Sentencia 12099 de julio 27 de 2000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Rad.: 12099

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernandez Enriquez

Santafé de Bogotá D.C., julio veintisiete de dos mil.

Actor: José Salvador Parra Rojas y otros

Demandado: Municipio de Saravena (Casanare)

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del fallo pronunciado por el Tribunal Administrativo de Arauca, el 25 de abril de 1996, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

1. La demanda

En escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Arauca, el 11 de junio de 1993, por medio de apoderado, los señores Jose Salvador Parra Rojas, Rosalbina Salamanca Ortiz, Marina Salamanca, Marlene, Yamile, Orlando, Alvaro, Yamile, Ana Bertilde, Emma, Hilda, Maria Eugenia, Sonia y José Alberto Parra Salamanca; Maria Belén Remolina Torrado, obrando en nombre propio y en representación de sus hijos menores Salvador, Jakclin Milena, Yerardin y Darianny Yulieth Parra Remolina; y Luis Alfonso Remolina Torrado, formularon demanda contra el municipio de Saravena (Arauca), en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“Primera: Declarar administrativa y extracontratualmente responsable al municipio de Saravena, de los perjuicios causados a los demandantes con motivo de la muerte de Héctor Parra Salamanca y de las graves heridas y la incapacidad laboral causada a Luis Alfonso Remolina Torrado, en hechos ocurridos el día 14 de junio de 1991, cuando a bordo de un vehículo del municipio se accidentaron.

Segunda: Condenar al municipio de Saravena, a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de oro fino según su precio de venta certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia:

1. Para José Salvador Parra Rojas y Rosalbina Salamanca Ortiz, mil (1.000) gramos de oro para cada uno en su calidad de padres de Héctor Parra Salamanca.

2. Para María Belén Remolina Torrado, Yerardín, Diarianny Yulieth, Jakclin Milena y Salvador Parra Salamanca, mil (1.000) gramos de oro para cada uno en su condición de esposa e hijos de Héctor Parra Salamanca.

3. Para Marlene, Yamile, Ana Bertilde, Orlando, Alvaro, José Alberto, Emma, Hilda, María Eugenia y Sonia Parra Salamanca y Marina Parra Salamanca o Marina Salamanca, quinientos (500) gramos de oro para cada uno en su condición de hermanos de Héctor Parra Salamanca.

4. Para Luis Alfonso Remolina Torrado, mil (1.000) gramos de oro en su condición de víctima.

Tercera: Condenar al municipio de Saravena, a pagar a favor de María Belén Remolina Torrado, Yerardín, Darianny Yulieth, Jakclin Milena y Salvador Parra Remolina, los perjuicios materiales que sufrieron con motivo de la muerte de su esposo y padre Héctor Parra Salamanca, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

1. El salario que ganaba Héctor Parra Salamanca como alcalde de Saravena en junio de 1991, o en subsidio el salario mínimo mensual vigente el día de los hechos, o sea, cincuenta y un mil setecientos cincuenta ($ 51.750) pesos, en ambos casos más un veinticinco (25%) por ciento de prestaciones sociales.

2. La vida probable de la víctima, la de su esposa y la edad de veinticinco (25) años para cada uno de sus hijos menores, según la tabla de supervivencia aprobada para los colombianos en la Superintendencia Bancaria.

3. Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre el 14 de junio de 1991 y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda instancia, o el auto que liquide los perjuicios materiales.

4. La fórmula de matemática financiera aceptada por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta además, la indemnización debida o consolidada y la futura.

Cuarta: Condenar al municipio de Saravena, a pagar a favor de Luis Alfonso Remolina Torrado, los perjuicios materiales que sufrió por las heridas causadas en el accidente de tránsito, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

1. Un Salario de cien mil ($ 100.000) pesos mensuales, o en subsidio el salario mínimo mensual vigente el día de los hechos, o sea, cincuenta y un mil setecientos cincuenta ($ 51.750) pesos, en ambos casos más un veinticinco (25%) por ciento de prestaciones sociales.

2. La vida probable de la víctima, según la tabla de supervivencia aprobada para los colombianos en la Superintendencia Bancaria.

3. El grado de invalidez fijado a la víctima por el médico experto del Ministerio de Trabajo.

4. Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre el 14 de junio de 1991 y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda instancia, o el auto que liquide los perjuicios materiales.

5. La fórmula de matemática financiera aceptada por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta además, la indemnización debida o consolidada y la futura.

Quinta. EL municipio de Saravena, por medio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la sentencia, dictará dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la misma, la resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento, y pagará intereses comerciales dentro de los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de dicho término” (fls. 17 a 19, cdno. 1).

2. Los hechos.

Los fundamentos fácticos de la petición son los siguientes:

“7. El 14 de junio de 1991 Héctor Parra Salamnaca (sic) era el alcalde en propiedad del municipio de Saravena. Con el salario que ganaba mantenía económicamente su hogar.

8. El señor Luis Alfonso Remolina Torrado nació el día 19 de julio de 1964. En junio de 1991 trabajaba en el municipio de Saravena, allí ganaba en promedio cien mil ($ 100.000) pesos mensuales.

9. La alcaldía municipal de Saravena había arrendado la camioneta Toyota de placas XLB-951 al señor Willian Buitrago Mora. Desde el 4 de abril de 1991 el señor Buitrago trabajaba como conductor adscrito al municipio de Saravena y lo hacía manejando el vehículo de su propiedad.

10. La camioneta Toyota arrendada al señor Buitrago era utilizada por el alcalde de Saravena Héctor Parra Salamnaca (sic) para las labores oficiales de su cargo.

11. El día 14 de junio de 1991 salieron de Saravena el alcalde señor Héctor Parra Salamanca acompañado de la periodista Gloria Marcela Gaitán Marín y el ingeniero de obras públicas Luis Alberto Garcia Mogollón, además los señores Luis Alfonso Remolina, Olinto Calderón, Serafín Camargo y Doris María Wilches, el viaje lo hicieron en el vehículo oficial de marca Toyota de placas XLB-951 conducido por el señor Willian Buitrago.

