Sentencia 12132 de septiembre 7 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ACCIDENTES DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA

CONDICIONES PARA RESPONSABILIZAR AL CONTRATANTE ESTATAL

EXTRACTOS: «Se acreditó durante la instancia que entre la sociedad Schrader Camargo Ingenieros Asociados S.A. y la empresa demandada(*) se suscribió un contrato que tuvo por objeto ejecutar obras civiles, montaje electromecánico, pruebas de campo y puesta en servicio y demás suministros necesarios para la construcción, ampliación y remodelación de varias subcentrales, dentro de los cuales se encontraba la ubicada en Bosa. (cfr. fl. 32 a 66 del cdno. Nº 2).

(*) La empresa demandada es la Empresa de Energía Eléctrica de Santafé de Bogotá (N. del D.).

Es igualmente cierto que de conformidad con la disciplina negocial contenida en el contrato Nº. 5121 “La empresa estará representada ante el contratista por el interventor o interventores que ella designe y dará todas sus instrucciones, órdenes de aprobaciones a través de tal representación” (cfr. fl. 40 cláusula décima del contrato).

También está acreditado que el contratista era el director de todos los trabajos y una de sus obligaciones consistía en conseguir y emplear el personal necesario para el adelantamiento de los trabajos, estableciendo relaciones laborales con el personal a su servicio y estando obligado a cumplir con todas las prestaciones sociales y demás derechos de carácter laboral, contando entre otros con un seguro colectivo de vida, accidente y doble indemnización por muerte accidental (cfr. cláusula décima primera del contrato).

(...).

Del acervo probatorio recaudado para la Sala resulta claro que el accidente ocurrido el día 9 de septiembre de 1992 fue causado por la imprudencia o error de comportamiento de uno de los trabajadores de la firma contratista, que como lo sostienen los testigos y las varias pruebas documentales analizadas, generó el arco eléctrico que produjo las lesiones al señor Amézquita a más de la muerte de González y en esas condiciones, no puede reconducirse la imputación objetiva de los daños experimentados para el señor Amézquita a la conducta de la empresa de energía demandada, pues claro resulta que el accidente no tuvo por causa la energización de los transformadores y la falta de coordinación en la desenergización de la celda de entrada, fundamentos fácticos de las pretensiones de responsabilidad contenidas en el libelo de demanda y por lo mismo, la causalidad no puede encontrar como autor del insuceso a la empresa demandada, tal cual lo sostuvo el demandante en el presente proceso.

Es más, la prueba analizada en su conjunto da cuenta de que los trabajadores de la empresa contratista conocían anticipadamente que dicha celda se encontraba energizada y por una conducta inexplicable atribuible al trabajador del contratista se produjo el accidente.

Así las cosas, bastarían estas razones para absolver a la empresa demandada, más sin embargo, habida consideración del razonamiento efectuado por el tribunal de instancia, la Sala considera necesario precisar que, en un caso como el presente, no puede predicarse, sin que se encuentren acreditados los presupuestos ontológicos de la responsabilidad, entiéndase los generales para cualquier régimen aplicable, que la sola existencia de un régimen de responsabilidad de carácter laboral, no demandada en el presente asunto, pueda ser suficiente para la aplicación directa del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que establece legalmente una responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario o dueño de la obra.

En efecto, en el presente proceso se demandó la responsabilidad patrimonial de la administración pública con fundamento en hechos supuestamente configuradores de omisiones imputables a la empresa de energía eléctrica demandada, que en parte alguna fueron acreditados durante la instancia; y, muy por el contrario, resultó probado que la causa determinante del accidente es imputable a un error de conducta o hecho atribuible a un trabajador de la empresa contratista, eventualmente configurador del denominado accidente de trabajo, bajo el entendido de que éste se presenta para causa o con ocasión del trabajo.

Así las cosas y, desde la perspectiva normativa contenida en el artículo 34 precitado, es bien cierto que el dueño de la obra o beneficiario de la misma, puede resultar solidariamente responsable con el contratista para el valor de los salarios y de las prestaciones al igual que de las indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, norma ésta que, a manera de garantía para la víctima —trabajador—, estatuye la consabida solidaridad en la responsabilidad.

