SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

INDEMNIZACIÓN POR DAÑO ANTIJURÍDICO

LUCRO CESANTE A VÍCTIMA QUE CONTINÚA LABORANDO

EXTRACTOS: «Lucro Cesante. La Sala modificará el fallo de la a quo en cuanto negó a la víctima el reconocimiento de la indemnización que reclama por este concepto.

El lesionado sufre una incapacidad definitiva parcial del 38.8% que no le impide trabajar. La indemnización se debe reconocer porque está derivado del daño antijurídico causado a su integridad personal.

Si bien es cierto que el lesionado sigue vinculado laboralmente a la Policía Nacional, no lo es menos que su capacidad laboral quedó disminuida y debe garantizársele un futuro digno. Las labores que en adelante desarrollará no son las mismas a las que aspiraba cuando ingresó al servicio de la institución.

Por ello, y en consideración a que la indemnización por lucro cesante y la remuneración laboral, son dos reconocimientos que tiene por causa actos jurídicos distintos, la Sala reconocerá en favor del lesionado el resarcimiento a que tiene derecho. En efecto, la situación de encontrarse en servicio activo en la institución le hace acreedor del reconocimiento de sus derechos laborales, a recibir una remuneración, a gozar de las prestaciones sociales y demás; sin perjuicio del derecho que le asiste de recibir la indemnización que le corresponde por haber sufrido un daño antijurídico, producido por una falla de la administración.

La condición de ser agente al servicio de la Policía Nacional, no es eximente de la responsabilidad que le cabe al Estado por la lesión que le ha dejado secuelas permanentes y una incapacidad laboral del 38.8%.

La Sentencia 10301 del 15 de noviembre de 1995 (2), con ponencia de quien dirige este fallo, que es citada por el a quo como fundamento para no reconocer el lucro cesante, ha sido modificada en varias oportunidades por la Sala que ha precisado, como quedó expuesto, que por tratarse de dos emolumentos cuyas causas jurídicas son independientes, no son excluyentes entre sí(3). Se ha sostenido además en las providencias que reconocen el lucro cesante a quien se encuentra laborando, que la disminución de las facultades de trabajo generadas por el daño antijurídico, limita la libertad que le asiste a la víctima de escoger el trabajo que más le convenga, porque tendrá que rechazar algunas ofertas de trabajo a causa de su incapacidad, lo que amerita un reconocimiento por la pérdida de esa libertad.

(2) Esta posición la comparte el profesor Juan Carlos Henao en su reciente obra “El Daño”, por considerar que: “Lo que la teoría jurídica debe atender como ya se ha visto, es la diferencia existente entre la situación anterior y la posterior al hecho dañino, y lo cierto en el evento estudiado es que, en últimas, la persona no sufrió lucro cesante. La responsabilidad civil no puede ser una forma de redistribución de riquezas, ni de piedad, lo cual es un problema legislativo, sino una forma de reparar un daño efectivamente causado”. Ediciones Universidad Externado de Colombia, julio de 1998, página 222.

(3) 6752 del 12 de septiembre de 1991, M.P.: Dr. Julio César Uribe Acosta; 7060 del 17 de septiembre y 4324 del 13 de noviembre de 1992, M.P.: Carlos Betancur Jaramillo; 8770 del 27 de julio de 1995, M.P.: Carlos Betancur Jaramillo; 10084 del 22 de mayo de 1996, M.P.: Juan de Dios Montes Hernández.

No reconocer la indemnización por lucro cesante al lesionado que sigue trabajando, equivale a lanzarlo al abismo de la improductividad, que viola el derecho-deber constitucional al trabajo. Debe admirarse al incapacitado que, pese a su nueva realidad, sigue laborando, y no puede por el contrario, fundado en esta sola circunstancia, privársele de la indemnización a que tiene derecho.

Ahora bien, es necesario precisar además, que en el proceso aparece probado que la sección de prestaciones sociales de la Policía Nacional le reconoció a la víctima una indemnización por incapacidad relativa, en la suma de tres millones setecientos sesenta y tres mil setenta y siete pesos con setenta y ocho centavos ($ 3.763.077,78), mediante Resolución 8207 del 31 de agosto de 1993, (fl. 145 c. 2). Esta prestación, no es incompatible tampoco con la indemnización que aquí se ordena, pues se trata de un reconocimiento que surge en virtud de una relación legal y reglamentaria, prevista para los empleados del Estado que padecen lesiones con ocasión de la prestación del servicio, que tuvo como fundamento los artículos 98 y 100 del Decreto 1213 de 1990 y el artículo 37 del Decreto 84 de 1989. Prestación esta que difiere totalmente de la que pretende resarcir el daño antijurídico causado por la falla de

servicio. Este reconocimiento, como lo afirma Jean Rivero(4): “... es a veces convenida (forfaitare) calculada no sobre la base del perjuicio real, sino según reglas establecidas por los textos...”.

(4) RIVERO, Jean, Derecho Administrativo, Traducción de la novena edición, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1984. Pág. 331.

Hechas las anteriores precisiones se procederá a la liquidación de la indemnización por este concepto».

(Sentencia de noviembre 6 de 1998. Expediente 12.120. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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