•Sentencia 12124 de noviembre 19 de 1998

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RECLAMACIÓN DE PERJUICIOS CONTRA EL ESTADO

ES IMPROCEDENTE SI YA EXISTE CONDENA PENAL EN PERJUICIOS

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Ref.: Exp. 12124.

Actor: Oscar Hernando Suárez Vega. Demandada: La Nación. Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

Santafé de Bogotá, noviembre diecinueve de mil novecientos noventa y ocho.

I. Antecedentes procesales

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 27 de marzo de 1996, mediante la cual se decidió denegar las súplicas de la demanda.

1. Lo que se demanda

En escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá el 26 de julio de 1994, el señor Oscar Hernando Suárez Vega a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, formuló demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, para que fuera declarada patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales y morales que sufrió con el accidente de tránsito en el que fue víctima, ocurrido en la ciudad de Tunja el 29 de julio de 1992.

Como consecuencia de la declaración anterior el demandante pretende que la demandada sea condenada a pagarle indemnización por concepto de daño moral, en el equivalente en pesos a 1.000 gramos oro; y por concepto de daño emergente, dos millones quinientos mil pesos ($ 2.500.000) actualizados a la fecha de la sentencia, más el interés del seis por ciento 6% anual.

2. Los hechos

Funda el actor sus pretensiones en los siguientes hechos que se sintetizan así:

El 29 de julio de 1992, a las 8 p.m., en la avenida norte entrada al barrio Asís Boyacense de Tunja, el señor Florentino Antonio Rodríguez que conducía un vehículo marca Renault - 18 de placas XA - 0668, con apariencia de taxi, causó un accidente automovilístico que produjo lesiones graves a Hernando Suárez Vega y la destrucción total de su vehículo marca Fiat 147 GL, modelo 1982, placas RC - 9668.

Por estos hechos se adelantó un proceso penal en el Juzgado Tercero Municipal de Tunja, dentro del cual se estableció que el señor Florentino Antonio Rodríguez era agente de la Policía Nacional, que conducía embriagado y en contravía; que el vehículo pertenecía a la Sijín y que estaba asignado a labores de inteligencia. El proceso culminó con sentencia del 2 de mayo de 1994, en la que el conductor fue condenado a cinco (5) meses de prisión, a pagar una multa de mil cuatrocientos pesos ($ 1.400) y los perjuicios morales y materiales a la víctima, a los cuales solicitó que fueran declarados no exigibles por imposibilidad económica para cancelarlos.

El señor Oscar Hernando Suárez Vega, víctima del atropello causado por el policía, sufrió lesiones en la rótula de la pierna derecha, la rotura de la tibia y los ligamentos de la rodilla de la pierna izquierda, que obligaron a intervenirlo quirúrgicamente en tres oportunidades en la pierna derecha y practicarle una artroscopia en la pierna izquierda. La víctima sufrió la fractura de las dos piernas, que lo inmovilizó absolutamente y lo obligó a utilizar silla de ruedas.

El lesionado es un distinguido abogado litigante, con estudios de postgrado en el exterior, que ejerce su profesión en Málaga y en la provincia de García Rovira, Santander del Sur, que a consecuencia del accidente y de las secuelas que dejó, se vio imposibilitado para cumplir sus labores profesionales durante más de seis meses.

3. Actuación procesal

La demanda fue admitida mediante auto del 17 de agosto de 1994, que fue notificado a la demandada el 31 de octubre siguiente. Ésta dio contestación; se opuso a los hechos y condenas por no estar demostrado el nexo con el servicio. Afirmó que el conductor del vehículo, había finalizado su labor, se dirigía a su casa y estaba por tanto desvinculado del servicio cuando se produjo el accidente. Agrega que la demandada no puede presumir que el vehículo sea de propiedad de la Policía Nacional, debe demostrarlo, y considera que se presentó la culpa de la víctima que es un eximente de responsabilidad de la administración, porque el actor transitaba a alta velocidad y perdió el control del automotor, cuando se produjo el accidente.

Precluido el debate probatorio, y fracasada la audiencia de conciliación, el a quo concedió traslado para alegar, oportunidad que fue aprovechada por las partes.

La demandada insistió en que no hay la falla en el servicio que se le endilga, porque el accidente ocurrió fuera de la órbita del servicio, “...afirmación que se respalda en el hecho de que fue la justicia penal ordinaria la encargada de adelantar y fallar el proceso, situación que releva de toda responsabilidad a la administración por ausencia de nexo de causalidad”. (fl. 58 c. p.). Agregó que existiendo condena al pago de perjuicios morales y materiales en el proceso penal, no procede intentar esta reclamación ante la jurisdicción administrativa porque se trataría de una doble indemnización.