No es menos cierto que, la operancia y aplicación de dicho precepto supone el acreditamiento de los presupuestos estructurales de la responsabilidad, que entratándose de indemnizaciones de carácter laboral, supone el juicio de imputación en contra del patrono o empleador, como condición esencial para que opere la responsabilidad solidaria del dueño de la obra y, desde luego, bajo el entendido que quien pretenda beneficiarse de dicha garantía —solidaridad— ha de enderezar sus pretensiones indemnizatorias en contra del patrono y dueño de la obra, pues no es suficiente, por razones lógicas, jurídicas y procesales, optar exclusivamente, cuando se aspira a la declaratoria de la responsabilidad solidaria, en contra de uno solo de ellos, como que, entratándose de la solidaridad por indemnizaciones, ambos eventuales obligados, deben ser demandados, para que la sentencia que declare la responsabilidad, imponga la solidaridad en la obligación indemnizatoria y los vincule a ambos, y por supuesto, descontado está, que se reclame el acreditamiento de los presupuestos estructurales que configuren la responsabilidad del patrono para el denominado accidente de trabajo, sea bajo el régimen tarifado y fundamentado en la denominada teoría del riesgo profesional, bien se trate del régimen ordinario, que exige en el ámbito laboral la culpa comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente, y que trae de consecuencia la indemnización total y ordinaria de perjuicios.

Sobre el punto, la jurisprudencia laboral ha sostenido que los eventuales derechos del trabajador cuyo fundamento legal recoge el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, pueden obtenerse de varias maneras:

“a) El trabajador puede demandar solo al contratista independiente, verdadero patrono del primero, sin pretender solidaridad de nadie y sin vincular a otra persona a la litis;

b) El trabajador puede demandar conjuntamente al contratista patrono y al beneficiario o dueño de la obra como deudores. Se trata de un litis consorcio prohijado para la ley, y existe la posibilidad de que se controvierta en el proceso la doble relación entre el demandante y el empleador y éste con el beneficiario de la obra, como también la solidaridad del último y su responsabilidad frente a los trabajadores del contratista independiente, y

c) El trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra como deudor solidario si la obligación del verdadero patrono, entendiéndose como tal al contratista independiente, existe en forma clara, expresa y actualmente exigible, por reconocimiento incuestionable de éste o porque se le haya deducido en juicio anterior adelantado tan sólo contra él mismo”. (cfr. CSJ, Cas. Laboral, Sección Segunda, Sent. ago. 10/94, rad. 6994, M.P. Ernesto Jiménez Díaz). (Negrillas fuera de texto).

De lo que viene dicho la Sala considera, incluso con apoyo en la orientación jurisprudencial precitada, que cualquiera sea la situación procesal del caso concreto, es lo cierto que el trabajador que pretende indemnización para accidente de trabajo, y adicionalmente, condena solidaria en frente del dueño de la obra, debe accionar conjuntamente en acumulación de pretensiones contra ambos eventuales obligados y, excepcionalmente, puede pretender la efectividad de la solidaridad solamente en contra del beneficiario de la obra, en los casos en que la obligación de carácter laboral contenga las características de claridad, expresividad y exigibilidad en contra del patrono o contratista independiente, esto es, que para optar para perseguir al dueño de la obra, obligado solidariamente, se reclama la existencia previa de la prestación obligatoria de carácter laboral.

Así las cosas, entratándose del reconocimiento de indemnizaciones originadas en accidente de trabajo, por cualquiera de los dos regímenes aplicables en materia laboral —teoría del riesgo profesional o culpa probada del patrono—, es indudable que, se reclama la declaratoria previa de la existencia de la responsabilidad en contra del patrono o empleador.

En el caso presente, se demandó una responsabilidad patrimonial del Estado sobre la base, se reitera, de omisiones imputables a la empresa demandada. No se discutió, para no ser el tema decidendum del presente proceso ni la jurisdicción llamada a desatar los conflictos laborales, el asunto relativo a la existencia o no de accidente de trabajo. Es más, el actor no demandó al contratista independiente para exigir una declaratoria de responsabilidad con fundamento en los hechos constitutivos de un accidente de trabajo. El actor demandó una responsabilidad patrimonial de la empresa contratante, si bien dueña de la obra y beneficiaria de la misma, no por ello, solidariamente obligada automáticamente de una responsabilidad de carácter laboral, no demandada y mucho menos declarada con antelación.

Bajo estas consideraciones, fácil resulta concluir que el tribunal de instancia, sin reparar en manera alguna en los precisos límites de competencia que le demarcan la demanda y la contestación en el presente asunto, optó, de hecho, por ocuparse de analizar una eventual responsabilidad de carácter eminentemente laboral, para, luego de darla por establecida, condenar a la empresa demandada —dueña de la obra—, lo cual desde luego constituye un exceso de su función juzgadora, pues, la invocada aplicación del principio “Iura novit curia” no habilita, ni por asomo, al juzgador, para modificar los hechos en que se fundamenta la responsabilidad demandada y mucho menos para ocuparse de los presupuestos de una eventual responsabilidad “por culpa probada del patrono”, pues se repite, el patrono ni fue demandado y los hechos base de las pretensiones, estaban enderezados a configurar una responsabilidad patrimonial por actos imputables a la Empresa de Energía Eléctrica.

