Sentencia 12102 de febrero 10 de 2000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 12102

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros

Ref.: Indemnización

Actor: Gladys Amparo Zambrano Narváez y otros

Demandado: La Nación- Ministerio de Transporte

Santa Fe de Bogotá D.C., diez de febrero de dos mil.

Decide la Sala el recurso de apelación, formulado por las partes, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el día 25 de abril de 1996, en cuya parte resolutiva declara la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas por la muerte de Arnulfo Efren Pinchao Figueroa; y, en consecuencia condena a pagar en favor de los demandantes los perjuicios morales correspondientes.

Antecedentes:

1. Las pretensiones.

Gladys Amparo Zambrano Narváez, en nombre propio y en representación de los menores Diego Armando, Luis Albeiro y Jesús Daniel Pinchao Zambrano, formularon demanda contra la Nación - Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, a fin de que se declarara a estas entidades, solidaria y administrativamente responsables en hechos ocurridos el 29 de septiembre de 1993, en la carretera que de Pasto conduce a la ciudad de Ipiales en los cuales perdió la vida Arnulfo Efren Pinchao Figueroa; y, en consecuencia se las condenara a pagar en favor de los demandantes los perjuicios correspondientes.

2. El marco factico.

La parte actora relata que Arnulfo Efren Pinchao Figueroa, perdió la vida cuando transitaba por la carretera que de Pasto conduce a la ciudad de Ipiales, en el sitio “El Pedregón” por el derrumbe de la banca de la carretera Panamericana, hecho que ocasionó la precipitación del vehículo conducido, hacia el abismo.

Sostiene que en la misma vía se habían presentado varios deslizamientos que a su vez produjeron otros accidentes y pese a ello las autoridades no tomaron las precauciones necesarias para evitar tragedias, como la que dio origen a esta demanda.

3. La sentencia apelada.

El tribunal como ya se dijo, declaró la responsabilidad de las entidades demandadas y en consecuencia las condenó a pagar perjuicios morales y denegó el reconocimiento de perjuicios materiales, pues estimó, que no se demostró la cantidad específica que la víctima suministraba a su familia para su sostenimiento.

Con relación a la declaratoria de responsabilidad sostuvo que en el proceso se demostró el deficiente servicio de la administración en el mantenimiento de la vía donde ocurrió la tragedia.

Estimó que las autoridades tuvieron conocimiento de las fisuras y fallas estructurales de la vía y no tomaron las medidas idóneas para evitar el deslizamiento que se presentó de la banca, lo cual al final causó la tragedia.

4. El recurso de apelación.

a) La parte demandante:

Alega que se debe revocar la sentencia en cuanto denegó los perjuicios materiales solicitados, pues sostiene que en el expediente reposan diferentes pruebas que permiten cuantificar este rubro.

b) El Ministerio de Transporte:

El apoderado de esta entidad sostuvo que no se debe declarar responsabilidad con el Ministerio de Transporte por cuanto no le corresponde el cuidado y mantenimiento de las vías públicas pues de conformidad con las normas vigentes dichos deberes le corresponden al Instituto Nacional de Vías.

En consecuencia solicita se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva o inexistencia legal de la obligación con respecto a ese Ministerio.

c) El Instituto Nacional de Vías:

En su impugnación sostiene que se debe exonerar a los entes demandados porque ellos no dieron lugar a la ocurrencia del evento lesivo, pues siempre han estado atentos de la conservación y mantenimiento de la vía Panamericana, incluido el sector donde se produjo el siniestro.

Afirma que el deslizamiento ocurrió en forma repentina e irresistible, fruto de la fuerza mayor que ningún poder humano podía prever.

Estima que la persona que falleció, asumió su propio riesgo, pues no atendió a las señales de detención de la marcha.

Consideraciones de la Sala

La sentencia apelada será modificada pues aunque la Sala comparte los aspectos sustanciales de la responsabilidad, revocará la negativa del tribunal a reconocer perjuicios materiales conforme a las razones que más adelante se exponen.

I. La falla del servicio:

En el expediente aparece debidamente acreditado que Arnulfo Efren Pinchao Figueroa perdió la vida cuando transitaba en la carretera que de Pasto conduce a Ipiales al derrumbarse la banca de la vía lo cual provocó que el vehículo se precipitara a un abismo.

El Director Regional de Invias en oficio DR-14-4078 de 24 de abril de 1995, certificó con destino al proceso que el 29 de septiembre de 1993, se presentó la caída de la banca de la carretera en el sector comprendido entre “El Placer” y el Puente sobre el Río Guaytara “Pedregal” (fl. 168).