12. Cuando volvían a Saravena a eso de las dos y treinta de la tarde el vehículo oficial se estrelló entre las instalaciones de Norgas y el Puente de la Pava, resultando muertos instantaneamente Héctor Parra Salamanca, Luis Alberto Garcia Mogollón y Gloria Marcela Gaitán Marín, además quedó herido Luis Alfonso Remolina Torrado.

13. Luis Alfonso Remolina Torrado quedó gravemente herido, recibió varios golpes en la cabeza y en el brazo izquierdo. Perdió casi la totalidad de movimiento de su brazo izquierdo y quedó con graves dolores de cabeza.

14. El señor Remolina Torrado fue atendido en el Hospital de Saravena, allí le hicieron los primeros auxilios, luego en la Clínica San Jose de Cúcuta y en la Caja de Previsión Social Intendencial de Arauca.

15. El vehículo de marca Toyota de placas XLB-951 que se estrelló con el resultado de las víctimas ya relatadas, estaba adscrito el día de los hechos al municipio de Saravena, porque se había celebrado un contrato de arrendamiento con el propietario del vehículo, señor Willian Buitrago Mora y para cumplir con sus labores era conducido por el mismo propietario” (fls. 20 y 21, cdno. 1).

3. Contestación de la demanda.

La entidad demandada, se opuso a las pretensiones de la demanda con la siguiente argumentación:

“1. El Municipio de Saravena (Arauca) ha sido demandado con base en hechos que no corresponden a la realidad, que son contrarios a lo que verdaderamente ocurrió el día 14 de junio de 1991, donde en un accidente, perdierón (sic) la vida los señores Héctor Parra Salamanca, Luis Alberto García Mogollón y Gloria Marcela Gaitán Marín. En un vehículo de propiedad del señor Willian Buitrago Mora, que era conducido por el Señor Alcalde Héctor Parra Salamanca; pero en razón a su inexperiencia como conductor de vehículos, a la alta velocidad, a haberse tomado algunas bebidas embriagantes; no le fue posible controlar el vehículo donde se desplazaban ocurriendo el nefasto accidente.

2. Luego no es cierto que el señor Willian Buitrago Mora, fuera la persona que conducía el vehículo, mucho menos que trabajara en la Administración del Municipio de Saravena, éste señor el día que ocurrieron los hechos no se encontró dentro de las personas que ocupaban el vehículo. Menos cierto es que este vehículo fuese oficial, el haberse hecho una propuesta de trabajo al Señor Willian Buitrago Mora, no lo convierte automáticamente como vehículo oficial del municipio, el contrato de arrendamiento aducido por la parte demandante, nunca se celebró, el vehículo estaba siendo usado por el Alcalde Municipal, en razón al préstamo personal que hiciera de éste el Señor Willian Buitrago Mora. Hecho que es evidente, puesto que el Señor Willian Buitrago Mora, jamás hizo reclamación alguna al Municipio de Saravena para el pago de su vehículo, puesto que él era consiente que el vehículo al momento del accidente se le tenía prestado era al señor Héctor Parra Salamanca.

3. Los hechos ocurridos son sin duda alguna agenos (sic) a la Administración Municipal, puesto que la inseguridad y el peligro lo propició la propia víctima, señor Héctor Parra Salamanca.

4. La acción invocada por la parte demandada, no es procedente, en razón a que no ha sido la Administración Municipal, quien ha creado el riesgo o puesto la inseguridad de los asociados, se trata de un hecho independiente, que no reune los requisitos esenciales, para predicar que estamos ante una responsabilidad administrativa” (fl. 51, cdno. 1).

4. Sentencia de primera instancia.

El tribunal para tomar la decisión que se registró al comienzo estimó:

“Al contestar la demanda el Municipio de Saravena insiste en que no existía contrato entre el señor Willian Buitrago Mora y el Municipio de Saravena, pero esto ya fue objeto de estudio y se llego a la conclusión de que el vehículo si estaba al servicio del Municipio, lo que ocurre es que la víctima Héctor Parra Salamanca, no tenía porque estar conduciendo dicho vehículo, puesto que el municipio, tenía nombrado chofer oficial, para que se encargara de esos menesteres y por lo que se deduce de los testimonios atrás sustentados, este señor no era como idóneo en la conducción de vehículos, lo que aunado a la velocidad que traía el automotor, la probabilidad del accidente se daba. La causa del accidente ocurrió por imprudencia, impericia de la propia víctima (Parra Salamanca) el poner en movimiento a alta velocidad, bajo su propia responsabilidad y riesgo un vehículo al parecer por impericia para conducir lo que sumado a la circunstancia de que una llanta estalló cuando el vehículo estaba en movimiento, puede deducirse también una fuerza mayor como causa exonerativa de la responsabilidad del municipio.

No puede indilgarsele al Municipio de Saravena que su representante legal hubiera perecido en el accidente por una falla, puesto que al ente público, no se le puede decir que no obró de manera prudente y diligente y que el perjuicio ocasionado con el vehículo no guarda relación causal alguna con la falla del servicio imputable a esa persona pública.

El hecho o culpa de la víctima, al igual que en todos los regímenes de responsabilidad, exonera o atenúa, según el caso de responsabilidad estatal, además tenemos que la fuerza mayor exonera igualmente de responsabilidad a la administración. En efecto su existencia (el estallido de la llanta) supone que esta no ha cometido falla alguna, y ello porque la causa de la falla del servicio no puede imputarse a la administración, sino a un hecho conocido, consistible (sic) e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que supuestamente causó culposamente el perjuicio.

Lo que tampoco demostraron los actores fue el hecho de que Héctor Parra Salamanca estuviese prestando en esos momentos un acto propio del servicio para fundar la responabilidad administrativa, por eso se ha dicho: “lo que no está en pruebas del proceso no está en el mundo del Derecho

Concluiremos entonces referente al señor Héctor Parra Salamanca, que no hubo falla en el servicio sino una culpa personal e incomunicable de su parte (...).

