SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO POR ATENTADOS TERRORISTAS

HECHOS QUE DEBE PROBAR LA PERSONA AFECTADA

EXTRACTOS: «La Sala en reciente providencia(1) que recoge tesis esbozadas por la corporación en anteriores oportunidades, ha dicho que no le cabe responsabilidad patrimonial al Estado por la simple omisión a pesar de que se encuentre demostrada la solicitud de protección por la demandada:

(1) Expediente 11837, sentencia 8 de mayo de 1998, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Actor: Luis Miguel Fernández Vega.

“...ya que no se advierte que los hechos ocurridos se hubieren derivado de una conducta omisiva de las autoridades, por cuanto se considera que para el personal militar estaba en la imposibilidad de prever en qué momento los delincuentes irían a irrumpir para atentar contra los bienes del demandante. Si bien está probado que el demandante solicitó a la fuerza pública protección de sus bienes por amenazas que lanzó la subversión; la mera circunstancia de elevar la petición de vigilancia y amparo no es per se una causa constitutiva de responsabilidad administrativa frente a los daños ocasionados, pues el control del orden público que corresponde al Estado no se maneja con criterio absoluto sino relativo, ya que este servicio no es uniforme o igual en todos los casos y situaciones por cuanto varía según el supuesto de que se trate, y aquí se observa que frente al caso como el presente la Sala encuentra estructurados los elementos propios del carácter relativo de la falla del servicio en la medida en que a la tropa prácticamente le era imposible instalar de manera permanente cuarteles o puestos de vigilancia en los predios del demandante”.

En el caso presente debe tenerse en cuenta que la ciudad de Medellín, al igual que otras capitales del país —Bogotá y Cali— afrontaban para la época de los hechos, junio de 1990 graves perturbaciones del orden público debido a la escalada terrorista desatada por los carteles de la droga en contra no sólo de los medios de comunicación, sino también de los cuarteles de policía, los CAI, los cajeros automáticos, las sedes bancarias, las sedes políticas, las sedes administrativas, los centros comerciales, las discotecas, entre otros, lo cual sin duda imposibilitaba asignar de manera permanente, agentes encargados de protección y vigilancia a los bienes de las personas jurídicas o naturales que solicitasen tal servicio (2) .

(2) Expediente 9034, sentencia del 15 de marzo de 1996, M.P. Juan de Dios Montes. Actor: José María Córdoba Ibarra y otro. La Corporación se pronunció en igual sentido dentro de este proceso instaurado contra el Municipio de Cali, la Nación —Min. de Defensa - Policía Nacional—, por daños causados con un carro bomba que estalló en el Gril Calypso de Cali. Esta providencia refiere textualmente lo afirmado en sentencia del 3 de noviembre de 1994, expediente 7310, actor: Sociedad Mosquera Rengifo, M.P. Dr. Montes Hernández.

Debe observarse también que entre las solicitudes de protección cursadas por la demandante —marzo de 1989— y la fecha en que se produjeron los atentados —junio de 1990—, transcurrió un tiempo considerable que imposibilitaba aún más lograr la pretendida y absoluta protección de parte de las autoridades a los bienes y personas de Colmundo Radio; no obstante lo cual gozaron de la presencia de un agente de policía en la sede de Medellín afectada, hasta escasos tres días antes de la ocurrencia de los hechos, según se desprende de lo afirmado por la demandante y de lo declarado por Jorge David Páez Monroy, subgerente administrativo de la demandada, quien informa que se formularon solicitudes de protección al alcalde, al ejército, la policía, al jefe de instrucción criminal y a la Procuraduría, que hubo un atentado anterior en 1989, fecha desde la cual un agente vigiló sus dependencias hasta 3 ó 4 días antes del nuevo atentado (a fl. 357 ss.).