Mediante diligencia de Inspección judicial del 4 de abril de 1995 y dictamen pericial practicados dentro del proceso se pudo determinar que: “La estabilidad de la banca pudo haber sido controlada construyendo un sistema de contención rectificando y variando el eje de la vía hacia el interior en esa sección”. (fl. 187).

La abundante prueba testimonial practicada dentro del expediente permite concluir que días antes de que ocurriera el accidente la vía presentaba múltiples grietas y que pese a que los funcionarios del Instituto Nacional de Vías acudieron a la zona de riesgo no tomaron las medidas conducentes para conjurar el peligro. La crítica de la prueba testimonial que hace el tribunal es clara, por ello, releva a la Sala de otros comentarios sobre el particular.

Los miembros del cuerpo de bomberos voluntarios de Ipiales que conocieron los hechos, en oficio #043 de julio 13 de 1994, destacan:

“Siendo las 5 y 50 de la mañana del día miércoles 29 de septiembre de 1993, se recibió una llamada telefónica de la Policía Nacional de ésta Ciudad, informando que se produjo un deslizamiento de la carretera en el Pedregal, sector del puente sobre el río Guaytara y que había un vehículo accidentado.

“Para atender ésta emergencia salió la máquina #3 conducida por el Teniente Jorge Humberto Méndez, acompañado del siguiente personal bomberil, Sargento Mayor Carlos Montenegro León, Cabo 1o. Segundo Gonzalo Patiño, Dragoneantes: José Alfredo Oviedo y Juan Carlos Tenganán, bomberos: José Alvaro Terán Moreno, Fidernando Terán Moreno, Carlos Javier Ruano y Antonio Enríquez Pantoja.

“Regresaron a la 1 y 10 de la tarde e informando lo siguiente: Rescataron el cadáver de un señor que llamaba Efrén Arnulfo Pinchao, conductor del vehículo tipo furgón, de color negro de placa S.A.F. 527, que pertenecía a la Empresa Yusiloma, el cual cayó en el deslizamiento de la carretera que de Ipiales, conduce a Pasto, a cien metros pasado el puente colgante y el cadáver fue depositado en el Hospital Regional de esta ciudad.”. (fl. 9 cdno.1). (Subrayas de Sala). 

A la luz del acervo probatorio en antes relacionado para la Sala es claro que se acreditaron los elementos estructurales de la responsabilidad de la administración, pues el accidente ocurrió por falta manifiesta en el cuidado y mantenimiento de la vía pública con el agravante de que pese a que se habían detectado grietas en la carretera, la administración no ejecutó las obras necesarias, como la construcción de un muro de contención o la rectificación de la vía, tal como lo conceptuaron los Ingenieros civiles que rindieron dictamen dentro del presente proceso. 

En el presente caso, el factor de imputación de responsabilidad ocurre contra el Instituto Nacional de vías —Invias— pues por mandato legal es la entidad a quien corresponde el cuidado y mantenimiento de la red vial nacional, como lo dispone el Decreto 2171 de 1992 y fueron precisamente funcionarios de esta entidad quienes días antes del accidente se encontraban recopilando datos y pudieron percibir las grietas del pavimento y la peligrosidad que el estado de la carretera presentaba para el flujo vehicular, razón por la cuál de la condena se excluirá al Ministerio de transporte.

II. Nexo causal:

La Sala considera que el mal estado de la vía fue factor preponderante para que el accidente se presentará

El apoderado de Invias en su recurso de apelación sostiene que en el presente caso se debe exonerar a dicha entidad porque el accidente sobrevino por una fuerza incontenible e imprevisible en sus efectos. Sin embargo, la Sala insiste que antes que la fuerza mayor se presento un grave descuido de la administración que compromete su responsabilidad sin dar lugar al eximente causal alegado. De las pruebas allegadas al proceso se deduce que los funcionarios de la administración conocieron con anterioridad los factores de riesgo; y, que era necesaria la construcción de un muro de contención. Por lo menos se han debido colocar los avisos y las pancartas pertinentes anunciando el peligro mientras se construían las obras; y, si era del caso ordenar el cierre de la vía mientras se efectuaba su recuperación pues no se puede olvidar que como lo observa Arturo Alessandri en su obra de Responsabilidad Extracontractual: “Un hecho que se hubiera podido prever y evitar con mayor diligencia o a costa de un mayor esfuerzo o sacrificio no es caso fortuito. (Ob. cit. Ediar Editora Ltda - Chile - 1983, Pág. 600). (Subrayas y negrillas de Sala). 