Es importante tener presente que, en ejercicio de la función interpretativa del libelo de demanda y, más ampliamente, en la labor de interpretación y análisis de los hechos probados en la instancia, si bien el juez puede calificar jurídicamente los acreditados, lo que no puede es alterarlos de tal suerte que incurra en una manifiesta incongruencia, pues la suplantación o cambio de la base de las pretensiones, no es de competencia del juez de conocimiento.

Así las cosas, al haber el tribunal de instancia sustituido los hechos base de las pretensiones de la demanda, o lo que es lo mismo al haber modificado la causa de pedir de ella, incurrió en evidente incongruencia, lo que vicia de ilegalidad la decisión adoptada, razón ésta de más, para revocar el fallo apelado.

Ahora bien, lo dicho no se opone, en manera alguna a la posibilidad de que imputándosele a la administración demandada acción u omisión productora del daño antijurídico contemplado en el artículo 90 de la Constitución Política, se abran paso las pretensiones indemnizatorias, promovidas por quien ostenta la condición de trabajador individual del contratista, pero en tal eventualidad, el daño demandado causado por la administración pública en ejecución de un contrato de obra pública, encuentra reconocimiento por la vía del derecho de daños en atención a que su producción es imputable a la autoría exclusiva o eventualmente concurrente —coautoría— de la administración contratante, en cuyo caso, resulta intranscendente a los fines de la pretensión así concebida, el análisis de los hechos configuradores del denominado accidente de trabajo. En una sola palabra, la ocurrencia de éste, puede comprometer la responsabilidad de la entidad contratante pero bajo la perspectiva jurídica de la responsabilidad patrimonial del Estado y no con fundamento en el régimen jurídico de responsabilidad laboral.

En el caso concreto, los hechos fundamento de las pretensiones no se acreditaron en manera alguna y por lo mismo la invocación de la normatividad sustantiva de carácter laboral para fundamentar un juicio de responsabilidad por accidente de trabajo, resultaba del todo impertinente, para la solución del conflicto planteado ante esta jurisdicción.

Es bien cierto que esta corporación en jurisprudencia hasta ahora sostenida ha considerado que los terceros que experimenten daños, como consecuencia de la ejecución de un contrato de obra pública, les asiste derecho a pretender la responsabilidad de la administración contratante, sea que la obra se adelante directamente por la entidad pública o bien bajo la modalidad de la contratación estatal, casos en los cuales la administración debe responder de los daños que siéndole imputables se hayan producido dentro del giro ordinario del contrato de obra pública o como consecuencia de las obras materiales adelantadas, casos en los cuales, no se exonerará ante la existencia de la denominada cláusula de indemnidad, que suele incluirse accidentalmente dentro del contenido negocial de los contratos de obra pública, por la consideración de que un pacto de tal naturaleza despliega su eficacia compromisoria y vinculante en frente de los sujetos negociales y no puede ser invocado por la administración demandada, en frente de terceros.

Más sin embargo, es conveniente clarificar que la condición de tercero no puede predicarse de aquellas personas vinculadas al contratista por relación de carácter laboral, pues ellos en su condición de trabajadores, participan, indudablemente de la ejecución del contrato, en la posición del contratista, al punto tal que los hechos dañinos o no, causados para dichos trabajadores, se reconducen al contratista independiente, entre otras muchas razones por aplicación y desarrollo del principio general de que los dependientes comprometen —por regla general— la responsabilidad del patrono contratista.

Así las cosas, la condición de tercero afectado por la ejecución de la obra pública no puede concurrir en los trabajadores del contratista y, por lo mismo, si alguno de ellos deviene víctima de hecho perjudicial ocurrido dentro de la ejecución del contrato, será imperioso distinguir si se trata de típico accidente de trabajo y quiénes sus autores, para sobre esa base fundamentar el juicio de responsabilidad. Ahora bien, si la entidad contratante no compromete en manera alguna su responsabilidad, el accidente y los daños que hayan resultado para la víctima deberán necesariamente reclamarse ante la jurisdicción ordinaria laboral en frente del responsable de tales accidentes de trabajo, siendo de advertir que, en tal eventualidad, la solidaridad estatuida legalmente en el precepto del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, podrá hacerse efectiva concurrentemente con la del patrono responsable en un proceso enderezado a la obtención de dicha responsabilidad.