La actora afirmó que están probados los tres elementos que configuran una “responsabilidad presunta de la administración originada en la conducción irresponsable y aleve de un vehículo oficial, camuflado y afectado a labores de policía secreta, no de “inteligencia”, tampoco, al ejercicio de una actividad legítima del Estado” (fls. 60 - 61).

4. La sentencia apelada

El Tribunal negó las súplicas de la demanda, por considerar que no están probados los elementos constitutivos de la responsabilidad. Afirma que no es posible tener como establecido, dentro del proceso, que el vehículo implicado en el siniestro sea de la propiedad o de la administración del ente demandado. En relación con las pruebas practicadas en el proceso penal, afirma que la eficacia de éstas depende de la posibilidad de controversia que hayan podido tener entre las partes antes de ser valoradas por el juez. Cita apartes del texto de derecho procesal administrativo del doctor Carlos Betancur Jaramillo, según el cual:

“... Así se ha venido sosteniendo que no es factible identificar la intervención del Estado en el proceso penal en ejercicio del “ Ius Imperi ” con la que cumple como parte en las acciones aludidas, en las cuales se discute una pretensión determinada de significado patrimonial. Porque, por lo demás, en el proceso penal no concurre el Estado como administración activa ni como parte y su injerencia obedece a objetivos de orden superior a los simplemente patrimoniales puestos en juego en las acciones de resarcimiento de derechos particulares”.

Agrega que: “en estas condiciones no es posible tener como establecido dentro del proceso que el vehículo implicado en el siniestro sea de la propiedad o de la administración del ente demandado, circunstancia que dice en torno a la deficiente atención de un deber probatorio indispensable para enfocar adecuadamente el centro de imputación en la Policía Nacional”. Añade que tampoco está acreditado que quien causó el daño actuara, en la noche en que se produjo el accidente, en función del servicio a que estaba adscrito como agente de policía; “...es más no se reporta ningún nexo que conecte al servicio de policía con la colisión, por tanto es de comprender sin ningún esfuerzo que el nexo instrumental de que se ha hecho mención en función de la relación o dependencia del automóvil Renault 18 a cargo del ente demandado, sí, evidentemente, constituye una severa deficiencia probatoria que aísla el accidente del compromiso funcional del servicio en sus extremos operacionales y puramente materiales” (fl. 80 c. p.).

5. El recurso de apelación

La parte actora presentó oportunamente el recurso de apelación para que la sentencia sea revocada y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda. Fundamenta su solicitud en que sí están probados los elementos constitutivos de la responsabilidad de la demandada, por cuanto obra prueba suficiente de que el automotor que produjo el daño era un “vehículo camuflado de taxi y portador de las placas de una tractomula incinerada perteneciente a la Policía Nacional, asignada a operaciones de “inteligencia” que atropelló el vehículo del abogado...”.

Afirma que el a quo no aplicó el régimen de responsabilidad adecuado, porque los hechos del proceso tratan de operaciones secretas de la policía, que conllevan un grado de cuidado muy grande frente a los ciudadanos, hasta el punto de convertirse esa actividad en riesgo para el administrado, pues una es la actividad cívica y preventiva, y otra las operaciones secretas oscuras y arbitrarias de la inteligencia policiva, que generan un riesgo. Agrega que por tratarse de una actividad truculenta y arbitraria, al contrario de lo afirmado por la sentencia, le corresponde probar a la demandada que el vehículo no era de su propiedad y que la persona productora del daño tampoco era miembro de la policía.

Concluye que la sentencia confundió dos cuestiones jurídicas: la imputación con la relación de causalidad, no obstante que la falta de demostración de cualquiera de ellas puede conducir a que no haya lugar para reconocer la responsabilidad, pero en autos, tanto una como otra aparecen suficientemente demostrados.

6. La actuación en esta instancia

En la oportunidad legal para alegar, la parte demandada solicitó mantener el fallo del a quo porque no se encuentran probados los elementos constitutivos de la responsabilidad, toda vez que la actora no probó que quien causó el daño fuese un agente de la policía, como tampoco que condujera un vehículo de la institución. Afirma que la carga de la prueba le incumbe al actor y que la misma debe gozar de publicidad y contradicción. Concluye que las pretensiones no pueden prosperar porque la justicia penal ordinaria ya conoció y condenó al pago de los perjuicios morales y materiales, motivo por el cual se presenta la figura de la cosa juzgada, lo que hace improcedente adelantar reclamación ante la jurisdicción contenciosa (fl. 102 c. p.).

La parte actora por conducto de su apoderado, en escrito a folios 103 a 106, reitera su inconformidad con la decisión apelada, afirma que la demandada jamás desvirtúo la relación de causalidad; que mediante la prueba trasladada se demostró que el vehículo era de propiedad de la Policía Nacional, camuflado para desarrollar labores de inteligencia, conducido por un agente secreto vinculado a la Policía, que manejaba en contravía y en estado de embriaguez. Anota que el agente productor del daño lo era en ese momento, “...de la misma manera que continuó siéndolo el día siguiente, pues, la prestación del servicio no admite semejante interpretación, como tampoco lo admite que la única forma de demostrar el nexo funcional consista en que se debe anotar en la bitácora del servicio del agente secreto, la específica o concreta tarea policiaca encomendada” (fl. 105).