Dentro del mismo orden de ideas, Michel Paillet, Dalloz 1996, pag. 47, aborda el tema, para conceptualizar que la fuerza mayor obedece a criterios estrictos de irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad, aunque admite que su efecto liberatorio no es absoluto.  

Respecto de la irresistibilidad dice que es una fuerza insuperable, no reprochable a quien la alega, como un cataclismo natural o lluvias de una violencia excepcional, o un hecho imparable. 

En cuanto a la imprevisibilidad, precisa que lo que es previsible no es normalmente irresistible. En efecto, hechos extraordinarios no son considerados fuerza mayor porque han ocurrido en un pasado relativamente lejano. La imprevisiblidad es un elemento de medida aproximado que complementa la irresistibilidad, sin que tenga un papel autónomo absolutamente incontestable o en todo caso constante.  

En cuanto a la exterioridad supone que el hecho constitutivo de la fuerza mayor sea extraño al demandado que se ampara en él. Es el caso de los acontecimientos naturales o del comportamiento de un tercero, incluido el de la víctima. La exterioridad, en lógica constituye causa extraña.  

La fuerza mayor —concluye el citado autor— se caracteriza, por la reunión de esas diferentes condiciones y tiene como consecuencia la exoneración en todos los sistemas de responsabilidad (culpa, presunción de culpa y aún en la hipótesis de responsabilidad sin culpa). La exoneración será total si el acontecimiento constitutivo de fuerza mayor es la causa exclusiva del daño.  

En resumen el acontecimiento que dio origen a esta demanda se produjo luego de evidenciarse fallas o grietas en el borde de la vía, ante lo cual no hubo respuesta prevención o aviso por parte del encargado de su mantenimiento. Así, no es viable dar paso a la excepción de fuerza mayor cuyo concepto demanda imprevisiblidad, exterioridad e irresistibilidad, factores que no se demostraron, pues vistas las grietas el derrumbamiento era previsible y por lo mismo resistible en la medida en que se han podido realizar las obras a que se refiere el dictamen pericial, o en su defecto colocar las señales de peligro para reducir los riesgos inherentes al mal estado de la vía. Tampoco puede afirmarse la exterioridad del hecho en tanto que las medidas orientadas a conjurar el peligro se traducían en deberes que correspondía cumplir a los entes demandados.  

Para recavar en este punto es útil evocar el informe técnico rendido por los peritos ingenieros que obran a folios 185 a 188 quienes conceptuaron “el deslizamiento de la banca obedece a un proceso físico de deterioro progresivo, en la estabilidad de los suelos. En la naturaleza ningún fenómeno se puede presentar repentinamente, ya que todo obedece a una transformación de energía. En este caso la banca de la vía se vio afectada en su estructura por la presencia de agua infiltrada… En conclusión la vía debió presentar en su exterior, signos inequívocos de cambio; en especial agrietamientos transversales y longitudinales, que son indicadores inequívocos del comportamiento de la cohesión y compacidad de los estratos portantes de la banca”.

III. El daño

Es claro que el deficiente funcionamiento se dio lugar a un hecho, producto de la negligencia o de la omisión, que a su turno sirvió de causa a otro, que produjo en los demandantes una lesión patrimonial, derivada de la muerte de quien fuera su fuente económica de subsistencia, sin que los actores por ningún motivo estuviesen obligados a soportar dicho daño.

En el expediente se encuentra plenamente establecido este extremo de la responsabilidad con el registro de defunción de Arnulfo Efren Pinchao Figueroa expedido por el Notario primero del Circuito de Ipiales (fl. 2), y con la diligencia de levantamiento del cadáver (fl. 8).

Advierte la Sala que si bien la jurisprudencia ha optado por presumir el daño moral causado a los parientes próximos y en este caso esposa e hijos, por razón de la alteración de la natural relación que existe entre los miembros de una familia, dicha circunstancia no se deriva inexorablemente de la prueba del simple parentesco pues bien pueden ocurrir eventos excepcionales en que a pesar del vínculo civil de consanguinidad no se produzca efectivamente la aflicción que entraña el daño moral o que dadas las circunstancias el actor esté impedido moralmente para reclamar la indemnización de tal naturaleza como podría pensarse cuando mediara una ruptura grave y probada de las relaciones familiares.