Como la demanda también se dirige a que se declare administrativa y extracontractualmente responsable al municipio de Saravena “de las heridas y la incapacidad laboral causada a Luis Alfonso Remolina Torrado, por los hechos ocurridos el día 14 de junio de 1991”, la sala tiene para manifestar que el mencionado ciudadano nada probó pues dentro del plenario no existe prueba del perjuicio que el accidente le haya producido, lo que impide a esta que por falta absoluta de la demostración requerida se puedan hacer condenaciones al ente territorial mencionado, pues siendo tres los requistos: actuación de la administración, daño o perjuicio y una relación de causalidad entre la administración y el daño; no demostró por lo menos el daño o perjuicio ocasionado con la actuación, además probablemente por ser empleado del municipio este debió haberle costeado los susodichos perjuicios” (fls. 244 a 247, cdno. 1).

5. El recurso de apelación.

La parte demandante interpuso recurso de alzada en el cual expuso:

“No puede existir culpa del señor Héctor Parra Salamanca al haber manejado el vehículo en el cual pereció. No se ha demostrado que no tuviera la pericia para conducir automotores. No se comprobó que estuviera embriagado. El hecho que originó el accidente no fue determinado por la víctima si no al contrario, existen suficientes pruebas que dicen como el ocurrió por el estallido de una llanta, hecho que acepta la sentencia pero que en su sentir exonera de responsabilidad (...).

Como vemos la causa fundamental del accidente fue el estallido de una llanta trasera del vehículo que hizo dar vueltas al mismo y ocasionó el accidente. Algunos testigos dicen que el Alcalde venía a alta velocidad y otros que no. Pero la causa fundamental del accidente no fue la velocidad si no el estallido de la llanta trasera izquierda como lo afirman las autoridades de la policía y de tránsito.

Para la sentencia tal hecho no exonera de responsabilidad porque es un caso “consistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que supuestamente causó culposamente el perjuicio” (fl. 20 in fine de la sentencia).

“Como lo ha dicho el honorable Consejo de Estado en diferentes oportunidades, cuando se trata del ejercicio de actividades peligrosas, el caso fortuito como hecho intrínseco, inherente a la cosa no exonera de responsabilidad. En el caso presente se debe aplicar dicha tesis porque el estallido de una llanta se debe al ejercicio de la actividad riesgosa. No importa que se demande por la muerte o herida del conductor del vehículo porque el daño que se causó fue debido al hecho intrínseco del vehículo.

Otro fundamento de la sentencia es el de que el alcalde no se encontraba en misión oficial y que por tanto no se puede condenar. Tanto de los informes dados por la Policía de Saravena como de las declaraciones de varios testigos se concluye que ese pilar no es cierto. El fallecido si se encontraba en misión de servicio porque estaba en un bazar al que fue invitado por las dirigentes de una vereda. Considero que esas eran funciones propias del cargo de alcalde y por tanto el fundamento de la sentencia no es aceptable porque el alcalde de un municipio debe hacerse presente en estos pequeños actos que mueven a la comunidad para levantar fondos para construir obras que van en su beneficio. Esto era lo que estaba realizando el señor Héctor Parra Salamanca (...).

El demandante Luis Alfonso Remolina Torrado.

La sentencia en su página 22 dice que este demandante nada demostró y que por tanto no se puede acceder a sus pretensiones.

Considero que la sentencia cometió un grave error con este demandante ya que si existen dentro del proceso documentos que nos permiten deducir los perjuicios morales y materiales que sufrió el citado demandante.

En el cuaderno de pruebas de la parte actora, folios 17 a 58 aparecen las historias clínicas abiertas con motivo de las heridas sufridas por el citado demandante a raíz del accidente por el cual se demanda. A folio 52 se ve que sufrió heridas faciales, luxación de hombro derecho y conmoción cerebral y estuvo hospitalizado del 15 al 21 de junio en la Clínica San José de Cúcuta, según se lee a folio 58. Ninguno de los documentos anteriores fueron analizados por la sentencia y como ellos nos demuestran que el citado demandante si sufrió perjuicios materiales y morales, considero que la sentencia no está de acuerdo con el derecho ni con lo demostrado en el proceso.

Para rematar solicito la revocación de la sentencia apelada y en su lugar se sirva acceder a las pretensiones de la demanda” (fls. 259 a 267, cdno. 1).

En el período de alegatos las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Consideraciones

1. Legitimación en la causa y procedibilidad de la acción

En primer término, procede la Sala a establecer si los demandantes han demostrado interés para actuar.

a) La actora Maria Belén Remolina Torrado es la esposa del occiso Héctor Parra Salamanca, según lo acredita el registro civil de matrimonio (fl. 9, cdno. 1).

b) Los menores Salvador, Jakclin Milena, Yerardin y Darianny Yulieth Parra Remolina han demostrado ser hijos legítimos del fallecido Parra Salamanca, como se desprende de sus registros civiles de nacimiento (fls. 8 a 13, cdno. 1).

c) Si bien no existe prueba que los actores JOSE Salvador Parra Rojas y Rosalbina Salamanca Ortiz son los padres del fallecido Héctor Parra Salamanca, obran las declaraciones de los señores Jesus Juvenal Granados Rojas, Rita Marchan de Salamanca, José Olinto Calderon Sánchez y Serafín Camargo Moreno, quienes coinciden en afirmar que la muerte del alcalde Parra les produjo gran dolor y aflicción puesto que se trataba de su hijo. De tal manera, que los referidos demandantes han demostrado su condición de damnificados (fls. 110, 111, 114 a 116, 122, 133, cdno. 2).

d) El actor Luis Alfonso Remolina Torrado actúa en su condición de lesionado.