Se refiere finalmente al tema del valor probatorio de la prueba trasladada, aduciendo que la referencia doctrinal tomada en cuenta por el a quo no era pertinente, por la antigüedad del texto y porque el mismo daba cuenta del traslado de la prueba testimonial y no documental. Añade que la doctrina invocada hace referencia a responsabilidad fundada en la tesis de la falla del servicio, en tanto que en el caso sub lite debe aplicarse el régimen de responsabilidad objetiva, por que se trata de una actividad que entraña riesgo.

II. Consideraciones de la Sala

La Sala confirmará la decisión apelada, por razones distintas.

Fue allegado a este proceso copia íntegra de la causa Nº 240 adelantada por el Juzgado Penal Municipal de Tunja, que determinó la responsabilidad penal del señor Florentino Antonio Rodríguez, por las lesiones causadas al actor.

El tribunal negó las súplicas de la demanda por considerar que no están probados los elementos de la responsabilidad que se le atribuye a la Policía Nacional. Citando fuentes doctrinales, afirmó que la eficacia de las pruebas trasladadas del proceso penal depende de la posibilidad de controversia que hayan podido tener entre las partes antes de ser valoradas por el juez, y que el traslado no significa que hayan sido controvertidas por el Estado, pues éste, en el proceso penal, tuvo injerencia con objetivos distintos a los simplemente patrimoniales puestos en juego en las acciones de resarcimiento de derechos particulares.

El demandante pretende demostrar que los hechos en que funda sus pretensiones ya están acreditados en el proceso penal y por tanto deben ser tenidos en cuenta en este proceso contencioso administrativo.

Procede entonces la Sala a definir la validez de la copia de la sentencia penal aportada con la demanda y de la copia íntegra del expediente penal que terminó con sentencia condenatoria, remitido a este proceso por el Juzgado Tercero Penal Municipal, en respuesta a solicitud formulada por el a quo.

De la sentencia proferida en otro proceso.

Ha reconocido la Sala que la sentencia penal es un documento público, idóneo para demostrar la condena proferida y los hechos que acusaron la infracción que: “no puede ser puesta en duda por nadie porque ha sido el Estado mismo, a nombre y en interés de la sociedad el que ha adelantado y fiscalizado el proceso y la jurisdicción especializada la que lo ha fallado”(1).

(1) Sentencia del 2 de noviembre de 1989. M.P.: Julio César Uribe Acosta. Exp. 5625. Actor: Doris Molina de Ríos.

No obstante la responsabilidad penal no trae consigo necesariamente la responsabilidad patrimonial; así lo ha precisado la Sala en repetidas ocasiones, al referirse al valor de las sentencias penales en el proceso de reparación:

“La jurisprudencia de la corporación ha reiterado que el fallo penal condenatorio no conduce obligadamente a una sentencia condenatoria por falla de la administración, por cuanto difieren ostensiblemente la responsabilidad penal derivada del hecho punible del agente, caracterizada por ser personal, de la originada en una falla del servicio que generalmente es anónima”(2).

(2) Sentencia del 20 de febrero de 1992, M.P.: Daniel Suárez Hernández. Exp.: 6514. Actor: Luis Alberto Figueroa y otros.

El hecho imputado al agente no puede ponerse en duda, ni su responsabilidad penal, por ello la Sala da por cierto que Florentino Antonio Rodríguez es el autor responsable a título de culpa del punible de lesiones personales en accidente de tránsito del cual hizo víctima al ahora actor Oscar Hernando Suárez Vega, en hechos ocurridos en la ciudad de Tunja el 29 de julio de 1992 a las nueve de la noche, cuando colisionaron los vehículos taxi marca Renault 18 modelo 1986 color amarillo de placas XA 0668, conducido por el condenado, y el automóvil marca Fiat 147 color rojo de placas RC 9668 conducido por el lesionado.

De la prueba trasladada.

La noción de prueba trasladada corresponde a aquel medio probatorio aceptado por la ley que ha sido válidamente practicado dentro de un proceso, o por fuera de él —cuando se trata de pruebas anticipadas—, y que pretende hacerse valer en otro proceso. Su eficacia depende de que en su práctica se haya dado cumplimiento a los principios de publicidad y contradicción, esenciales para la validez de la prueba.

El valor en el nuevo proceso dependerá de la oportunidad que tenga la parte contra la que se oponga de controvertirla, y del análisis que de ella haga el juez del proceso ante el cual se presenta. Esto significa que el juez del proceso al cual se traslada la prueba, tiene libertad de valorarla, sin que lo obligue la valoración que de la prueba haya realizado el juez del proceso primitivo.