Por lo anterior, se precisa que el registro civil aportado al proceso como prueba de parentesco, ha de ser considerado en conexión con el texto del libelo, que también es una pieza probatoria, como que contiene una declaración vertida bajo la gravedad del juramento y que no fue controvertida por la parte demandada, en lo relacionado con la avenencia familiar entre a víctima, su esposa e hijos para efectos de la indemnización reclamada por daño moral así como por la correspondiente al daño material solicitado en la medida en que dependían económicamente de la víctima.

IV. La legitimación para obrar y los perjuicios causados.

En el presente proceso formularon demanda Gladys Amparo Zambrano en calidad de esposa del finado; y los menores Luis Albeiro Pinchao Zambrano, Diego Armando Pinchao Zambrano y Jesús Daniel Pinchao Zambrano en su condición de hijos.

El parentesco se demostró con el certificado del registro civil de matrimonio de Arnulfo Efren Pinchao Figueroa con Gladys Amparo Zambrano Narváez (fl. 3) celebrado el 24 de marzo de 1985; y con los certificados de los registros civiles de nacimiento de los menores hijos. (fls. 4,5 y 6).

Visto lo anterior se confirmará el reconocimiento por perjuicios morales que hizo el tribunal en el equivalente de un mil (1000) gramos de oro fino para cada uno.

En cuanto hace relación a los perjuicios materiales en el proceso se acreditó que el finado se desempeñaba como distribuidor de licores y que precisamente cuando viajaba a cumplir con esa labor se accidentó en el vehículo que utilizaba para ese efecto. Así lo afirman los testigos que declararon en el proceso. Carlos Pantoja Revelo depuso que el accidente ocurrió cuando conducía un camión distribuidor licores y Myriam Cecilia León de Erazo dijo que el finado se encontraba vinculado a una distribuidora manejando un furgon - que transportaba aguardiente y que ganaba por viajes. (fl. 136).

De acuerdo con lo anterior la Sala reconocerá perjuicios materiales en favor de la esposa y de los hijos de la víctima, pues aunque no se encuentra establecido el monto de los ingresos, si aparece claro que el demandante trabajaba en la distribución de licores razón por la cual se liquidará el monto de los perjuicios con base en el salario mínimo legal vigente para la época de los hechos teniendo en cuenta las siguientes pautas:

Fecha de los hechos: 29 de septiembre de 1993

Salario mínimo 1993: $ 81.510

1. Se descuenta el 25% que se presume es la parte del salario que la víctima destinaba a su propia subsistencia, para obtener una suma base de $ 61.132,50

2. Se actualiza el ingreso aplicando para ello las fórmulas tradicionalmente adoptadas por la Corporación, así:

1
 

3. El ingreso se divide en dos partes. Una que favorece a la esposa, hasta la vida probable del finado y la otra favorece a los hijos hasta el momento en que alcancen la mayoría de edad.

4. Se calculan dos periodos, así:

A) Vencido, causado o consolidado que transcurre desde el día de los hechos hasta la fecha de esta sentencia. Para calcular dicha indemnización debida se aplica la formula.

2
 

Donde; S. es la suma que se busca; Ra: Renta actualizada; i: interés técnico mensual que equivale a 0.004867 y n, el número de meses transcurridos.

3
 

1
 

B) Futuro o anticipado.

1) Para la esposa, señora Gladys Amparo Zambrano Narváez, que transcurre desde la fecha de la sentencia hasta la vida probable del causante, cálculo que se hace aplicando la siguiente fórmula:

Base: $ 84.576 (50% del ingreso actualizado).

1
 

2) Para el hijo Diego Armando Pinchao Zambrano, hasta que cumpla los 18 años, sobre la misma fórmula:

Base: $ 28.192.27, equivalente a la tercera parte (1/3) del 50% del ingreso actualizado.

Fecha nacimiento: 22 mayo de 1985.

Cumple mayoría edad: 22 mayo del 2.003

1
 

3) Para el hijo Luis Albeiro Pinchao Zambrano, hasta que cumpla los 18 años, sobre la misma fórmula:

Base: $ 28.192.27, equivalente a la tercera parte (1/3) del 50% del ingreso actualizado.

Fecha nacimiento: 14 agosto de 1987

Cumple mayoría edad: 14 agosto del 2.005

1
 

4) Para el hijo Jesus Daniel Pinchao Zambrano, hasta que cumpla los 18 años, sobre la misma fórmula:

Base: $ 28.192.27, equivalente a la tercera parte (1/3) del 50% del ingreso actualizado.