Las personas antes mencionadas están legitimadas para actuar frente a las personas jurídicas demandadas que están igualmente legitimadas para responder frente a las pretensiones.

No sucede lo propio con los demandantes Marina Salamanca, Marlene, Yamile, Orlando, Alvaro, Yamile, Ana Bertilde, Emma, Hilda, Maria Eugenia, Sonia y José Alberto Parra Salamanca, puesto que no han demostrado su interés para actuar ya que no han acreditado ni su parentesco con las víctimas del insuceso ni su condición de damnificados por el daño producido, por lo cual se habrá de negar sus pretensiones.

En segundo término, los presupuestos procesales se encuentran reunidos y la acción de reparación directa no ha caducado, toda vez que la demanda se presentó el 11 de junio de 1993 y los hechos sobre los cuales los actores fundan sus reclamaciones sucedieron el 14 de junio de 1991.

La esposa, hijos y damnificados del fallecido Héctor Parra Salamanca, solicitan el reconocimiento de perjuicios morales y materiales, ocasionados por su muerte, e igualmente, el actor Luis Alfonso Remolina Torrado solicita el reconocimiento de perjuicios morales y materiales que ha padecido. Los daños reclamados se encuadran dentro de la noción de daño antijurídico establecida por el artículo 90 de la Carta Política y, por lo tanto, podría ser objeto de indemnización siempre y cuando se demuestre su existencia y su imputación a la entidad pública demandada.

2. La imputabilidad del daño.

2.1. Establecida la existencia de un daño antijurídico, cierto, e indemnizable, sufrido por los demandantes, que constituye el primero de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, es preciso verificar el segundo: la imputación de ese daño al Estado.

El artículo 90, inciso 1º de la Carta Política, exige —en orden a deducir la responsabilidad patrimonial del Estado—, que los daños antijurídicos sean “causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas“, con lo cual se refiere al fenómeno de la imputabilidad, tanto fáctica como jurídica.

De allí que elemento indispensable -aunque no siempre suficiente- para la imputación, es el nexo causal entre el hecho causante del daño y el daño mismo, de modo que este sea el efecto del primero.

En este entendimiento, la imputación del daño al Estado depende, en este caso, de que su causación obedezca a la acción o a la omisión de las autoridades públicas, en desarrollo del servicio público o en nexo con él, excluyendo la conducta personal del servidor público que, sin conexión con el servicio, causa un daño.

(sic) 3.2. Causa eficiente del daño: ejercicio de una actividad peligrosa.

3.2.1. El problema de la responsabilidad del Estado debe resolverse con base en lo prescrito en el art. 90 de la Carta Política, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado.

Ha sido reiterada la tesis de la Sala, según la cual en los eventos en que el daño es producido por las cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal que el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen del responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política. 

En dichos eventos (daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas), al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y la entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero. 

Por otra parte, dentro del marco de la responsabilidad por riesgo excepcional, cobra especial relevancia la distinción entre la fuerza mayor y el caso fortuito.

El artículo 64 del Código Civil, subrogado por el 1º de la Ley 95 de 1890, prescribe:

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”.

Con fundamento en la anterior prescripción, se han extraído diferencias entre la fuerza mayor y el caso fortuito. Se indica que la primera es aquel suceso conocido, imprevisible e irresistible que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño; es decir, es causa extraña y externa al sujeto (terremoto, inundación, avalancha). El caso fortuito, por el contrario, si bien es irresistible, proviene de la estructura de la actividad de aquél, sin exigir la absoluta imprevisibilidad de su ocurrencia, pues requiere que no se haya previsto en el caso concreto (como el estallido de una llanta de un automotor, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad, etc.), y puede ser desconocido, permanecer oculto; de tal manera, que no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño.

3.2.2. El caso sub judice. 

En el proceso consta lo siguiente:

Para el 14 de junio de 1991, la camioneta “Toyota Station Wagon” con placas XLB951, modelo 1989, de propiedad del señor William Buitrago Mora, se encontraba al servicio del Municipio de Saravena, departamento del Arauca, en calidad de arrendatario.

Si bien el representante legal de la entidad demandada expresó que “no se encontró contrato de arrendamiento, que acreditara que el vehículo descrito estuviera al servicio del municipio” (fl. 86, cdno. 2), obra en el proceso la “Orden de Trabajo Nº 000232 de marzo 22 de 1991”, mediante la cual el fallecido alcalde de Saravena Héctor Parra Salamanca le solicitó a William Buitrago lo siguiente:

“Por medio del presente me dirijo a usted, con el fin de solicitarle se sirva laborar (sic) con cargo al Municipio, en el alquiler de la Samurai placa Nº XLB-951; a partir del día 4 de abril del 91 hasta nueva orden.

Lo anterior, a razón de quince mil pesos m/cte. ($ 15.000) diarios” (fl. 15, cdno. 1).

Está demostrado que el particular William Buitrago era el dueño del automotor según consta en el título de propiedad y en la autorización de circulación (fls. 116 y 117, cdno. 1).

Doris Marina Wilchez Eudes, empleada de la Alcaldía, expresó: “Yo era su Secretaria y tengo conocimiento de que a la Alcaldía le arriendan vehículos, pero que yo recuerde nunca vi un documento donde se haya estipulado que ese vehículo estaba arrendado al municipio, pero sí era en él en el que andaba el alcalde”. Y respecto a los hechos de que trata este proceso precisó:

“El catorce de junio de 1991, salimos de aquí (Saravena) como a la una 01.30 de la tarde hacia la vereda Campo Oscuro, con el fin de recibir una obra. Viajamos de aquí, Héctor Parra Salamanca, ingeniero Luis Alberto García, una periodista que vino de Bogotá, el señor Luis Alfonso Remolina y yo. Llegamos a dicho sitio y hubo un acto protocolario; enseguida nos invitaron a almorzar, no se tomó trago, el señor Alcalde se tomó una cerveza y luego nos vinimos. Recuerdo que en el momento de partir de regreso a esta ciudad, venía conduciendo Héctor Parra Salamanca. De ahí no recuerdo más. Fui una de las víctimas del accidente y a raíz de esto, perdí el conocimiento (...)” (fl. 106, cdno. 2). Destaca la Sala.