El traslado de la prueba tiene como objeto su valoración dentro de un nuevo proceso, en un contexto diferente, enmarcado por circunstancias fácticas y probatorias diferentes a aquellas que rodearon el proceso primitivo, en la cual se practicó inicialmente.

Para que la prueba trasladada tenga valor en el nuevo proceso, es menester que su práctica haya estado rodeada de las formalidades propias de cada prueba y fundamentalmente, que la parte contra la cual se opone, haya tenido la oportunidad de controvertirla. Si no se ha dado cumplimiento al principio de la controversia, no tiene validez dentro del proceso contencioso administrativo, dado que una prueba no se puede esgrimir válidamente en contra de quien no ha tenido la oportunidad de controvertirla.

La controversia de la prueba trasladada, se da por cumplida cuando dentro del proceso primitivo, es decir, en aquel en que fue practicada, la parte contra la cual se pretende hacer valer dentro del proceso contencioso administrativo, tuvo la oportunidad de controvertirla, porque allí fue parte principal o interviniente; o como sucede en muchas oportunidades, fue la encargada de practicarla.

En relación con la prueba testimonial, se requiere la ratificación que consiste en llamar nuevamente al testigo para preguntarle si se ratifica en el contenido de lo declarado ante la otra autoridad judicial o administrativa.

Cuando se trata de prueba diferente, por ejemplo de una inspección judicial, o un dictamen pericial, es menester volver a practicar la prueba; en consecuencia, aquella trasladada sólo tendrá el valor de indicio.

Diferente es la situación que se presenta en relación con la prueba documental y con los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales. Si se trata de documentos públicos o privados debidamente autenticados, que han sido aportados en otro proceso y cuya copia auténtica se traslada al proceso contencioso administrativo, para su validez en este último, es suficiente con que el juez mediante auto lo deje a disposición de las partes por el término de tres días, para que las partes tengan la oportunidad de pronunciarse frente al mismo, en caso de que lo consideren necesario, es decir, otorga la posibilidad de que se surta el trámite de tacha por falsedad. Vencido ese término, sin que las partes hayan hecho manifestación alguna, el documento adquiere plena validez como prueba dentro del proceso y el juez administrativo entrará a otorgarle el valor que de su autenticidad y contenido se derive, calificación que hará en la sentencia.

Frente a los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, indica que deben ser puestos en conocimiento de las partes por el término de tres días para que puedan pedir que se completen o aclaren. Cumplida esa actuación dentro del proceso contencioso administrativo, se habrá cumplido el principio de contradicción y entonces esa prueba trasladada tendrá validez dentro del proceso contencioso administrativo.

Es por lo anterior, que la Sala se aparta de la consideración del a quo, porque no valoró la sentencia y la copia auténtica e íntegra del proceso penal, que fueron traídas a este proceso en legal forma.

No obstante lo anterior, conviene ahora estudiar el punto relacionado con la situación del actor, que fue parte civil en el proceso penal tramitado por el Juzgado 3º Penal Municipal de Tunja.

El demandante en este proceso fue parte civil en el proceso penal que ya culminó.

Obra a folios 132 y ss. del cuaderno cuatro, que mediante memorial radicado el 13 de julio de 1993, el ahora actor, a través de apoderado, presentó demanda de constitución de parte civil en el proceso penal que contra Florentino Antonio Rodríguez por el delito de lesiones personales, se adelantó en el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tunja, para obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados con el ilícito. Solicitud que fue admitida mediante auto del 26 de julio de 1993.

El juez de la causa penal, mediante la sentencia proferida el 2 de mayo de 1994, condenó a Florentino Antonio Rodríguez como responsable del delito investigado, a pena de prisión, al pago de una multa, a la interdicción del ejercicio de funciones públicas, y además dispuso lo siguiente:

3. CONDENAR, como en efecto se ordena a Florentino Antonio Rodríguez, al pago, en el equivalente en moneda nacional, de UN MIL (1.000) gramos oro, como perjuicios civiles causados por el punible, lo cual hará en favor del lesionado señor Oscar Hernando Suárez Vega, dentro del plazo de seis meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia”.

Si bien es cierto que el condenado solicitó al juez penal decretar la no exigibilidad del pago de perjuicios como requisito para gozar de la libertad condicional, alegando imposibilidad económica de pagar los perjuicios morales y materiales, no aparece en la copia de la causa penal allegada a este proceso, decisión alguna del juez en la que se haya cambiado la condena impuesta (fl. 189 c. 4).

La Sala considera que no procede reconocer nuevamente una indemnización de perjuicios que por los mismos hechos ya declaró, con la comparecencia del ahora actor, el juez penal.