Fecha nacimiento: 25 diciembre de 1991

Cumple mayoría edad: 25 diciembre del 2.009

1
 

En síntesis la liquidación por concepto de perjuicios materiales quedará, así:

DemandanteP. VencidoP. FuturoTotal
Gladys Amparo Zambrano$ 7’755.270,59$ 17’377.658,84$ 25’132.929,43
Diego Armando Pinchao Z.$ 2’585.090,19$ 1’022.477,24$ 3’607.567,43
Luis Albeiro Pinchao Z.$ 2’585.090,19$ 1.608.509,96$ 4’193.599,96
Jesus Daniel Pinchao Z.$ 2’585.090,19$ 4.530.074,90$ 7’115.165,09

VI. El llamamiento en garantía

El apoderado judicial del Instituto Nacional de Vías, en escrito de contestación de la demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 14 de Octubre de 1.994, solicitó llamar en garantía a la Policía Nacional, bajo el argumento que fue amplia la participación de esta entidad en las circunstancia concomitantes y posteriores al deslizamiento de la banca. Dicho llamamiento en garantía fue aceptado mediante auto del 20 de Octubre de 1.994.

Sobre el particular considera la Sala que la situación fáctica que permita vincular a la Policía Nacional como garante de la condena no se demostró dentro del proceso. El hecho determinante que produjo la tragedia, esto es, la caída de la banca atañe al incumplimiento de la obligación de mantener la vía en buen estado, que como se vio es una obligación de emanación legal que corresponde directamente a —Invias—. Las circunstancias coetáneas que alega el demandante no las precisa, ni las demuestra en el expediente. Entiende la Sala que dicha imputación puede surgir del hecho de que en las proximidades del sitio de riesgo se encontraba personal vinculado a esta institución. Sin embargo, no se observa que ellos hayan dejado de tomar medidas de seguridad por cuanto no conocían si la banca de la carretera iba a soportar el peso del vehículo, pues la precipitación del camión ocurrió como resultado inmediato del derrumbamiento del borde de la vía, como lo certificaron los bomberos en el informe ya citado. En consecuencia se denegarán las súplicas de la demanda contenidas en el llamamiento en garantía contra la Policía Nacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICASE la sentencia de 25 de abril de 1996, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, la cual, en definitiva, quedará así:

1. Declárase la responsabilidad patrimonial del Instituto Nacional de Vías —Invias— por la muerte de Arnulfo Efren Pinchao Figueroa.

2. Como consecuencia de lo anterior condenase al Instituto Nacional de Vías —Invias— a pagar por concepto de perjuicios morales el equivalente a un mil (1000) gramos de oro fino, a las siguientes personas.

A Gladys Amparo Zambrano Narváez (esposa)

A Luis Albeiro Pinchao Zambrano (Hijo)

A Diego Armando Pinchao Zambrano (hijo)

A Jesús Daniel Pinchao Zambrano (hijo)

El precio del referido será el que certifique el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

3. Igualmente por concepto de perjuicios materiales se condena a Invias a pagar las siguientes sumas de dinero a los demandantes:

A Gladys Amparo Zambrano Narváez (esposa), la cantidad de veinticinco millones cientos treinta y dos mil novecientos veintinueve pesos con 43/100 ($ 25’132.929,43).

A Diego Armando Pinchao Zambrano (hijo), la suma de tres millones seiscientos siete mil quinientos sesenta y siete pesos con 43/100 ($ 3’607.567,43).

A Luis Albeiro Pinchao Zambrano (Hijo), la suma de cuatro millones ciento noventa y tres mil quinientos noventa y nueve pesos con 96/100 ($ 4’193.599,96).

A Jesús Daniel Pinchao Zambrano (hijo), la suma de siete millones ciento quince mil ciento sesenta y cinco pesos con 09/100 ($ 7’115.165.09).

4. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

5. Niéganse las pretensiones contenidas en el llamamiento en garantía contra la Policía Nacional.

6. Expídanse copias de la sentencia, con destino a los interesados y por conducto del apoderado que ha llevado la representación de los demandantes dentro del proceso, precisando cuál de ellas presta mérito ejecutivo.

7: Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Maria Elena Giraldo Gómez, presidente de Sala—Jesús M. Carrillo Ballesteros—Germán Rodríguez Villamizar—Alier E. Hernández Enríquez— Ricardo Hoyos Duque.

Secretario: Carlos Alberto Corrales Muñoz.