En el informe realizado por las autoridades del “Intra” de Saravena, indicaron que el accidente se produjo en el kilómetro 1, vía Cubara, a las 3:45 de la tarde del 14 de junio de 1991. Sobre las características de la vía se indicó que se trata de un recta de dos calzadas, plana, de doble sentido, cubierta de asfalto y en buen estado. (fls. 77 y 78, cdno. 1).

Según informe del Inspector de Transportes y Tránsito Municipal, el accidente se produjo “por estallido de la llanta trasera izquierda del vehículo dio (sic) varias vueltas, estrellándose finalmente con el pavimento.” Resultaron muertos Héctor Parra Salamanca, quien conducía el vehículo, Luis Alberto García Mogollón, Secretario de Obras Públicas Municipales, Gloria Marcela Gaitán Marín, Periodista y heridos: Luis Alfonso Remolina, conductor de la Alcaldía, Doris Marina Wilches Eudes, Secretaria Privada de la Alcaldía, José Olinto Calderón Sanchez, Concejal de Saravena y dos personas particulares que también ocupaban el vehículo (fl. 74, cdno. 1).

José Olinto Calderón Sánchez manifestó que el 14 de junio de 1991, en su calidad de Concejal acompañó al alcalde de Saravena a la escuela de la vereda Campo Oscuro a donde asistieron a un acto religioso y a un almuerzo y, siendo aproximadamente las 3:30 de la tarde, regresaron en un vehículo automotor que era manejado por el Alcalde el que sufrió un accidente por el estallido de una llanta trasera (fls. 114 a 116, cdno. 2).

Serafín Camargo Moreno dijo que en la vereda Campo Oscuro abordó el vehículo que manejaba el alcalde de Saravena en compañía de Ismael Cáceres y agregó: “(...) nos trajo, venía a alta velocidad, y pasando la planta de Norgas de Saravena se estalló una llanta trasera del vehículo donde veníamos y el finado Parra, frenó la camioneta y no supe más nada, yo quedé inconsciente, desperté cuando estaba en el hospital, y el accidente sucedió como a las 4:00 o 4:30 de la tarde” (fl. 132, cdno. 2). Se destaca.

En el informe de necropsia del cadáver del señor Héctor Parra Salamanca consta lo siguiente:

“Se observa:

Fractura expuesta y desplazada en región parieto occipital.

Fractura de clavicula derecha

Fractura de fémur izquierdo

Laceración en face iliaca derecha, codo derecho, ángulo mandibular y arco cigomático izquierdo.

Como causa de muerte:

Herniación de amigdalas cerebelosas secundaria a edema cerebral severo, el cual fue consecuencia de laceración en masa encefálica” (fl. 72, cdno. 1).

Así mismo, está demostrado que el actor Luis Alfonso Remolina Torrado resultó lesionado, según consta en el resumen de la historia clínica que expresa:

“Causa de ingreso: Politráumatismo por accidente automoviliario que heridas (sic) varias en cara, múltiples escoriaciones Traumatismo craneano, Luxación anterior de hombro izquierdo la cual fue reducida en Arauca y remitido a Cúcuta.

Ortopedicamente se le efectuó tratamiento de la Luxación con Velpeau de vendas elásticas y controles.

Diagnóstico: Politraumatismo Luxación anterior de hombro izquierdo heridas varias de cara y escoriaciones múltiples” (fl. 37, cdno. 2).

De lo anterior se deduce lo siguiente:

Si bien el vehículo automotor no pertenecía al Municipio de Saravena, se encontraba al servicio de la Alcaldía que lo tenía en calidad de arrendamiento el día en que se produjeron los hechos.

Está probado que el alcalde municipal y su comitiva se trasladaron desde el casco urbano de Saravena a la vereda Campo Oscuro en misión oficial, pues su objetivo era “recibir una obra”, como lo declara la secretaria privada de la alcaldía Doris Marina Wilchez Eudes; allí fueron atendidos por la comunidad.

Igualmente, está demostrado que en cumplimiento de dichas funciones públicas y como consecuencia de la realización de una actividad peligrosa, como es la conducción de vehículos automotores, resultó muerto el alcalde del municipio de Saravena Héctor Parra Salamanca y lesionado el servidor público Luis Alfonso Remolina Torrado.

En consecuencia, es preciso establecer si ese daño es imputable a la administración o por el contrario, como lo estimó el Tribunal, se produjo por culpa exclusiva del fallecido Héctor Parra Salamanca. 

Para la Sala es claro que la causa eficiente del aparatoso accidente fue el estallido de la llanta trasera del vehículo automotor. Este hecho, como se refirió anteriormente, constituye un clásico caso fortuito, inherente a la actividad, por lo tanto perteneciente a la esfera del damandado que, por tratarse de una actividad peligrosa, no exonera de responsabilidad a quien tenía a su cargo la guarda del vehículo, en este caso, el municipio de Saravena. 

En relación con la responsabilidad que surge de los daños causados por actividades peligrosas, la Corte Suprema de Justicia ha dicho:

“El responsable por el hecho de cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes.

Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se prueba lo contrario.

De manera que si a determinada persona se le prueba ser dueña o empresaria del objeto con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de ser guardián de dicho objeto —que desde luego admite prueba en contrario— pues aun cuando la guarda no es inherente al dominio, sí hace presumirla en quien tiene el carácter de propietario.

O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad de que guardián de ellas presúmese tener.

“Y la presunción de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada”(1).