En jurisprudencia reiterada esta Sala ha dicho que el deber del estado protector y vigilante, no puede servir de sustento para que todas las personas que sufran un daño en su persona o bienes reclamen la responsabilidad patrimonial del Estado por considerar que la causa de ese detrimento es su omisión. El mandato contenido en el artículo 2º de la Carta, según el cual las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, “en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, es relativo, porque está condicionado y limitado con la disposición de los medios legales, físicos y personales que tiene a su alcance(3). No puede imputársele a la administración el incumplimiento de un deber legal o el cumplimiento defectuoso del mismo, cuando carece de las herramientas suficientes para desarrollar su misión o mandato, privación que es consecuencia de las restricciones propias de un Estado que, como el nuestro, tiene importantes insuficiencias presupuestales.

(3) Puede verse en mismo sentido: Expediente 8485, sentencia 5 agosto de 1994, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

Cabe citar el pronunciamiento que hizo la corporación en la sentencia del 11 de octubre de 1990, expediente 5737, M.P. Gustavo de Greiff Restrepo, referida también por el a quo, según la cual:

“Esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes, pues la determinación de la falla que se presenta en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se hubieren sucedido los hechos, así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que nadie es obligado a lo imposible”.

Es esta pues la conocida tesis de la falla relativa del servicio, definida además en la sentencia del 25 de marzo de 1993 expediente 7641, actor Juan Manuel y Ramón Elías Aguirre Castrillón, y del 12 de noviembre del mismo año, expediente 8223, actor Hilario Mantilla, ambas con ponencia de quien dirige este proceso, según las cuales:

“La falla del servicio, como también lo ha dicho la Sala, es una noción relativa que debe examinarse dentro de las circunstancias concretas de cada caso, sin que pueda exigirse a la administración el cumplimiento de obligaciones que dadas las condiciones específicas del propio Estado son de imposible cumplimiento”.

Casos similares al que nos ocupa, han sido objeto de pronunciamientos de la corporación; fue así como en relación con los daños causados por los atentados terroristas ocurridos entre 1989 y 1990 en las principales ciudades del país en desarrollo de la guerra decretada a los carteles de la droga, la Sala precisó que el Estado debe resarcir los daños causados a víctimas inocentes en los atentados ocasionados por los terroristas, a condición de que se encuentre debidamente probado que la acción criminal de que se trate estuvo directamente encaminada contra alguna de las más altas autoridades públicas, una sede castrense oficial o un centro de comunicaciones al servicio de la administración (sentencia septiembre 23 de 1994, expediente 8577, actor Justo Vicente Cuervo Londoño. M.P. Julio Cesar Uribe Acosta).

Está demostrado, entonces, que hubo un daño antijurídico, pero no está probada que la causa del mismo fuese la omisión deliberada o descuidada del Estado, pues como quedó dicho, su deber de proteger está condicionado por las limitaciones de todo orden que lo afectan, cuales son la carencia del recurso humano, físico y tecnológico suficiente que le permitan afrontar los conflictos de todo orden que aquejan el territorio de un país que sufre, aún hoy, gravísimos problemas de orden público, generados por la incesante lucha contra el narcotráfico y la subversión.

Concluye la Sala: para que se configure la falla del servicio público por los daños causados a bienes particulares, con actos violentos o terroristas provenientes de grupos al margen de la ley, se requiere que la persona afectada haya solicitado directamente a los organismos de seguridad la protección y vigilancia adecuada para que ese deber general de protección del Estado se concrete mediante ese llamado especial y fundado; y que además, se demuestre en el proceso que el Estado, a pesar de contar con los recursos físicos, tecnológicos y personales que le permitían proporcionar seguridad y vigilancia al afectado, no lo hizo o lo hizo de manera tardía o deficiente, incumpliendo así con lo normado en la Constitución y las leyes.

En el caso de autos no está probada la concurrencia de estas últimas circunstancias, porque como quedó dicho, no le era exigible a la demandada proporcionar seguridad especial a todos los que la solicitasen, en especial durante la época del narcoterrorismo desatado en las principales ciudades del país, puesto que la constante en un Estado en vía de desarrollo como el nuestro, es la carencia de los recursos necesarios para prevenir y repeler estos ataques violentos que por su magnitud desproporcionada y cruel desbordan su capacidad de reacción».

(Sentencia de noviembre 6 de 1998. Expediente 12.128. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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