La condena en perjuicios impide reclamación posterior contra el Estado. Cuando la víctima fue parte civil dentro del proceso penal, tuvo la posibilidad de actuar procesalmente para que el responsable fuese condenado por haber cometido un delito, y obtuvo el pronunciamiento sobre los perjuicios morales y materiales que le produjo el ilícito.

El lesionado reclamó en la jurisdicción penal el reconocimiento de los perjuicios, ejerció la opción legal que le otorga él Código de Procedimiento Penal y el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual quedó despojado de la posibilidad de acudir —con posterioridad— ante esta jurisdicción a formular reclamación por el mismo daño frente al Estado.

Este punto fue objeto de estudio en el salvamento de voto pronunciado por quien dirige éste(3); respecto de la sentencia de mayo 15 de 1997, expediente 10.150, actores Fortunato Pérez y otros, en el cual se señaló:

(3) Se destaca también, el salvamento dictado en el proceso 9751, actor José Vicente Guido Ramos, respecto de la providencia aprobada el 26 de junio de 1997. M.P. doctor Ricardo Hoyos Duque.

“...no puede predicarse que la administración generó un daño diferente al ocasionado por su agente, por lo que no es procedente señalar un nuevo monto al perjuicio, que a instancia de parte, determinó la justicia penal (...).

Finalmente, cabe resaltar que la sentencia penal, debidamente ejecutoriada, al proveer sobre el tema de indemnización de perjuicios constituye DECISIÓN PREJUDICIAL que resulta oponible a todos, inclusive al juez contencioso administrativo, lo que impide volver a ver el tema y proveer de nuevo sobre el mismo tópico”.

También resulta pertinente mencionar la providencia del 12 de abril de 1984, expediente 2586, actor Eduardo Rincón Rincón, cuyo ponente fue el doctor José Alejandro Bonivento Fernández, en la que se señaló:

“La cuantificación de los perjuicios, lograda, mediante la intervención del propio lesionado, no puede ser desconocida en este proceso, puesto que todo el trámite alcanzado para tal fin se cumplió con la participación del mismo lesionado, en este proceso demandante. Trasciende, de manera simple, la decisión del juez ordinario, no sólo para la verificación del daño, sino, también para concretar los perjuicios, en especial frente a la presencia del lesionado y a su petición de condena. Eso quiere denotar que hecha la fijación de la indemnización, ha de producir los efectos propios de la determinación del daño frente a la víctima, puesto que absurdo sería que por una jurisdicción se logren señalar los perjuicios y por la otra se puedan apreciar otros, cuando, alrededor del daño, éste debe ser igual en una y en otra (...).

La coexistencia de responsabilidad o responsabilidad conjunta, como lo ha calificada esta corporación (sent. mar. 22/74) no permite a la víctima exigir indemnización que exceda el valor sufrido y que a juicio del juez penal se concretó en la suma determinada en la sentencia de condena. Esto es, le recorta el derecho a pretender, por la vía contenciosa administrativa, una indemnización superior a la señalada por la justicia ordinaria, puesto que su dimensión se logra mediante la fijación hecha por los jueces penales”.

Hay que distinguir, como quedó dicho, que en el proceso penal no se estudia la responsabilidad patrimonial del Estado, sino la penal del agente. No obstante, en el proceso penal se puede declarar la obligación que nace a favor del lesionado. Ello significa que el fin, el propósito de la acción indemnizatoria, se dio; pues una vez declarada y cierta la obligación en donde el perjudicado es el acreedor, puede hacerla efectiva a través de los mecanismos legales ertinentes.

La fuente de la obligación que surge a favor del lesionado es única: el daño antijurídico.

“El daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil”(4).

(4) Henao Pérez, Juan Carlos. El Daño. Ediciones Universidad Externado de Colombia. 1998. Pág. 37.

La falla del Estado es anónima, la falta del servicio no es imputable a los agentes, pero muchas veces está representada en la conducta de éstos, quienes además por el mismo hecho, pueden ser condenados penalmente. Surge entonces una cuestión: De dónde surge la obligación de resarcir, ¿de la condena penal o de la condena administrativa?, a lo cual cabe responder: ¡de ninguna de las dos!

Hay que retomar la idea de que la obligación de resarcir un perjuicio moral o material, surge de la concurrencia de los tres elementos: daño antijurídico —aquel que el perjudicado no está en la obligación de soportar—, el acto o hecho generador, y la relación de causalidad entre éste y aquél. De su conjugación deviene la obligación, no importa saber quién la señaló, si el juez penal, el juez civil, o el juez administrativo. Tampoco interesa determinar quién tiene más facultades para hacerlo. Lo importante es reconocer que la obligación al ser declarada, se vuelve cierta, concreta y con ella el acreedor obtendrá la satisfacción de su interés particular: la reparación del daño.

El daño como fuente de la obligación.