En el caso sub judice, el hecho fuente del daño lo constituyó la actividad peligrosa desplegada por la administración al utilizar para el desplazamiento de sus funcionarios públicos un vehículo, que si bien era de propiedad de un particular, se encontraba al servicio del Municipio de Saravena al haberlo tomado en arrendamiento, razón por la cual debe ser llamado a responder por los daños causados, por cuanto ejercía sobre él el poder de mando, dirección y control independientes.

Sin embargo, la Sala precisa lo siguiente: 

Valorado el conjunto probatorio, se llega a la conclusión de que, en relación con el de fallecido alcalde municipal Héctor Parra Salamanca, el daño antijurídico se produjo como consecuencia de la actividad peligrosa desplegada por la administración, en concurrencia con culpa de la víctima, quien conducía el automotor. 

En efecto, resulta relevante el testimonio de uno de los ocupantes del vehículo accidentado, el Concejal José Olinto Calderon Sánchez, quien declaró lo siguiente:

“(...) el alcalde venía manejando y nos dijo que subiéramos los vidrios del carro para que el aire acondicionado funcionara, cuando llegamos al pavimento, aumentó la velocidad, y llegando a la planta de Norgás, estalló una llanta trasera, izquierda, yo venía para el lado donde se estalló la llanta, entonces el carro empezó a desbaratarse y a moverse rápidamente, pero no se salió de la vía, el alcalde pensó frenar y le colocó el pie fue al acelerador y subió más la velocidad, y cuando se dio de cuenta pudo frenar pero en la frenada brusca salieron por el parabrisa (sic) el alcalde, la periodista, el ingeniero, y las otras personas también salieron del carro yo fui el único que quedé en el carro al momento del accidente. Luego un señor de una volqueta que iba pasando fue el que me sacó del vehículo, nos llevaron al hospital y ahí fue donde me di cuenta de los muertos” (fl. 115, cdno. 2).

De lo anterior se deduce que el señor Parra Salamanca no tenía la pericia e idoneidad necesarias para afrontar una emergencia de esa naturaleza. Las reglas de la experiencia indican que si bien el estallido de una llanta trasera de un vehículo en movimiento es un hecho de alto riesgo, esta situación se puede sortear con mayor facilidad que si se tratara de una de las llantas delanteras, las cuales están relacionadas con la dirección del automóvil. De tal manera, que si el conductor se equivocó al afrontar la emergencia, en el sentido de accionar el acelerador de la camioneta en vez de aplicar el freno, sin duda alguna el fenómeno físico del aumento de velocidad del vehículo (que era conducido a una “alta velocidad” según el testigo Serafín Camargo Moreno), concurrió para que el accidente adquiriera las gravísimas proporciones y resultados trágicos de tres personas muertas y varias heridas.

Ante esta situación, estima la Sala que la conducta culposa del señor Parra Salamanca tiene relevancia jurídica en la producción del daño, lo cual conduce a que se disminuya el monto indemnizatorio a que tienen derecho los damnificados, en una proporción del 50%. 

No sucede lo mismo con el lesionado Luis Alfonso Remolina Torrado, quien tiene derecho a ser indemnizado en su integridad por los daños causados, siempre y cuando los haya demostrado, puesto que la administración no probó una causal exculpativa exonerante de responsabilidad. 

4. Indemnización de perjuicios.

4.1. Para el actor Luis Alfonso Remolina Torrado.

Según el resumen de la historia clínica Remolina Torrado fue hospitalizado desde el 15 de junio al el 21 de junio de 1991 (fl. 37, cdno. 2). El 19 de octubre de 1994 fue valorado el actor por el Instituto de Medicina Legal, Seccional Arauca en el cual se informó:

”Examinado: Refiere cefalea intermitente desde el día del accidente. Se observa múltiples cicatrices hipocromicas, hipotroficas en codos bilateralmente y rodilla derecha no ostensible ni importante.

Cicatriz hipercromica, hipertrofica ostensible e importante qué produce moderada desfiguración facial a nivel de ángulo mandibular izquierdo y región cervical izquierda.

Limitación leve en la abducción y propulsión del brazo sobre el hombro izquierdo. No presenta atrofias musculares, ni deformidades en hombro y brazo.

Neurologicamente normal. Rayos. XX Nº 24869 del hombro izquierdo muestra luxación antero del hombro con compromiso escapular” (fl. 150, cdno. 2).

Si bien en el anterior informe se expresó que en la historia clínica que les fue remitida “no existen datos que se relacionen con el accidente referido”, se encuentra suficientemente probado que las lesiones que recibió el actor fueron consecuencia del accidente automotor de que trata este proceso.

Por el daño moral reclamado se reconocerá una indemnización de 500 gramos de oro.

Como no existe prueba respecto a los perjuicios materiales, no se reconocerá ninguna indemnización.

4.2. Damnificados con la muerte de Héctor Parra Salamanca.

1. Indemnización por Perjuicios Morales:

En relación con los perjuicios morales, los medios de prueba allegados a los autos son suficientes para deducir que los demandantes tienen derecho a ser indemnizados. 

En consecuencia, la Sala condenará a la entidad pública demandada a indemnizar por los perjuicios morales a los demandantes en la suma equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro fino, para cada uno de ellos, hijos y cónyuge del occiso y señores José Salvador Parra Rojas y Rosalbina Salamanca Ortiz, condena que se reducirá en un 50%. 

b) Indemnización de perjuicios materiales 

Los perjuicios materiales se reconocerán en favor de la cónyuge y de los hijos menores al momento de la muerte de su padre. En el primer caso, por el tiempo de vida que le quedaba al señor Héctor Parra Salamanca y, en cuanto a los hijos se extenderá hasta el momento en que cumplan 18 años. 