De esta forma, se puede sostener, que la condición de tercero amén del juicio de imputación reconducible a la administración pública, permite la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños ocasionados como consecuencia de la ejecución de los contratos estatales de obra pública. Pero de allí no puede seguirse, sin contrariar la lógica y el recto entendimiento de la normatividad de carácter laboral analizada en la presente providencia, que la entidad contratante devenga responsable automáticamente por los accidentes de trabajo que experimenten los trabajadores del contratista, pues cuanto lo primero, ellos no ostentan la condición de terceros y lo segundo, la invocación y aplicación de la solidaridad en la responsabilidad de carácter laboral del dueño de la obra con el contratista independiente, por los salarios, prestaciones e indemnizaciones, supone ineludiblemente, el acreditamiento previo o simultáneo, de la responsabilidad de carácter laboral, como condición sine qua non para hacer efectiva la solidaridad en la responsabilidad por parte de la entidad contratante.

Por último, en atención a las aclaraciones de voto producidas durante la primera instancia que consideraron que la responsabilidad demandada ha debido declararse bajo el régimen del denominado “riesgo excepcional” en el entendido de que los daños se habrían producido dentro del giro propio de las actividades de generación y distribución de energía eléctrica de la Empresa de Energía de Santafé de Bogotá —actividades riesgosas—, la Sala estima oportuno aclarar que si bien es cierto, tales actividades han sido consideradas tradicionalmente como actividades peligrosas o riesgosas, por la potencialidad de causación de daños que el riesgo intrínseco a ellas anejo puede aparejar, no lo es menos que dicho régimen de responsabilidad, esto es, el fundamentado en la aplicación de la teoría del riesgo creado, que impone a quien se beneficia o lucra de la actividad riesgosa la asunción de los eventuales daños que se produzcan como consecuencia de la concreción del riesgo, exige el acreditamiento no sólo del daño si no igualmente del elemento causal que permita imputar objetivamente a la conducta del demandado la producción de los daños.

En efecto, doctrina y jurisprudencia, tanto en el ámbito del derecho privado como en el de la responsabilidad patrimonial del Estado, sostienen que la aplicación de dicho régimen de responsabilidad, tiene la característica fundamental de prescindir en el análisis de los elementos configuradores de ella del denominado elemento subjetivo —culpa o falla del servicio—, como que precisamente aplicación cabal de dicho régimen excluye la consideración de dicho elemento e impide al demandado exonerarse invocando diligencia y cuidado o ausencia de culpa o falla, pues el fundamento de responsabilidad bajo dicha perspectiva, se reitera, excluye como elemento estructural de la misma, el elemento subjetivo y sustituye, por el riesgo creado o por la peligrosidad de la actividad desarrollada para quien es calificado de responsable.

Bajo ese entendimiento, los daños resarcibles en aplicación del régimen de responsabilidad por “riesgo creado”, “riesgo excepcional”, o “actividad peligrosa”, si bien, son reconocidos independientemente de la existencia del juicio de reproche subjetivo ello en manera alguna implica, que la víctima, quede relevada igualmente, del acreditamiento de la relación de causalidad, esto es, que aún bajo la perspectiva analizada, es imprescindible, acreditamiento del elemento objetivo de imputación material —en términos del artículo 90 de la Constitución Política— de la acción u omisión, imputable a la autoridad demandada.

Por de pronto, pudiera parecer prima facie que la sola ocurrencia del daño en ejercicio de la actividad peligrosa o riesgosa, permite tener por acreditada la relación de causalidad; empero, frente a ello y habida consideración de los hechos acreditados en el presente proceso, no puede aceptarse tal conclusión, pues ya se observó, que la causa del accidente lo fue el hecho de uno de los trabajadores de la sociedad contratista y no un acto u omisión imputable a la entidad demandada, además, sostuvieron los técnicos, que no se trataba de una actividad “riesgosa”, como que la manipulación de los equipos y las labores que desarrollaban el día de los hechos no implicaban el riesgo técnico, que pudiera fundamentar la responsabilidad bajo este régimen, naturalmente sobre la base de que se hubiese acreditado, como corresponde, el control de la actividad riesgosa por la entidad demandada, pues recuérdese que, el contratista, mantiene independencia y autonomía en la ejecución de sus labores técnicas, razón de más para disipar cualquiera duda que pudiera existir a propósito de la aplicación, en el caso concreto, del régimen del denominado “riesgo excepcional”, que si bien es cierto permite el juicio de imputación por la titularidad de la empresa peligrosa o por la sola idea del riesgo creado, exige igualmente, el acreditamiento de la relación de causalidad».

(Sentencia de septiembre 7 de 1998. Expediente 12.132. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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