Nuestro Código Civil, por su origen romano justinianeo reconoce como fuentes de las obligaciones las siguientes: los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley. “Los delitos y los cuasidelitos difieren de las dos fuentes anteriores (contrato y cuasicontrato) en que constituyen hechos ilícitos. La ley los considera creadores de obligaciones siempre que causen daño a un tercero, obligando al autor de ellos a su reparación. Por tanto, podemos definirlos como actos ilícitos e indemnizables a favor de tercero. Además, los delitos se diferencian de los cuasidelitos en que se realizan conscientemente y con la intención de dañar, mientras que los cuasidelitos excluyen esta intención presumiendo que el daño se ha causado por inexperiencia o negligencia”, afirman Planiol y Ripert(5).

(5) Planiol Marcelo. Ripert Jorge. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. Tomo Vl. Las Obligaciones. Primera Parte. Ed. Cultural S.A. Habana. Pág. 13.

El daño es entonces la fuente de la cual surge la obligación que determina la reparación del perjuicio. El juez, cuando aplica la norma al caso concreto, dice el derecho. Y una vez declarado el derecho, el actor agota el interés, el objeto de su acción. ¿Qué sentido tendría plantear a varios jueces la misma pretensión fundada en la misma causa? Sin duda un sentido no plausible para quien busca la certeza, la seguridad jurídica, a efectos de que los asociados convivan en paz.

No se compadece con la congestionada administración de justicia, el que varios jueces de distinta jurisdicción recojan los mismos hechos, la misma pretensión —fundada en el mismo derecho (a ser resarcido)—, para declarar la existencia de una obligación a cargo de quien con su conducta produjo un daño antijurídico.

Esta conclusión no contradice lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Procedimiento Penal.

Sentencia condenatoria y pronunciamiento sobre los perjuicios. Artículo 55 del Código de Procedimiento Penal.

“En todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el funcionario procederá a liquidarlos, para lo cual podrá disponer la intervención de un perito según la complejidad del asunto, y condenará al responsable de los daños en la sentencia. El perito designado, podrá ser escogido de cualquier lista autorizada para otros despachos o entidades del lugar.

En los casos de perjuicios materiales o morales no valorables pecuniariamente, la indemnización se fijará en la forma prevista en los artículos 106 y 107 del Código Penal.

Cuando en el proceso obrare prueba de que el ofendido ha promovido independientemente la acción civil, el funcionario se abstendrá de imponer condena al pago de perjuicios. Para todos los efectos legales, será ineficaz la condena impuesta en un proceso penal al pago de perjuicios, cuando se ha ejercido independientemente la acción civil”.

Del análisis de esta norma se desprende que si con el delito se causaron perjuicios, el juez penal puede, a petición del interesado que se constituye en parte civil, y aun de oficio, determinar el resarcimiento en favor del perjudicado.

Viene al caso citar el siguiente planteamiento doctrinal con el cual se pretende señalar la diferencia entre el daño penal y el perjuicio civil:

“La muerte de una persona constituye el daño penal en el delito de homicidio. Para la responsabilidad civil esa muerte no es más que la causa del daño que debe ser reparado por el responsable. La apropiación de una cosa, con perjuicio de un tercero constituye el daño penal en los delitos contra la propiedad. En este caso, el daño penal contiene no sólo la causa del daño civil, sino este mismo”(6).

(6) Tamayo Jaramillo Javier. De la Responsabilidad Civil. Ed. Temis. 1993. Pág. 404.

Con esto se quiere significar, que no obstante tratarse de un mismo acontecimiento, de él pueden desprenderse varias consecuencias. La conducta que es sancionada penalmente, fruto de la relación jurídica: Estado sancionador - delincuente, produjo daños en varios bienes jurídicamente protegidos, y en consecuencia, se deriva de él una responsabilidad civil o patrimonial. Si ello ocurre, y el sujeto activo de esta nueva relación jurídica —que surge entre el perjudicado y quien con su conducta produjo el daño— pone en funcionamiento el aparato jurisdiccional para hacer efectivo su derecho subjetivo (constituyéndose en parte civil dentro del proceso penal), queda claro que ya ejercitó la facultad propia de ese derecho subjetivo.

No obstante, se deduce del último inciso del artículo 55 transcrito, que si en el trámite del proceso penal obra prueba de que el ofendido ejerció de manera independiente la acción civil (o patrimonial), el juez penal debe abstenerse de decidir sobre el pago de perjuicios, pues de pronunciarse sobre el punto —en estas condiciones— la condena impuesta será ineficaz. Es este el sentido que debe dársele a esta regulación y no otro, pues resulta claro que el interés del legislador fue evitar dos acciones paralelas, concomitantes, que persigan un mismo fin. El objeto de esta regulación fue eludir el desgaste del aparato jurisdiccional, el logro de una certeza jurídica sobre el tema de la reparación del daño, pues de lo contrario se estaría favoreciendo la producción de providencias judiciales fundadas en los mismos hechos y en el mismo derecho; se le estaría dando la oportunidad al perjudicado de acudir ante dos jueces de distinta especialidad a solicitar una indemnización, dejando con ello abierta también la opción de escoger la sentencia más favorable a sus intereses, esto es, la que determine a su favor una mayor condena, lo cual, como quedó dicho, no se compadece con la congestionada administración de justicia.

