenar la laguna existente acudiendo a la norma que establece órdenes excluyentes de beneficiarios para distribuir entre ellos la pensión de sobrevivientes cuando la muerte se produce como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional.

Entonces, para determinar los beneficiarios y la distribución de las prestaciones derivadas del accidente, debe aplicarse por analogía el mencionado artículo 47, el que, al regular los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, establece que recibirán esta pensión en un orden de prevalencia excluyente, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, a quien le exige haber acreditado “que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte”, y que la convivencia no haya sido inferior a dos años con anterioridad a la muerte “salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado”. Con el cónyuge o compañero concurren los hijos menores de 18 años y los mayores de esa edad hasta los 25 años cuando se encuentren “incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte” y los hijos inválidos dependientes económicamente del pensionado, mientras subsistan las condiciones de invalidez. El siguiente orden lo integran los padres del causante cuando dependían económicamente de él y el último los hermanos inválidos que se hallen en la misma situación de dependencia.

Por consiguiente, es forzoso concluir que la ley ha dispuesto órdenes excluyentes para su reconocimiento a quienes pretenden ser beneficiarios, de manera que el cónyuge o la compañera o compañero permanente sobreviviente y los hijos excluyen a los padres, y éstos a los hermanos que demuestren depender económicamente del fallecido, por lo que al concurrir la cónyuge en calidad de beneficiaria a reclamar la indemnización total y ordinaria por perjuicios, en esta pretensión excluye a la madre y al hermano del trabajador, razón por la cual resulta fundado el cargo en lo que concierne a la condena a reparar los perjuicios materiales y morales a la madre del fallecido, y los solos perjuicios morales al hermano, por lo que se habrá de casar la sentencia como lo solicita la recurrente al fijar el alcance de su impugnación, sin que sean necesarias consideraciones adicionales a las expresadas al resolver el recurso extraordinario, para, en instancia, revocar por estos mismos conceptos el fallo dictado por el juzgado y, en su lugar, absolverla de las pretensiones de estos dos demandantes».

(Sentencia de casación, agosto 18 de 1999. Radicación. 12.058. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

ACLARACIÓN DE VOTO

Consigno seguidamente las razones que me han llevado a formular aclaración del voto frente a la sentencia de la referencia.

1. Ninguna duda cabe en cuanto a la doctrina central consignada en el fallo, esto es, de que la responsabilidad derivada del accidente de trabajo, por culpa del empleador, tiene su propio régimen legal en el Código Sustantivo del Trabajo, que impiden la aplicación analógica de los principios y reglas de la responsabilidad civil extracontractual.

2. No obstante, en mi opinión la Corte debió disponer que el valor de la indemnización reconocida a la madre del trabajador fallecido, quien no estaba legitimada para reclamarla por no ser beneficiaria a la luz de las normas laborales, una vez excluida de gozar de dichos dineros se reintegraran éstos en favor de la cónyuge, porque fue de la mitad que a ésta exclusivamente correspondía de donde juez y tribunal dedujeron dicha partida. Sólo de esta manera se podía indemnizar en forma total a la beneficiaria única, tal cual lo ordena el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. O sea, lo que en principio mal le quitaron a la cónyuge, en este caso más de un 21% de su derecho, debió retornársele para que entonces sí pudiese recibir la indemnización completa.

3. Obviamente, el error parte de la forma como los falladores de instancia liquidaron los perjuicios, pues no debieron jamás descontar la suma de dinero destinada por el occiso a su progenitura del 50% que por derecho es de la cónyuge, sino de la otra mitad que, se ha considerado siempre, utiliza en vida la persona para sufragar sus obligaciones propias, entre ellas las ayudas a terceras personas.

Este planteamiento lo estimo más razonable, toda vez que desde la vigencia del derogado artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo, soporte primigenio de la tesis sobre la particularidad del régimen de responsabilidad legal derivado de la muerte por accidente de trabajo, se ha dispuesto un sistema de distribución concediéndole al cónyuge sobreviviente la mitad del total de la prestación a pagar. Así lo sigue siendo hoy, en vigencia de la Ley 100 de 1993, del Decreto 1295 de 1994 y demás normas concordantes.

La indemnización del lucro cesante, en caso de muerte del trabajador, tiene como evidente propósito reparar la privación económica que en el hogar del fallecido se produce al no continuar recibiéndose, como en vida de él, la subvención proveniente de su salario. Allí radica la razón de que los beneficiarios principales y excluyentes de la indemnización, en el derogado régimen, o la pensión de sobrevivientes y de la indemnización sustitutiva, en el ahora vigente, sigan siendo el cónyuge supérstite y sus hijos, si cumplen las condiciones señaladas en ella. Ello obedece, naturalmente, a que el ingreso laboral es el primer haber conyugal por definición expresa del artículo 1781 del Código Civil y no deviene de la simple discrecionalidad de los jueces.

En los anteriores términos dejo aclarado mi voto.

Carlos Isaac Náder. 

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