Bases para la liquidación: 

Salario y prestaciones socialeValor destinado para su propia subsistencias: La suma que se tomará como base para la liquidación será $ 391.600, que era el sueldo que devengada el difunto al momento de su muerte (fls. 86, cdno. 2), más un 25% por concepto de prestaciones sociales, según lo pedido en la demanda y lo decidido en otras oportunidades por la Sala; a este monto se descontará un 25%, que se presume que el fallecido destinaba a atender a su propia subsistencia; al valor resultante se descontará el 50%, por la reducción correspondiente a la culpa de la víctima; la renta así obtenida, $ 183.562, se dividirá entre los demandantes (50% para la cónyuge sobreviviente y 50% para los hijos menores), la cual se actualizará con aplicación de la fórmula usual en estos casos, que tiene en cuenta los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, según la cual, el índice inicial será el que regía para la fecha de la muerte de Héctor Parra Salamanca (junio 14 de 1991), de 24.42 (194.09 X 0.1258146) y el índice final, el de la fecha de este proveído, de 116.27, de lo cual se tiene:

V.P. = $ 183.562, 116.27

________

24.42

V.P. = 873.987

Para la cónyuge sobreviviente: $ 436.993 (50%).

Para los hijos menores: $ 436.993 (50%) que se distribuye entre ellos, por partes iguales ($ 109.248 para cada uno).

a) Para la cónyuge sobreviviente: el día de los hechos el occiso tenía 35 años, según consta en el acta de necropsia (fl. 72, cdno. 1), por lo cual, según las tablas de mortalidad adoptadas por la Superintendencia Bancaria, su expectativa de sobrevivencia era de 39.66 años o 475 meses.

La indemnización a que tiene derecho comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 107 meses y el otro, futuro o anticipado, corre desde la presente fecha hasta el fin de la vida probable del occiso, para un total de 368 meses, de lo cual resulta:

Indemnización vencida o consolidada:

S = 436.993 (1+ 0.004867)107 – 1

___________________

0.004867

S = $ 61’162.554

Indemnización futura o anticipada:

S = 436.993 (1+ 0.004867) 368 – 1

________________________

0.004867 (1+ 0.004867) 368

S = $ 74’888.545

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura da un resultado de $ 136’051.099.

b) Para Salvador Parra Remolina: menor de edad en el momento del in suceso (tenía 7 años y 4 meses), por lo cual solamente se le reconocerá una indemnización por perjuicios materiales hasta el momento en que cumpla la mayoría de edad, es decir, por 128 meses.

La indemnización a que tiene derecho comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 107 meses y el otro, futuro o anticipado, corre desde la presente fecha hasta el día en que cumpla la mayoría de edad (21 meses), de lo cual resulta:

Indemnización vencida o consolidada:

S = 109.248 (1+ 0.004867)107 – 1

____________________

0.004867

S = $ 15’290.603

Indemnización futura o anticipada:

S = 109.248 (1+ 0.004867)21 – 1

________________________

0.004867 (1+ 0.004867) 21

S = $ 2’170.798

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura da un resultado de $ 17’461.401

c) Para Jakclin Milena Parra Remolina: menor de edad en el momento del in suceso (tenía 4 años), por lo cual solamente se le reconocerá una indemnización por perjuicios materiales hasta el momento en que cumpla la mayoría de edad, es decir, por 168 meses.

La indemnización a que tiene derecho comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 107 meses y el otro, futuro o anticipado, corre desde la presente fecha hasta el día en que cumpla la mayoría de edad (61 meses), de lo cual resulta:

Indemnización vencida o consolidada:

S = 109.248 (1+ 0.004867)107 – 1

__________________

0.004867

S = $ 15’290.603

Indemnización futura o anticipada:

S = 109.248 (1+ 0.004867)61 – 1

_______________________

0.004867 (1+ 0.004867) 61

S = $ 5’793.505

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura da un resultado de $ 21’084.108.

d) Para Yerardin Parra Remolina: menor de edad en el momento del in suceso (tenía 2 años y 7 meses), por lo cual solamente le reconocerá una indemnización por perjuicios materiales hasta el momento en que cumpla la mayoría de edad, es decir, por 185 meses.

La indemnización a que tiene derecho comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 107 meses y el otro, futuro o anticipado, corre desde la presente fecha hasta el día en que cumpla la mayoría de edad (78 meses), de lo cual resulta:

Indemnización vencida o consolidada:

S = 109.248 (1+ 0.004867)107 – 1

__________________

0.004867

S = $ 15’290.603

Indemnización futura o anticipada:

S = 109.248 (1+ 0.004867)78 – 1

______________________

0.004867 (1+ 0.004867) 78

S = $ 7’084.194

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura da un resultado de $ 22’374.797

e) Para Darianny Yulieth Parra Remolina: menor de edad en el momento del in suceso (tenía 1 año y 1 mes), por lo cual solamente le reconocerá una indemnización por perjuicios materiales hasta el momento en que cumpla la mayoría de edad, es decir, por 203 meses.

La indemnización a que tiene derecho comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 107 meses y el otro, futuro o anticipado, corre desde la presente fecha hasta el día en que cumpla la mayoría de edad (96 meses), de lo cual resulta:

Indemnización vencida o consolidada:

S = 109.248 (1+ 0.004867)107 – 1

____________________

0.004867

S = $ 15’290.603

Indemnización futura o anticipada:

S = 109.248 (1+ 0.004867)96 – 1

________________________

0.004867 (1+ 0.004867) 96

S = $ 8’424.865

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura da un resultado de $ 23’715.468

Resumen indemnizatorio

Beneficiario total

Maria Belén Remolina Torrado 136’051.099

Salvador Parra Remolina 17’461.401

Jakclin Milena Parra Remolina 21’084.108

Yerardin Parra Remolina 22’374.797

Darianny Yulieth Parra Remolina 23’715.468

Desde la ejecutoria de este fallo, las sumas concretadas por perjuicios tanto morales como materiales, devengarán los intereses a que alude el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, el 25 de abril de 1996, que negó las pretensiones de la demanda, en su lugar se dispone:

1. Declárase al municipio de Saravena (Arauca) patrimonialmente responsable de la muerte del señor Héctor Parra Salamanca y de las lesiones sufridas por el señor Luis Alfonso Remolina Torrado, hechos ocurridos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de que da cuenta la parte motiva de este fallo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración condénase a la citada entidad pública a pagar:

a) Por concepto de perjuicios morales a los señores José Salvador Parra Rojas, Rosalbina Salamanca Ortiz, Maria Belén Remolina Torrado, Salvador, Jakclin Milena, Yerardin y Darianny Yulieth Parra Remolina y Luis Alfonso Remolina Torrado, la suma equivalente en pesos colombianos a quinientos (500) gramos de oro fino a cada uno de ellos.

b) Por concepto de perjuicios materiales en favor de: Maria Belén Remolina Torrado, la suma de ciento treinta y seis millones cincuenta y un mil noventa y nueve pesos m/c ($ 136’051.099); a Salvador Parra Remolina, la suma de diecisiete millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos uno pesos m/c ($ 17’461.401); a Jakclin Milena Parra Remolina, la suma de veintiún millones ochenta y cuatro mil ciento ocho pesos m/c ($ 21’084.108); a Yerardin Parra Remolina, la suma de veintidós millones trescientos setenta y cuatro un mil setencientos noveinta y siete pesos m/c ($ 22’374.797); a Darianny Yulieth Parra Remolina, la suma de veintitrés millones setecientos quince mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/c ($ 23’715.468).

3. NIEGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. Dése cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirán copias de las sentencias de primera y segunda instancia conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Maria Elena Giraldo Gomez—Alier E. Hernández Enríquez—Jesús M. Carrillo Ballesteros—Ricardo Hoyos Duque—German Rodriguez Villamizar

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de mayo 18 de 1972. En el mismo sentido la sentencia de julio 4 de 1977.

Salvamento parcial de voto

No comparto la decisión mayoritaria de la Sala, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda en favor de los parientes de Héctor Parra Salamanca, alcalde del municipio de Saravena y quien al momento de ocurrencia del hecho conducía el vehículo automotor causante del daño.

I. La Sala en sentencia del 13 de febrero de 1997 (Exp. 9912) había señalado:

“el caso sub-examine no puede manejarse desde la perspectiva de la falla presunta como lo plantea el demandante, que la jurisprudencia admite cuando el hecho se produce en ejercicio de actividades peligrosas, lo cual supone obviamente que quien tal actividad realiza sea persona distinta de aquella que resulta perjudicada. Quien maneja un arma, conduce un vehículo, etc., no podrá invocar después el ejercicio de la actividad peligrosa para reclamar del Estado la indemnización por el daño que sufra como consecuencia del uso del arma, de la conducción del automotor, etc., en tanto es él mismo, precisamente, quien está llamado a actuar de manera prudente y diligente en el ejercicio de la actividad peligrosa que se le encomienda.

De tal manera, el servidor de la fuerza pública que manipula un arma y se lesiona, no podrá acudir a este régimen de responsabilidad para obtener la indemnización de los perjuicios que se le hubieren causado; por el contrario, si el afectado es un tercero, quedará relevado de probar la falla del servicio y la administración sólo se exonerará si acredita que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por el hecho de un tercero ajeno al servicio, exclusivo y diferente, o por fuerza mayor”.

En el evento de daños sufridos por los servidores del Estado, se ha dicho por la jurisprudencia de la corporación, opera el principio de la responsabilidad predeterminada o a forfait por accidente de trabajo. Si se quiere obtener la indemnización plena de perjuicios, debe acreditarse la ocurrencia de una falla del servicio.

Como en el presente caso esto último no sucedió, respecto del servidor público que conducía el vehículo han debido negarse las súplicas de la demanda.

II. Adicionalmente, cabe señalar que la administración no era la propietaria del vehículo (cosa peligrosa) con la cual se causó el daño, ya que esta se encontraba al servicio del municipio de Saravena en calidad de arrendamiento (fl. 15 cdno. 1).

En relación con esta situación, los Mazeaud y Tunc señalan:

“(...) con frecuencia, el tenedor no ejerce un dominio material sobre la cosa sino en lo que concierne al comportamiento de ésta, y no en su estructura. Si sobreviene un accidente de resultas de la rotura o del mal estado de algún órgano de la cosa convenientemente utilizada, o a consecuencia de una explosión, es el guardián de la estructura de la cosa, normalmente su propietario, el que deberá responder de las consecuencia del accidente”(1)

Como el daño se produjo en razón de una falla en la estructura (estallido de una llanta), la responsabilidad en este caso sería predicable del dueño de la cosa y no del guardián del comportamiento que lo era la administración.

Fecha ut supra 

Ricardo Hoyos Duque 

1 Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962, tomo II, vol. 1, Nº 1179, pág. 185. En el mismo sentido, Javier Tamayo Jaramillo expresa: “Existe una serie de situaciones en las que el dueño remite la cosa, o la actividad peligrosa, a un tercero que es considerado, en principio, como tenedor de ella. Para saber quién es el responsable de los daños causados con esa actividad a terceros, mientras está bajo el control de esa misma persona, según el artículo 2356, es necesario distinguir entre la “guarda en la estructura” y la “guarda en el comportamiento”; si, por ejemplo, un vehículo se arrienda se lleva a reparar, se deposita, o se entrega para ser trasportado, y, estando en poder del arrendatario, mecánico, depositario o transportador, atropella a un peatón, el responsable de esa actividad peligrosa es el tenedor del vehículo (mecánico, depositario, trasportador, arrendatario, etc), pues para efectos del comportamiento de esa actividad, el tenedor directo poseía el poder de dirección y control ya que no dependían intelectualmente del dueño; en cambio, si el vehículo explota, la responsabilidad del art. 2356 compromete al dueño, pues él es el guardián de la estructura y por causa de ella se produjo el daño; sin embargo, pueden causar el daño los dos guardas: tal el caso del vehículo que al volcarse explota”. De la responsabilidad civil, Bogotá, Edit. Temis, 1989, tomo I, vol. 2, Nº 118, pág. 92.