Puede pasar que el damnificado que ya es parte civil en el proceso penal, cambie de parecer y decida iniciar una acción civil o patrimonial independiente; lo puede hacer, pero la consecuencia lógica de su decisión es informar al juez penal para que éste prescinda del trámite del reconocimiento de perjuicios, que ya no tendría sentido.

El derecho no aplaude el que las personas acudan a varias vías judiciales para obtener el mismo resultado, a manera de ejemplo, véase cómo no es procedente utilizar la acción de tutela o de cumplimiento de manera concomitante con otras acciones judiciales que pretendan el mismo fin. No se acepta el ejercicio de estas acciones constitucionales prevalentes, cuando el accionante sin encontrarse frente a un peligro inminente, no ejerce las acciones ordinarias.

Y es claro que la obligación de no hacer, que surge para el juez penal, parte del supuesto de que el proceso penal esté en trámite: “Cuando en el proceso obrare prueba de que el ofendido ha promovido independientemente la acción civil, el funcionario se abstendrá de imponer condena al pago de perjuicios”. El verbo abstendrá prevé una situación que aún no se ha presentado. Esta determinación normativa —que surge porque el ofendido ha promovido de manera independiente una acción civil—, hace necesario que el proceso penal no haya terminado; que el juez no haya fallado lo relativo al pago de perjuicios.

Entonces, la ineficacia de la condena impuesta en el juicio penal requiere de dos condiciones: 1. Que en el proceso penal obrare prueba de que el ofendido ha promovido independientemente la acción civil. 2. Que el juez penal, no obstante lo anterior, imponga la condena al pago de perjuicios, esto es, que incumpla la obligación de no hacer.

Se comprende que frente al reclamo de perjuicios aún no resuelto en el proceso penal, prevalezca la acción especial —civil o patrimonial— incoada con el mismo fin. Porque el objeto de la figura de la parte civil en el proceso penal, o de la potestad del juez penal de condenar por los perjuicios que se causen con el ilícito, es hacer efectivo el principio de la economía procesal, no sustituir al juez natural de la causa. No se trata de preguntarnos cuál es el juez más importante sobre la materia, no, el propósito de esta regulación es, se reitera, evitar el desgaste del aparato judicial y la inseguridad jurídica que varios fallos sobre el mismo punto pueden generar.

El autor de la obra El daño(7), ya citada, al referirse a las distintas acciones con las cuales se acude ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para reclamar el resarcimiento del perjuicio, anota que en otros sistemas como en el francés, la acción mediante la cual se busca la reparación del daño no tiene en cuenta ni la naturaleza de las pretensiones del demandante, ni la causa del daño, afirma al respecto que: “...el daño es uno con independencia de la acción con la cual se busca su reparación. Es decir, fuere cual fuere la acción que se deba escoger en el confuso ordenamiento procesal colombiano, la entidad del daño será la misma y no puede ni debe el juez dejar de ordenar su reparación”; advierte además: “Es decir, con independencia de que el demandante solicite o no la anulación de un acto administrativo, o el restablecimiento de un derecho, o la indemnización dineraria, etc., el juez tiene la facultad de disponer la reparación del daño sufrido”(8).

(7) Ob. Cit. Pág. 83.

(8) Ob. Cit. Pág. 80.

El lesionado ejercitó primero la acción indemnizatoria en el proceso penal.

En el caso de autos no se presentaron procesos paralelos o concomitantes. La sentencia penal se produjo el 2 de mayo de 1994, en tanto que la demanda en este proceso fue presentada el 26 de julio de 1994, de tal manera que el juez penal no podía abstenerse de condenar por los perjuicios, toda vez que no estaba en curso este proceso administrativo.

El lesionado formuló la misma pretensión.

No se pone en duda que las características y la materia que se debate en el proceso penal y en el de reparación directa son diferentes, pues mientras en el primero se analiza la conducta personal de quien cometió un ilícito, en el proceso administrativo se estudia la conducta del Estado para determinar si éste es responsable patrimonialmente por un daño antijurídico. Así se indicó en la sentencia 6514 del 20 de febrero de 1992, actor Luis Alberto Figueroa y otros, con ponencia de quien dirige esta instancia, que fue referenciada en capítulo anterior de esta providencia.

La pretensión formulada por la parte civil en el proceso penal el 18 de julio de 1993, es idéntica a la que planteó en la demanda de reparación directa:

“SOLICITUD. La demanda de constitución de parte civil pretende que en la sentencia que se produzca en el proceso presente, se declare que la o las personas responsables penalmente están obligadas a pagar a mi mandante los perjuicios de orden material y moral que le han sido ocasionados con el delito investigado” (fl. 132 c. 2).

La existencia de la obligación ya está declarada.

Corre por cuenta del actor ejercer los mecanismos legales para que el deudor cumpla con la obligación; el medio no es solicitar lo mismo ante otro juez para que condene al Estado, el mecanismo es adelantar el proceso ejecutivo correspondiente fundado en la decisión penal contentiva de la obligación.

El juez tercero penal municipal de Tunja, consideró en la sentencia como fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de perjuicios, lo siguiente:

“No fueron tasados pericialmente, pero teniendo en cuenta que los mismos se produjeron, tanto en el orden patrimonial como moral como consecuencia del punible cometido en contra del ofendido señor Oscar Hernando Suárez Vega, este despacho teniendo en cuenta las modalidades de la infracción, las condiciones de la persona ofendida, la naturaleza y consecuencias del agravio sufrido, la ocupación habitual del lesionado, la merma de su capacidad productiva y los gastos ocasionados por razón del hecho punible, así como la destrucción parcial de su automotor, el juzgado considera prudencialmente fijar los perjuicios civiles, en el siguiente orden:

MATERIALES. Lo serán en el equivalente, en moneda nacional, de seiscientos (600) gramos oro.

MORALES. Lo serán en el equivalente, en moneda nacional, de cuatrocientos (400) gramos oro.

La totalidad de tales perjuicios, es decir el equivalente, en moneda nacional, de un mil (1.000) gramos oro, será cancelada por el acusado Florentino Antonio Rodríguez, en favor del ofendido señor Oscar Hernando Suárez Vega, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia”.

Cabe precisar que si el perjudicado no estaba de acuerdo con la condena impuesta en el proceso penal, pudo ejercer los recursos legales pertinentes contra la providencia penal, a efectos de que la condena fuese ampliada, mejorada, corregida, esto es, ajustada al interés legítimo y probado del damnificado.

No deviene ineficaz la condena impuesta en el proceso penal al pago de perjuicios mediante sentencia ejecutoriada.

Las formas de restarle eficacia a una providencia judicial son taxativas, valga citar a manera de ejemplo las siguientes: nulidad del proceso o de la sentencia, el recurso extraordinario revisión, casación o súplica, y en algunos eventos excepcionales, la acción de tutela.

Como quedó dicho, en este proceso no se dan los supuestos normativos contenidos en el último inciso del artículo 55 del Código de Procedimiento Penal, para que la sentencia penal se considere ineficaz; no está acreditado que el juez penal haya violado el deber de abstención impuesto por esta norma, pues el lesionado no había ejercitado una acción civil o patrimonial mientras se desarrollaba la causa penal; por el contrario, es claro que el actor presentó la demanda de reparación directa cuando conoció la condena impuesta a su favor en el proceso penal. Así las cosas, ¿cómo hacer inválida o ineficaz la sentencia penal proferida en legal forma, para condenar en este proceso —nuevamente— a la indemnización de perjuicios?

No se puede favorecer al actor con la posibilidad de cobrar a dos sujetos por el mismo concepto.

No se desconoce que en el proceso contencioso administrativo se condena al Estado por el pago de los perjuicios causados al lesionado en este proceso. Pero, hay que tener en cuenta que de existir una nueva condena en este proceso, existiendo ya una impuesta por el juez penal, se estaría propiciando un enriquecimiento ilícito en favor del perjudicado, quien estaría facultado para el cobro de una doble indemnización.

En el caso de autos, la indemnización del perjuicio fue reconocida y tasada en el proceso penal, en éste se le dio la posibilidad al accionante para que accediera a la suma reconocida por la vía del cobro ejecutivo. Hacer un nuevo reconocimiento del mismo perjuicio, sería desconocer flagrantemente una decisión prejudicial, permitiéndosele, de paso, al beneficiado con las dos (2) condenas, hacer efectivo su derecho al resarcimiento en dos (2) oportunidades, patrocinándose por consiguiente, un enriquecimiento ilícito.

En este proceso el sujeto activo es un abogado, que conoce los beneficios de ser parte civil en el proceso penal, participó en el proceso penal en el que solicitó la reparación del daño de que fue víctima, y a pesar de obtener una condena a su favor impuesta por el juez penal, presentó demanda de reparación directa con el objeto de obtener la reparación de los perjuicios.

Se concluye entonces que no prosperan las pretensiones del demandante porque éste fue parte civil en un proceso penal en el cual mediante sentencia se ordenó el pago de la indemnización reclamada.

Es por lo anterior que la Sala confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 27 de marzo de 1996.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Daniel Suárez Hernández—Jesús M. Carrillo Ballesteros—Juan de Dios Montes Hernández—Germán Rodríguez Villamizar.

Lola Elisa Benavides López, Secretaria.

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